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Políticaabril 16, 2019

Más de 60 organizaciones exigen que la Reforma Laboral de AMLO garantice trabajos dignos

Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo
abril 14, 2019
“Acción Ciudadana Frente a la Pobreza” urgió a eliminar las “lagunas legales y normas contradictorias” que permiten la violación de derechos en materia laboral, pues la mitad de quienes trabajan como asalariados no tiene un contrato estable.
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- La reforma a la Ley en materia laboral mexicana, aprobada el 11 de abril por la Cámara de Diputados, fue calificada como un avance para el acceso al trabajo digno por la organización “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, sin embargo también exigieron esclarecer estructuras laborales que fomentan la pobreza.
Las modificaciones al artículo 1º de la Constitución mexicana fueron calificadas como positivas por el Frente en un comunicado en el que establecieron que estas volvieron vigentes los tratados internacionales sobre los derechos de la clase trabajadora.
“La libertad de afiliación sindical y el acceso a justicia laboral expedita y conforme a estándares internacionales del derecho al trabajo, incluidos en esta reforma laboral, son un avance por lo que es importante que el Senado apruebe la reforma”, citó el texto.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, señaló que hasta el momento persisten estructuras laborales que son “fábricas de pobreza”, pues crean modelos de negocio con bajas remuneraciones y que dejan en la indefensión legal a quienes trabajan en ellas.
“Estas prácticas supuestamente tienen sustento legal, pero en realidad son una evidente violación del derecho al trabajo digno, esto también debe transformarse pronto” dijo.
“Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, que aglomera a más de 60 organizaciones sociales, urgió a eliminar las “lagunas legales y normas contradictorias” que permiten la violación de derechos en materia laboral, pues de acuerdo con su cifras, la mitad de quienes trabajan como asalariados no tiene un contrato estable, es decir 17.5 millones de personas, el 51 por ciento del total de asalariados, no ha tenido acceso a una contratación legal total.
La organización ubicó al menos 4 prácticas laborales que a su parecer deben desaparecer: contratos temporales a quienes trabajan con funciones permanentes; contratos “por honorarios asimilables a salarios”, pues permite evadir la afiliación obligatoria al al seguro social, violando este derecho laboral; abusos de las empresas de “outsourcing”; y los “contratos de protección” con sindicatos fantasmas, o dirigidos por líderes corruptos, pues violan los derechos a la libre afiliación sindical, a la defensa colectiva, a la contratación colectiva y a la huelga.
Acción Ciudadana denunció que estas prácticas han generado pobreza y relacionaron el índice de la pobreza laboral con estas condiciones laborales.
Señalaron que el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del Coneval ha señalado que 4 de cada 10 personas ocupadas “tienen un ingreso laboral por debajo del costo de la canasta alimentaria”, es decir, que vivirían en pobreza extrema. EN 2018 el índice se colocó en el 39.8 por ciento.
“En México se puede trabajar y ser pobre, incluso pobre extremo. Esto es inaceptable. Las bajas remuneraciones y la violación a la afiliación obligatoria al IMSS son posibles en parte por los contratos inestables y la falta de defensa y contratación colectiva. La reforma laboral es valiosa porque permite armonizar nuestra Ley del Trabajo a las disposiciones de Tratados Internacionales que regulan el derecho al trabajo digno, pero se tiene que avanzar cerrando espacios a las varias formas de violación de derechos que son fábricas de pobreza”, citó la organización.
El “Frente a la Pobreza” anunció que el lunes 29 de abril, presentará el Observatorio del Trabajo Digno, que buscará exponer un conjunto de indicadores del incumplimiento del derecho al trabajo frente a los tratados internacionales vigentes en México.

https://www.sinembargo.mx/14-04-2019/3566455

ONG piden que reforma laboral garantice trabajo digno y que ley no sea una “fábrica de pobres”

