
El oficialismo planea una contrarreforma laboral
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las centrales sindicales vinculadas a éste están promoviendo una contrarreforma laboral para antes de las elecciones de julio.
Gilberto García 11 | 04 | 2018, 10:44
El período de sesiones de ambas cámaras vence el 30 de abril y reiniciarán en septiembre con un nuevo senado y un nuevo Congreso que serán electos el 2 de Julio. La intención del PRI es pasar la reforma antes de esa fecha.
Todos los sondeos dan como ganador de esos comicios, con una ventaja de más de dos dígitos, a Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Muy lejos aparece el candidato de la coalición entre el Partido Acción Nacional – Partido de la Revolución Democrática (PAN-PRD), y tercero el candidato del gobernante PRI.
En febrero de 2017 culminó un proceso de varios años para realizar una reforma laboral que generó esperanzas entre las fuerzas progresistas.
El gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI se vieron forzados a permitirla, presionados por diversas instituciones internacionales y tras muchos años de denuncias sobre el sistema laboral mexicano, que permite que la contratación colectiva pueda ser simulada a favor de las empresas.
Uno de los principales puntos de la reforma fue el establecimiento obligatorio del voto secreto para elegir a los dirigentes sindicales.
México es conocido por tener un movimiento sindical “oficial” dependiente de gobiernos y empresarios, que nombran de hecho a los dirigentes gremiales e imponen los llamados “Sindicatos de Protección” y “Contratos de protección patronal”, una práctica que ha sido denunciada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y cuestionada hasta en la OCDE.
La reforma laboral, entre otros avances, establecía la elección democrática de los dirigentes sindicales por parte de los trabajadores y trabajadoras y la creación de un sistema de justicia laboral distinto al actual.
Marta Heredia Figueroa, vicepresidenta de Igualdad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), afiliada a la Central Sindical de las Américas (CSA), advierte que la intención del PRI es desvirtuar la reforma y torcer su contenido. .
Denuncia también que de salirse con la suya el oficialismo las trabajadoras y trabajadores se verían perjudicados porque perderían derechos sustanciales que han conquistado en los últimos años.
El 5 de abril, el grupo parlamentario de MORENA, junto a un importante colectivo de sindicatos, reafirmaron su voluntad de resistir a los planes del PRI y dieron cuenta de los apoyos internacionales que han recibido, por ejemplo de los principales sindicatos de Estados Unidos y Canadá.
http://www.rel-uita.org/mexico/contrarreloj-pura-ranchera-neoliberal/
Etiqueta: contratos colectivos de protección patronal
México Necesita Legislación Laboral que Respete Derechos Humanos

Por Edgar Amigón Dominguez –
abril 5, 201
Una reforma de justicia laboral requiere consultas abiertas e incluyentes, que evite violaciones a las nuevas disposiciones; se requiere tiempo suficiente para instituir un sistema de justicia laboral verdadero, que responda a las necesidades del país, tanto para los trabajadores, como para los empleadores, estimaron abogados laborales.
Las primeras iniciativas de reforma en la materia fueron conocidas por la Cámara de Senadores apenas en diciembre de 2017. A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores les fueron turnadas tres iniciativas, sin embargo en la elaboración del dictamen únicamente se tomó en cuenta la iniciativa de los Senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En tanto las iniciativas del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, no fueron tomadas en cuenta, únicamente se acusó de recibidas.
Es del dominio público que el tema fue trabajado en secrecía a grado tal que incluso miembros de la Comisión de Trabajo en el Senado no fueron consultados para su dictamen como es el caso del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, que siendo el Secretario de la Comisión de Trabajo no fue convoca para el análisis y dictamen de dichas iniciativas.
El abogado Manuel Fuentes Muñiz afirma que con dicha iniciativa se estará privatizando el derecho laboral y sus consecuencias serán: mantener bajos salarios, legalizar el outsourcing, anular la seguridad social, pagar riesgos de trabajo mediante la Unidad de Medida y Actualización U.M.A y no en salario mínimos, fomentar contratos colectivos de protección patronal, desaparecer sindicatos, anular derechos colectivos, acabar con la huelga y quitar el sentido social del derecho del trabajo.
