Ernesto Santillán
A pesar de que la actual administración, como parte fundamental de la 4T, establece en su Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de crear de forma masiva empleos productivos, permanentes y bien remunerados, al día de hoy persiste la precariedad en las condiciones laborales de miles de trabajadores
May 22, 2019
Para lograr la transformación del país de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato, resulta fundamental poner al centro de la estrategia a los trabajadores.
A lo largo de los últimos tres sexenios, la precarización laboral en el país ha ido en aumento.
De acuerdo con cifras del Observatorio Trabajo Digno, muchas estructuras laborales que prevalecen en México son fábricas de pobreza.
En los resultados de su último estudio, la organización reveló que 8 de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones laborales dignas, de manera que 25.6 millones, el 80 por ciento, se encuentran en esta situación.
Poco más de la mitad de quienes trabajan con sueldo y para un patrón tienen una remuneración insuficiente, esto quiere decir que el salario de 15.6 millones de empleados no alcanza para comprar la canasta básica.
8 de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones laborales dignas, de manera que 25.6 millones, el 80 por ciento, se encuentran en esta situación
Los datos también revelan que cuatro de cada 10 asalariados que laboran para un empleador carecen de seguridad social, por lo que 14.6 millones de ciudadanos son forzados a la informalidad por quienes los contratan ya que no realizan la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunado a esto, poco más de la mitad de los ciudadanos que laboran con salario y para un patrón, es decir, 17.6 millones, carecen de un contrato laboral estable.
En conclusión el observatorio indica que la condición más vulnerada es la falta de afiliación sindical, que afecta a 29.5 millones de personas, es decir, el 87 por ciento.
Estas cifras prenden las alarmas al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que aseguran que la creación de empleos dignos no sólo es una prioridad para el gobierno en turno, sino que es parte de la columna vertebral para revertir otro de los más grandes problemas que enfrenta México: la desigualdad, la cual, a su vez, fomenta la corrupción, la inseguridad y evita que la economía crezca al ritmo que se busca, entre otras cosas.
“Una de las tareas centrales del actual Gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables.
“Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados.
“Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales.
“Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética, perniciosa y económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y para el fisco, que no puede considerarlos causantes”, dice el PND
COMPROMISOS EN DUDA
A seis meses de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, los avances para poder cumplir con estos compromisos aún no son visibles.
De acuerdo con los últimos datos que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los primeros cuatro meses del 2019, se creó el menor número de puestos de trabajo en los últimos seis años.
Si se analizan los empleos generados el primer cuatrimestre del 2019 y se comparan con el 2018, se aprecia una caída del empleo de 34 por ciento.
Además de que la informalidad también ha crecido, pues durante el primer trimestre del año, esta población fue de 1.9 millones de personas, es decir 172 mil 348 más respecto al mismo periodo del año anterior.
“Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores al seguro social es suicida para el IMSS.
“La mayor corrupción del Seguro Social es la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que roban el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores, porque con esas cuotas ficticiamente bajas, los trabajadores pierden jubilación, pensión de viudez, mejores créditos de vivienda y cobertura en protección social, y algunos patrones acumulan, inmoralmente, esos recursos”, acusa Germán Martínez en su carta de renuncia como titular de esta dependencia.
En la misiva, Martínez también señala a la Secretaría de Hacienda y a algunos de sus funcionarios como los principales responsables de la crisis por la que atraviesa el IMSS.
“Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”
Algunas de las denuncias de Martínez se reflejan en la situación en la que actualmente se encuentran diversos trabajadores que laboran para distintas dependencias del Gobierno federal como lo son: los maestros que dan clases en línea para la SEP tanto federal como para las locales, los empleados del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes dependen de la SSA Federal y algunos de los Servidores de la Nación que trabajan para la Secretaría de Bienestar. Todos ellos se encuentran contratados como prestadores de servicios o por outsourcing y no han recibido sus salarios completos ni cuentan con las prestaciones de Ley que todo trabajador debería tener.
UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO
La presión ejercida desde el gobierno de Estados Unidos para que México mejore las condiciones laborales de sus trabajadores si desean que el T-MEC sea avalado por su vecino del norte tuvo efectos inmediatos.
Ante el riesgo que el Congreso de Estados Unidos no apruebe el tratado, tanto diputados como senadores pusieron manos a la obra y el 1 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva en México.
Sin embargo, la Cámara de Senadores ya prepara un Parlamento Abierto para que la ciudadanía participe y pueda opinar sobre esta reforma.
La finalidad de este ejercicio es escuchar a trabajadores, organizaciones sindicales, al sector empresarial, a instituciones académicas, de investigación, de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil y demás organismos interesados en el tema con la finalidad de detectar nuevos cambios
Para el investigador de la UNAM y experto en el tema laboral, Alfonso Bouzas, esta reforma es un buen primer paso y uno muy importante para que los trabajadores mexicanos puedan hacer valer sus derechos, sin embargo hay temas pendientes que faltan por revisar y regular.
