POR JESUSA CERVANTES , 21 FEBRERO, 2017NACIONAL
Ciudad de México (apro).- Las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.
Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, éstos últimos de Morena, PRD y MC, el pleno avaló cambios en los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo y añadió el 515 bis.
La reforma abre la puerta para que sea la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) la que actualice las tablas de valuación de las incapacidades permanentes, previa aprobación del proyecto respectivo por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ésta participará el empresario y así como agrupaciones sindicales de corte priista afines al gobierno federal actual.
Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Georgina Zapata, dijo que la actualización de las tablas de evaluación se debe realizar conforme al progreso de la medicina del trabajo, que se incorporen nuevos tratamientos, una adecuada evaluación de los grados de incapacidad laboral, a partir de la identificación y descripción de enfermedades del trabajo, de sus tipos y aspectos.
“Con el proyecto de decreto que sometemos a consideración de este pleno, estamos proponiendo un régimen transitorio para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expida la tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto que se sirva, en su caso, esta soberanía aprobar, quedando sin efecto la actual tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes”, detalló.
Durante su argumentación a favor, la panista Luz Argelia Paniagua Figueroa dijo que entre las adecuaciones aprobadas se encuentran aquellas que tuvieron como fin el establecimiento de un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes.
“No obstante, se conservó el texto del artículo 515 de dicha ley, en el cual se establece que el presidente de la República iniciará ante el Legislativo la adecuación periódica de las tablas de enfermedades”, aseguró.
La panista recordó que han pasado más de 46 años sin que las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación sean actualizadas, privando de certeza y seguridad jurídica a los trabajadores que sufren de enfermedades por motivos de trabajo.
En tanto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Aracely Damián, dijo desde tribuna que la reforma implica que al trabajador ahora solo se le pagará 50% y no 100% de su salario cuando enferme por motivos de su trabajo.
“El robo que estos pillos van a aprobar va en contra de los trabajadores. Están violentando sus derechos y que sea el empresario el que diga qué enfermedades se pueden pagar o no, los hace juez y parte y va en contra del trabajador”, sostuvo.
A su vez, el diputado del PRD, Julio Saldaña Morán, explicó que con dicha reforma existe una contradicción, pues aunque se permite que se modifique la tabla, se deja en la Ley Federal del Trabajo otra tabla que solo puede ser modificada por el Poder Legislativo.
Y todavía más, aseguró que lo que se votaría nadie lo conocía:
“¿Quién conoce el proyecto de las nuevas tablas de enfermedades? Que son 73 las que se actualizan. Pero nadie las conoce. Yo no las conozco. Se habla del 2012 (año en que se realizó la reforma laboral), que seis meses después se iban a publicar, cosa que no fue”. Entonces anunció que el voto del PRD sería en contra.
El PRI, mediante David Aguilar Robles, dijo que al actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la valoración de las incapacidades permanentes se garantiza certeza jurídica a los trabajadores. Con el dictamen, añadió, se podrá actualizar la tabla de manera periódica y bajo un mecanismo de cooperación interinstitucional.
Alejandro Cañedo, de Morena, detalló las razones por las cuales su partido votó en contra: “Porque deja solo al criterio del Ejecutivo federal el elaborar la tabla de enfermedades, excluyendo al Poder Legislativo de esta tarea”.
Además, dijo, con esta propuesta se pretende, mediante el artículo tercero transitorio, desaparecer dicha tabla de enfermedades de la Ley General del Trabajo, cuando se actualice. Esto, además de grave y de atentar contra la vida de los trabajadores, implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente por los trabajadores mexicanos.
La iniciativa, agregó, forma parte de la contrarreforma de 2012 “cuando se suprimió la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que detallaba el porcentaje a pagar, adicionado al salario, a trabajadores con daños permanentes”.
Y añadió: “Esta iniciativa, que pretende desaparecer la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo, atenta contra la vida de las y los trabajadores e implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente”.
Incluso, advirtió que “de aprobarse, las aseguradoras privadas que actualmente administran de manera ilegal las pensiones, o el propio IMSS, harán sus propias tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades acorde a sus intereses”.