Sesión en San Lázaro. Foto: Hugo Cruz
POR PATRICIA DÁVILA, 14 ABRIL, 2019
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las más de 60 organizaciones académicas y de la sociedad civil que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, al anunciar la creación del Observatorio de Trabajo Digno, manifestaron su postura frente a la recién aprobada Reforma Laboral y demandaron que esta garantice el derecho al trabajo digno.
Alertaron de la urgencia de realizar cambios estructurales, ya que de lo contrario, la ley solo servirá como “fábrica de pobres”.
En el proyecto de reforma, afirma, subsisten los abusos de las empresas de “outsourcing” que en realidad actúan como patrón “sustituto”, y se basan en la violación del conjunto de derechos laborales; además de los “contratos de protección” con sindicatos fantasmas, o dirigidos por líderes corruptos o incluso creados y controlados por patrones, que además violan los derechos a la libre afiliación sindical, a la defensa colectiva, a la contratación colectiva y a la huelga.
Señalaron que entre los derechos esenciales, el prioritario, es la libertad de afiliación sindical y justicia expedita: “Urge transformar estructuras laborales que son fábricas de pobreza, pues los 17.5 millones de personas, equivalente a la mitad de quienes trabajan para un patrón y perciben un salario, carecen de contrato estable”.
De acuerdo con la OSC, la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados es un paso indispensable para garantizar el derecho al trabajo digno, conforme al mandato del Artículo Primero de la Constitución, que hace vigentes para nuestro país las normas de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Considera que la libertad de afiliación sindical y el acceso a la justicia laboral expedita y conforme a estándares internacionales del derecho al trabajo, incluidos en esta reforma laboral, son un avance por lo que es importante que el Senado apruebe la reforma.
“Sin embargo, persisten estructuras laborales que han sido, son y pueden seguir siendo –si no las cambiamos, fábricas de pobreza”.
Sobre las fábricas de pobreza, explica: “Son estructuras que crean modelos de negocio basados en bajas remuneraciones, en la indefensión de quienes trabajan y evadiendo la afiliación a la seguridad social. Estas prácticas supuestamente tienen sustento legal, pero en realidad son una evidente violación del derecho al trabajo digno, esto también debe transformarse pronto” señaló Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Las más de 60 organizaciones civiles agrupadas en el Frente a la Pobreza, señalaron que urge eliminar las lagunas legales y normas contradictorias que posibilitan formas laborales que violan derechos.
Informaron que, según datos oficiales, 17.5 millones de personas, o sea, el 51% del total de quienes trabajan para un tercero y perciben un salario, carecen de contrato estable.
Entre las prácticas laborales que deben transformarse, “frente a la pobreza” señala, que existen contratos temporales de personas que trabajan con funciones permanentes lo cual viola el derecho a la estabilidad laboral; contratos “por honorarios asimilables a salarios” que permite evadir la afiliación obligatoria al IMSS que violan el derecho a la seguridad social, acceso a servicios de salud y pensiones para el retiro.
Entre las más graves, menciona los abusos de las empresas de “outsourcing” que en realidad actúan como patrón “sustituto”, y se basan en la violación del conjunto de derechos laborales; además de los “contratos de protección” con sindicatos fantasmas, o dirigidos por líderes corruptos o incluso creados y controlados por patrones, que además violan los derechos a la libre afiliación sindical, a la defensa colectiva, a la contratación colectiva y a la huelga.
Todas estas situaciones generan pobreza. No es casual que una de las causas de la permanencia de la pobreza en nuestro país está directamente asociado a la pobreza laboral, tal y como lo ha venido señalando el CONEVAL, con la medición del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).
Indica que CONEVAL señala que 4 de cada 10 personas ocupadas tienen un ingreso laboral por debajo del costo de la canasta alimentaria, es decir, por su ingreso laboral vivirían en pobreza extrema. La medición de fines de 2018 lo ubica en 39.8%.
“En México se puede trabajar y ser pobre, incluso pobre extremo. Esto es inaceptable. Las bajas remuneraciones y la violación a la afiliación obligatoria al IMSS son posibles en parte por los contratos inestables y la falta de defensa y contratación colectiva”, señala.
Continúa: “La reforma laboral es valiosa porque permite armonizar nuestra Ley del Trabajo a las disposiciones de Tratados Internacionales que regulan el derecho al trabajo digno, pero se tiene que avanzar cerrando espacios a las varias formas de violación de derechos que son fábricas de pobreza”.
Las organizaciones civiles agrupadas en “Frente a la Pobreza” informaron que, para impulsar la agenda del derecho al trabajo digno, presentarán el próximo lunes 29 de abril, el Observatorio del Trabajo Digno, que difundirá información periódica sobre un conjunto de indicadores del incumplimiento del derecho al trabajo, conforme a estándares de tratados internacionales, que son vigentes en México por mandato del artículo primero de la Constitución.