Por su parte Arturo Alcalde ha señalado que la reforma constitucional de febrero de 2017 es “la más importante en los últimos cien años desde el nacimiento de nuestra Carta Magna, ya que plantea cambios fundamentales al modelo laboral, incluyendo el sistema de justicia y el ejercicio de los derechos colectivos”
Alcalde advierte la pretensión de regresar al tripartismo en el nuevo organismo descentralizado para el Registro de Sindicatos, Contratos Colectivos y Conciliación Laboral, la cual, afirma “regresar a un esquema tripartita en el nuevo órgano laboral, es contraria a la naturaleza del organismo que por definición constitucional debe ser autónomo en su funcionamiento, coadyuvaría a su pérdida de prestigio y limitaría la libertad con la que debe operar su titular. La propia exposición de motivos de la reforma constitucional advierte de las limitaciones del tripartismo, por lo que regresar a esta forma de funcionamiento sería transitar en sentido contrario a sus altos fines”
“Si la nueva reforma laboral sólo va a refritear lo que existe en la actualidad con los defectos de ausencia de presupuesto, capacitación, personal insuficiente, instalaciones deficientes, procedimientos mal diseñados en la ley que se han prestado para muchas trampas legales entre abogados habilidosos. Si esto se va a reproducir, la reforma será un fracaso”, apuntó.
http://tecnoempresa.mx/index.php/2018/04/05/mexico-necesita-legislacion-laboral-que-respete-derechos-humanos/
Arrancan campañas con amenazas del PRI

Escrito por Guillermo Correa Bárcenas
Publicado: 05 Abril 2018
Guillermo Correa Bárcenas/De Norte a Sur
Con el arranque oficial de las campañas presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral, retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones campesinas.
En el primer caso es el Senado de la República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa Patrón–, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que, a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade, su candidato presidencial quien, asegura el abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios. Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los sindicatos llamados democráticos dónde están?
La otra amenaza es para los indígenas y el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa. Dicen los afectados que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos nativos. Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua ygenéticos. Señalan las víctimas de este golpe legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e internacionales.
Se teme, como con la ley laboral, un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto que pone en riesgo grandes áreas del país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde, explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. «Este tipo de industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi irreversible», apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su explotación llevaría alrededor de 10 años. «México es un país que tiene una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente vulnerable a espacios protegidos».
Nuestro país tiene reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la Presidencia…
tigrebilly@hotmail.com
https://www.expresszacatecas.com/opinion/37737-arrancan-campanas-con-amenazas-del-pri
Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral

Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.
- Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.
Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/opinion/011a1pol
Reforma laboral viola los derechos humanos: especialista

Ezequiel Pineda Nava dice que la reforma no abona al crecimiento y da marcha atrás a conquistas de trabajadores
Bertha Becerra
Con el tiempo encima: en víspera de ponerse en marcha la reforma laboral, no se dictamina en el Senado de la República la legislación secundaria sobre justicia y todos los procedimientos que acompañarán el nuevo sistema. El plazo vence mañana lunes 26 de febrero.
Son muchos los factores que retrasan el cumplimiento del nuevo engranaje de justicia laboral.
El Ejecutivo federal no remitió al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales que se hará cargo de la conciliación y el registro de sindicatos y contratos colectivos. Debió de enviarla el 16 de febrero.
Tampoco hay dictamen de las iniciativas que presentaron los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC respectivamente) y Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD.
Se suma un conflicto con la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República: su presidente Miguel Ángel Chico Herrera renunció al PRI, la Junta de Coordinación Política lo dio de baja, en contra del Reglamento senatorial, y se encuentra en stand by, en controversia.
LAS CRÍTICAS
Pero aparte de las formas, el fondo es que se trata de una iniciativacuestionada por los sectores obrero y académico.
