Se les pide ser héroes a costa de sus empleos: investigadora
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 10 de febrero de 2018, p. 13
Líderes sindicales y académicos reconocieron que no sólo los trabajadores, sino el país en general, enfrentan un enorme desafío para detener la aprobación en el Congreso de las leyes secundarias en materia laboral, las cuales son regresivas, porque no respetan en nada el espirítu de la reforma al artículo 123 constitucional aprobada en 2017.
Al participar en el seminario El sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva, organizado por El Colegio de México (Colmex), Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, llamó a las organizaciones y sindicatos independientes a movilizarse en contra de su aprobación.
En un videomensaje transmitido en la sala Alfonso Reyes del Colmex, el líder minero destacó que las iniciativas de leyes secundarias a la reforma laboral, presentadas en diciembre pasado por dos senadores priístas representantes del sector obrero, son no sólo aberrantes, sino un retroceso histórico, por lo que reiteró su llamado a unir fuerzas entre los distintos sectores de trabajadores y organizaciones sociales para frenar la aprobación de medidas que matendrán los mecanismos de subordinación y control salarial de la clase trabajadora.
Por su parte, Graciela Bensusán, experta en sindicalismo y profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que pedirle a los trabajadores que defiendan el derecho a la libre asociación, la negociación colectiva y el acceso a mejores salarios bajo el actual marco normativo laboral sería suicida, es como perdirles que se conviertan en héroes a costa de sus empleos, por eso es tan importante cambiar las reglas del juego.
En el encuentro, donde acudieron expertos en temas laborales y líderes sindicales, la investigadores destacó que la reforma laboral aprobada en 2017 es fundamental para el país. Está en juego la posibilidad de cambiar un desequilibrio muy fuerte en el poder de negociación del trabajo y el capital, que en México se traduce en una parte muy significativa de la pobreza, porque tiene que ver con los bajos salarios, la falta de relación entre los salarios y la productividad, y la desigualdad, afirmó.
Podemos dar un primer paso, explicó, para desarmar un acuerdo corporativo estatista, que tuvo su función bajo el modelo de industrialización por el mercado interno, que pudo funcionar entre los años de 1940 y 1980 del siglo pasado, pero luego vino una fase en la que el mismo modelo sirvió para desactivar, porque el corporativismo fue un desactivador de la protección en el mundo del trabajo.
Hoy tenemos cuatro décadas con un modelo neoliberal que da muestra, sostuvo, de grandes fallas en México y el mundo, pero que tiene un rostro distinto en cada nación y que en la nuestra es dramático. Se trata, dijo, de crear un terreno más nivelado entre trabajo y capital, pero esto supone también que los sindicatos vuelvan a representar los intereses de los trabajadores.
Ahora, señaló, tenemos una inversión de esta representatividad, porque hoy los sindicatos no representan a los trabajadores, sino al Estado y las empresas, la recuperación de los gremios, indicó, también es sustantiva para alcanzar una verdadera mejora salarial y la protección de una negociación colectiva.
Etiqueta: Justicia Laboral
Reforma Laboral garantizará derechos de la clase trabajadora: STPS
Adelantó que la próxima semana se podría tener el dictamen de la ley secundaria en materia judicial de esta reforma.
09 Feb 2018 – Notimex
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, afirmó que, con la ley secundaria en materia laboral, se busca garantizar la tutela efectiva de los derechos de la clase trabajadora.
Adelantó que la próxima semana se podría tener el dictamen de la ley secundaria en materia judicial de esta reforma y estar en condiciones de discutirlo en un proceso abierto y transparente, toda vez que lo que se pretende -dijo- es tener un sistema de justicia que dignifique el empleo.
Al participar en el foro «El Sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva”, indicó que, para garantizar la tutela efectiva de los derechos de la clase trabajadora, se impulsa la creación de tribunales independientes para que los factores de la producción puedan resolver sus controversias dentro de un marco legal autónomo.
Con ello se pretende que la impartición de justicia dentro del sector laboral sea innegable pero también que los trabajadores tengan capacitación y de esta manera sean más productivos y competitivos en el mercado internacional, abundó en el encuentro celebrado en el Colegio de México.
El funcionario federal refirió que la reforma laboral de 2012 tenía como objetivo la dignificación del empleo, así como los derechos de los trabajadores.