https://www.proceso.com.mx/579656/ong-piden-que-reforma-laboral-garantice-trabajo-digno-y-que-ley-no-sea-una-fabrica-de-pobres?fbclid=IwAR01iNpaQnc8DzptfZVSFrOIxLTXD6aL9Yf2K2x-XUITxe5Aq5QdBs3-HCA

Políticaagosto 6, 2018

AMLO debe revertir la reforma de Calderón para salvar salarios y seguridad social, dicen analistas

Por Daniela Barragán
SinEmbargo
agosto 01, 2018 SECCIÓN economía
El Consejo Coordinador Empresarial expuso ya sus puntos mínimos al nuevo Gobierno federal para implementar en materia laboral. En un comunicado dijo que una de las prioridades era generar un ambiente para atraer inversiones y generar empleos a partir de las empresas y que había que fomentar el empleo como “la vía para salir adelante”.
¿Qué opciones da el empleo en México? Con la consolidación de la Reforma Laboral –aprobada durante la administración de Felipe Calderón e implementada por Enrique Peña Nieto– los resultados no son positivos. De acuerdo con especialistas y con los números, lo que se obtuvo fue pobreza y precariedad.
Andrés Manuel López Obrador durante su campaña centró sus propuestas laborales en trabajar en un aumento salarial y en las oportunidades a los jóvenes. Hasta el momento, el tema de la legislación en materia no ha sido tema.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto está por concluir su sexenio y con un país en crisis laboral, afirman economistas y abogados en materia de derechos de los trabajadores. Este enorme pendiente de su administración federal, coinciden, va más allá de sus constantes anuncios de creación de empleos: la realidad muestra que la mayoría de los mexicanos trabaja en la informalidad y que los que son formales no tienen los derechos básicos ni gozan de un salario que pueda salvarlos de la pobreza.
Las cifras sobre la situación laboral durante la administración de Enrique Peña Nieto muestran que en México no se vive una situación de “pleno empleo”. De acuerdo con los números presentados por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la tasa de desempleo se ubicará este año en 3.36 por ciento y con 684 mil empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero si esos empleos se analizan por su nivel salarial, al cuarto trimestre de 2017 el 31.44 por ciento son empleos de uno hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento es de dos hasta tres salarios mínimos, el 17.53 por ciento es de hasta un salario mínimo, el 14.81 por ciento es de más de tres y hasta cinco salarios mínimos, el 7.57 por ciento no recibe ingresos y sólo el 5.37 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos.
Esa es la realidad heredada ahora con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): de los 746 mil nuevos empleos creados en 2017, 272 mil corresponden a plazas con ingresos de hasta tres salarios mínimos, mientras que 363 mil se perdieron en los segmentos de mayores ingresos.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el cuarto trimestre del año pasado, el 31.44 por ciento de los nuevos empleos generador son de uno hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento es de dos hasta tres salarios mínimos, y el 17.53 por ciento es de hasta un salario mínimo.
Y así, aun con trabajo, surge la pobreza.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Un informe del Observatorio de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de América Latina detalló que el salario mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que una familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y en consecuencia, sólo el 21 por ciento puede comprar la canasta básica, incluido ahí el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.
Según ese documento, el 74 por ciento de la población pobre lo es por el factor de los ingresos, mientras que la pobreza general aumentó 3 puntos porcentuales, según el estudio realizado por la Ibero, situándose en 65 por ciento total de la población.
¿Cómo se aborda esta realidad? De acuerdo con académicos consultados por SinEmbargo, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad, si quiere, de dar golpes inmediatos, pero también tiene la opción de dar “paliativos”.
MODIFICAR [O TIRAR] LA REFORMA LABORAL
Héctor Rubio, coordinador del Colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno federal es reconocer que “estamos o que llegamos al peor de los escenarios, con leyes que no se aplican y/o que no funcionan”.
