NOTIMEX 28.05.2019 – 19:21H
La reforma laboral permitirá una modernización del mundo del trabajo a partir del surgimiento de nuevos liderazgos sindicales electos democráticamente y la creación de nuevas centrales obreras o gremiales, consideraron abogados laboristas.
En su opinion, con los cambios a las leyes laborales, los más importantes desde la aprobación de la Constitución de 1917, se avecina un relevo de dirigentes, aunque también cabe la posibilidad de que algunos permanezcan al contar con el respaldo de los trabajadores, además de que con la multisindicalizacion convivirán cuatro o cinco en una misma empresa.
Alfonso Bouzas Ortiz, especialista laboral e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, expuso que entre lo positivo del nuevo marco legal está que se eleva a rango constitucional la contratación colectiva y se obliga a los líderes sindicales a poner a consideración de los trabajadores el contenido de los Contratos Colectivos y que sean votados por todos.
Opinó que la reforma laboral traerá una nueva era en el sindicalismo mexicano y obligará a los organismos a transparentar en qué gastan las cuotas de trabajadores, elegir a sus líderes de forma democrática y hacer públicas las negociaciones de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).
Los trabajadores podrán decidir a través del voto personal, secreto y universal si quieren pertenecer a un sindicato o no. Además el CCT ya no sólo será votado por la comisión revisora, sino que deberá ser puesto a consideración de los agremiados para aprobarlo o rechazarlo, detalló en entrevista.
Es un avance en materia de transparencia, ya que se tendrán que registrar y publicar las negociaciones colectivas ante un nuevo órgano, denominado Centro Federal de Conciliación, con lo cual cada trabajador podrá conocer los detalles de los acuerdos entre patrones y sindicatos, precisó.
Otro punto en favor de ese marco legal que entró en vigor el 1 de mayo es que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto de nivel federal como estatal, y en su lugar se crearán tribunales que dependerán del Poder Judicial.
También, abundó, se crea un órgano de conciliación que estará obligado a que las partes lleguen a un acuerdo, y de no ocurrir así se llevará el caso a los tribunales laborales para fallar en favor o en contra de alguna de las partes.
Puntualizó que se establece la figura de carga de prueba, donde el patrón debe comprobar que el trabajador cometió alguna falta, sin embargo el emplado tendrá la oportunidad de defenderse.
En caso de que el empleador no acredite la falta el obrero se verá beneficiado. Un ejemplo de ello, precisó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, es cuando un patrón acusa de robo a uno de sus empleados, y si no lo acredita deberá reinstalarlo.
Lo que se busca es terminar con el atraso que existe en las Juntas de Conciliación y dar celeridad al procedimiento, pues actualmente hay un rezago de más de medio millón de expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y un número similar en las locales, por lo tanto se estaría hablando de más de un millón.
Un punto importante, subrayó, es el tema de la capacitación de los conciliadores, así como de los funcionarios judiciales.
“Ya no llegarán por amiguísimo o compadrazgo, sino por examen de oposición”. Bouzas Ortiz expresó que “hay muchos temas que deberían haberse abordado pero el Poder Legislativo no lo hizo, pues la reforma de 2017 marcaba qué campos tenían que ser modificados.”
“El más importante es la democracia y la libertad sindical, una de las exigencias del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá”, subrayó.
La democracia es la columna vertebral de la reforma y eso significa que se acabaron los líderes que usufructuaban los derechos laborales de los trabajadores, que durante décadas han aplastado a las masas y convertido a los sindicatos en patrimonios personales para enriquecerse.
Esta reforma, aseguró, abre la posibilidad de que los sindicatos regresen a los trabajadores.
A su juicio, uno de los pendientes que se quedó en el tintero es el caso del Apartado B, así como el establecimiento de un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones.
Por su parte el abogado laborista Oscar de la Vega estableció que la reforma laboral es positiva en términos generales, ya que busca mejorar la democracia sindical y la negociación colectiva.
Por primera vez en el país se pone a consideración el derecho de los trabajadores a si quieren o no estar sindicalizados. “Se establece que nadie está obligado a pertenecer a un sindicato o federación”, señaló.
Hizo notar que de acuerdo al Artículo 110 fracción VI un trabajador decidirá de manera libre si quiere pagar cuotas sindicales.
Además, indicó, un trabajador podrá decidir si quiere estar dentro de un CCT. Sostuvo son pasos positivos para democratizar a las organizaciones sindicales y al mismo tiempo buscar la forma de reinventarse y tener el apoyo de las bases.
Un avance, anotó en entrevista por separado, es que cuando haya un emplazamiento a huelga por revisión de CCT deberá contar con el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores de la empresa.
Con ello se pone un freno a las huelgas “locas”, que son utilizadas por los líderes sindicales para obtener beneficios económicos y políticos.
De la misma manera calificó como un avance la creación del Centro de Conciliación Laboral y se tiene un plazo de dos años para ponerlo en operación.