Recordó que en diciembre pasado se presentaron dos iniciativas que proponen la creación del Instituto de Conciliación y Registro Federal de Contratación, que tendría autonomía de gestión y administrativa, a fin de darle certeza e imparcialidad profesional y transparencia a los factores de la producción.
Sostuvo que la conciliación será obligatoria para acceder a una justicia para las partes, con lo cual, los nuevos tribunales laborales van a iniciar con una carga cero y las juntas de conciliación y arbitraje concluirán su trabajo hasta el final, con pleno respeto a los derechos de sus trabajadores.
Esperamos que el Congreso de la Unión sea respetuoso de los tiempos y se apruebe en tiempo y forma esta propuesta en el Senado de la República para luego turnarla a la Cámara de Diputados, manifestó.
A su vez, la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorgio, sostuvo que los sindicatos en el país han ido perdiendo su rol protagónico en el ámbito laboral mexicano.
En su mensaje de bienvenida, precisó que en México se tienen registradas tres mil 371 agrupaciones sindicales que agrupan a más de 4.4 millones de agremiados, lo que representa alrededor de 12.5 por ciento de los trabajadores subordinados y remunerados.
Detalló que las mujeres son más propensas a contar con alguna afiliación sindical (14.8 por ciento) que los hombres (11 por ciento), lo cual parece estar asociado al tipo de trabajo desempeñado por estas.
Agregó que, de acuerdo con información estadística, existe una disminución gradual de 16.9 por ciento de sindicalización entre la población ocupada asalariada en 2005 a 12.5 por ciento en 2017.
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/reforma-laboral-garantizara-derechos-de-la-clase-trabajadora-stps-855
Un siglo atrás en materia laboral
Julián Germán Molina Carrillo 10/02/18
La reforma al artículo 123 constitucional, aprobada el 24 de febrero de 2017, tenía como objetivo impactar de forma trascendental y positiva el
sistema laboral mexicano, pretendiendo erradicar el cumulo de vicios
que impedían una libre asociación y afectaban en perjuicio de los trabajadores la negociación colectiva auténtica, así como, sacar de la creciente precariedad en la que la legislación anterior tenía sumidos a los trabajadores en nuestro país.
Anudado a lo anterior, también pretendía terminar con la desconfianza por parte del sector empresarial en la justicia laboral sustentada en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, acabar con las redes de extorsionadores que exigían cuotas a cambio de no ser afectados por amenazas de supuesta huelgas. Terminar con los contratos colectivos de protección patronal suscritos al margen de la voluntad de los trabajadores, los cuales, se convierten en un escándalo internacional, evidenciando la corrupción en expedientes ordinarios en los que resultaban beneficiados, no solo los líderes sindicales, sino también, los despachos de los abogados empresariales, quienes obtenían jugosos beneficios por estas formas de contratación y también por facilitar el outsourcing.
Sin embargo lo que parecía un avance jurídico-laboral y social, ha terminado por ser solo un espejismo, un sueño del que nuestros flamantes legisladores nos han despertado con la iniciativa de ley reglamentaria a la mencionada reforma, con la que pretenden llevarnos un siglo atrás, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional, presentada el 7 de diciembre pasado, está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales, eliminando incluso los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 2012 impuso a favor de los trabajadores, al restringir la libertad patronal de subcontratación, pretendiendo eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservando en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía emplazamiento a huelga, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Y como puntal a este cúmulo de incongruencias, pretenden incluir la representación de sindicatos y empleadores al órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, es decir, nunca se va a terminar con el conflicto de intereses que ha estado históricamente presente en las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Así, la autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores, instrumentos que abonarían a obtener de forma gradual la legitimación de la representación sindical, pasarán a ser nuevamente, meras utopías, significativas únicamente en la sintaxis de una ley inservible.
Si la iniciativa de ley reglamentaria se materializa, tendremos que seguir conviviendo con la rigidez de la herencia corporativa, propia de nuestro modelo político autoritario, con el temor al cambio, las complicidades entre patrones y líderes sindicales, y sobre todo, con la se- d de intereses agregados por tantos años, que han impedido, que la democracia y el régimen del Estado de Derecho avanzaran en este campo.
Y como resultado de todo ello, el principal generador de pobreza y desigualdad, el mercado laboral, seguirá siendo manejado por los intereses de los más poderosos económicamente hablando y dejando de lado, la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, impactando negativamente el desarrollo y crecimiento del sector que directamente sostiene sociedad con un sistema neoliberal, con la complicidad de las centrales obreras como la CTM y la FROC, (CROC) cuyos líderes se empeñan en conservar sus privilegios y seguir con sus corruptelas, a costa de sus “representados”.
