Ernesto Santillán
A pesar de que la actual administración, como parte fundamental de la 4T, establece en su Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de crear de forma masiva empleos productivos, permanentes y bien remunerados, al día de hoy persiste la precariedad en las condiciones laborales de miles de trabajadores
May 22, 2019
Para lograr la transformación del país de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato, resulta fundamental poner al centro de la estrategia a los trabajadores.
A lo largo de los últimos tres sexenios, la precarización laboral en el país ha ido en aumento.
De acuerdo con cifras del Observatorio Trabajo Digno, muchas estructuras laborales que prevalecen en México son fábricas de pobreza.
En los resultados de su último estudio, la organización reveló que 8 de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones laborales dignas, de manera que 25.6 millones, el 80 por ciento, se encuentran en esta situación.
Poco más de la mitad de quienes trabajan con sueldo y para un patrón tienen una remuneración insuficiente, esto quiere decir que el salario de 15.6 millones de empleados no alcanza para comprar la canasta básica.
8 de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones laborales dignas, de manera que 25.6 millones, el 80 por ciento, se encuentran en esta situación
Los datos también revelan que cuatro de cada 10 asalariados que laboran para un empleador carecen de seguridad social, por lo que 14.6 millones de ciudadanos son forzados a la informalidad por quienes los contratan ya que no realizan la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunado a esto, poco más de la mitad de los ciudadanos que laboran con salario y para un patrón, es decir, 17.6 millones, carecen de un contrato laboral estable.
En conclusión el observatorio indica que la condición más vulnerada es la falta de afiliación sindical, que afecta a 29.5 millones de personas, es decir, el 87 por ciento.
Estas cifras prenden las alarmas al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que aseguran que la creación de empleos dignos no sólo es una prioridad para el gobierno en turno, sino que es parte de la columna vertebral para revertir otro de los más grandes problemas que enfrenta México: la desigualdad, la cual, a su vez, fomenta la corrupción, la inseguridad y evita que la economía crezca al ritmo que se busca, entre otras cosas.
“Una de las tareas centrales del actual Gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables.
“Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados.
“Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales.
“Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética, perniciosa y económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y para el fisco, que no puede considerarlos causantes”, dice el PND
COMPROMISOS EN DUDA
A seis meses de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, los avances para poder cumplir con estos compromisos aún no son visibles.
De acuerdo con los últimos datos que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los primeros cuatro meses del 2019, se creó el menor número de puestos de trabajo en los últimos seis años.
Si se analizan los empleos generados el primer cuatrimestre del 2019 y se comparan con el 2018, se aprecia una caída del empleo de 34 por ciento.
Además de que la informalidad también ha crecido, pues durante el primer trimestre del año, esta población fue de 1.9 millones de personas, es decir 172 mil 348 más respecto al mismo periodo del año anterior.
“Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores al seguro social es suicida para el IMSS.
“La mayor corrupción del Seguro Social es la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que roban el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores, porque con esas cuotas ficticiamente bajas, los trabajadores pierden jubilación, pensión de viudez, mejores créditos de vivienda y cobertura en protección social, y algunos patrones acumulan, inmoralmente, esos recursos”, acusa Germán Martínez en su carta de renuncia como titular de esta dependencia.
En la misiva, Martínez también señala a la Secretaría de Hacienda y a algunos de sus funcionarios como los principales responsables de la crisis por la que atraviesa el IMSS.
“Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”
Algunas de las denuncias de Martínez se reflejan en la situación en la que actualmente se encuentran diversos trabajadores que laboran para distintas dependencias del Gobierno federal como lo son: los maestros que dan clases en línea para la SEP tanto federal como para las locales, los empleados del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes dependen de la SSA Federal y algunos de los Servidores de la Nación que trabajan para la Secretaría de Bienestar. Todos ellos se encuentran contratados como prestadores de servicios o por outsourcing y no han recibido sus salarios completos ni cuentan con las prestaciones de Ley que todo trabajador debería tener.
UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO
La presión ejercida desde el gobierno de Estados Unidos para que México mejore las condiciones laborales de sus trabajadores si desean que el T-MEC sea avalado por su vecino del norte tuvo efectos inmediatos.
Ante el riesgo que el Congreso de Estados Unidos no apruebe el tratado, tanto diputados como senadores pusieron manos a la obra y el 1 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva en México.