Peor aún, sostuvo, el dictamen es un golpe a las finanzas del IMSS “pues al no reconocerse las lesiones ni enfermedades de trabajo el instituto no podrá aumentar las primas por siniestro que aplica a las empresas y estos costos se trasladarán a las ramas del seguro de enfermedad general e invalidez”.
Ariel Juárez, de Morena, detalló la razón por la que ya no se pagará el 100% del salario a un empleado: “se pretende que al concluir la actualización, las tablas de enfermedad que están actualmente desaparezcan de la Ley Federal del Trabajo. Su implicación legal es que al salir del cuerpo de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, se convertirá en sólo una disposición administrativa, lo que significa quitar certeza jurídica en el ejercicio de este derecho”.
Ahora, continuó, será la patronal quien determine qué se reconoce o no como una enfermedad profesional. “Pueden desaparecer o no reconocer patologías causadas por el trabajo, según sus intereses, así como definir la cuantía de las indemnizaciones a que tendrá derecho la población trabajadora que sufrirá o que sufra un accidente o enfermedad de trabajo”.
Y ejemplificó: “si un trabajador sufre la amputación de un dedo pulgar, hoy equivale de 40% a 45% de incapacidad permanente, 45%, el día de mañana podrán decir que solamente equivale a un simple 10%”.
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Declaración sindical trinacional
Las organizaciones sindicales de Estados Unidos, Canadá y México, reunidas el 3 de marzo en la Ciudad de México en el contexto de la 7a ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte continuamos trabajando conjuntamente para estrechar las relaciones de solidaridad, cooperación y ayuda mutua para poder enfrentar las graves consecuencias de 24 años de libre comercio.
Nos presentaron el TLCAN como un acuerdo que nos beneficiaría, que detonaría el crecimiento económico y traería beneficios para todos; la realidad es que el actual modelo de libre comercio a precarizado la vida de las y los trabajadores de los tres países, afectando el ejercicio de los derechos humanos, profundizado la desigualdad social y ampliando las asimetrías entre nuestros países, contribuyendo así a que se profundice la crisis social y económica que vivimos.
Denunciamos que la actual renegociación del TLCAN se ha conducido con absoluta secrecía, dejando fuera la voz de la sociedad civil, tomando solo en cuenta únicamente los intereses de las grandes corporaciones, lo cual es preocupante pues desde su implementación en 1994, el Tratado ha beneficiado exclusivamente a estas corporaciones pasando por encima de los intereses de los pueblos y el medio ambiente.
Alertamos de que la renegociación sirva para establecer un acuerdo aún más lesivo que el actual, y lamentablemente parece que esto será así. Un tema que nos preocupa sobre manera es el respeto a los derechos de los trabajadores, independientemente de su origen o condición migratoria, lo cual se ha visto en peligro debido a las políticas racistas y discriminatorias del gobierno de Estados Unidos.
Estamos convencidos de que cualquier acuerdo comercial se debe basar en el pleno respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y el medio ambiente, la soberanía nacional de cada país y un verdadero desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas productivas locales, nacionales y regionales. La solución a la grave crisis que enfrentamos no vendrá de encerrarnos detrás de muros.
Es necesario un nuevo modelo de intercambio, cooperación e integración de los pueblos de América del Norte, en el que se garantice la participación de la sociedad y en el que los acuerdos se tomen de manera transparente y de cara a la sociedad. Se deben establecer normas laborales claras y vinculantes que tiendan a mejorar las condiciones de la clase trabajadora en los tres países, mediante legislaciones efectivas que aumenten el poder adquisitivo de los salarios, permita el acceso al pleno empleo con condiciones dignas y que promuevan la libertad y democracia sindical, así como la negociación colectiva auténtica. Asi mismo, se requiere impulsar una política industrial que proteja de manera efectiva una producción compartida entre los tres países, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen, fortaleciendo el monitoreo para garantizar el origen nacional de componentes en industrias claves.
