Este año Citibanamex continuará con un proceso “intensivo” para volver a formar su personal en habilidades digitales y sociales. La filial del estadounidense Citigroup, llega a sus 135 años con la desvinculación de más de 2,000 trabajadores, cambios en su plantilla, posiciones y perfiles de colaboradores.
Blanca Juárez
23 de enero de 2019, 09:59
El personal de Citibanamex recibirá capacitación en habilidades digitales y sociales. Foto: Especial
La conversión digital de la banca continuará propiciando cambios en la fuerza laboral. El año pasado Citibanamex desvinculó a 2,000 colaboradores, pero este 2019 optará por “el camino difícil”: volver a formar al personal para afrontar las nuevas necesidades del mercado, dice Juan Domínguez, director ejecutivo de Recursos Humanos.
En entrevista para Factor Capital Humano dice que este año la plantilla de más de 36 mil empleados pasará por un “intensiva” recapacitación. “Estábamos enfocados en la transacción y ahora los estaremos en la relación con los clientes”.
Este año el Banco Nacional de México, ahora CitiBanamex, filial del estadounidense Citigroup, cumplirá 135 años. Y si bien no es el mayor banco digital en el país, fue el que más creció en ese formato en los últimos tres años, según Domínguez.
Hace una década, dice, si un usuario quería hacer un depósito, necesitaba que alguien lo recibiera y lo operara. Ahora lo pueden hacer ellos mismos en los cajeros automáticos, en una computadora o en su celular.
Los clientes necesitan a asesores para resolver dudas sobre el sistema digital o sobre los productos del banco. “Cuando asiste a la sucursal no espera hacer una operación, sino una relación. Eso es un cambio fundamental del modelo bancario de hace unos años”.
Y si las nuevas tecnologías han cambiado las actividades de muchos puestos, también con las nuevas tecnologías habrán de afrontarlo. Actualmente la formación del personal se imparte 80 % en aulas y 20 % con otros mecanismos. El propósito del equipo de recursos humanos es darle la vuelta este 2019: que sea 80 % virtual y 20 % en aula.
Movimiento de personal
La digitalización de los servicios no son la única razón de los cambios en las funciones de los colaboradores. También las transacciones del propio banco han obligado a reformular posiciones.
En septiembre de 2018 la compañía global BlackRock compró a Citibanamex su negocio de gestión de activos. “Nuestro rol ya no es administrar fondos de inversión, sino servir como vendedores de ese producto”. Esto ha implicado la desaparición de posiciones y la creación de nuevos puestos.
“Al año reclutamos entre 5,000 y 6,000 colaboradores” para ocupar un puesto nuevo o remplazar posiciones que quedan vacantes “por un cambio natural y reformulación de perfiles”. El sector financiero, en general, tiene un alto porcentaje de rotación voluntaria, que alcanza 20 % anual.
En los últimos cuatro años Citibanamex logró reducir ese porcentaje a 11 %. “Es de las más bajas en la historia”, dice Domínguez, quien reconoce que en gran parte se debe a “situaciones macroeconómicas, como la recesión en la generación de empleos”. Esto benefició a varias industrias con una menor rotación laboral en el segundo semestre.
Citibanamex, agresivo con la flexibilidad laboral
Empresas –entre ellas Citibanamex— trabajadores y sindicatos esperan que este año los diputados federales terminen por legislar los temas pendientes de la reforma laboral de 2017. “Lo hemos venido discutiendo en los últimos cuatro años y para nosotros son tres los temas importantes”, dice Juan Domínguez.
El primero es la flexibilidad laboral. Los horarios adaptables o el trabajo remoto tendrán más presencia no solo en los bancos, sino en la industria en general, opina. Cada organización debe adecuar estas prácticas según sus necesidades y las del empleado, y esas políticas deben estar respaldadas por la ley, considera.
En el primer trimestre de 2019 en Citibanamex “seremos agresivos” al propiciar que todos los colaboradores tengan modelos flexibles de trabajo. “Si alguno no lo tiene, será porque decida no tenerlo. No porque no se lo da el banco”.
El segundo tema que le parece relevante es la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical. “Estamos a la espera de cómo se concretan los cambios. De entrada, habrá mayor libertad sindical, lo cual será positivo para las empresas y los trabajadores”. En 2015, según cifras del propio banco, 7,443 de sus empleados eran sindicalizados.