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/materia_laboral-poder_ejecutivo-contratos_colectivos-ctm-croc_18_1119668039.html
Senadores perfilan acabar con juntas de Conciliación
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, e informó que el sector privado está de acuerdo con gran parte de la iniciativa laboral que se discute. (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIV)
Se reúnen con Consejo Coordinador Empresarial; avanzan en revisión de iniciativa de reformas
Senadores del sector obrero del PRI y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) avanzan en la revisión de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, con el propósito de que sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, confirmó el senador Isaías González Cuevas, líder de la CROC, e impulsor del proyecto que reglamenta terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, como lo ordena la Constitución.
El dirigente sindical remarcó que el tema de las reglas para el trabajo llamado outsourcing, como se designa a la subcontratación de partes en el proceso productivo, se había propuesto en general y se modifica para que se aplique en algunas industrias y en áreas del sector terciario.
Tras la revisión que se lleva a cabo con el CCE, cuyo presidente, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, informó que su sector está de acuerdo con gran parte del proyecto de los priístas.
Abogados patronales revisan el proyecto junto con representantes de los sindicatos, a hn de estar de acuerdo en la iniciativa, dijo González Cuevas, lo cual reprobó el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT) en entrevista, y reclamó que se informe de lo que son actos de cabildeo sin transparencia.
“Estamos frente a una atrocidad, pues la parte patronal no vino a negociar, sino a dar instrucciones”, aseguró Fernández Fuentes.
La panista Adriana Dávila lamentó que se incurriera en una falta de respeto a los integrantes de la Comisión de Trabajo, dictaminadora de la propuesta, al no informarle de la revisión del tema con el sector privado.
Tereso Medina, senador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), junto con González Cuevas, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, que instrumenta la aplicación de la reforma constitucional de febrero de 2017.
En ese sentido, la iniciativa presentada por los senadores y líderes sindicales plantea la creación de un instituto federal de conciliación y registro laboral, que será un organismo público descentralizado, que dispondrá de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión.
El senador Ernesto Ruffo dijo que en la reunión con los panistas, Castañón explicó que se llegó a acuerdos con los senadores priístas que impulsan el proyecto. El sector privado, en general, está de acuerdo.
Uno de los temas que se incluyeron en la iniciativa que firmaron Tereso Medina e Isaías González se regere al trabajo outsourcing, y al respecto Ruffo Appel indicó que éste no se abordó específicamente.
Castañón, al referirse al outsourcing en lo general, señaló que había “algunos detalles” que considera se deben de incorporar.
González Cuevas afirmó que le pidió a Medina que en el tema outsourcing “todo quedara como está en la ley vigente, para que esta modalidad no sea general”, y refirió que se ocupa en la industria automotriz, con las autopartes, y en empresas terciarias.
Lo esencial en la iniciativa es terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y al efecto se han reunido representantes del CCE, senadores y autoridades laborales, y la conclusión es sacar la reforma sólo para terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y que la justicia pase al Poder Judicial. El plazo establecido concluye el próximo 28 de febrero.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-perfilan-acabar-con-juntas-de-conciliacion
Sonora: Aprueban comisiones proyectos y renuncias
Redacción
Nuevo Día/Hermosillo, Sonora
Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciona-les y de Asuntos del Trabajo, en forma unida, aprobaron el proyecto de dictamen de la iniciativa de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de justicia laboral, presentada por la titular del Poder Ejecutivo.
Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron cuatro proyectos de dictamen de iniciativas de Decreto de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y de Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Política-Electoral, y las renuncias de regidores de los municipios de Nácori Chico y Banámichi.
La Diputada Lisette López Godínez, Presidenta de referida Comisión, sometió a consideración la iniciativa, que señaló tiene como objetivo adecuar el marco jurídico local de conformidad al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación en materia de justicia laboral, el día 24 de febrero de 2017; para ello, propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Detalló que a través de la reforma se faculta al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, con el que el Poder Ejecutivo podrá prestar el servicio de conciliación en esa materia.
Faculta, dijo, al titular del Ejecutivo para nombrar y remover al titular del referido Centro de Conciliación; otorga al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y precisa que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deben agotar primeramente la etapa conciliatoria.