Como organizaciones de trabajadores nos encontramos trabajando de manera conjunta y coordinada para impulsar este nuevo modelo de cooperación y desarrollo para América del Norte, respetando la autonomía y especificidad de cada organización, pero construyendo una agenda de temas transversales comunes para todas y todos.
Entendemos la solidaridad como un proceso multidireccional. En éste sentido, exigimos que la actual discusión de la reforma laboral en México se encamine a respetar el texto Constitucional mexicano en su artículo 123; asi mismo manifestamos nuestro apoyo a los sindicatos del sector público estadounidenses ante la posible decisión de la Corte Suprema de EU para reducir las cuotas sindicales (Caso Janus vs AFSCME).
Es nuestro compromiso de construir una agenda común para defender los intereses de las y los trabajadores de nuestros países, con una visión de progreso, prosperidad y bienestar social de carácter internacionalista y actual.
Por un nuevo modelo de cooperación, desarrollo e intercambio de los pueblos de América del Norte y por una solidaridad sin fronteras.
UNIFOR, AFL-CIO, STEELWORKERS (E.E.U.U.), TEAMSTERS (CANADÁ), TEAMSTEERS, (E.E.U.U.), UNITED ELECTRICAL (E.E.U.U.), STRM, FAT, SUTIN, STUNAM, UNTyPP, UNT, NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES, ATM, SME, SITIEMS, STTP, SITUAM, CILAS, ASTINVI, SICE, MÉXICO SIN TLCAN
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Aguascalientes: Congreso de la unión no respeta lo que mandata la Constitución
Claudia Rodríguez Loera · 05/03/2018
Retraso en emitir las reformas laborales deja al Poder Judicial cruzados de brazos
En el Poder Judicial esperan que en el corto lapso sean aprobadas en el Congreso de la Unión las reformas laborales para tener conocimiento cuándo y cómo habrán de entrar en operación, externó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez.
“Desconocemos cuándo va a suceder esto, dependemos totalmente del Congreso de la Unión, no obstante que lo mandata la Constitución no se ha respetado lo que ellos mismos señalaron… a nosotros nos dejan cruzados de brazos”, manifestó el magistrado presidente.
Explicó que ante tanta incertidumbre es imposible pretender adelantar los procesos, ya sea en capacitación o en la selección de personal, e inclusive iniciar los trámites para generar la nueva infraestructura, pues mientras no se tenga la base sobre cómo se va a operar el nuevo sistema, o cuáles son los conocimientos con los que deben contar los nuevos operadores, no es posible hacer nada más que mantenerse a la expectativa.
Hizo un llamado a la población a mantenerse tranquila, al recordar que mientras no sea posible comenzar a trabajar con los nuevos esquemas de impartición de justicia laboral, aún seguirán en activo las juntas de conciliación y arbitraje.
“Desafortunadamente sí es una situación incierta para todos, porque recordemos que la intención desde el Congreso de la Unión era generar nuevos y mejores esquemas de justicia laboral”, externó Ponce Sánchez.
Consideró que al igual que sucede en el Poder Judicial pasa con las Juntas de Conciliación, ya que permeaba la idea que iban a dejar de tener más trabajo y no es así, pues continuarán atendiendo el rezago existente más los nuevos casos que van llegando.
http://www.lja.mx/2018/03/congreso-la-union-respeta-lo-mandata-la-constitucion/
Querétaro: Presentan avances en materia laboral del Colegio de Abogados
Los abogados laboralistas se comprometieron a participar de forma activa con la autoridad laboral./Foto: Especial
4 marzo, 2018
José Luis Aguilera se reunió con integrantes del Colegio de Abogados Laboralistas a quienes presentó los avances del Centro de Conciliación Laboral
El Secretario del Trabajo José Luis Aguilera Rico se reunió con integrantes del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Querétaro, a quienes presentó los avances del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, lo anterior derivado de la reforma laboral.
El encargado de la política laboral de la entidad recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”, que entre otros puntos contempla la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, para sustituirlos por juzgados laborales dependientes del Tribunal Superior de Justicia, cuyo sistema se verá complementado con la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro.