Sin embargo, la Cámara de Senadores ya prepara un Parlamento Abierto para que la ciudadanía participe y pueda opinar sobre esta reforma.
La finalidad de este ejercicio es escuchar a trabajadores, organizaciones sindicales, al sector empresarial, a instituciones académicas, de investigación, de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil y demás organismos interesados en el tema con la finalidad de detectar nuevos cambios
Para el investigador de la UNAM y experto en el tema laboral, Alfonso Bouzas, esta reforma es un buen primer paso y uno muy importante para que los trabajadores mexicanos puedan hacer valer sus derechos, sin embargo hay temas pendientes que faltan por revisar y regular.
“Los cambios tendrán que irse adecuando conforme pase el tiempo y dependerá de cada sector participar en estos debates para que den a conocer su problemáticas particulares y que se apliquen los cambios necesarios a la Ley”.
Esto representa una buena oportunidad para diversos trabajadores que en lo que va del año se han quejado por las condiciones laborales en las que el nuevo gobierno los tiene.
Los maestros que trabajan para la SEP pero que imparten clases vía internet, por ejemplo, no han recibido sus salarios completos desde que comenzó el año.
Con la Reforma Laboral del 1 de mayo pasado y el Parlamento abierto que el Senado organizará para escuchar las propuestas de la sociedad civil en esta materia, se abre un espacio para que los sectores afectados den a conocer sus preocupaciones y se atiendan
No cuentan con un contrato laboral y acusan que han sido contratados por outsourcing o sólo como prestadores de servicios, por lo que no cuentan con servicios médicos, vivienda y sistemas de pensión y seguridad social. Un acto que consideran como una injusticia y una violación a lo contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
En una situación similar se encuentran los empleados del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes dependen de la SSA Federal.
“Nuestros pagos están detenidos por instrucción de presidencia a través de Hacienda.
“A mí y varios compañeros nos contrataron a mediados de febrero y se supone que ya se tenía el presupuesto autorizado, pero ahora nos dice el coordinador administrativo, Gonzalo Medina Hidalgo, que aunque no es un hecho que se cancelen nuestros contratos, lo que si es un hecho es que no hay fecha para que nos paguen el mes de abril ni lo que va de mayo” cuenta en entrevista una de las trabajadoras que prefiere mantener su nombre en el anonimato.
A la falta de pagos y de contratos que garanticen un trabajo digno se suman también algunos Servidores de la Nación que integran las Brigadas de Encuestadores que realizan el llamado Censo del Bienestar, quienes denunciaron que la Secretaría de Bienestar está pendiente con sus pagos desde el pasado mes de enero.
Como estos trabajadores hay miles más que se encuentran en la misma situación. Sin embargo, Alfonso Bouzas explica que esto no es algo nuevo, pues la precarización del empleo y la falta de estabilidad laboral es un problema que se viene arrastrando desde la década de los 80.
“Un tema en el que se debe prestar especial atención es en la terciarización, una de las tantas formas que los empleadores tienen de evadir sus responsabilidades laborales”
– Alfonso Bouzas
Investigador de la UNAM y experto en temas laborales
Este esquema no es del todo malo, también puede traer ciertos beneficios, pero se debe de cuidar que no sea utilizado por los empleadores para contratar servicios que van directamente relacionados con su materia, que es como se ha usado hasta ahora en perjuicio de los trabajadores”.
Por último, el especialista explica que el hecho de que el gobierno tenga contratados a tantos trabajadores bajo estos esquemas a los cuales, además de todo no les ha pagado, lo único que demuestra es lo inexpertos que son para manejar el presupuesto
“Este fenómeno responde a un gobierno novato e irresponsable que no sabe ejercer el presupuesto y que ahora está dando palos de ciego para ver de dónde saca dinero para cubrir sus necesidades”.
La precarización del empleo y la falta de estabilidad laboral es un problema que se viene arrastrando desde la década de los 80
LA LUCHA RINDE FRUTOS
Alfonso Bouzas asegura que para que los trabajadores sean escuchados en caso de que sus empleadores los ignoren y puedan hacer cumplir sus demandas en materia laboral, deben de organizarse, formar sindicatos y de ser necesario emplazar a huelga.
Este ejercicio ya rindió frutos para algunos trabajadores que durante años no habían sido reconocidos como tales.
Uno de los casos más recientes es el de los médicos residentes, quienes tras haber sido explotados durante generaciones, se unieron para exigir sus derechos como trabajadores.
