Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 16 de abril de 2018, p. 15
Lo presenta el Colegio de Abogados
El juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió el amparo interpuesto por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados contra las leyes secundarias de la reforma laboral que se encuentra en discusión en el Senado.
Se trata del juicio de amparo 599/2018, presentado por el representante legal de la barra, José Mario de la Garza Marroquín, contra actos de las cámaras de Diputados y de Senadores y el Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Una copia del documento señala que el amparo es contra una posible aprobación de las leyes secundarias de la reforma laboral. Considera que avalarlas ahora sería inconstitucional, ya que había un mandato para que éstas entraran en operación a finales de febrero pasado, lo que se incumplió.
Indica que se acepta la competencia de este amparo, con fundamento en el artículo 55 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También plantea que las autoridades responsables deberán presentar un informe justificado al respecto, lo mismo que al promotor del amparo y se estableció como fecha para la celebración de la audiencia constitucional el próximo día 24.
La iniciativa de leyes secundarias fue propuesta en conjunto por los senadores del PRI; el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González; sindicatos del sector automotriz, y el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Tereso Medina.
Desde que se presentaron ante el Senado, esas reformas fueron cuestionadas por gran parte de las organizaciones y abogados laborales, que destacan que las mismas contemplan ordenamientos que acabarán con los derechos fundamentales de los trabajadores, como el de huelga y el de libertad sindical; además, de ser aprobadas por el Legislativo, las propuestas darían manga ancha a los gremios de protección, manejados por la parte patronal
Etiqueta: Isaías González Cuevas
Demandan reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores
Categoría: Boletines
Publicado: 13 Abril 2018
Número-1062
- Especialistas señalan errores en la propuesta de dictamen de reforma en justicia laboral.
- Hacen llamado para que sean convocados todos los sectores y actores para un análisis y discusión profunda.
Si el Senado aprueba la propuesta de dictamen en materia de justicia laboral, desaparecerían las huelgas porque no hay forma de que se cumplan con los requisitos que plantea la iniciativa, señaló el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Al inaugurar el foro “Reforma Laboral para todos. Última llamada”, dijo que la contratación colectiva se reduciría sólo a las grandes y medianas empresas, y tampoco se podría incrementar el porcentaje de trabajadores sindicalizados.
Abundó en que su Grupo Parlamentario (PT) está en contra de la propuesta de dictamen que la Comisión de Trabajo y Previsión Social circuló antes del receso de actividades de hace unas semanas; y refirió que el documento no fue elaborado por los senadores, sino por un despacho ajeno.
Los especialistas que participaron en el foro propusieron realizar una reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores, y que la reforma secundaria parta de una perspectiva de los derechos humanos laborales.
Además, garantizar que el encargado de la justicia laboral sea un organismo descentralizado autónomo; y replantear las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque actualmente es débil, y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Durante el panel “Reforma laboral secundaria, ¿retroceso para México?”, Rodolfo Rubén Islas, secretario técnico de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dijo que la propuesta del PRI está incompleta porque no reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para pasar de la etapa arbitral a una jurisdiccional del derecho del trabajo.
Comentó que el instituto encargado de la justicia laboral debe estar integrado por profesionales, y su órgano de gobierno no debe ser tripartita; y tampoco puede llevar a cabo los procesos de conciliación en materia colectiva, que corresponde a los tribunales laborales.
En cuanto a los tribunales, deben ser encabezados por magistrados especializados en materia laboral; con la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas queda “coja” la reforma laboral, dijo; “están centrando el tema en el instituto, porque lo quieren tripartita, y no les importa lo que pase el Poder Judicial de la Federación”.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, advirtió que la iniciativa presentada por los senadores del PRI, resulta contraria a la reforma constitucional, ya que no garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores.
Dijo que para crear una ley reglamentaria que vele por los derechos de los trabajadores, es necesario convocar a todos los sectores y actores involucrados, para llevar a cabo un análisis y discusión abierta, que permita impulsar la transformación del modelo económico y político, para mejorar las condiciones laborales en el país.
El magistrado de Circuito, Héctor Arturo Mercado López, aseguró que el sistema de justicia laboral en el país es una “vergüenza”, debido al abandono en el que se encuentra, ya que el Estado no provee del presupuesto suficiente, tampoco capacita al personal y no implementa mecanismos de control que detenga el tráfico de influencias.
Pedimos que no se vote a favor de esta propuesta, y es importante que se discuta a fondo, a fin de defender los principios laborales y la dignidad en el trabajo, dijo; “ya que eso significa resguardar la dignidad en mi persona y en mi familia”.