“La iniciativa de reforma laboral no es incluyente, plural, justa ni legal. Se tendrá que enriquecer, ya que no abona para el crecimiento del país; afecta la estabilidad en el empleo, da marcha atrás en los derechos laborales tanto individuales como colectivos y representa una violación a los derechos humanos y laborales para los mexicanos”, considera el especialista en Derecho Laboral, doctor Ezequiel Pineda Nava.
Al hacer un análisis a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional en materia de Justicia Laboral, dijo que pretende que las grandes empresas puedan subcontratar a su personal (outsourcing), disfrazando la relación laboral apoyado de un tercero, con lo cual los trabajadores perderían muchos de sus derechos laborales y de seguridad social.
Y coincidió el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena), quien subrayó: “Vemos con gran preocupación que esta iniciativa del PRI sin duda, se redactó en un despacho patronal. No veo cómo se redacte de esa forma sin ser un abogado patronal y es una gran vergüenza que la hayan presentado líderes obreros”.
Pero el senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo, puntualizó: “La iniciativa que se presentó en diciembre pasado se analizó incluso por los compañeros que la presentaron: Tereso Medina e Isaías González y el outsourcing no transitará en esta iniciativa de justicia laboral”.
Comentó que se trabaja y afina, ya con el outsourcing fuera, algunos puntos a analizar a cabalidad en las leyes secundarias: cómo se manejará el tránsito hacia el Poder Judicial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
También la viabilidad, formalidad del órgano descentralizado para dirimir las controversias entre el capital, los trabajadores y los sindicatos. Estamos en ese trabajo.
En contraste, el senador Jesús Priego Calva, líder de la CTM en Hidalgo, sobre la iniciativa que presentaron sus compañeros comentó:
“Coincido ensacar el outsourcing,porque ‘friega’, con otras palabras,al Infonavit, al Seguro Social, a los trabajadores, a la empresa y friega hasta la propia madre de los outsourcing”, sentenció.
Reveló: Tengo entendido y no me consta, pero hay informes de que muchos sindicatos se prestan a eso. ¡Qué rateros! ¡Quéfalta de honorabilidad prestarse a eso!
Asume:“Esta iniciativa que presentaron Tereso e Isaías parece que la hicieron los empresarios, los bufetes de los empresarios. A veces, quizás las cámaras como Canacintra y Coparmex y demás tengan un criterio menos cruel, pero hay otros que hacen muchas cosas en contrario”.
LA OTRA INICIATIVA
A su vez, el doctor Héctor Barba García, comentó que la iniciativa que presentó el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD junto con la Unión Nacional de Trabajadores UNT, en cambio, abarca todos los contenidos normativos del Apartado A del Artículo 123 constitucional reformado, que se contemplan en la Ley Reglamentaria y la Ley Federal del Trabajo.
Comprende el diseño de las nuevas instituciones que devienen de la reforma al marco constitucional. “Por ello se actualiza sistemáticamente todo su articulado, con las correspondientes adiciones y derogaciones”.
Asesor jurídico de la UNT, el doctor Barba dijo que esta iniciativa plantea la reforma de 303 artículos, la adición de 10 y la derogación de 116.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/reforma-laboral-viola-los-derechos-humanos-especialista-1025987.html
Una reforma que huele a podrido
14/02/2018
Manuel Fuentes
Ya está lista la propuesta de reforma laboral. Les urge aprobarla para que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente | Manuel Fuentes
Quedan menos de 15 días para llegar al límite fantasmal, el 24 de febrero, impuesto desde la presidencia de la republica junto con sectores patronales y de tinterillos sindicales (que aplauden y aplauden), para aprobar la contrarreforma laboral más agresiva de los últimos 100 años en contra de los trabajadores.
Los sectores patronales son los más activos promotores para que se apruebe esta contrarreforma, que hace añicos el derecho laboral. Dicen a los distraídos senadores que se encuentran buscando hueso que es urgente su aprobación porque se requieren fuentes de empleo dignas (¿?), mejores salarios (¿?), inversiones no golondrinas (¿?), que nuestro país será de primer mundo con esta reforma (¿?) y prometen hasta que la maldita inflación se va a acabar (… y bla bla bla).