Aguilera Rico, explicó que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, el cual dependerá de la Secretaría del Trabajo, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Añadió que dicho centro se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, con miras a salvaguardar y proteger los derechos laborales de las y los trabajadores.
Por su parte, los abogados laboralistas se comprometieron a participar de forma activa con la autoridad laboral a fin de ofrecer el servicio público de conciliación en asuntos individuales y colectivos, y así mantener el equilibrio entre los factores de la producción y mantener la paz laboral que distingue a Querétaro.
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/04/presentan-avances-materia-laboral-del-colegio-abogados
Querétaro: Centro Estatal de Conciliación, sin construirse por falta de modificaciones a la Ley Federal de Trabajo
José Luis Aguilera, secretario del Trabajo, recordó que el pasado 26 de febrero debió haber entrado en vigor una nueva Ley Federal del Trabajo; sin embargo, precisó que el Congreso de la Unión no ha trabajado en ello
Por: Karen Munguía 3 de marzo, 2018.
Foto: Archivo
El Centro Estatal de Conciliación de Querétaro no se ha comenzado a construir debido a que no ha sido modificada la ley Federal del Trabajo, esto tras la reforma laboral aprobada hace un año, dio a conocer José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo.
Entrevistado sobre el avance al respecto, recordó que el pasado 26 de febrero debió haber entrado en vigor una nueva Ley Federal del Trabajo; sin embargo, precisó que el Congreso de la Unión no ha trabajado en ello. Aguilera Rico añadió que este centro de conciliación permitiría complementar los trabajos de conciliación en asuntos laborales que deberá operar, según la reforma, el Tribunal Superior de Justicia.
“Por Ley se debió haber arrancado una nueva Ley Federal del Trabajo, nos reunimos la semana pasada con el secretario Campa Cifrián y nos reunimos con la gente que tiene que ver con esto y no tenemos ningún resultado del Congreso de la Unión. Siguen las fechas de reforma y estaremos ya nosotros en disposición de presentar el centro estatal de conciliación”, dijo.
Aguilera Rico indicó que si bien pudieron arrancar operaciones con los denominados “tribunales laborales”, no lo hicieron porque no cuentan con ellos, además de que haber comenzado algo sin una ley podría repercutir en un futuro. Esta reforma, recordó, representa una inversión de 10 mil millones de pesos en el país, por lo que insistió que “si la reforma no arranca con recursos” no se podrá operar.
A nivel local, una vez lista la Ley Federal del Trabajo, será necesario modificar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y armonizar la Ley de Administración Pública. Aunado a ello, la Secretaría del Trabajo mantiene pláticas y capacitaciones constantes con la Comisión de Productividad del estado y los Colegios de Abogados litigantes y Laboralistas socializar el tema.
“Tenemos una semana ya con la Ley Federal del Trabajo, estar lista depende del Congreso de la Unión, con los diputados federales. Socializar el tema de la reforma laboral, todavía, tenemos todavía tiempo; cuando se aprueba hace un año la reforma laboral era obligación arrancar el 26 de febrero del 2018, por mandamiento del Congreso de la Unión”, señaló.
Actualmente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro tienen pendientes 35 mil asuntos laborales.
https://codiceinformativo.com/2018/03/centro-estatal-de-conciliacion-sin-construirse-por-falta-de-modificaciones-a-la-ley-federal-de-trabajo/
Coahuila: CANACO La Reforma Laboral en síntesis puede resultar beneficiosa
César Acosta Amaya Lunes 5 de marzo de 2018
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Gómez Palacio, Luis Felipe del Rivero Ibarra, la Reforma Laboral puede traer más beneficios que afectaciones, porque con algunas adecuaciones habrá menos paternalismo y se protegerá más al patrón, lo que evitará por supuesto el quiebre de empresas y comercios.
“Para muchos resulta agresiva, pero debemos tomar en cuenta que en tiempos actuales, de modernización y tecnología, debemos estar acordes a las tendencias internacionales y no precisamente para que nos marquen el paso con el contenido del Tratado de Libre Comercio”.