El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani indicó que es fundamental retomar las propuestas de todos los sectores y actores para transitar a un modelo laboral que sea congruente con la Constitución, cuente con un órgano autónomo, respete al Poder Judicial y garantice el voto secreto dentro de los sindicatos.
En el foro también se realizó el panel “Reforma laboral secundaria, ¿qué conviene a México?, con la participación de Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el abogado laborista Rodrigo Olvera Briseño; Héctor Barba García, en representación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores, y Margarita Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40662-demandan-reforma-constitucional-integral-que-garantice-libertad-sindical-y-la-negociacion-colectiva-a-todos-los-trabajadores.html
Demandan garantizar la libertad sindical
Hacen llamado para que sean convocados todos los sectores y actores para un análisis y discusión profunda
Por
Contramuro
abril 13, 2018
Ciudad de México.-Si el Senado aprueba la propuesta de dictamen en materia de justicia laboral, desaparecerían las huelgas porque no hay forma de que se cumplan con los requisitos que plantea la iniciativa, señaló el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Al inaugurar el foro “Reforma Laboral para todos. Última llamada”, dijo que la contratación colectiva se reduciría sólo a las grandes y medianas empresas, y tampoco se podría incrementar el porcentaje de trabajadores sindicalizados.
Abundó en que su Grupo Parlamentario (PT) está en contra de la propuesta de dictamen que la Comisión de Trabajo y Previsión Social circuló antes del receso de actividades de hace unas semanas; y refirió que el documento no fue elaborado por los senadores, sino por un despacho ajeno.
Los especialistas que participaron en el foro propusieron realizar una reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores, y que la reforma secundaria parta de una perspectiva de los derechos humanos laborales.
Además, garantizar que el encargado de la justicia laboral sea un organismo descentralizado autónomo; y replantear las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque actualmente es débil, y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Durante el panel “Reforma laboral secundaria, ¿retroceso para México?”, Rodolfo Rubén Islas, secretario técnico de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dijo que la propuesta del PRI está incompleta porque no reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para pasar de la etapa arbitral a una jurisdiccional del derecho del trabajo.
Comentó que el instituto encargado de la justicia laboral debe estar integrado por profesionales, y su órgano de gobierno no debe ser tripartita; y tampoco puede llevar a cabo los procesos de conciliación en materia colectiva, que corresponde a los tribunales laborales.
En cuanto a los tribunales, deben ser encabezados por magistrados especializados en materia laboral; con la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas queda “coja” la reforma laboral, dijo; “están centrando el tema en el instituto, porque lo quieren tripartita, y no les importa lo que pase el Poder Judicial de la Federación”.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, advirtió que la iniciativa presentada por los senadores del PRI, resulta contraria a la reforma constitucional, ya que no garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores.
Dijo que para crear una ley reglamentaria que vele por los derechos de los trabajadores, es necesario convocar a todos los sectores y actores involucrados, para llevar a cabo un análisis y discusión abierta, que permita impulsar la transformación del modelo económico y político, para mejorar las condiciones laborales en el país.
El magistrado de Circuito, Héctor Arturo Mercado López, aseguró que el sistema de justicia laboral en el país es una “vergüenza”, debido al abandono en el que se encuentra, ya que el Estado no provee del presupuesto suficiente, tampoco capacita al personal y no implementa mecanismos de control que detenga el tráfico de influencias.
Pedimos que no se vote a favor de esta propuesta, y es importante que se discuta a fondo, a fin de defender los principios laborales y la dignidad en el trabajo, dijo; “ya que eso significa resguardar la dignidad en mi persona y en mi familia”.
El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani indicó que es fundamental retomar las propuestas de todos los sectores y actores para transitar a un modelo laboral que sea congruente con la Constitución, cuente con un órgano autónomo, respete al Poder Judicial y garantice el voto secreto dentro de los sindicatos.
En el foro también se realizó el panel “Reforma laboral secundaria, ¿qué conviene a México?, con la participación de Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el abogado laborista Rodrigo Olvera Briseño; Héctor Barba García, en representación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores, y Margarita Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
https://www.contramuro.com/demandan-garantizar-la-libertad-sindical/
Demandan reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores
POR ELARSENAL.NET EL 13/04/2018MÉXICO
México.- Si el Senado aprueba la propuesta de dictamen en materia de justicia laboral, desaparecerían las huelgas porque no hay forma de que se cumplan con los requisitos que plantea la iniciativa, señaló el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Al inaugurar el foro “Reforma Laboral para todos. Última llamada”, dijo que la contratación colectiva se reduciría sólo a las grandes y medianas empresas, y tampoco se podría incrementar el porcentaje de trabajadores sindicalizados.