Ahora, tras una serie de movilizaciones y reuniones tanto con diputados como senadores, lograron que en la Cámara alta se aprobara la reforma a la Ley General de Salud que establece que los médicos residentes podrán recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de salud, conforme a lo establecido en la normatividad vigente
El dictamen aprobado define al médico residente “como el profesional de la medicina que cumple con lo establecido en la ley y que ingresa a una Unidad Médica o Instalación Receptora de Residentes para cursar una especialidad de tiempo completo”.
Con esta reforma, además de mejorar sus condiciones laborales, los residentes también tendrán derecho a recibir asesoría y defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones relacionadas con el desempeño de sus actividades dentro de la residencia médica que realizan.
Otro caso de éxito en materia laboral es para las trabajadoras del hogar, quienes después de años de incansable lucha, finalmente lograron que en el Senado de la República se aprobaran las reformas a los artículos de la Ley Federal del Trabajo que les permitirán tener derecho a la Seguridad Social.
De acuerdo con el dictamen aprobado, estas reformas establecen la obligación de fijar bajo contrato escrito la relación laboral entre los y las trabajadoras del hogar y sus empleadores incluyendo la prestación del Seguro Social, la vigencia del contrato, las horas de trabajo, las remuneraciones y prestaciones adicionales, las vacaciones, pago de días descanso, aguinaldo y alimentación en lo general.
A través de un comunicado, el IMSS informó que el salario promedio de cotización para las personas trabajadoras del hogar inscritas será de 4 mil 842.93 pesos.
En México actualmente existen más de 2.5 millones de trabajadoras domésticas que podrían entrar en este esquema de seguridad social. Por ahora se calcula que más de 3 mil trabajadores de esta área ya reciben los beneficios
No obstante, Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM y experto en temas laborales explica que el trabajo y la salud no deberían ser dependientes uno del otro.
“Lo ideal sería desvincular el trabajo con el servicio de salud gratuito, universal y de calidad, sin embargo, las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra en este momento el país no lo permiten, esto no quiere decir que los trabajadores deban permanecer laborando bajo un esquema que les restringe sus derechos, pues yo creo que todo trabajador y humano debe tener acceso a la salud más allá de si cuenta con un empleo o no”.
Etiqueta: afiliación sindical
Elegirán trabajadores sindicalizarse o no
Agencia Reforma
Con reforma laboral, 31.6 millones de empleados asalariados sin sindicato podrán decidir si afiliarse o no, sin que intervengan patrones.
La reforma laboral implicará que 31.6 millones de trabajadores asalariados que actualmente carecen de alguna afiliación sindical, decidan si se unen o no a una de estas organizaciones.
Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que se discutirá en la Cámara de Diputados, recoge los principios del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las obligaciones contraídas por México en acuerdos internacionales como el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá, además del TIPAT, donde se habla de la libertad de los trabajadores para organizarse en sindicatos.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre del 2018 (los últimos disponibles) advierten que sólo 4.3 millones de trabajadores están sindicalizados, en tanto que 31.6 millones no lo están y otros 433 mil no están especificados.
Oscar de la Vega, abogado laboral, aseguró que esta reforma laboral implica un desafío para los mismos sindicatos, los cuales tienen que prever el desinterés por parte de los colaboradores de las empresas por pertenecer a algún sindicato, e incluso está el escenario de la desafiliación de los mismos.
«Los trabajadores deberán gozar de una absoluta libertad para adherirse o no a un sindicato, o dejar de pertenecer al mismo, pues no podrá ser condición para su empleo el estar afiliados a una organización sindical.
«Por ende, los sindicatos enfrentarán un reto de reinventarse para convencer a los trabajadores de su libre decisión de afiliación«, señaló el experto.
De la Vega explicó que la ratificación del Convenio 98 implica que será obligatorio para México el respeto a la libre sindicación y el derecho a la libre contratación colectiva.
Los patrones no deberán participar en la formación de los sindicatos de trabajadores, ni podrán cubrir las cuotas sindicales, mismas que deberán estar a cargo exclusivamente por los trabajadores y en forma voluntaria.
Además, tampoco podrán organizar a los sindicatos. Con estos principios se pretende terminar con los llamados contratos de protección, es decir, contratos colectivos que simulan una vida laboral en el centro de trabajo.
