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Arturo Alcalde Justiniani
El proyecto priísta de reforma laboral presentado en el Senado terminó de forma dramática: el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, firmó el acta de defunción frente a la dirigencia nacional priísta y su rezagado candidato en Ciudad de México: Murió la reforma laboral, dijo. También denunció a los senadores que en nombre del gobierno propusieron dicha reforma tildándolos de traidores a la patria: Se van a exigir cuentas… a Tereso Medina, de la CTM, y a Isaías González Cuevas, de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos)… quienes trataron de traicionarnos al llevar a cabo una reforma nefasta que no era benéfica para el sector obrero y sus familias. Ya encarrerado, añadió: Ojalá y ahorita ni salgan a la calle porque les va a dar vergüenza lo que les vamos a decir. ( La Jornada, 23/4/2018, Patricia Muñoz).
La propuesta laboral fue un deleznable intento de destruir los derechos más elementales de los hombres y mujeres que viven de su trabajo, al privarlos de la posibilidad de organizarse y negociar colectivamente en defensa de sus intereses. Más grave aún en el escenario actual de empleo precario, salarios miserables y ausencia de justicia. Se intentó, en efecto, retorcer una reforma constitucional que mandata el respeto al estado de derecho, conciliación profesional como vía privilegiada para la solución de controversias y negociación colectiva auténtica, sobre una base democrática para promover el diálogo social y productivo.
Por cierto, en estos días, Tereso Medina ha probado una sopa de su propio chocolate. Los trabajadores de la llantera Goodyear, en San Luis Potosí, decidieron parar labores, desesperados por las malas condiciones de trabajo, rechazando la presencia de este líder impuesto por la empresa.
Se ha superado este intento gracias a una histórica jornada nacional e internacional de condena a la reglamentación de la reforma constitucional. Sin embargo, no significa, como acertadamente dijo el abogado Héctor Barba, que se haya ganado la guerra. La reforma laboral reglamentaria quedó pendiente y deberá definirse a partir del primero de septiembre próximo, cuando se inicie el nuevo periodo del Congreso de la Unión. Su suerte dependerá de los legisladores y legisladoras que sean electos este 2018. Razón de más para reflexionar sobre el sentido del voto en esta ocasión.
Hoy la pelota está en la cancha de las y los trabajadores que tienen en sus manos decidir si apoyan con su voto a los que intentan incrementar su postración o a aquellos que pretenden impulsar cambios en su favor por conducto de un modelo de relaciones laborales cimentado en los principios del trabajo digno y decente, que tome en serio que éste no puede traficarse como una mercancía y que promueva un salario justo y el acceso a un sistema de justicia imparcial en el que los dados no estén cargados. Los trabajadores son la mayoría de la población, por lo que tienen la posibilidad de lograr mayor presencia en el Congreso. No hacerlo es repetir el desorden que hoy afecta al Senado, donde sin discusión ni respeto por las formas parlamentarias se aprueban al vapor leyes por consigna presidencial. Es el caso de la ley mordaza que mantiene el control de los medios de comunicación y contraviene la Carta Magna. En cambio, los temas que realmente importan a los trabajadores se mantienen archivados, como la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de contratación colectiva auténtica, a pesar de haber sido firmado por el Presidente desde diciembre de 2015.
En tan sólo ocho semanas la población trabajadora podrá dar un vuelco a la red de intereses que los tiene contra la pared. No se solucionarán sus problemas de la noche a la mañana, pero podrán constatar que en el Congreso y el gobierno estarán sus aliados, con nombre y apellido, para reconstruir el país desde sus cimientos, desde abajo, en los pueblos, en los barrios, en los ejidos, en las colonias y también en los sindicatos. Es el tiempo oportuno para recordar y comprobar quiénes están con ellos y quiénes legislan en contra de sus intereses. Como simple referencia, habrá que tener presente quiénes promovieron la reforma reglamentaria para facilitar el despido, suprimir los salarios caídos y liberar la subcontratación en 2012, quiénes han reprimido artificialmente el salario, quiénes los han privado de sus pensiones para entregarlas al sector privado y ser utilizados en grandes negocios, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, esto es, para hacer más ricos a los ricos. ¿Por qué estos recursos no se invirtieron en casas a precio justo para los trabajadores? ¿Por qué no en proyectos ecológicos rentables? ¿Por qué no en mejores hospitales? ¿Por qué no en una banca ética y social? Eso es lo que se hace en otros países con los fondos de los pensionados, al contrario del nuestro.
A partir de este primero de mayo se abre una agenda laboral muy amplia, incluyendo la probable definición en dos semanas del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya no como una agenda paralela, sino como una parte integrante del acuerdo. Deberá empezar también la coordinación de esfuerzos y de diálogo entre diversas instituciones y personas para elaborar un nuevo proyecto de reforma laboral reglamentaria, aprovechando los avances existentes. Será tiempo oportuno para promover la unidad entre las distintas organizaciones sindicales democráticas; para expresar nuestra solidaridad con las inagotables luchas de los trabajadores mineros democráticos, telefonistas, huleros, administrativos e investigadores de los centros públicos de investigación, los más de mil trabajadores despedidos por el gobierno de Veracruz para privatizar el agua en beneficio de Odebrecht. En suma, con todos los trabajadores y trabajadoras que este primero de mayo elevarán sus reclamos expresados en consignas y mantas que recorrerán las calles de nuestros pueblos y ciudades.

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/29/opinion/010a1pol