Abundó en que su Grupo Parlamentario (PT) está en contra de la propuesta de dictamen que la Comisión de Trabajo y Previsión Social circuló antes del receso de actividades de hace unas semanas; y refirió que el documento no fue elaborado por los senadores, sino por un despacho ajeno.
Los especialistas que participaron en el foro propusieron realizar una reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores, y que la reforma secundaria parta de una perspectiva de los derechos humanos laborales.
Además, garantizar que el encargado de la justicia laboral sea un organismo descentralizado autónomo; y replantear las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque actualmente es débil, y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Durante el panel “Reforma laboral secundaria, ¿retroceso para México?”, Rodolfo Rubén Islas, secretario técnico de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dijo que la propuesta del PRI está incompleta porque no reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para pasar de la etapa arbitral a una jurisdiccional del derecho del trabajo.
Comentó que el instituto encargado de la justicia laboral debe estar integrado por profesionales, y su órgano de gobierno no debe ser tripartita; y tampoco puede llevar a cabo los procesos de conciliación en materia colectiva, que corresponde a los tribunales laborales.
En cuanto a los tribunales, deben ser encabezados por magistrados especializados en materia laboral; con la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas queda “coja” la reforma laboral, dijo; “están centrando el tema en el instituto, porque lo quieren tripartita, y no les importa lo que pase el Poder Judicial de la Federación”.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, advirtió que la iniciativa presentada por los senadores del PRI, resulta contraria a la reforma constitucional, ya que no garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores.
Dijo que para crear una ley reglamentaria que vele por los derechos de los trabajadores, es necesario convocar a todos los sectores y actores involucrados, para llevar a cabo un análisis y discusión abierta, que permita impulsar la transformación del modelo económico y político, para mejorar las condiciones laborales en el país.
El magistrado de Circuito, Héctor Arturo Mercado López, aseguró que el sistema de justicia laboral en el país es una “vergüenza”, debido al abandono en el que se encuentra, ya que el Estado no provee del presupuesto suficiente, tampoco capacita al personal y no implementa mecanismos de control que detenga el tráfico de influencias.
Pedimos que no se vote a favor de esta propuesta, y es importante que se discuta a fondo, a fin de defender los principios laborales y la dignidad en el trabajo, dijo; “ya que eso significa resguardar la dignidad en mi persona y en mi familia”.
El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani indicó que es fundamental retomar las propuestas de todos los sectores y actores para transitar a un modelo laboral que sea congruente con la Constitución, cuente con un órgano autónomo, respete al Poder Judicial y garantice el voto secreto dentro de los sindicatos.
En el foro también se realizó el panel “Reforma laboral secundaria, ¿qué conviene a México?, con la participación de Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el abogado laborista Rodrigo Olvera Briseño; Héctor Barba García, en representación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores, y Margarita Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
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http://www.elarsenal.net/2018/04/13/demandan-reforma-constitucional-integral-que-garantice-libertad-sindical-y-la-negociacion-colectiva-a-todos-los-trabajadores/
Demandan reforma que garantice libertad sindical y negociación colectiva
Redacción/Quadratín México | 13 de abril de 2018
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril de 2018.- Si el Senado aprueba la propuesta de dictamen en materia de justicia laboral, desaparecerían las huelgas porque no hay forma de que se cumplan con los requisitos que plantea la iniciativa, señaló el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Al inaugurar el foro Reforma Laboral para todos. Última llamada, añadió Senado en un comunicado, dijo que la contratación colectiva se reduciría sólo a las grandes y medianas empresas, y tampoco se podría incrementar el porcentaje de trabajadores sindicalizados.
Abundó en que su Grupo Parlamentario (PT) está en contra de la propuesta de dictamen que la Comisión de Trabajo y Previsión Social circuló antes del receso de actividades de hace unas semanas; y refirió que el documento no fue elaborado por los senadores, sino por un despacho ajeno.
Los especialistas que participaron en el foro propusieron realizar una reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores, y que la reforma secundaria parta de una perspectiva de los derechos humanos laborales.
Además, garantizar que el encargado de la justicia laboral sea un organismo descentralizado autónomo; y replantear las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque actualmente es débil, y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Durante el panel Reforma laboral secundaria, ¿retroceso para México?, Rodolfo Rubén Islas, secretario técnico de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dijo que la propuesta del PRI está incompleta porque no reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para pasar de la etapa arbitral a una jurisdiccional del derecho del trabajo.
Comentó que el instituto encargado de la justicia laboral debe estar integrado por profesionales, y su órgano de gobierno no debe ser tripartita; y tampoco puede llevar a cabo los procesos de conciliación en materia colectiva, que corresponde a los tribunales laborales.