Luis Felipe del Rivero Ibarra, presidente de la Canaco.
Y en cuanto a la Reforma Fiscal, expuso que “no queda más que adaptarnos a las presiones de otros países para ser más competitivos y estar a la par en crecimiento en simplificaciones administrativas”.
Al volver con el tema laboral, Del Rivero Ibarra dijo que hay más pros que contras, la primera de las ventajas en el tema del outsourcing (subcontratación), es que un negocio puede verse más competitivo, ya que por lo regular, las labores del outsourcing que le delegan las empresas se dan en las siguientes áreas: informática, recursos humanos, inmuebles y contabilidad.
Por ejemplo, apuntó, la actividad de call center se puede realizar en cualquier punto del planeta, ofreciéndoles un buen servicio a clientes que se encuentran a varios kilómetros de distancia, lo cual no sólo ofrece empleo a más personas, sino que potencia el crecimiento y buen nivel de la empresa.
También, las empresas se vuelven más rentables.
La empresa contratante sólo se enfocará a realizar las labores que le competen y son su fuerte, por lo que todos los recursos se enfocarán en el desarrollo de su trabajo, en ser innovadores y por lo tanto, hay aumento en la rentabilidad, generando entonces productos de gran calidad.
Todo esto también conlleva a la reducción de costos de operación, es decir, los que se originan por la contratación de personal.
“Es compleja la nueva Ley Laboral y por ello vale la pena aplicarla en buenos términos, porque busca adaptarse tanto al trabajador como al empresario y por ello debemos aceptarla y adoptarla”, dijo.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/la-reforma-laboral-en-sintesis-puede-resultar-beneficiosa-lfri
San Luis Potosí: Aprueban reforma laboral y acaban con derechos del trabajador
José Luis Martínez Castro Viernes 2 de marzo de 2018 en Ciudad Valles
CIUDAD VALLES, SLP.-(OEM-Informex).- Se aprobó nueva reforma laboral, que acaba con los derechos de los trabajadores, se dice adiós a los contratos de planta, se pierde el contrato colectivo al momento que se dará la contratación individual y temporal pago por horas laboradas. Por lógica, se modifica la ley del ISSSTE y la del seguro social.
Lo declaró el líder social José Inés Velázquez Montes, quien forma parte del Frente de Defensa de la Vivienda Popular, quien explico hace imposible alcanzar la jubilación o pensión, ya que el trabajador tendría que trabajar 50 años para lograrlo, pero además se pierde la autonomía sindical, al entenderse directamente el patrón con el trabajador, quien podrá despedirlo sin avisarle cada 6 meses y sin responsabilidad para el patrón.
Con este se le dice adiós a los contratos de planta, incluso se degrada a mercancía del trabajador, por lo tanto el trabajo deja de ser un derecho humano, sólo prevalecerán los intereses patronales ante los de los trabajadores, porque se establecerán contratos a prueba por 6 meses, si es técnico o profesionista; por un mes si es obrero; y de 3 a 6 meses si es técnico o profesionista.
Con esta nueva ley, desaparece el salario mínimo, porque era lo mínimo que se le debería pagar al trabajador. Ahora queda al gusto del patrón, por lo que puede ser menos, y se contempla que el patrón podrá facilitar el despido, el aviso no es obligatorio, el juicio ya no contempla salarios caídos, para los que tengan 20 años de trabajo se les podrá despedir.
Actualmente la estabilidad del trabajo tiene derechos y con esta reforma se pierden. La regla de oro que hoy se tiene; con que tengas 6 meses continuos laborados tienes derecho a la planta, pero con la nueva ley ya no, todo se pierde, y es que la mayoría de la población no está informada de esta reforma, porque se ha divulgado poco sobre el tema.