Una vez aprobado el primer asunto del orden del día, los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales continuaron la reunión y la diputada López Godínez sometió a consideración el proyecto de dictamen de iniciativa de Decreto que reforma del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, presentada por la Gobernadora, misma que permite eficientar y agilizar la impartición de justicia por parte de los juzgados del Estado, específicamente los juzgados familiares.
Posteriormente, la Diputada López Godínez puso a consideración el proyecto de dictamen del escrito del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
La aprobación de la minuta constituye una acción legislativa, dijo la Diputada López Godínez, que viene a consolidar la autonomía que tendrá la Fiscalía General de la República en el desempeño de sus funciones y, por otra parte, garantiza a los mexicanos que la designación del nuevo fiscal sea una persona que cuente con el perfil profesional necesario para realizar su labor constitucional de procurar la justicia.
Asimismo, la reforma al artículo transitorio que es materia de la reforma constitucional, garantiza que prevalezca la autonomía constitucional que tendrá dicha fiscalía frente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado.
En este tema, la Diputada López Godínez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional celebró que se dieran los consensos para eliminar el pase automático del Fiscal General de la República y con ello evitar la desacreditación del naciente órgano.
Precisó que fueron organizaciones de la sociedad civil quienes impulsaron en mayor medida esta propuesta y que celebra que el Congreso del Estado de Sonora se sumara a través de la ratificación.
De acuerdo al orden del día, la diputada puso a consideración el escrito del Ayuntamiento de Nácori Chico, mediante el cual informa a este Poder Legislativo la renuncia con carácter de irrevocable del Regidor Propietario Andrés Martínez Gracia, razón por la cual hace del conocimiento del Ciudadano Antonio de Jesús Fuentes García, Regidor Suplente, de la resolución a efecto de que rinda la protesta de Ley.
Por último, sometió a consideración el escrito del Ayuntamiento de Banámichi, dirigido a este Poder Legislativo, mediante el cual hacen constar de la renuncia del Regidor Propietario Alejandro Molina Salazar, razón por la cual hace del conocimiento del ciudadano Rafael Morales Bermudes, Regidor Suplente, del contenido de la presente resolución, a efecto de que rinda la protesta de Ley.
A la reunión asistieron los diputados Célida Teresa López Cárdenas, Ramón Antonio Díaz Nieblas, Javier Villarreal Gámez, Jorge Luis Márquez Cázares, Flor Ayala Robles Linares, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, José Armando Gutiérrez Jiménez, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Moisés Gómez Reyna y José Ángel Rochín López.
Los proyectos de dictamen serán enviados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que se incluyan en el orden del día de una próxima sesión de Pleno.
http://nuevodia.com.mx/2018/02/08/aprueban-comisiones-proyectos-y-renuncias/
Hidalgo: Justicia Laboral se incorpora al Poder Judicial
- Jorge Luis Pérez Miércoles 7 de febrero de 2018 en Local
Pachuca, Hidalgo.- Enfrentará retos titánicos, este año, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.
Incorporará la Justicia Laboral a sus quehaceres y, además, la oralidad en materia civil, mercantil y familiar.
Carece de salas de oralidad y de jueces preparados para ambas necesidades, y requiere al menos de 400 millones de pesos para levantar obras y equiparlas, además de 160 millones de pesos para gasto anual de operación y sueldos.
La magistrada Blanca Sánchez Martínez, representante del Poder Judicial, señala: “Esas obligaciones constitucionales nos agarran al cuarto para la hora”.
A más tardar el seis de noviembre deberá comenzarse a trabajar la justicia laboral. Para ello se reformaron la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Señala que deben apurarse a crear por lo menos uno o dos juzgados y capacitar al personal.
Los juicios de oralidad primero en los procedimientos mercantiles, luego en los civiles y familiares, materias que van al alza en cuanto a recurrencia de casos en esta entidad.
Se avecina la entrada en vigor de un Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares para todo el país.
“En Hidalgo, a excepción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ningún juzgado civil o familiar tiene sala de oralidad. Por eso ya estamos analizando, primero, qué lugares son propiedad del Tribunal Superior de Justicia o dónde rentamos para así acondicionar las salas”, agregó.
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/justicia-laboral-se-incorpora-al-poder-judicial
¿Cumplirá México la promesa de reforma a la justicia laboral?
Al reasumir el Senado mexicano el 1º de febrero, la RSM ha publicado una Actualización sobre el debate cada vez más intenso entre dos proyectos de ley contradictorios que definirán si, y hasta dónde, la Reforma Constitucional al sistema de justicia laboral será implementada.