En cuanto a los tribunales, deben ser encabezados por magistrados especializados en materia laboral; con la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas queda “coja” la reforma laboral, dijo; “están centrando el tema en el instituto, porque lo quieren tripartita, y no les importa lo que pase el Poder Judicial de la Federación”.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, advirtió que la iniciativa presentada por los senadores del PRI, resulta contraria a la reforma constitucional, ya que no garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores.
Dijo que para crear una ley reglamentaria que vele por los derechos de los trabajadores, es necesario convocar a todos los sectores y actores involucrados, para llevar a cabo un análisis y discusión abierta, que permita impulsar la transformación del modelo económico y político, para mejorar las condiciones laborales en el país.
El magistrado de Circuito, Héctor Arturo Mercado López, aseguró que el sistema de justicia laboral en el país es una “vergüenza”, debido al abandono en el que se encuentra, ya que el Estado no provee del presupuesto suficiente, tampoco capacita al personal y no implementa mecanismos de control que detenga el tráfico de influencias.
Pedimos que no se vote a favor de esta propuesta, y es importante que se discuta a fondo, a fin de defender los principios laborales y la dignidad en el trabajo, dijo; “ya que eso significa resguardar la dignidad en mi persona y en mi familia”.
El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani indicó que es fundamental retomar las propuestas de todos los sectores y actores para transitar a un modelo laboral que sea congruente con la Constitución, cuente con un órgano autónomo, respete al Poder Judicial y garantice el voto secreto dentro de los sindicatos.
En el foro también se realizó el panel Reforma laboral secundaria, ¿qué conviene a México?, con la participación de Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el abogado laborista Rodrigo Olvera Briseño; Héctor Barba García, en representación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores, y Margarita Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. https://mexico.quadratin.com.mx/demandan-reforma-que-garantice-libertad-sindical-y-negociacion-colectiva/
Alertan de albazo del PRI para avalar la ley de justicia laboral
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 8 de abril de 2018, p. 12
Senadores de oposición advirtieron sobre la intención del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de “dar un albazo” en los próximos días a fin de imponer su proyecto de legislación sobre justicia laboral, que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y ya provocó protestas de organismos sindicales nacionales y de otros países.
Luis Humberto Fernández, senador del Partido del Trabajo-Morena, y el coordinador perredista, Luis Sánchez, coincidieron en que por tratarse de una reforma requiere mayoría simple para ser aprobada, por lo que el riesgo es mayor, sobre todo porque ya hay un proyecto de dictamen elaborado con base en la iniciativa de los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina, y negociado con el gobierno y los empresarios.
El coordinador del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera, consideró que si bien el PRI y sus aliados cuentan con los votos necesarios para imponerse, deben considerar que una decisión de esa naturaleza creará mayor algidez y crispación social en pleno proceso electoral.
Objeciones de ONG y académicos
Herrera precisó que representantes del PRI le aseguraron que el proyecto tiene el aval de las grandes centrales obreras y los empresarios, pero los integrantes de su bancada aún no han discutido su postura y analizarán las objeciones que organizaciones independientes y académicos han formulado en el Senado.
Fernández, secretario de la Comisión de Trabajo, resaltó que de forma imprudente los priístas están preparados para aprobar, antes de que concluya el periodo de sesiones, una legislación que “echa atrás” los logros de la reforma constitucional y destruye casi en su totalidad el derecho laboral.
Es una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora. “En un momento en que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.”
La forma “torpe y peligrosa” como se ha negociado esa reforma fuera del Senado “incluso ha llamado la atención de organizaciones de Estados Unidos y Canadá, que señalan que su aprobación impactaría en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.
Recordó que la AFL-CIO, International Brotherhood of Teamsters, International Association of Machinists and Aerospace Workers y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas enviaron escritos al presidente del Senado, Ernesto Cordero, para pedir que no se apruebe esa reforma.
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/08/politica/012n1pol
La reforma laboral, el 1 de mayo y las elecciones
Posted by Nahir Velasco
Date: abril 07, 2018
¿Por qué los dirigentes de la CTM, CROC y PRI no consultaron a los trabajadores, antes de proponer la contrarreforma laboral al Senado?
¿Por qué los autores de la reforma (Tereso Medina e Isaías González) no la dan a conocer a los trabajadores de la CTM y la CROC, por qué la ocultan?
¿El 1 de mayo la CTM, la CROC y PRI van a festejar su traición a los obreros?
Muchos proponen que haya una economía que funcione para la mayoría, que conduzca a la justicia social y a proteger los derechos laborales. Pues el gobierno actual no tiene un proyecto de Nación: aplica un proyecto empresarial que carece de política social y de un reparto equitativo de la riqueza.
