Aguascalientes: Sin pena deja legislatura temas pendientes

09 de mayo de 2018
En la agenda hubo de todo, particularmente de mucha política, de pleitos internos entre las propias bancadas, comadreos y calumnias, defecciones y traiciones, por lo que la ciudadanía no extrañará a los actuales miembros de las cámaras de Senadores y Diputados, que se irán con más pena que gloria.
El 30 de abril fue el último día para que realizaran las adecuaciones al marco legal sobre varios temas, pero lo único que hicieron fue disculparse por no haber podido “aterrizar” las leyes correspondientes, sin haber importando el daño que causan al haber fallado y dejar como herencia el trabajo por el que cobran bastante bien.
Entre los pendientes que dejan está la creación del Instituto de Conciliación y Registros Laborales y la figura del outsourcing, por lo que mayo llegó sin la reforma en materia de justicia laboral, lo que irremediablemente frena este nuevo modelo.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, es un experto en materia laboral y por lo mismo conoce al dedillo la materia; de los que más pugnaron desde el año pasado para que concluyera integralmente el programa, sin embargo todo estaba en manos de senadores y diputados federales, que prefirieron la “grilla” a cumplir con sus obligaciones.
Las consecuencias no pueden ser otras que ante la falta de avance se de marcha atrás en lo alcanzado, por lo que millones de trabajadores no podrán salir de los tortuosos caminos en que por décadas han estado y lo más lamentables es que la responsabilidad recae en el Poder Legislativo, que sin pundonor alguno anunció la terminación de sus labores, quedando sólo la posibilidad de que convoquen a un periodo extraordinario para efectuarse antes del 31 de agosto, pero por ahora unos están más urgidos de brincar a la otra cámara y otros ver donde aterrizan ante el desempleo que se acerca.
La reforma no ha sido expresamente cancelada por el senado, pero el debate quedó en el limbo, por lo que quienes se oponen a parte de su contenido, no pudieron expresar sus puntos de vista, principalmente el por qué la modificación plantea continuar cin el mismo modelo de bajos salarios mediante la flexibilización de la figura del outsourcing y mantiene los contratos de protección, que por decenas de años han sido combatidos sin ningún resultado.
Al descartarse el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje (federal y estatal) continuarán operando hasta que se apruebe la legislación en la que se establezca el procedimiento de transición al nuevo modelo.
Sombrío panorama es el que observa Ponce Sánchez, al deducir que “sería más compleja una contrarreforma a la Constitución, que la propia implementación, no obstante, el escenario que vive el país este año de elecciones y de sucesión en los poderes Ejecutivo y Legislativo, no dan para más”.
Sostuvo que de aquí al uno de julio difícilmente se avanzará, ya que es la etapa más intensa del proceso electoral y el Congreso de la Unión le da más atención a este tema que a su propio cuaderno de pendientes.
Por lo tanto, abundó el líder del Poder Judicial, mientras no haya leyes secundarias para la reforma constitucional todo seguirá igual, por consiguiente se mantienen trabajando bajo el modelo en vigor, toda vez que “estamos atados de manos” y seguirán así mientras los legisladores federales actuales o quienes los sucedan cumplan con esta obligación.
Es importante recordar que la reforma laboral surgió en medio de una polémica, luego de que los senadores Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila e Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, presentaron un proyecto que considera la flexibilización de la figura del outsourcing y establece el camino para la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, para que en su lugar se cree un Instituto que concentre las funciones de conciliación y conflictos y realice el registro de sindicatos.
El 27 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral, y a partir de esa fecha los legisladores tenían un año para aprobar la ley secundaria que regularía las modificaciones a la Carta Magna y al haberse incumplido todo se frenó y así seguirá por quién sabe cuánto tiempo.

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