Desde su perspectiva, el agravante de esta situación es que hasta este momento y durante este sexenio, las decisiones se tomaron contra toda evidencia y se optó por implementar acciones cosméticas que no mejoraron la vida de las personas.
Para Alfredo Bravo Olivares, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un primer gran paso del nuevo Gobierno de López Obrador será abordar la viabilidad de la subcontratación con miras a eliminarla.
“Que se acabe ese mecanismo de subcontratación que lo único que genera es precarización laboral, porque es trabajo sin ninguna prestación social. El outsourcing ha generado que los esquemas salariales sean más bajos porque la empresa en cuestión contrata a la empresa que opera como outsourcing y ésta se lleva una ganancia que va en detrimento del salario del trabajador. Si se elimina a esos intermediarios y se obliga a la empresa a que contraten directamente, se acabará con el negociode unos cuantos”, dijo.
Para el economista, la Reforma Laboral precarizó las condiciones de los trabajadores y tanto los organismos del Gobierno federal como las empresas se han lavado las manos mientras que los trabajadores viven en condiciones de miseria, por lo que sería erróneo pensar que con solo eliminar el outsourcing se mejorarán las condiciones del trabajador, aunque sí se garantizaría el goce de derechos laborales.
México usó salarios de hambre como imán de inversión en TLCAN, y ahí gestó su fracaso: analistas
En este sentido, Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó que la propuesta que se ha presentado es la de mejorar el nivel de vida a través del mercado de trabajo con el concepto de flexibilidad laboral con seguridad, que consiste en que para todos los participantes del mercado de trabajo, sea formal o informal, debe estar garantizada la seguridad.
“Lo que debería de hacer la siguiente administración es buscar las condiciones para que el mercado de trabajo efectivamente sea flexible, pero sin desproveer de seguridad al momento de pasar de un sector a otro, de un empleo a otro, de una actividad a otra. El problema de toda la población laboral es que cada vez es más reducido el sector formal donde se puede tener un trabajo de calidad y estable, entonces lo primero que hay que hacer es ampliar el sector formal y la forma es eliminando todos los impuestos o contribuciones que estén ligados al trabajo, como los impuestos a las nóminas, las contribuciones a la seguridad social todo obstáculo para hacer una contratación a bajo costo”, explicó en entrevista con este diario digital.
Bravo Olivares agregó que la urgencia de acciones concretas y directas es para comenzar a erradicar las consecuencias de la Reforma Laboral, “convirtió a México en el país de América Latina con el peor esquema salarial y en el país del mundo donde más horas se trabaja. Si no se modifica eso que ya está en la ley y que les permite actuar a las empresas libremente, las condiciones de los jóvenes y de los adultos y de todos los trabajadores en general, van a seguir por las calles de la amargura”.
Lo primero que hay que hacer es ampliar el sector formal y la forma es eliminar impuestos o contribuciones que estén ligados al trabajo, como los impuestos a nóminas y las contribuciones a la seguridad social, todo obstáculo para hacer una contratación a bajo costo, dice Rodolfo de la Torre.
LOS SALARIOS Y LOS EMPRESARIOS
La reacción de los empresarios mexicanos es el reto que se observa en puerta cuando se aborde el tema salarial, que es uno de los que podría salir más rápido.
Par Rubio, desde el primer minuto de esa administración se puede decidir la existencia de la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasami). Para Acción Ciudadana esta institución no tiene ninguna razón de ser y además los resultados que ha arrojado en los últimos 25 años es el empobrecimiento de los trabajadores y la precarización de las condiciones en el mercado laboral.
La Conasami ha sido presidida por Basilio González Núñez por 26 años. Actualmente es el funcionario público más veterano de México y en casi tres décadas no ha logrado que el salario mínimo llegue a un nivel de bienestar para los mexicanos. Sin embargo, él sí ha logrado que su fortuna crezca.