Los neoliberales afirman: primero que haya el pastel y después se reparte. Anteponen el crecimiento de las empresas para el reparto de su riqueza Es falso, porque el crecimiento, el trabajo y el reparto van juntos. Una economía que funcione para la mayoría, obliga a cumplir la Constitución día a día, a otra política económica. El gobierno no de “interpretar” la Ley, ni de simular realidad través de publicidad de los medios masivos. El país reclama hechos, no promesas. Un gobierno que cumpla con la Constitución y la ley, que sea realidad no letra muerta: el salario mínimo constitucional, la libertad sindical y el empleo digno.
Todos los candidatos, sin excepción, proponen cambiar el tipo gobierno actual, por otro donde si se tome en cuenta al pueblo, trabajadores y empresarios, para lograr el cambio. Hay dos tipos de democracia: la representativa en la que los elegidos deciden y la participativa, donde la decisión es de la mayoría y la hace valer con su propia participación. La vida sindical de debe ser igual y participativa, no espalda de los trabajadores, como hoy lo hace la CTM y CROC. Los hechos anuncian el fracaso de la reforma laboral de la CTM (Tereso Medina) y la CROC (Isaías González) y su PRI. Esa reforma proviene de la Secretaría de Hacienda que decide el reparto de la riqueza: salarios, ganancias y corrupción.
El proyecto de la CTM y la CROC, sin consultar a sus miembros, es la peor reforma laboral de todos los tiempos: totalmente a favor del capital y contra los derechos del trabajo. El PRI previó firmarlo en el Senado el 24 de febrero de 2018, pero el PAN se negó y presentó su proyecto, por su pugna por la presidencia. Este Primero de Mayo el debate nacional es la reforma laboral que deben ganar los trabajadores: el retroceso lo propone el PRI. Un verdadero avance, debe ser el 1 de mayo y el 1 de julio.
La reforma de CTM, CROC y PRI es una agresión a los trabajadores
La reforma laboral largamente anunciada por los secretarios de Trabajo -Navarrete y Campa- fracasó sin el apoyo del PAN y por el repudio de los sindicatos independientes. Ambos partidos, PRI y PAN, guardaron silencio el 24 de febrero, nadie informó nada. Juntos firmaron las reformas estructurales. Igualmente, la CTM y la CROC no han dado a conocer a sus afiliados el contenido del proyecto que sus líderes sí firmaron, porque va contra los trabajadores, sus derechos y sus intereses. Lo guardan en secreto, saben que es una traición.
Todos puede ver: “La iniciativa presentada el 07 de diciembre de 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77776 Y la página del Senado del 22 de marzo de 2018.
El proyecto CTM-CROC propone la destrucción del derecho de trabajo surgido en el artículo 123 de la Constitución de 1917, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y de las luchas obreras de 100 años. Se ponen de rodillas a los empresarios y les entregan, veamos:
Nunca informaron a los trabajadores, el proyecto CTM-CROC-PRI-Meade. Se hizo traicionando los derechos e intereses de los obreros y sus familias.
El proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo es contra al artículo 123 de la Constitución, niega lo que ella reconoce: la libertad sindical, la libertad para elegir dirigentes, elegir el sindicato que prefieran y la libre negociación colectiva.
Facilita y abarata el despido, sin aviso del patrón y la autoridad a su favor.
Facilita y abarata los despidos colectivos e individuales con un nuevo factor de medición, menor al salario mínimo.
Se pierde la estabilidad del empleo o la planta, un derecho universal y desaparece la comisión mixta del artículo 39 de la LFT.
Hace público el voto secreto para demandar la titularidad y la firma de un contrato colectivo de trabajo. Expone al trabajador al despido y niega la libertad sindical.
El nuevo Instituto de registro sindical, contratos colectivos y conciliación impide la libertad sindical y fortalece la representación tripartita: 4 por cada parte.
Se impide el derecho de huelga al exigir pruebas de legitimidad y de estatutos.
Prevalecen tribunales que ocultan información de contratos colectivos, estatutos y registros sindicales.
El proyecto incumple con compromisos internacionales: de la OIT en junio de 2017, la Comisión Interamericana el 5 de diciembre de 2016 y TLCAN y TPP.
Son algunos ejemplos del proyecto de la CTM-CROC-PRI. En los hechos es peor, el actual gobierno no cumple la Ley: 1. Crecen las empresas contratistas, 2. Crece el empleo precario y eventual, 3. Reduce los salarios con el tope salarial, 4. Los contratos de protección patronal crecen, 5. igual los sindicatos blancos. Todo eso por el gobierno al no cumplir el artículo 123 constitucional y la Ley vigente.