A su vez los sindicatos tienen cuatro años para presentar sus CCT para que sean avalados o ratificados con el apoyo del 50 por ciento más uno de los trabajadores de una empresa, si no lo hacen se da por terminada la relación colectiva.
Con la reforma laboral y la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país se empezara a dar la multisindicalizacion, es decir que varios sindicatos convivan en una misma empresa.
Al tocar el tema de la huelga consideró que es una figura “oxidada” y ya no responde a las necesidades del país y de la clase trabajadora.
La reforma a la ley, agregó, hace una pequeña modificación para que el patrón se someta a un arbitraje y evitar paros de labores de más de 60 días.
“Las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar huelgas de más de dos meses y por eso sería bueno revisar el proceso y establecer un arbitraje privado para ver quién tiene la razón”, juzgó.
El especialista añadió que entre los pendientes se encuentra modernizar el tema de la huelga, la cláusula de exclusión que atenta contra la libertad de asociación y el outsourcing o subcontratación.
Etiqueta: contratos colectivos de trabajo (CCT)
Nuevos retos y perspectivas del movimiento obrero mexicano
Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria
21-05-2019
Rebelión
“El proletariado, para ser capaz de gobernar como clase, debe despojarse de cualquier residuo corporativo, de todo prejuicio o incrustación sindicalista”
Antonio Gramsci
La conmemoración del 1 de mayo de 2019 se ha realizado en medio de un proceso de recomposición de la lucha de la clase trabajadora, de nuevos esfuerzos de articulación del sindicalismo independiente y de una reciente reforma laboral que abre importantes oportunidades para enfrentar al charrismo sindical y construir organizaciones sindicales auténticas.
La aplastante derrota electoral de los partidos de la derecha, PRI y PAN -que auspiciaron y protegieron la existencia de un aparto corporativo burocrático que mantuvo oprimida y maniatada a la clase trabajadora a lo largo de casi 80 años-, ha generado mayor confianza en la clase trabajadora para destruir a ese aparato, democratizar sus organizaciones sindicales y alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo. Esa es la razón que explica el histórico triunfo de las 96 huelgas de la maquila en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a principios de año; del repunte de huelgas del sindicalismo universitario, de disputas por la titularidad de contratos colectivos o la formación de corrientes sindicales disidentes en gremios tan importantes como el petrolero, seguro social, la educación, entre otros.
Después de muchos años de no hacerlo, la plaza del Zócalo de la Ciudad de México se vio nuevamente desbordada por contingentes del sindicalismo independiente de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Sindicato Minero. Grandes movilizaciones también se realizaron en otras entidades de la república en donde también participaron contingentes de la combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ese mismo día fue promulgada una nueva Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, que contiene medidas progresivas, por lo menos en el papel, que otorga a los trabajadores mayores recursos legales para disputar al charrismo la representación sindical; la obligación del voto universal, directo y secreto; crear nuevas organizaciones sindicales; impedir la formación de sindicatos de protección patronal (blancos); consultar a la base para aprobar la firma de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT); acceder a su registro público y de las organizaciones sindicales; obligar a los patrones a cotizar al Seguro Social con el salario real de los trabajadores y entregar a cada trabajador ejemplares de los CCT y sus modificaciones, entre otras cosas.
Estos avances son viejas demandas por las cuales ha luchado el sindicalismo independiente desde hace décadas y que ahora son posibles porque están acompañadas de la presión del sindicalismo de Estados Unidos y Canadá para que el capítulo laboral (Anexo 23-A) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obligara a México a realizar cambios en materia de justicia laboral y libertad sindical. A esta misma lógica obedece la ratificación, por parte del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Para que estos logros no queden en letra muerta, es muy importante que las dirigencias sindicales conozcan el contenido y alcance de esta reforma y elaboren estrategias para impulsar la sindicación de los trabajadores no organizados (casi el 90 por ciento del total de la fuerza de trabajo), disputar al interior o como sindicatos independientes, la representación sindical; unificar en una misma organización democrática e independiente del gobierno, y de cualquier partido político, al conjunto del sindicalismo independiente y democrático. Se ha abierto una coyuntura muy favorable para que la clase trabajadora mexicana alcance su objetivo más preciado y estratégico: enviar al charrismo sindical al basurero de la historia. Lograrlo significará un verdadero golpe mortal al viejo régimen de dominación priista.
Los avances que representa esta reforma no pueden hacernos olvidar, ni por un momento, que aún queda pendiente revertir la reforma neoliberal de 2012 que legalizó la precariedad laboral al reglamentar laxamente el outsourcing; facilitar y abaratar el despido de trabajadores; reducir a un año el derecho a salarios caídos en caso de litigio y establecer el pago por hora; ampliar los contratos temporales a prueba y capacitación y atentar contra la bilateralidad de la relación obrero patronal al permitir acuerdos individuales entre patrones y trabajadores.