Outsorcing
En el Senado de la Republica están los cabilderos patronales, a toda hora, para que no se mueva una sola de sus propuestas, ni una coma. Ya les dijeron que la propuesta del outsourcing será retirada porque ha causado un gran enojo, principalmente la del líder cetemista y no quieren ser promotores de la división sindical (¿?).
A los empresarios ya les dijeron que sigan con el negocio de las outsourcing,como lo han hecho siempre. Que nadie les va a decir nada. Que si bien la Ley federal del trabajo prohíbe la subcontratación total, el gobierno no se mete en las empresas. Que hagan lo que quieran. Los empresarios más conspicuos están de plácemes por ese cambio para no ejecutar nada.
Ellos saben que seguir con el negocio de las outsourcing es acabar con la obligación de otorgar las utilidades a los trabajadores, y eso lo festinan por todos lados. Es permitir que sus empresas se vuelvan fantasmas cuando así lo requieran y cuando tengan un adeudo, con quien sea, se esfumen. Es contar con permiso de robar. Permitir la división de sus empresas para evadir pago de impuestos y esto, lo saben ellos, lo seguirán haciendo con reforma o sin ella.
Mera usura empresarial…
Al gobierno federal lo que le apura es que se apruebe la creación del Instituto de Conciliación, de Registros de Sindicatos y de Contratos Colectivos para controlar en la raíz al movimiento obrero y con ello mantener a raya el aumento de los salarios. En otras palabras, mantener la usura empresarial y el esclavismo obrero. La ganancia de unos pocos y la miseria de la inmensa mayoría de los mexicanos. Los promotores de esta iniciativa son unos mexicanos de vergüenza.
El gobierno federal logró insertar en el mismísimo artículo 123 constitucional su derecho a controlar la vida de los sindicatos. Legalizó que quién se encargue del aparato de control sea un emisario del presidente de la republica actual, al cual no se le pueda remover ni molestar, por ningún motivo, en los siguientes seis años.
Esa oportunidad no la quieren desaprovechar las huestes peñistas, ¿qué tal si pierden la presidencia de la república? Tendrán al menos controlado el negocio de los registros sindicales, de las huelgas, de los aumentos salariales, de los contratos colectivos de protección, de la destitución de los dirigentes sindicales incómodos, de los juicios de titularidad. Tener en sus manos el verdadero poder de control político. ¡Hay que apurarse! Insisten en el Senado de la Republica los timoratos del poder.
Hay negocio para todos
Ante el enojo de los tinterillos sindicales de no dejarlos participar en el negocio, ya les dijeron que en ese Instituto «de control sindical» también participarán junto con sus socios del sector empresarial que los protege. ¡Hay negocio para todos, no se apuren!
Ya está lista la propuesta de reforma laboral que nunca fue puesta a consideración de la sociedad. Les urge aprobarla para que sea la gran reforma que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente.
¡Vamos Senadores del PRI, del PAN, ecologistas y otros satélites! ¡Solo levanten la mano para que se conviertan en héroes de la patria! En basura…
Pretenden una reforma que privatice el derecho laboral, para que sea solo de los patrones. Que permita el despido libre y las renuncias en blanco al por mayor.
Que acabe con el salario como medida de pago para las indemnizaciones y pensiones y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización.
Que termine con todo rastro de bilateralidad y de libertad sindical. Que extinga el derecho a huelga y la contratación colectiva participativa. Que cancele la transparencia sindical.
Que anule el voto secreto para evitar que los trabajadores participen en la decisión de sus condiciones de trabajo. Que mande a la basura la seguridad social.
Que cree la conciliación punitiva enfilada contra los trabajadores. Que obstaculice la justicia laboral imponiendo requisitos insalvables para demandar en los nuevos tribunales laborales.
Quieren una reforma que esclavice más a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de todas edades y a los viejos, desaparecerlos.
Es una reforma laboral que huele a podrido, porque encarna los principios más regresivos de nuestra sociedad, volcada sin reserva, en contra de los sectores más vulnerables de este país, para condenarlos a la miseria.
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