El Primero de Mayo debemos defender los Derechos del Trabajo
Hoy como nunca están en peligro los derechos del trabajo, debemos repudiar la propuesta CTM-CROC-PRI, en las calles y plazas públicas y exigir:
El retiro definitivo del proyecto de traición de la CTM-CROC-PRI.
Que la Constitución y la Ley vigentes los cumplan gobierno y patrones.
Exigir el castigo a las autoridades que violen las leyes.
Retornemos al Estado de Derecho, ni corrupción ni impunidad.
Respeto a la libertad sindical, para que los obreros defiendan sus derechos.
El Primero de Mayo y el Primero de julio reclaman una gran participación de los trabajadores, para salvar el futuro del trabajo.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
http://ljz.mx/2018/04/07/la-reforma-laboral-el-1-de-mayo-y-las-elecciones/
No hay dinero para reforma laboral
Abril 03, 2018 21:05 hrs.
Armando Téllez Flores › diarioalmomento.com
+Aumento a mineros de 12 por ciento
La Reforma Laboral de Justicia Cotidiana sufre de indiferencia en el Senado de la República, en donde los temas de mayor interés son los de las campañas electorales, por lo que no solo las organizaciones sindicales la rechazan, sino también partidos políticos y legisladores en ambas cámaras, en donde se preguntan que de donde van a sacar el dinero para implementarla.
Y es más se hace mención del comentario que hizo el líder de la CTM y ahora presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, de que ojala se suspendiera ese proyecto de ley que tanta presión ha generado en el ambiente laboral.
El tema también es que nadie conoce el expediente de casi 400 hojas que contiene la nueva propuesta y por lo tanto no se conoce y ya no hay tiempo para su análisis, y menos cuando se dice que persiste el peligro a la existencia del derecho de huelga y la existencia del tripartismo.
Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Puntos Legislativos no avanzan en el dictamen con el que se dará paso a la creación del Instituto de Conciliación Federal y Registro Laboral, e iniciar con el proceso de impartición de justicia a través de los tribunales laborales, para que sea aprobado cuanto antes y en este mes.
Isaías González Cuevas, senador por el PRI, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), uno de los autores de las iniciativas de leyes secundarias, quien afirmó que aun cuando hay desacuerdo de varias organizaciones sindicales, investigadores, abogados laborales, organismos no gubernamentales, sostuvo que ya se tienen los trabajos avanzados para su dictaminación.
Isaías González Cuevas recordó que esta iniciativa surgió como una necesidad de atender la justicia cotidiana de los mexicanos; en lo concerniente al sector laboral se identificó que los juicios eran muy largos pues podrían dilatarse más de cinco años, afectando a empresas y trabajadores, pero al ser presentada en lo obscurito genero serios conflictos.
Otro de los autores, el senador del PRI, Tereso Medina, dijo que una de las tareas inmediatas es la designación de su titular del instituto de conciliación federal y registro laboral para lo cual el Ejecutivo enviará una terna a la consideración de la Cámara de Senadores, quien previa comparecencia de los candidatos hará la designación correspondiente.
Agregó que otra de las tareas que deben determinar es el procedimiento para que las autoridades competentes transfieran los expedientes y documentación que en ámbito de sus respectivas competencias tengan para el organismo descentralizado.
Pero el caso es que nadie conoce el texto presentado por el flamante presidente de la Comisión de Trabajo, en donde para variar no permitieron el paso a un dirigente sindical, lo que también genera tensiones y recelo.
Lo que se ve es que el consenso va en contra de dicha reforma y no tiene apoyo por ningún lado, y menos la fuerza suficiente para salir avante…
https://diarioalmomento.com/no-hay-dinero-para-reforma-laboral-e3TQxODk4Nw.html
La reforma laboral pendiente
Publicado el 21 de marzo de 2018
Alma Elena Rueda Rodríguez
Doctora en Formación de la Persona y Mercado del Trabajo por la Universidad de Bérgamo (Italia), y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo,
a.elenarueda@gmail.com
El 25 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta enmienda, que probablemente sea la más relevante en materia laboral desde la promulgación de la Constitución de 1917, trata sobre temas muy importantes como: negociación colectiva, organización sindical, libertad y democracia sindical, derecho de huelga y reforma de forma integral al sistema de justicia laboral. De esta forma, nos encontrábamos ante un hecho sin precedentes y sobre todo ante una gran oportunidad que abría las puertas para cambiar un modelo de justicia laboral que se exigía desde hace años.
El artículo transitorio segundo de la reforma, estableció que el 25 de febrero de 2018 sería el término máximo en que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, tendrían que realizar las adecuaciones legislativas que correspondieran para dar cumplimiento al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plazo que notoriamente fue incumplido, puesto que al día de hoy las legislaturas federal y las estatales han sido omisas en aprobar las normas instrumentales de la reforma.