La Actualización compara y contrasta los dos proyectos, delinea el cronograma de la eventual aprobación de la versión final de la legislación secundaria, y describe el posible impacto de las negociaciones del TLCAN en el proceso de reforma de la justicia laboral.
El 27 de diciembre de 2017, dos senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, presentó un proyecto de ley al Senado que, de aprobarse, socavaría, y hasta podría anular, los avances más importantes en la Reforma Constitucional del sistema de justicia laboral del país que se convirtió en ley en febrero de ese año.
Estos dos senadores son líderes de “sindicatos oficiales” corruptos, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), notorias por firmar contratos de protección del empleador sin conocimiento ni consentimiento de las trabajadoras(es). Se cree que los proyectos se originaron en la rama ejecutiva del gobierno y el sector privado.
Un segundo proyecto, presentado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y presentado al Senado por un senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluye varias disposiciones que reforzarían la Reforma Constitucional.
Los sindicatos independientes y defensoras(es) de los derechos laborales en México ya han cuestionado los proyectos y se movilizan en su contra. También se oponen sindicatos en Canadá y los EE.UU., y los sindicatos globales. Antes de la presentación de los proyectos, el Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) había votado expulsar a la CTM y la CROC por su práctica de firmar contratos de protección del empleador.
En la RSM, seguimos trabajando con nuestros socios en México para monitorear desarrollos relacionados con las reformas a la justicia laboral y promover la discusión y el debate sobre los temas de la reforma y su implementación.
En julio de 2017, la RSM publicó un Documento Informativo titulado Reforma a la Justicia Laboral en México. Basado en investigaciones propias de la RSM y entrevistas en profundidad con 16 expertos en derechos laborales mexicanos e internacionales, analiza la Reforma Constitucional del gobierno mexicano de febrero de 2017 y plantea interrogantes y preocupaciones sobre cómo sería implementada. Muchas de estas preocupaciones tienen ahora mayor importancia dado el contenido problemático del proyecto de la CTM/CROC.
http://www.maquilasolidarity.org/es/una-propuesta-de-ley-que-puede-afectar-la-reforma-la-justicia-laboral-de-mexico
Capítulo laboral no frena renegociación del TLCAN
El titular de la STPS, Roberto Campa, expuso que México tiene sus propios tiempos en cuanto a revisión del aumento al salario.
María Del Pilar Martínez
07 de febrero de 2018, 00:47
- El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, afirmó que el capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, pese a las acusaciones que se hacen, desde Canadá y Estados Unidos, en contra de nuestro país por el pago de bajos salarios.
En conferencia de prensa, el funcionario de la STPS aseguró que ésta “es una discusión que el gobierno de México está dando en la mesa de negociación y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupos de interés, por más validez que éstos tengan. Ha sido en la mesa donde México ha expuesto cuáles son las condiciones y los márgenes y confiamos que éste no será un elemento que dificulte la renegociación”.
Agregó que la renegociación del Tratado “avanzará a partir de elementos de racionalidad y que tendremos pronto un tratado convenido por las tres partes”.
Cabe señalar que en días pasados, senadores demócratas enviaron una carta al presidente Donald Trump, en donde expresaban la necesidad de tener reglas más estrictas en materia ambiental y también en lo relacionado a los derechos laborales en donde México, incluso, ha reducido los salarios manufactureros.
De cara a la séptima ronda de negociaciones, misma que se desarrollará en la Ciudad de México a finales de este mes, el titular de la política laboral expuso que nuestro país tiene sus propios tiempos de revisión al salario, y en esa materia habrá de realizarse una nueva convocatoria, en marzo, para analizar un posible incremento.
Asimismo, agregó que las quejas que presentaron organizaciones sindicales de México y de Estados Unidos respecto a las posibles violaciones laborales que traería la reforma laboral no afectan las negociaciones del TLCAN.
EJES DE POLÍTICA LABORAL
Campa Cifrián presentó los ejes de la política laboral, de cara a lo que resta del sexenio, en donde se impulsará la generación de empleo formal, “para cumplir con la meta de 4 millones de empleos” inscritos en el Seguro Social, así como establecer compromisos para reducir la informalidad y avanzar en la justicia laboral.