El abogado afirmó que como consecuencia de la ratificación del Convenio 98, se deberá eliminar el artículo 395 de la Ley que actualmente reglamenta la Cláusula de Exclusión por Ingreso, esto es que los sindicatos no podrán condicionar una oportunidad de empleo a la afiliación a un sindicato.
Por su parte, el sector privado ha solicitado que la nueva Ley sea flexible y no impida la operación de las empresas. Además de pedir que el Centro Federal de Conciliación, que es donde se concentrarán los contratos colectivos, tenga representación tripartita, es decir, con presencia del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores.
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/elegiran-trabajadores-sindicalizarse-o-no
Convenio 98 estará vigente a partir de octubre del 2019
La OIT ya fue informada de la decisión que tomó México de ratificar dicho convenio que protegerá la libertad sindical.
El presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que aprueba el Convenio 98, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. Con ello, en octubre de 2019 México debe cumplir con las nuevas obligaciones en la materia.
“Una vez publicado en el Diario Oficial, los compromisos adquiridos entran en vigor en un año, así el 30 de octubre de 2019 se debe dar cumplimiento a la libertad sindical y a la contratación colectiva en el país”, comentó Hugo Ítalo Morales, especialista laboral.
Explicó que por el momento lo publicado es para dar a conocer cuándo inicia la vigencia, “asimismo, significa que la OIT ya fue informada de la decisión que tomó México de ratificar el Convenio 98, y está claro que su vigencia inicia en una año”.
Al respecto, Germán de la Garza, abogado laboral de la firma Mowat, dijo que este convenio consiste en que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Añadió que es momento de que las organizaciones y los sindicatos lleguen a acuerdos necesarios para mantener la paz laboral en el país y dar cumplimiento a una contratación colectiva transparente; independientemente del trabajo pendiente en el Congreso para avanzar en la aprobación de las leyes secundarias.
El compromiso de México ante la OIT contempla además, en el caso de la protección, ir contra todo acto que tenga por objeto: sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, o con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
Con la entrada en vigor del Convenio 98 nuestro país contará con el marco completo de los ocho convenios fundamentales de la OIT. Lo anterior, explicó en su momento Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para México y Cuba de la OIT, permite tener un marco legal para la protección de los derechos de los trabajadores, y para cumplir condiciones en materia laboral en acuerdos internacionales, especialmente el T-MEC.
pmartinez@eleconomista.com.mx
“Una vez publicado en el Diario Oficial, los compromisos adquiridos entran en vigor en un año, así el 30 de octubre de 2019 se debe dar cumplimiento a la libertad sindical y a la contratación colectiva en el país”, comentó Hugo Ítalo Morales, especialista laboral.
Explicó que por el momento lo publicado es para dar a conocer cuándo inicia la vigencia, “asimismo, significa que la OIT ya fue informada de la decisión que tomó México de ratificar el Convenio 98, y está claro que su vigencia inicia en una año”.
Al respecto, Germán de la Garza, abogado laboral de la firma Mowat, dijo que este convenio consiste en que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Añadió que es momento de que las organizaciones y los sindicatos lleguen a acuerdos necesarios para mantener la paz laboral en el país y dar cumplimiento a una contratación colectiva transparente; independientemente del trabajo pendiente en el Congreso para avanzar en la aprobación de las leyes secundarias.
El compromiso de México ante la OIT contempla además, en el caso de la protección, ir contra todo acto que tenga por objeto: sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, o con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
Con la entrada en vigor del Convenio 98 nuestro país contará con el marco completo de los ocho convenios fundamentales de la OIT. Lo anterior, explicó en su momento Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para México y Cuba de la OIT, permite tener un marco legal para la protección de los derechos de los trabajadores, y para cumplir condiciones en materia laboral en acuerdos internacionales, especialmente el T-MEC.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Convenio-98-estara-vigente-a-partir-de-octubre-del-2019-20181030-0154.html
La aprobación del convenio 98 en materia laboral
¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? ¿A partir de cuándo? ¿Es sólo para empleados sindicalizados?
OCTUBRE 17, 2018
Raúl Maillard*
¿Qué pasó?
El 20 de septiembre de 2018 el senado de la República aprobó el Convenio 98 de la Organización Mundial del Trabajo, que se refiere a la libertad sindical, que MODIFICARÁ la relación laboral entre trabajadores y patrones.
¿Qué es el convenio 98?
Es un convenio que pretende la NO discriminación con respecto a la libertad sindical.
La libertad sindical es un derecho de los trabajadores para agruparse y defender sus intereses comunes.