El hombre que ha negociado con cinco Presidentes de la República, 11 Secretarios del Trabajo, que trabajó durante el salinismo y luego con el zedillismo al tiempo de la crisis financiera de 1995; el contemporáneo de los asesinatos del candidato y secretario general del PRI, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, así como la muerte del octogenario dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez Sánchez, jamás ha aceptado hacer públicos sus bienes patrimoniales.
Durante el peñanietismo, el salario bruto de González Núñez se ha mantenido prácticamente igual: en 2014 era de 173 mil 466 pesos, en 2015 fue de 173 mil 436, en 2016 fue también de 173 mil 436. Es decir, sólo durante esta administración federal ha percibido más de 10 millones de pesos.
“Se tiene que acabar con la absurda contradicción de trabajar y ser pobre. En México el trabajo es un factor que produce pobreza”, afirmó Rubio sobre el papel de la Conasami.
De la Torre expuso que aunque los salarios no están por completo en manos del sector público o de políticas públicas, el nuevo gobierno sí puede enviar señales de mejorar los salarios mínimos y los máximos.
En cuanto al salario mínimo, el CEEY observa un margen para elevarlo gradualmente a los 100 pesos diarios, y mejorar las condiciones de vida para los trabajadores que menos ganan.
El académico de la UNAM recordó las exigencias de Estados Unidos y Canadá hacia México para que eleve sus salarios en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sin embargo consideró que las exigencias de los empresarios mexicanos tendrán más peso.
“Está el decálogo del CCE: están a favor de que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores pero sin modificar los esquemas fiscales. Los empresarios mexicanos quieren que se quite el impuesto sobre nómina, así pueden dar más prestaciones o incrementar salarios, pero no quieren sacrificar el 15 por ciento de sus ganancias anuales para incrementar salarios. Lo siguen dejando como tarea de una oficina que determina un aumento anual”.
“Claramente tenemos que transitar hacia esquemas de mayor flexibilidad laboral porque así es la realidad del mercado laboral en todo el mundo, pero lo que no se ha hecho en México es la seguridad social para los trabajadores. En otros países donde hay reformas de flexibilidad no son solo para los empresarios, sino que es, sobre todo, para los trabajadores. La reforma laboral ha privilegiado la flexibilidad, pero o ha puesto énfasis en la protección de los trabajadores”, sostuvo Rubio.
“Quieren que les cobren menos impuestos y sólo así ellos pueden pagar más. Los niveles de desigualdad exigen que sean los empresarios los que se aprieten el cinturón y esa es la tarea que tiene que cumplir Obrador para toda la gente que salió a votar por él, que está esperando eso. La gente está esperando que se revierta la desigualdad existente sobre la base de las leyes. Los cambios llevan tiempo, pero si no camina por ahí no tendrá ningún significado para los trabajadores y seguirán en las mismas condiciones”, agregó Bravo Olivares.
EL RETO CON LOS JÓVENES
Los investigadores coincidieron en que uno de los principales problemas a atender son los jóvenes. Para De la Torre, lo que debe incentivarse es que su primer empleo sea en el sector formal, ya que se ha observado que eso determina después una trayectoria laboral exitosa.
Rubio agregó que México inicia en 2018 una etapa de bono demográfico que concluirá entre los años 2030 y 2035.
“Lo que hagamos o dejemos de hacer como país con los jóvenes, empezando ya, va a determinar el futuro y la viabilidad que México. Lo que se ha hecho con los jóvenes es cerrarles las puertas, las oportunidades y eso ha repercutido en bajos niveles de crecimiento económico, baja productividad. Y también en altos índices de violencia, que empiezan justamente porque los jóvenes no tienen oportunidades y no están logrando encontrarse en el mercado laboral, que no les ofrece empleos y los que hay son mal pagados o con altos niveles de precarización”, planteó.
Bravo Olivares criticó la forma en como son contratados bajo la idea del “primer empleo”.
“Ocurre en la Auditoría Superior de la Federación (ASF): contrata becarios para que ‘vayan agarrando experiencia’, pero con un salario de una tercera parte de lo que pagaría a un profesional con experiencia. Cuando se acaba el tiempo de becarios, se va y llega otro. Así también trabajan las empresas privadas: te doy un salario precario pero vas a aprender”, dijo Bravo.
Por Daniela Barragán