El tercer tema es la separación de la justicia laboral del Poder Ejecutivo. Actualmente los conflictos laborales se dirimen en las juntas de conciliación y arbitraje (JCA), donde, de no alcanzar un acuerdo, se dicta una sentencia.
Una vez que los diputados definan cómo y cuándo se crearán los nuevos órganos, encargados solo de la conciliación y la toma de nota de sindicatos, las JCA desaparecerán. “Es un cambio que promovemos, que creemos que es hacia donde va el mundo”.
Etiqueta: flexibilidad laboral
La Reforma Laboral, paraíso de empresarios y ruina de trabajadores
De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.
Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.
Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.
“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.
Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria.
“La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo.
Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.
El informe se centra en que los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han disminuido son los de la parte media hacia arriba.
La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.
Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.
Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador.
Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real.
Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese?
De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador.
Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.
“En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes.
Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado.
“Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador.
La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional.
Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento.
En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna.
El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”.
Esas prácticas también tienen implicaciones en la pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos.
“Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente.
Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional.
Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad.
“En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó./Sin Embargo
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/15985/la-reforma-laboral-paraiso-de-empresarios-y-ruina-de-trabajadores?fbclid=IwAR3pJhGfffM6cAyfBXWrE6xST_cujoy6pgEZbSh2JU03tukdpyGo93P7veg
La Reforma Laboral fue en 6 años paraíso de empresarios y ruina de trabajadores… con y sin estudios
Aunque fue creada y aprobada bajo la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el fin de la administración de Enrique Peña Nieto, la Reforma Laboral cumple seis años de estar en vigor.
Este periodo de prueba de seis años deja retos para la siguiente administración, que deberá investigar los vicios que se crearon bajo el amparo de la flexibilidad laboral y la inserción de México al mercado global.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto es la que se encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México gana de uno a tres salarios mínimos.
De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.
Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.
Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.
“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.
Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria.
“La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.
EL ALTO COSTO DE LA REFORMA
El informe se centra en que los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han disminuido son los de la parte media hacia arriba.
La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.
Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.
Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador.
Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real.
Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese?
De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador.
Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.
“En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes.
Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado.
“Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador.
La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional.
Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento.
En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna.
El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”.
Esas prácticas también tienen implicaciones en la pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos.
“Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente.
Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional.
Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad.
“En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó.
La Reforma Laboral fue en 6 años paraíso de empresarios y ruina de trabajadores… con y sin estudios
La Reforma Laboral fue en 6 años paraíso de empresarios y ruina de trabajadores… con y sin estudios
Por Daniela Barragán
SinEmbargo
octubre 24, 2018
12:05am
Aunque fue creada y aprobada bajo la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el fin de la administración de Enrique Peña Nieto, la Reforma Laboral cumple seis años de estar en vigor.
Fueron seis años de implementación y los resultados son claros: hubo beneficio para los empresarios, pero para el grueso de la población, del norte y del sur, con o sin estudios, se tradujo en pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
Este periodo de prueba de seis años deja retos para la siguiente administración, que deberá investigar los vicios que se crearon bajo el amparo de la flexibilidad laboral y la inserción de México al mercado global.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto es la que se encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México gana de uno a tres salarios mínimos.
De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.
Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.
Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.
“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.
Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria.
“La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.
“En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes.
Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado.
“Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador.
La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional.
Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento.
En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna.
El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”.
Esas prácticas también tienen implicaciones en la pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos.
“Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente.
Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional.
Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad.
“En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó.
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Así laboran los jóvenes: con salarios precarios, sin seguro social, con jornadas largas y sin contratos
El 66% de los jóvenes no tienen seguridad social y solo el 34% cuenta con este derecho laboral. Son el grupo más vulnerable de trabajadores en México, advierte el Informe del Observatorio de Salarios 2018 de la Ibero.
Los jóvenes las están pasando mal en el mercado laboral. Ya no son solo los salarios precarios, cada vez pierden más derechos laborales, trabajan más de ocho horas, sus horas extras no son remuneradas, y no tienen seguro social.
De acuerdo con el Informe del Observatorio de Salarios 2018, solo el 31.9% de los jóvenes (de entre 15 y 29 años), cuentan con las prestaciones mínimas de ley, mientras que el 50.6% no tiene prestación alguna.
El 66% de la población joven asalariada no tiene seguridad social y solo el 34% cuenta con este derecho laboral.