¿Cómo funciona?
Convenio 87: Garantiza a los trabajadores el derecho de constituir sindicatos y afiliarse a ellos.
Convenio 98: Establece garantías y medidas de protección para que los sindicatos funcionen libre e independientemente de los gobiernos y los empleadores.
¿Para qué sirve?
Todos los trabajadores y empleadores tienen el derecho de construir o afiliarse a las organizaciones que crean convenientes para promover y defender sus intereses.
Se vulneran estos derechos cuando no se permite afiliar, pertenecer o crear un sindicato o se exige dejar de ser miembro de alguno.
¿Qué implicaciones tiene su ratificación en México?
Es un cambio en el sindicalismo en México
La OIT considera como fundamentales 8 acuerdos en materia de empleo divididos en 4 categorías:
Eliminación del trabajo forzoso
Abolición del trabajo infantil
Eliminación de la discriminación
Libertad de Asociación y libertad sindical
México ya tenía firmados 7 de estos 8 acuerdos, PERO el convenio 98 no había sido ratificado en el congreso del país a pesar de que fue adoptado por la OIT desde 1949 y aprobado por 165 naciones.
Los empresarios reclamaron que la ratificación de este convenio se hiciera SIN consultarlos pero la adopción de este texto fue una CONDICIÓN impuesta por los socios comerciales de México en el acuerdo de Asociación Transpacífico y el TLCAN.
El convenido va a renovar la dinámica laboral al interior de las empresas, los trabajadores tendrán derecho a decidir si quieren formar parte o no de un sindicato, los patrones tendrán prohibido intervenir en los mismos.
Con esto se busca eliminar los sindicatos de protección, o sea, los que no representan a los trabajadores y simulan una vida sindical al interior de las empresas.
La protección debe ejercerse contra cualquier acto que tenga por objeto:
Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o que deje de ser miembro de un sindicato. (Esto va en contra de lo que establece el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, “Cláusula de exclusión por admisión”)
Despedir a un trabajador a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales.
Perjudicar al trabajador en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales.
Las organizaciones de trabajadores (sindicatos) y de empleadores (sindicatos patronales o cámaras de industria) deben gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de otras ya se realice directamente o por terceras personas.
Deben crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en el convenio. Para ello se está creando un organismo de conciliación federal que cumple con este requisito.
Deben adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, para reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo.
La legislación nacional debe determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.
Excluye a los funcionarios públicos en la administración del estado.
Entra en vigor 12 meses posteriores a su ratificación, se ratificó el 20 de septiembre de 2018.
Si al año posterior a la expiración del periodo de 10 años posteriores a la fecha en que entró en vigor el convenio no se denuncia su expiración se prorroga otros 10 años.
Los puntos más relevantes
El convenio es “el que”, falta “el cómo”. Se requiere una eficiente legislación laboral que la pueda aplicar, y aún no se tiene.
Se requiere prohibir el outsourcing para hacer operable el Convenio.
Se requiere acabar con los contratos colectivos de protección actuales; para ello deberá exigirse el aval de los trabajadores para que tengan validez estos documentos.
Para su entrada en vigor no basta su publicación en el Diario Oficial, que aún no ocurre.
Se requiere que la ratificación del Convenio quede registrada por el Director General de la OIT, lo que aún no sucede.
Aporta nuevas obligaciones al Estado para que adopte todas las medidas necesarias para evitar se afecte la estabilidad en el empleo en el ejercicio de la libertad sindical.
Le da una connotación especial a las medidas de protección contra la discriminación ligadas al ejercicio de la libertad sindical y la conservación del empleo.
Da una protección especial a quién ejerza actividades sindicales fuera o dentro de los centros de trabajo.
Considera inadmisible los actos de injerencia patronal que lleven a formar sindicatos bajo su control. Este punto es esencial para terminar con esa práctica que afecta a la mayor parte de los sindicatos en el país, pero depende de una adecuada legislación laboral.
Considera indispensable el Convenio que haya Instituciones u organismos públicos (inexistentes en la actualidad) que garanticen el pleno respeto al derecho de sindicalización.
Fomenta la negociación voluntaria, que requiere de organizaciones sindicales fuertes para reglamentar condiciones de trabajo dignas mediante la contratación colectiva.
El Convenio 98 será aplicable en todo tipo de empresas privadas, organismos descentralizados y organismos autónomos de la administración pública