Aunque son muchos los factores por los cuales, la iniciativa 1 que presentaron los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC), no ha sido aprobada, podemos enlistar algunas de las razones más importantes.
Destaca, en primer lugar, que la iniciativa propuesta por los senadores antes indicados, no fue aprobada en las comisiones legislativas respectivas, presumiblemente por la falta de consensos políticos y la falta de interés por parte de los grupos parlamentarios sobre este tema tan trascendente, quienes han dado prioridad a los procesos electorales estatales y de la Federación; por otra parte, el presidente de la República fue omiso en remitir al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, y finalmente, quizá las más importantes, son los duros y ciertos cuestionamientos técnicos que se están realizando al fondo de la iniciativa por parte de los distintos sectores, el sindical, el patronal y el académico.
Dichos cuestionamientos y críticas fundadas, pudieron ser evitadas, de haberse trabajado en un proyecto de legislación redactado con la colaboración técnica de especialistas en materia laboral, la organización de foros, estudios y consultas técnicas con expertos en la materia, y con la participación de los sectores obreros y patronales.
El plazo para la aprobación de las normas en materia laboral ha fenecido, y es hasta ahora que algunos grupos parlamentarios se han enfocado en sacar adelante la legislación a marchas forzadas. Por esa razón, en las últimas semanas cada vez han surgido cuestionamientos más severos sobre el proceso legislativo, debido a que existen en ese proyecto aspectos que evidentemente son regresivos, sobre todo en derechos laborales que se habían logrado a través de los años.
Desde un punto de vista técnico, una de las principales dificultades para la implementación de la reforma es el corto tiempo que el transitorio segundo estableció, puesto que las adecuaciones legislativas que implica la reforma, evidentemente no podrían estar listas en un año.
Sin más, resulta relevante recordar que la reforma en materia de justicia penal y seguridad publica del 18 de junio de 2008, tuvo un periodo de implementación de ocho años para que los gobiernos estatales y la federación realizaran los ajustes legislativos y estructurales necesarios para propiciar la operación y consolidar el nuevo sistema de justicia penal, es por eso que el cuestionamiento es, ¿por qué el Constituyente permanente consideró que un año sería suficiente para realizar una transición en materia de justicia laboral?
Por otro lado, es importante destacar que el órgano encargado de implementar la reforma, es decir, la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha caracterizado por la poca transparencia y la nula rendición de cuentas; en este sentido, es relevante destacar que dicha Unidad ni siquiera cuenta con un sitio electrónico para consultar la información más relevante, no se sabe cuáles son las principales actividades que está realizando esta instancia en coordinación con el Poder Ejecutivo o con las entidades federativas.
En este sentido, se necesita tener información esencial, por ejemplo saber cuáles son las fases de consolidación, quién capacitará a los nuevos jueces y magistrados, al personal operativo, cuál será el costo-beneficio de la implementación de esta reforma. Sobre este último aspecto, la Unidad de Enlace no ha hecho público los estudios técnicos necesarios para la implementación de esta clase de reformas, que revelen cuántos recursos serán necesarios para la implementación de la reforma, para la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en juzgados laborales, entre otras cuestiones.
Sobre el fondo de la reforma, es importante destacar que la iniciativa contempla la modificación de aspectos importantes de derecho sustantivo —individual y colectivo, así como procesal—; incluso muchas de las reformas en aspectos de derechos de los trabajadores tienen apariencia de ser violatorias al principio de progresividad, reconocido en el artículo primero de la Constitución, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen, el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos (en este caso los derechos humanos laborales) y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.2
Técnico, órgano de gobierno del Instituto, se propone que sea conformado por integrantes del gobierno federal, del sector obrero y del sector patronal, por lo que nuevamente es considerando el tripartismo, integración que ha sido largamente cuestionada por la doctrina desde el siglo pasado.3
Sobre la regresividad en materia de contratación laboral, destaca la propuesta sobre los contratos a prueba, puesto que el artículo 39-A del proyecto establece que “de no satisfacer el trabajador los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón” se dará por terminada la relación de trabajo. De esta forma, la reforma elimina la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento para darle todo el poder de decisión al empleador, prevista en la Ley Federal del Trabajo vigente.
Otro aspecto que merece una crítica profunda es el artículo 47 del proyecto, que establece que el patrón que despida a un trabajador, y que para despedirlo sólo se deberá señalarle la conducta o conductas que motiven la rescisión y la fecha en que se cometieron. Este artículo deroga las formalidades en la rescisión de las relaciones laborales, es decir, el aviso por escrito y que éste sea entregado personalmente al trabajador o comunicarlo a la junta de conciliación y arbitraje competente.