Esta acción es parte de una ola de arbitrariedades que están cometiendo diputados y senadores, por lo que el Frente de la Defensa de la Vivienda Popular hace el llamado a toda la población a estar preparados en cualquier momento para realizar un movimiento nacional, para actuar en contra de los legisladores que están al servicio de los ricos, y negar el voto a quien está en contra del pueblo, quitarles todas las prerrogativas que tienen a costa del pueblo.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/valles/aprueban-reforma-laboral-y-acaban-con-derechos-del-trabajador
Apoyan aplazar el nuevo sistema de justicia laboral
Se necesita más de un año para la transición: senadores del PAN, PT-Morena y PRD
“Este es el sexenio de grandes leyes que no operan”, expresó el senador Luis Humberto Fernández al apoyar la vacation legis o aplazamiento en la puesta en marcha de juicios orales en materia laboralFoto Luis Humberto González
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2018, p. 13
Senadores del PAN, PT-Morena y PRD coincidieron en señalar que el Congreso debe rectificar su error y dar un plazo de transición mayor para la puesta en marcha del nuevo sistema de impartición de justicia laboral, a fin de que pueda operar con éxito esa reforma que desaparece las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de conflictos obrero-patronales al Poder Judicial.
El plazo de un año para la entrada en vigor del nuevo sistema, basado en jueces y tribunales laborales, que los legisladores establecieron en la reforma constitucional de febrero de 2017, no fue suficiente, como quedó demostrado ya, advirtió el senador del PT-Morena Luis Humberto Fernández.
Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, responsable de dictaminar esa ley secundaria sobre justicia laboral, hizo notar que se deben escuchar las voces de magistrados y presidentes de juntas de Conciliación que han insistido en una vacation legis, es decir, en un mayor tiempo para la aplicación del nuevo modelo, ya que ni siquiera se asignaron los recursos necesarios.
El senador Fernández señaló que desafortunadamente “este es el sexenio de grandes leyes que no operan”. Basta ver, dijo, la catástrofe que ha representado el sistema penal acusatorio, debido a las deficiencias en su operación, y lo mismo podría pasar con el modelo laboral.
Por separado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en señalar que ambas cámaras del Congreso deben asumir sus fallos y acordar esa vacation legis, para que haya tiempo suficiente de poner en marcha el instituto de conciliación y el tribunal laboral, permitir que las juntas terminen con el fuerte rezago de juicios que arrastran y capacitar al personal.
Igualmente, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, dijo que no puede pensarse en que una nueva ley podrá operar al 100 por ciento “de golpe y porrazo” y menos una legislación como ésta, “que viene a mover el estado actual de las cosas”.
Sin embargo, comentó que está dispuesto a discutir la necesidad de ampliar los plazos, a fin de que la ley “tenga un aterrizaje óptimo”. Lo importante, recalcó, es que todas las fuerzas políticas en el Senado “estemos en la dis-posición de movernos en una dirección y apostar a que a la brevedad se tomen medidas integrales que conduzcan a un modelo con mejores condiciones para resolver los diferendos entre trabajadores y empresarios”.
El senador Fernández dijo que esa reforma es importante y lo conveniente es dar un tiempo suficiente para que opere y sea en realidad una justicia ágil, expedita, no juicios que tardan cuatro años. Hay que escuchar, insistió, a quienes aplicarán el derecho laboral y expusieron ya los problemas.
A su juicio, hay que ampliar el plazo de un año fijado en la reforma constitucional y “tomar algunas precauciones en la ley reglamentaria. Creo que eso sería lo más efectivo, pero no tiene sentido ampliarlo si no hay una hoja de ruta para dictaminar”.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/politica/013n2pol
Reforma laboral suspendida, una oportunidad
Arturo Alcalde Justiniani
La decisión del Senado de diferir la aprobación de la reforma reglamentaria al artículo 123 constitucional es una oportunidad para abrir el debate y transitar por el camino correcto en este capítulo fundamental para el país.
Existen hasta ahora tres iniciativas en la Cámara de Senadores con relación a este tema. La primera, presentada el 7 de diciembre pasado por dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tereso Medina (CTM) e Isaías González Cuevas (CROC); esta controvertida propuesta ha generado un rechazo generalizado por diversos motivos, entre ellos, el hecho de que contraviene el texto constitucional que pretende reglamentar, por regresar al control gremial en la administración de justicia y mantener los vicios de la contratación colectiva.