México está entrando en la tendencia de la flexibilidad laboral desde que la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 facilitó las condiciones de contratación, sin embargo, eso se traduce en una situación de precariedad permanente en la juventud ocupada, que va al alza.
Son el grupo más vulnerable de trabajadores en México, tanto, que el 52% de los jóvenes sobrevive con un salario por debajo de la Línea de Bienestar (canasta de alimentos, bienes y servicios básicos), explica Miguel Santiago Reyes Hernández, coordinador institucional del Observatorio y quien presentó los resultados del informe.
Lee: ¿Para qué alcanza con el salario mínimo? Una persona requiere 99.51 pesos diarios para cubrir sus necesidades
Retomando el concepto del Living Wage Calculator –calculadora de salario vital- del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), los salarios mínimos que sean idénticos a la línea de pobreza serán “salarios de pobreza”, no dignos ni suficientes, porque sólo garantizan no caer en situación de pobreza, estando al límite de ella.
“Entre 2014 y 2017 vemos que hay una tendencia a precarización en ingresos, no solo estancamiento, sino que la gente que se incorpora lo hacen en baja remuneración”, afirma.
La mayoría de estos empleos que pagan entre uno y cuatro salarios mínimos se encuentran en el comercio, la agricultura, la industria manufacturera y en el sector de restaurantes y hostelería.
¿A qué se debe esta precariedad laboral?
Se debe a la pérdida de derechos laborales y al deterioro de la jornada laboral, el ingreso, los contratos, la seguridad social y las prestaciones como vacaciones y aguinaldo, detalla el informe del Observatorio de Salarios de la Ibero.
En 2017, apenas el 13.6% de los jóvenes tenían vacaciones, aguinaldo o Infonavit.
De acuerdo con el estudio, sólo el 21.7% de los jóvenes trabaja de acuerdo a su jornada de ley, la cual establece 8 horas.
Solo el 27.7% labora menos de 8 horas, pero el repunte es muy notorio cuando se contabiliza la población que trabaja más de 8 horas: que son el 50.6%, es decir 6 millones 729 mil 238 jóvenes.
Lees: A más de 50 millones de mexicanos el salario no les alcanza para comprar una canasta alimentaria
Además, el 58% de la población de 15 a 29 años no cuenta con un contrato, y solo el 30% tiene base o un contrato de planta por tiempo indefinido.
El informe indica que el nivel de bienestar de los jóvenes trabajadores, en una escala del 1 al 100, es de entre 45 y 47 puntos.
Dos de cada tres asalariados de entre 15 y 29 años trabajan en México en condiciones de precariedad. “El mercado laboral de los jóvenes casi no se mueve respecto del promedio, pero sí nos dice que ser joven implica más vulnerabilidad”, sostuvo el académico de la Ibero.
Una de sus recomendaciones es que el aumento salarial esté vinculado a la productividad y no a la inflación, como sucede actualmente; también plantea que el costo de vida sea según la ubicación geográfica.
“Si el salario mínimo en México hubiera sido determinado con base en el aumento de la productividad y sin pérdida de poder adquisitivo debió haber sido de $112.50 pesos y no de $88.36 para 2018”, señala.
Otra de las propuestas del Observatorio es un nuevo sistema de protección social universal, desvinculado del trabajo, pues permitiría desarrollar un sistema universal de protección social básica para toda la población ocupada.
https://www.animalpolitico.com/2018/05/jovenes-empleo-salarios-seguridad-social/
Las trampas de una iniciativa laboral
Por: Graciela Bensusán
La reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 fue una estrella fugaz. Prometió el fin del tripartismo en el sistema de justicia laboral, un esquema que por décadas fue el soporte del régimen corporativo-estatista que, en el contexto del modelo exportador, generó pocos ganadores y muchos perdedores, y entregó a un órgano nacional autónomo el registro de los sindicatos y los contratos colectivos, terminando con la ineficiente distribución de competencias entre los ámbitos federal y local.
Fue precisamente en el ámbito local donde hubo mayor inequidad entre las organizaciones sindicales contendientes y la influencia de los gobernadores en los conflictos laborales frustró el acceso a la justicia para los trabajadores y sindicatos independientes. La medida legislativa parecía una excelente noticia.