Por lo que consecuentemente se deroga que la falta del aviso al trabajador, personalmente o por conducto de la junta, determinaría la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Por lo tanto, el patrón tendrá la libertad de despedir a un trabajador en cualquier momento sin aviso escrito, sin que esta circunstancia sea motivo de nulidad de despido, provocando incertidumbre al trabajador, ya que en cualquier momento y sin prueba escrita será separado de sus labores, lo cual viola una vez más, el ya citado principio de progresividad y el de seguridad jurídica.
Adicionalmente se observa que la reforma contempla a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar la cuantía de las obligaciones, multas o indemnizaciones, suprimiendo la medida del salario mínimo general vigente, por lo que notoriamente se reduciría la indemnización de los trabajadores en el caso de riesgos de trabajo, muerte o incapacidad, debido a que la UMA es una cantidad menor al salario mínimo vigente, por lo que evidentemente la reforma contempla una incorrecta lectura de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo.
Otro punto que se debe destacar es el relativo a la subcontratación, pues en este nuevo proyecto se omite la regulación y mecanismos para el reconocimiento de derechos de los trabajadores, vigentes en la Ley Federal del Trabajo, recordando que este tema fue un gran logro conseguido con la reforma laboral de 2012.
Son muchos más los puntos que se pueden analizar y destacar de este proyecto de reforma, y pueden ser materia de una publicación específica, pero por último, se menciona lo referente al procedimiento de conciliación y selección de conciliadores que se encuentra regulado en el título catorce del proyecto, debido a que la conciliación jugará un papel significativo, por tal motivo, es importante que se contemplen incentivos procesales, con la finalidad de evitar que estos conflictos lleguen a los nuevos tribunales del Poder Judicial, pues de no fomentar la conciliación verdadera, los nuevos tribunales seguirán conociendo de miles de demandas laborales, situación que nos llevaría al punto al que nos encontramos hoy en día.
No obstante, el proyecto no menciona ningún incentivo procesal y lo presenta como un requisito previo, sin la importancia que merece, tal y como se viene realizando en la audiencia de conciliación con la actual Ley Federal del Trabajo.
Adicionalmente, estos centros de conciliación se les debe de dotar de suficientes recursos físicos, humanos y tecnológicos, pues estos recursos son necesarios para llevar a cabo sus funciones de notificación, orientación, información y conciliación, pero sobre todo, se debe contar con el respaldo de la administración y la coercitividad para el cumplimiento de sus sanciones y el cumplimiento de los convenios celebrados entre las partes, para que éstas tengan certeza jurídica y que de esta manera se den a conocer las ventajas de la conciliación y se fomente la conciliación como un mejor medio de solución de controversias laborales; y de esta forma la conciliación no sólo sea vista como un requisito previo al proceso jurisdiccional.
De igual forma, los conciliadores no sólo deben contar con conocimientos generales de derecho y, específicos en materia laboral, y con actitudes en la función conciliatoria, como lo establece el artículo 704, sino que deben ser personal altamente capacitado y con experiencia en la conciliación, ya que su rol es muy importante y esencial para que las partes lleguen a un acuerdo. Al respecto, se destaca que la propuesta legislativa no menciona la opción de contar con conciliaciones parciales, que serían de gran ayuda para aminorar la carga de trabajo si se llegará a judicializar el asunto planteado.
Como se advierte de los puntos que a manera de ejemplo fueron destacados, se observa que la reforma presentada fue redactada desde una visión patronal, que pretende aminorar los derechos laborales, afectando la estabilidad en el empleo y pretende olvidar los años de lucha y el objeto del derecho del trabajo: equilibrar las relaciones laborales.
Es así como hoy estamos frente a una reforma laboral pendiente, y por primera vez, se puede y debe celebrar que los legisladores no hayan hecho su trabajo a tiempo, pues una proyecto de ley como la que se presentó no es digna de aprobarse, ya que de no responde a las necesidades del mercado laboral mexicano, ni respeta los derechos laborales fundamentales. No se puede aprobar una reforma que propicie la incertidumbre y sobre todo, viole los compromisos mínimos del Estado mexicano en materia de progresividad de los derechos humanos laborales.
NOTAS:
1 La iniciativa puede consultarse en:http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
2 Tesis: 1a. /J. 85/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo1, octubre de 2017, p. 189; Tesis: 1a. /J. 87/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo 1, octubre de 2017, p. 188; Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Noviembre de 2015, p. 1298.
3 Carpizo, Jorge, “La Naturaleza jurídica de las juntas de conciliación y arbitraje en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 15, México, 1972, p. 67.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12201/13862
Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral
Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.
- Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.
Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.