La segunda iniciativa es impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); su contenido es producto de un sólido proceso de participación plural de académicos, especialistas y distintos actores del mundo laboral y fue presentada por el senador Luis Sánchez Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La tercera iniciativa corresponde a la senadora María del Pilar Ortega Martínez del Partido Acción Nacional (PAN); su contenido es hoy objeto de análisis y debate.
La reforma constitucional de febrero de 2017 planteó como objetivos centrales contar con un sistema de justicia eficiente e imparcial y por ello abandona el sistema tripartita que prevalece en las juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, pretende rescatar la negociación colectiva de la simulación y corrupción que caracterizan a los contratos de protección patronal. También busca suprimir la extorsión a empresas por parte de siglas sindicales sin representación real de trabajadores.
En un periodo corto de tiempo, el tema de la reforma laboral ha generado un interés creciente, reflejado en la organización de múltiples foros y pronunciamientos públicos en los que han participado numerosos actores políticos y sociales. En un desplegado publicado en este diario el pasado 26 de febrero, se subrayan los temas que deberán atenderse, destacándose la autonomía en los órganos de impartición de justicia y el respeto al voto secreto. El pronunciamiento tiene especial importancia por la pluralidad de sus firmantes.
La reforma constitucional creó dos nuevos organismos para hacer cumplir los principios del nuevo texto constitucional: uno de carácter federal autónomo, con tareas de conciliación registro de sindicatos y contratos colectivos, y otro con el fin de impulsar la conciliación en los estados.
La propuesta del PRI, apoyada por abogados y líderes beneficiarios del sistema de corrupción gremial, pretende que en el nuevo organismo federal se imponga de nuevo la representación tripartita. Este intento de intromisión cancelaría los fines de la reforma por los siguientes motivos:
Primero, porque no se puede ser juez y parte, peor aún en una realidad como la nuestra, en la que la parcialidad, los intereses creados, la cultura del control, la opacidad y la corrupción han sido los ingredientes esenciales del modelo que la reforma pretende superar.
Segundo, porque el organismo será el receptor de información proporcionada por los trabajadores que pretenden organizarse, cambiar de sindicato o emplazar a huelga, y de su decisión depende la viabilidad práctica de estos procesos. Ningún grupo de trabajadores va a ser tan atrevido como para darle información logística y vulnerable a los representantes de la parte contraria. La experiencia demuestra que la consecuencia inmediata es la represión.
Tercero, porque no es atendible el argumento de que el carácter tripartita del organismo que se propone es similar a otros, como la Organización Internacional del Trabajo o el Seguro Social, porque su naturaleza es totalmente distinta y la función de estos últimos no es aplicar la ley; tampoco es atendible el argumento de que el problema se resuelve limitando en la reglamentación del organismo la injerencia de empresarios y sindicatos. En cualquier lugar que se encuentre la representación gremial influirá en las decisiones de dicho órgano y contará con información que puede afectar a los trabajadores. No es una cuestión de diseño organizativo o simple redacción.
Cuarto, porque en la experiencia internacional no existe un referente similar al órgano de control gremial que pretende la iniciativa del PRI.
A contracorriente, la propuesta impulsada por la UNT plantea que este organismo debe preservar su autonomía, como lo señala el texto constitucional, y propone que su órgano de gobierno incluya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, por su naturaleza, están vinculados a los fines del organismo. Por su parte, la propuesta panista plantea que también participen especialistas en materia laboral de reconocido prestigio.
En conclusión, preservar la autonomía e imparcialidad de este órgano es un problema de vida o muerte para la reforma. De otra manera carecerían de sentido todos los recursos y esfuerzos implementados en esta tarea.
Para entender la campaña contra Napoleón Gómez Urrutia:
Circunstancialmente, conocí a un abogado que trabaja en un despacho de asesoría y litigio laboral, en el que todo su equipo es financiado por una empresa minera. En nuestro encuentro me comentó: “Nosotros nos dedicamos a presentar demandas y denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional minero; la empresa nos da listas de trabajadores y acudimos a sus domicilios para convencerlos de que demanden al líder, ofreciéndoles nuestros servicios gratuitos y, a cambio de su firma, pueden recibir muchos miles de pesos.