Aún reconociendo la bondad de algunas medidas de la política laboral obradorista –agreguemos el aumento a los salarios mínimos nacionales del 16 %, en la frontera norte del 100 %, becas para estudiantes y trabajadores jóvenes, eliminar el carácter punitivo de la evaluación magisterial e impulsar el fortalecimiento de empresas estratégicas como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la no represión a movilizaciones sociales-, todavía son insuficientes para confiar en que su gobierno ha emprendido un curso antineoliberal. Menos aun cuando debemos mantener una postura crítica ante las decenas de miles de despidos de empleados públicos ocasionados por la “austeridad republicana”, la intromisión en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el mantenimiento de un tope a los salarios mínimos y profesionales, su reticencia a dialogar con las direcciones del sindicalismo independiente o dejar en pie aspectos fundamentales de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
El movimiento sindical no debe bajar la guardia ante el gobierno de AMLO. Debe mantener en alto reivindicaciones como la de revertir las reformas neoliberales del 2012; recuperar gradualmente la pérdida del 70 por ciento de la capacidad de compra de nuestro salario, producto de 30 años de neoliberalismo; reducir la jornada laboral a 35 horas semanales; regresar al régimen solidario de pensiones y por el control de las organizaciones sindicales de los fondos de pensiones; revertir las reformas neoliberales en materia educativa y energética; aplicar un impuesto progresivo a las grandes fortunas; demandar una auditoria a la deuda pública y desconocer las deudas odiosas.
Es muy importante que el sindicalismo democrático comprenda que se ha abierto una nueva coyuntura, que demanda una exacta comprensión de los cambios políticos acontecidos, para elaborar una nueva estrategia y táctica para emprender la ofensiva en contra del charrismo sindical y fortalecer la auto organización de la clase trabajadora. Es insensato continuar utilizando las mismas formas de lucha ante un gobierno diferente al PRI y al PAN, aunque tampoco haya roto con el neoliberalismo.
Sobre todo, es necesario superar las visiones gremialistas e inmediatistas, tan arraigadas en el conjunto del sindicalismo mexicano, construyendo una visión de clase y de largo plazo, es decir que, sin perder de vista el objetivo de nuestra emancipación total, tengamos la capacidad de pensar políticamente y actuar localmente. Es la capacidad de construir un movimiento que abarque al conjunto de la clase trabajadora –convirtiéndose en el caudillo de una nación oprimida como la nuestra (hegemonía)-, y su aplicación en sus propios espacios, lo que convierte a los gremios en su conjunto en una clase.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256221
Alerta Campa Cifrián sobre riesgos de multicontratación
Lorena Malpica y Dora García, directoras general y ejecutiva de Coebio; el secretario del Trabajo, Roberto Campa, y Alejandra Negrete, titular de la Profedet. Foto Yazmín Ortega Cortés
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 28 de septiembre de 2018, p. 18
Roberto Campa Cifrián, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que existe “claramente una convicción del nuevo gobierno (que encabezará Andrés Manuel López Obrador) de que un esquema que abra la puerta a la multicontratación sería pernicioso”, por lo cual descartó que en la ley secundaria de la norma laboral se intente aprobar ese sistema.
Entrevistado luego de la ceremonia en la que fue entregada a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) el distintivo de empresa bioéticamente responsable, expuso que por las pláticas que ha tenido, en las reuniones de transición, con la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ésta no favorecerá la existencia de varios contratos colectivos de trabajo (CCT) en una compañía. Esto constituye una preocupación para el sector empresarial luego de que la semana pasada el pleno del Senado ratificó por unanimidad el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Explicó que la multicontratación consiste en que en una empresa haya “más de un sindicato, lo cual será posible a partir de este compromiso con la libertad sindical. Pero que eso se derive en más de un CCT será algo que revisarán los legisladores en la norma secundaria”.
Indicó que la visión del nuevo gobierno –con base en lo hablado con Alcalde– es que “el sindicato mayoritario en una empresa es el que tiene derecho a firmar el CCT”. Añadió que es un “asunto relevante, porque al final las decisiones de inversión de los empresarios tienen que ver con esas variables”.
Remarcó que la ley secundaria deberá aprobarse en un “entorno de diálogo social” en el que incidan las opiniones de los representantes patronales y de los trabajadores.
Factible, elevar minisalario
En cuanto al aumento del salario mínimo, insistió en que al desindexarlo ya no “resulta contraproducente” cualquier alza. Esto da un margen que “permitirá acercarse al mínimo de bienestar que ha señalado el Coneval”.
Explicó que para incrementarlo deben tomarse en cuenta dos variables: “que no afecte los costos de producción y, en consecuencia, el nivel general de precios” y “cómo se comporta el salario con respecto a la generación de empleo, lo que llaman los economistas las elasticidades del salario al empleo”.
Añadió que “el riesgo es que los empresarios decidan no solamente no contratar a más personas, sino prescindir de algunas en la medida en que no puedan cubrir esos costos”. Informó que ayer se llevaría a cabo la décima reunión de transición para analizar asuntos de la Profedet.