Más tardamos en asimilar la importancia de estos cambios para transitar por fin al siglo XXI, que sus oponentes en diseñar una iniciativa de ley reglamentaria que amenaza con llevarnos al siglo XIX, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
Como ha venido sucediendo en las últimas cuatro décadas bajo los imperativos de un modelo económico probadamente fallido, el viejo sindicalismo reclama seguir beneficiándose de un arreglo que obliga a pagar el precio de su complicidad y corrupción para facilitar la más extrema flexibilidad laboral y los salarios más bajos de la región.
A su vez, gran parte del sector empresarial sigue resistiéndose a aceptar un derecho humano fundamental: la libertad sindical y de negociación colectiva. Ni qué decir que el gobierno actual cobija estos intereses ilegítimos en un juego tramposo en el que después de dar un paso adelante con la reforma constitucional, busca la complicidad del sindicalismo para dar dos pasos atrás.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional –presentada por dos conspicuos senadores de la CTM y la CROC el 7 de diciembre último, en medio de conflictos entre ambas centrales por intereses internos, ajenos a los de los trabajadores– está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales. Incluso eliminan los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 impuso a favor de los trabajadores al restringir la libertad patronal de subcontratación.
Entre los más graves retrocesos está la pretensión de eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservado en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía el emplazamiento a huelga. Como hasta ahora, bastaría el acuerdo con el empleador para que el sindicato acredite su representatividad con la pura documentación, sin consulta a sus agremiados, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Es igualmente inaceptable incluir la representación de sindicatos y empleadores en el órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, a la par que se otorga a un órgano administrativo competencias jurisdiccionales en la resolución de conflictos colectivos que corresponden al Poder Judicial. En la respuesta del gobierno de México a la queja que la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó a la Organización Internacional del Trabajo, se aclara que “esta propuesta no tiene identificación de organización sindical alguna para esta integración (por lo que) la participación en su órgano de gobierno se determina a partir de un criterio de representatividad numérica, de la cual se tiene certeza a partir de los registros sindicales con que cuenta la autoridad”.
Esta respuesta merece tres comentarios. Primero, permitir que la representación de los sindicatos y de los empleadores tenga voz en el órgano que resuelve el registro de sindicatos y contratos colectivos es llevar al órgano de nueva creación un conflicto de interés que estuvo históricamente presente en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que firmó la respuesta a la CSI, quiere hacernos creer que la representatividad numérica de las organizaciones sindicales, de acuerdo con sus registros o los de las juntas locales de conciliación, goza de alguna credibilidad, cuando se trata de mayorías artificiales. La autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores son los que ayudarían a legitimar, si se quiere de manera gradual, a la representación sindical.
Por último, otorgar a un órgano administrativo así integrado funciones que van más allá de la conciliación y competen a la justicia laboral en temas de contratación colectiva y derecho de huelga, anularía los aciertos de la reforma constitucional al trasladar los conflictos laborales a un ámbito independiente con las garantías del debido proceso.
La recomendación, aparentemente girada desde la STPS, para que las legislaturas locales adopten leyes que establezcan la estructura tripartita de los órganos locales de conciliación y regulen su operación, ignorando que constitucionalmente ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es preocupante. El único apoyo jurídico sería una disposición transitoria en el artículo 123 que ordena que las legislaturas de los estados hagan las adecuaciones necesarias para cumplir con dicho precepto. ¿De verdad se quiere otorgar a las legislaturas locales competencia para legislar en materia de trabajo o es una estratagema de dudosa constitucionalidad para salir del paso ante las objeciones a la reforma?
Un escenario como el actual, en donde un muy competido y polarizado proceso electoral opaca temas cruciales de la agenda nacional, aunado al poco interés que el devenir de la institucionalidad laboral genera en diversos sectores de la sociedad, abre el paso a estas maniobras. Parecería que sólo la presión externa, que llevó al gobierno a presentar la iniciativa de reforma en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), logrando en menos de 10 meses las mayorías necesarias para su aprobación, podría obligar a desandar este sinuoso camino. Sin embargo, reglamentar los principios constitucionales en este contexto es desaconsejable. La reforma de la LFT de 2012 se logró después del proceso electoral de ese año y resultó del acuerdo entre el presidente saliente y el candidato ganador, apoyado por legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios. Cualquier reglamentación regresiva carecerá hoy de legitimidad y, más que resolver, complicará la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, toda vez que el mercado laboral es el principal generador de pobreza y desigualdad y, por ende, una traba para el crecimiento y el desarrollo.
Revista PROCESO
3 de febrero de 2018
*Profesora de la UAM-Xochimilco