Además, indicó que lejos de reportar afectaciones por las acusaciones provenientes de Estados Unidos, “los indicadores de empleo y los indicadores de exportaciones son muy positivos, tenemos cifras récords en industrias que han sido particularmente objetivo de estridencias como la automotriz. Creo que la información que tenemos hasta ahora es positiva, yo recibí aquí hace unos días a representantes de la industria automotriz y a representantes de los trabajadores y lo que vinieron a traer son anuncios de inversión, son anuncios para mejorar las plantas para generar empleos”.
AFINAN DETALLES PARA LEYES SECUNDARIAS
Reforma laboral mantendrá candado en la subcontratación
El texto final de las leyes secundarias que darán cumplimiento a la reforma constitucional en materia de justicia laboral estará listo para la fecha prevista del 25 de febrero, para lo cual el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, trabaja de manera cercana con senadores y representantes de los factores de la producción.
En ese sentido, afirmó que hay temas que claramente tendrán que salir de la discusión, como es el caso de la subcontratación porque “no cumple con el fin” que fue propuesto y requiere de una revisión profunda.
“La STPS considera que el contenido que está hoy en la iniciativa no cumple con los objetivos que se plantearon, y naturalmente estamos a favor de que se mantengan, por lo menos, las tres condiciones incluidas en la reforma del 2012”, enfatizó.
En la contratación a través de outsourcing, “claramente hay abusos en este esquema de contratación y es algo que hemos discutido con los líderes obreros, pero también con los dirigentes de los empleadores, y creo que ellos también tienen la convicción de que esto tiene que corregirse por dos vías. Una es la laboral, a nosotros nos corresponde garantizar que se cumpla con las tres condiciones que marca la ley, y la otra es la fiscal”.
Cabe señalar que desde el Ejecutivo se presentará, el 26 de febrero, la terna para elegir a la persona que se encargará de presidir el nuevo Instituto de Conciliación y Registro.
El titular del Trabajo dijo que la creación de un nuevo organismo, en el que haya una presencia tripartita, no desvía el objetivo de la reforma —desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y crear tribunales laborales— “en el contenido judicial, lo primero que conviene recordar es que la parte principal de la reforma ya está resuelta”.
Agregó que las juntas tanto federales como local seguirán recibiendo asuntos hasta noviembre, fecha en la que entrarán en operación los tribunales que comienzan con carga cero.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capitulo-laboral-no-frena-renegociacion-del-TLCAN-20180207-0012.html
Las trampas de una iniciativa laboral
Por: Graciela Bensusán
La reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 fue una estrella fugaz. Prometió el fin del tripartismo en el sistema de justicia laboral, un esquema que por décadas fue el soporte del régimen corporativo-estatista que, en el contexto del modelo exportador, generó pocos ganadores y muchos perdedores, y entregó a un órgano nacional autónomo el registro de los sindicatos y los contratos colectivos, terminando con la ineficiente distribución de competencias entre los ámbitos federal y local.
Fue precisamente en el ámbito local donde hubo mayor inequidad entre las organizaciones sindicales contendientes y la influencia de los gobernadores en los conflictos laborales frustró el acceso a la justicia para los trabajadores y sindicatos independientes. La medida legislativa parecía una excelente noticia.
Más tardamos en asimilar la importancia de estos cambios para transitar por fin al siglo XXI, que sus oponentes en diseñar una iniciativa de ley reglamentaria que amenaza con llevarnos al siglo XIX, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
Como ha venido sucediendo en las últimas cuatro décadas bajo los imperativos de un modelo económico probadamente fallido, el viejo sindicalismo reclama seguir beneficiándose de un arreglo que obliga a pagar el precio de su complicidad y corrupción para facilitar la más extrema flexibilidad laboral y los salarios más bajos de la región.
A su vez, gran parte del sector empresarial sigue resistiéndose a aceptar un derecho humano fundamental: la libertad sindical y de negociación colectiva. Ni qué decir que el gobierno actual cobija estos intereses ilegítimos en un juego tramposo en el que después de dar un paso adelante con la reforma constitucional, busca la complicidad del sindicalismo para dar dos pasos atrás.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional –presentada por dos conspicuos senadores de la CTM y la CROC el 7 de diciembre último, en medio de conflictos entre ambas centrales por intereses internos, ajenos a los de los trabajadores– está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales. Incluso eliminan los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 impuso a favor de los trabajadores al restringir la libertad patronal de subcontratación.