La intención es presionar y desprestigiar a Napoleón, porque la empresa no quiere su regreso a México, pues ha sido demasiado exigente en el cumplimiento de los estándares de seguridad para los mineros y en el reclamo de las prestaciones laborales e incrementos salariales, más allá de lo que se otorga en el mercado laboral. Su confesión confirma los motivos de esta campaña.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/opinion/014a1pol
Chihuahua: Iniciativa laboral EPN-Meade
Sobre Aviso
Candelario González Villa
Presentada en diciembre pasado por los senadores priistas Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM) con el evidente encargo del actual Ejecutivo federal y su candidato presidencial, José Antonio Meade, al día de hoy ni una sola voz se ha alzado apoyando esta propuesta, mal llamada iniciativa.
Ambos senadores fueron desconocidos por sus propias centrales, pero aun así tuvieron la desfachatez de proponer que se aprobara al vapor. Ahora anuncian que intentarán repetirlo este mes en el inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, con la excusa de que la reforma laboral a la Carta Magna planteó el término de un año para reglamentarla.
El contenido de la iniciativa en cuestión se puede resumir en los diez puntos siguientes:
- Desaparece los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permite que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
- Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, al permitir que se haga simplemente comunicando por escrito al trabajador y señalando sus motivos.
- Promueve los ajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores al liberar al patrón de la obligación vigente de justificar previamente ante la autoridad su causa. Cuando alega el patrón incosteabilidad, quiebra o la decisión de los acreedores de cerrar un centro laboral. Reduce la indemnización en caso de reajuste o separación colectiva, sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente por una cuantía menor al salario mínimo. La invitación al despido está contenida en los artículos 436 y 439 a bajo costo.
- Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte o incapacidad, sustituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida menor al salario mínimo.
- Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, violando así el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Impone obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para sindicatos autónomos, fuera del control empresarial. Fortalece así los contratos de protección patronal. La reforma constitucional (reciente) restringe el voto secreto como exigencia previa para la firma del contrato colectivo. Hace imposible el ejercicio de derechos laborales colectivos en la pequeña y mediana empresa.
- Hace imposible que los trabajadores puedan cambiar de sindicato por la vía de los juicios de titularidad al imponer requisitos insalvables de “procedibilidad” y “legitimación” que se deben cumplir bajo un tortuoso procedimiento aun antes de iniciar el juicio, con el fin de reprimir a los trabajadores.
- Impide el ejercicio del derecho a huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico. Hay una cerrazón al acceso a la negociación colectiva para dejar libre la controlada por el patrón, es decir, el outsourcing.
- Cancela el carácter autónomo del Instituto de Conciliación y Registro laboral, encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un esquema de gobierno controlado por la representación, tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, regresando así a un sistema corporativo más rígido y discrecional a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga en este instituto y en los centros de conciliación estatales se convierten en fiscalizadores o jueces administrativos, invadiendo las tareas de los jueces laborales, que son relegados a una función marginal en detrimento del estado de derecho.
- Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Pública que obliga a publicitar íntegramente por internet los documentos en poder de la autoridad, así como copia de los mismos a cualquier solicitante. Es decir, todo se reduce a las figuras de “declaraciones públicas” e “índices” con la intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción.
- En materia procesal, se impone un marco de derecho laboral hueco, regresivo y violatorio de los derechos humanos. El daño no solamente es en perjuicio de los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto, incluyendo a los empresarios.
Con esta propuesta, nos damos cuenta que el Estado como garante de justicia y seguridad de la clase trabajadora y de la sociedad en general, incumplió todas las reglas del Derecho y hace su entrega a los intereses de la iniciativa privada, es decir, la élite que se adueñó de la agenda nacional para satisfacer su voracidad y su ínfima calidad humana.
(*Con la participación de Arturo Alcalde Justiniani, licenciado en Derecho y académico en Derecho Laboral de la UNAM)