http://www.sinembargo.mx/01-08-2018/3450631

Empleofebrero 22, 2018

Más pobreza por precarización laboral y alza en inflación: IP

Persiste el bajo crecimiento económico en el país, advierte
Julio Reyna Quiroz
Periódico La Jornada
Lunes 19 de febrero de 2018, p. 21
El sector privado manifestó su preocupación porque la precarización laboral se acentuó al cierre del año pasado y el repunte en inflación se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad.
Los salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos, pues el aumento en la ocupación, 1.1 millones, consiguieron un empleo con hasta dos salarios mínimos, pero el empleo en los rangos superiores a dos salarios mínimos se redujo en 1.6 millones, detalló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
En un análisis semanal sobre la actividad económica, el organismo señaló que genera incertidumbre que el segmento de ocupados con ingresos no especificados aumentó en 1.2 millones de personas, a un total de 7.6 millones de ocupados en esas condiciones, es decir, poco más de tres veces el total de ocupa- dos que ganan más de cinco salarios mínimos.
Preocupa que la precarización del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución en el bienestar de los hogares, resaltó el Ceesp, y agregó que otro problema preocupante es el efecto del repunte de la inflación, el cual propició una pérdida del poder adquisitivo que, a su vez, se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad y un consumo que no crece de manera pujante.
Al referirse a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Ceesp afirmó que era de esperarse que los niveles de pobreza aumentaran nuevamente, dadas las condiciones de bajo crecimiento económico, elevada inflación y una mala distribución del ingreso, antes y después de transferencias. Con base en cifras del Coneval, el organismo recordó que en el último trimestre de 2017, el poder adquisitivo del ingreso real registró una disminución de 2.5 por ciento respecto al mismo lapso del año previo, después de dos años consecutivos con una recuperación.
Estas condiciones llevaron a que el porcentaje de la población con ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria aumentara de un porcentaje de 40 por ciento en el cuarto trimestre de 2016, a 41 por ciento en el mismo lapso del 2017.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/19/economia/021n1eco