Entre los más graves retrocesos está la pretensión de eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservado en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía el emplazamiento a huelga. Como hasta ahora, bastaría el acuerdo con el empleador para que el sindicato acredite su representatividad con la pura documentación, sin consulta a sus agremiados, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Es igualmente inaceptable incluir la representación de sindicatos y empleadores en el órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, a la par que se otorga a un órgano administrativo competencias jurisdiccionales en la resolución de conflictos colectivos que corresponden al Poder Judicial. En la respuesta del gobierno de México a la queja que la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó a la Organización Internacional del Trabajo, se aclara que “esta propuesta no tiene identificación de organización sindical alguna para esta integración (por lo que) la participación en su órgano de gobierno se determina a partir de un criterio de representatividad numérica, de la cual se tiene certeza a partir de los registros sindicales con que cuenta la autoridad”.
Esta respuesta merece tres comentarios. Primero, permitir que la representación de los sindicatos y de los empleadores tenga voz en el órgano que resuelve el registro de sindicatos y contratos colectivos es llevar al órgano de nueva creación un conflicto de interés que estuvo históricamente presente en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que firmó la respuesta a la CSI, quiere hacernos creer que la representatividad numérica de las organizaciones sindicales, de acuerdo con sus registros o los de las juntas locales de conciliación, goza de alguna credibilidad, cuando se trata de mayorías artificiales. La autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores son los que ayudarían a legitimar, si se quiere de manera gradual, a la representación sindical.
Por último, otorgar a un órgano administrativo así integrado funciones que van más allá de la conciliación y competen a la justicia laboral en temas de contratación colectiva y derecho de huelga, anularía los aciertos de la reforma constitucional al trasladar los conflictos laborales a un ámbito independiente con las garantías del debido proceso.
La recomendación, aparentemente girada desde la STPS, para que las legislaturas locales adopten leyes que establezcan la estructura tripartita de los órganos locales de conciliación y regulen su operación, ignorando que constitucionalmente ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es preocupante. El único apoyo jurídico sería una disposición transitoria en el artículo 123 que ordena que las legislaturas de los estados hagan las adecuaciones necesarias para cumplir con dicho precepto. ¿De verdad se quiere otorgar a las legislaturas locales competencia para legislar en materia de trabajo o es una estratagema de dudosa constitucionalidad para salir del paso ante las objeciones a la reforma?
Un escenario como el actual, en donde un muy competido y polarizado proceso electoral opaca temas cruciales de la agenda nacional, aunado al poco interés que el devenir de la institucionalidad laboral genera en diversos sectores de la sociedad, abre el paso a estas maniobras. Parecería que sólo la presión externa, que llevó al gobierno a presentar la iniciativa de reforma en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), logrando en menos de 10 meses las mayorías necesarias para su aprobación, podría obligar a desandar este sinuoso camino. Sin embargo, reglamentar los principios constitucionales en este contexto es desaconsejable. La reforma de la LFT de 2012 se logró después del proceso electoral de ese año y resultó del acuerdo entre el presidente saliente y el candidato ganador, apoyado por legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios. Cualquier reglamentación regresiva carecerá hoy de legitimidad y, más que resolver, complicará la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, toda vez que el mercado laboral es el principal generador de pobreza y desigualdad y, por ende, una traba para el crecimiento y el desarrollo.
Revista PROCESO
3 de febrero de 2018
*Profesora de la UAM-Xochimilco
Capítulo laboral no frena negociación del TLCAN: STPS
Foto: Reuters
El secretario de Trabajo aseguró que los negociadores de México “están llevando esa discusión en la mesa y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupo de interés por más validez que tengan.
María Del Pilar Martínez
06 de febrero de 2018, 11:51
El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) Roberto Campa Cifrián, afirmó que el capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del Libre Comercio (TLCAN)”, pese a las acusaciones que se hacen a nuestro país por los bajos salarios desde Canadá y Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el funcionario de la STPS, aseguró que los negociadores de México “están llevando esa discusión en la mesa y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupo de interés por más validez que tengan, esto ha sido en la mesa en donde México ha expuesto cuáles son las condiciones y los márgenes”.
Campa Cifrián presentó los ejes de la política laboral, en la que se concentrará lo que resta del sexenio, impulsando la generación de empleo formal, “para cumplir con la meta de 4 millones de empleos” inscritos en el Seguro Social, así como establecer compromisos para reducir la informalidad y avanzar en la justicia laboral.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capitulo-laboral-no-frena-negociacion-del-TLCAN-STPS-20180206-0043.html