Justicia Laboralenero 5, 2018

La política laboral: causante de la pobreza

Por Roberto Morales Estrella
2 enero, 20
Dos titulares del Ejecutivo federal se han autoproclamado “presidente del empleo”; ponerse ese mote es una burda máscara para fingir la carencia del sentido social de su gestión presidencial, nos referimos tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto.
Desde de la década de 1980, los presidentes no han hecho otra cosa que seguir los lineamientos tácitos y explícitos del Consenso Washington, orientados a transformar todo en mercancía, más allá de los recursos económicos y financieros que por su propia naturaleza son mercancías, pero ahora también son mercancías, a través de la propiedad industrial e intelectual, la ciencia, tecnología e innovación, incluso los recursos naturales que integran la biodiversidad, sin faltar los derechos humanos y las prestaciones sociales.
Desde la década de 1980, ya sean panistas o priistas, los gobiernos tienen en común el modelo económico neoliberal y depredador, manteniendo los salarios bajos como oferta para atraer inversiones extranjeras, fórmula que ya no funciona ante la reforma fiscal de Trump, quien hoy apoya el aumento de salarios a los mexicanos, para hacer menos atractivo invertir en tierras mexicanas, y con impuestos norteamericanos más bajos, llevarse los capitales a Estados Unidos (EU).
A principios de diciembre de 2017 se presentaron las iniciativas de la reforma laboral que incluyen la Ley Federal del Trabajo, como a la que se refiere al organismo encargado de registro de contratos colectivos y de conciliación.
Iniciativas que se caracterizan por ser anticonstitucionales y violatorias de convenios internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que cancela derechos laborales al dar lugar a la subcontratación vía outsourcing, proceso a cargo de un subcontratista y del patrón, por lo tanto el trabajo pasa ser una mercancía más, eliminando el derecho de huelga.
El director del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos no tiene derecho a voto, quedando el control en manos de los sindicatos CROC y CTM leales al gobierno y enemigos de los obreros, invalidándose además el artículo 78 de la Ley General de Transparencia, ya que sustituye la obligación de la autoridad de publicar y mantener actualizada la documentación contractual y sindical, cambiándola por simples índices y versiones públicas.
A petición de los dueños de las líneas aéreas hoy se limita la libertad de asociación y contratación colectiva, pero lo más grave de estas reformas es la cancelación de las garantías de aviso de despido por escrito, dejando en indefensión a los trabajadores frente a los términos otorgados por los patrones, esto significa un retroceso histórico de los derechos laborales.
En este marco legal kafkiano, vemos que en materia salarial México está en las peores condiciones, dado que los ingresos de los trabajadores registran un retroceso significativo.
El salario mínimo tiene como objetivo proteger a los trabajadores contra el pago de salarios indebidamente bajos, por lo que la política de salarios mínimos es un factor estratégico para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la reducción de la desigualdad y pobreza.
Según la OIT, en el periodo 2005-2015 la media de las mejoras salariales en las naciones latinoamericanas fue de 3.6 por ciento, pero en México fue de solo 3.0 por ciento; para el tercer trimestre de 2017, en materia de salarios reales solo Perú y México registraron una contracción de menos 1 por ciento. Mientras que en 10 años el salario en China creció en 225 por ciento, en Rusia y Turquía 45 por ciento, en México se redujo en 25 por ciento.
El salario mínimo, que entró en vigor a partir del primero de diciembre de 2017, es de 88.36 pesos, insuficiente para adquirir la canasta básica que cuesta 94.06 pesos, pero el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) Basilio González expresó que el salario mínimo sí alcanza; claro, el gana 5 mil 787.22 pesos diarios, más 21 prestaciones, entre las cuales están vehículo con todo y gasolina, gastos médicos mayores, celular, ayuda de despensa, pago por riesgo (no se vaya a caer), etcétera. Así, sí alcanza.
Cabe citar que Carlos Slim registró un aumento en su fortuna en 2017 de 12 mil 500 millones de dólares, o sea que su capital suma 67 mil millones de dólares. ¿Y los campesinos y obreros?
Eso de que se han creado 3 millones 328 mil empleos en lo que va del sexenio suena irreal, al respecto cabe reflexionar, ¿cuántos de esos empleos son realmente nuevos?, porque mientras el empleo crece, el PIB decrece, dado que el sector industrial cayó en menos 1.2 por ciento en el tercer trimestre de 2017, y en cinco años de la gestión Peñista han cerrado más de 600 mil Pymes.
Segundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 15 tipos de aseguramiento: cinco obligatorios y 10 voluntarios. ¿Cuántos de los que reportan como nuevos empleos ya los dieron de baja? Tercero, los precios no dejan de subir, por lo que la inflación de 6.63 por ciento ya ha deteriorado los aumentos de 80.04 y de 88.36.
Generar empleo sin calidad en remuneraciones, prestaciones sociales y seguridad es vivir en un proceso de precarización cada vez mayor, por ello autonombrarse “presidente del empleo” es una ofensa para los mexicanos. ¿No lo cree usted?