“Los cambios tendrán que irse adecuando conforme pase el tiempo y dependerá de cada sector participar en estos debates para que den a conocer su problemáticas particulares y que se apliquen los cambios necesarios a la Ley”.
Esto representa una buena oportunidad para diversos trabajadores que en lo que va del año se han quejado por las condiciones laborales en las que el nuevo gobierno los tiene.
Los maestros que trabajan para la SEP pero que imparten clases vía internet, por ejemplo, no han recibido sus salarios completos desde que comenzó el año.
Con la Reforma Laboral del 1 de mayo pasado y el Parlamento abierto que el Senado organizará para escuchar las propuestas de la sociedad civil en esta materia, se abre un espacio para que los sectores afectados den a conocer sus preocupaciones y se atiendan
No cuentan con un contrato laboral y acusan que han sido contratados por outsourcing o sólo como prestadores de servicios, por lo que no cuentan con servicios médicos, vivienda y sistemas de pensión y seguridad social. Un acto que consideran como una injusticia y una violación a lo contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
En una situación similar se encuentran los empleados del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes dependen de la SSA Federal.
“Nuestros pagos están detenidos por instrucción de presidencia a través de Hacienda.
“A mí y varios compañeros nos contrataron a mediados de febrero y se supone que ya se tenía el presupuesto autorizado, pero ahora nos dice el coordinador administrativo, Gonzalo Medina Hidalgo, que aunque no es un hecho que se cancelen nuestros contratos, lo que si es un hecho es que no hay fecha para que nos paguen el mes de abril ni lo que va de mayo” cuenta en entrevista una de las trabajadoras que prefiere mantener su nombre en el anonimato.
A la falta de pagos y de contratos que garanticen un trabajo digno se suman también algunos Servidores de la Nación que integran las Brigadas de Encuestadores que realizan el llamado Censo del Bienestar, quienes denunciaron que la Secretaría de Bienestar está pendiente con sus pagos desde el pasado mes de enero.
Como estos trabajadores hay miles más que se encuentran en la misma situación. Sin embargo, Alfonso Bouzas explica que esto no es algo nuevo, pues la precarización del empleo y la falta de estabilidad laboral es un problema que se viene arrastrando desde la década de los 80.
“Un tema en el que se debe prestar especial atención es en la terciarización, una de las tantas formas que los empleadores tienen de evadir sus responsabilidades laborales”
– Alfonso Bouzas
Investigador de la UNAM y experto en temas laborales
Este esquema no es del todo malo, también puede traer ciertos beneficios, pero se debe de cuidar que no sea utilizado por los empleadores para contratar servicios que van directamente relacionados con su materia, que es como se ha usado hasta ahora en perjuicio de los trabajadores”.
Por último, el especialista explica que el hecho de que el gobierno tenga contratados a tantos trabajadores bajo estos esquemas a los cuales, además de todo no les ha pagado, lo único que demuestra es lo inexpertos que son para manejar el presupuesto
“Este fenómeno responde a un gobierno novato e irresponsable que no sabe ejercer el presupuesto y que ahora está dando palos de ciego para ver de dónde saca dinero para cubrir sus necesidades”.
La precarización del empleo y la falta de estabilidad laboral es un problema que se viene arrastrando desde la década de los 80
LA LUCHA RINDE FRUTOS
Alfonso Bouzas asegura que para que los trabajadores sean escuchados en caso de que sus empleadores los ignoren y puedan hacer cumplir sus demandas en materia laboral, deben de organizarse, formar sindicatos y de ser necesario emplazar a huelga.
Este ejercicio ya rindió frutos para algunos trabajadores que durante años no habían sido reconocidos como tales.
Uno de los casos más recientes es el de los médicos residentes, quienes tras haber sido explotados durante generaciones, se unieron para exigir sus derechos como trabajadores.
Ahora, tras una serie de movilizaciones y reuniones tanto con diputados como senadores, lograron que en la Cámara alta se aprobara la reforma a la Ley General de Salud que establece que los médicos residentes podrán recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de salud, conforme a lo establecido en la normatividad vigente
El dictamen aprobado define al médico residente “como el profesional de la medicina que cumple con lo establecido en la ley y que ingresa a una Unidad Médica o Instalación Receptora de Residentes para cursar una especialidad de tiempo completo”.
Con esta reforma, además de mejorar sus condiciones laborales, los residentes también tendrán derecho a recibir asesoría y defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones relacionadas con el desempeño de sus actividades dentro de la residencia médica que realizan.
Otro caso de éxito en materia laboral es para las trabajadoras del hogar, quienes después de años de incansable lucha, finalmente lograron que en el Senado de la República se aprobaran las reformas a los artículos de la Ley Federal del Trabajo que les permitirán tener derecho a la Seguridad Social.
De acuerdo con el dictamen aprobado, estas reformas establecen la obligación de fijar bajo contrato escrito la relación laboral entre los y las trabajadoras del hogar y sus empleadores incluyendo la prestación del Seguro Social, la vigencia del contrato, las horas de trabajo, las remuneraciones y prestaciones adicionales, las vacaciones, pago de días descanso, aguinaldo y alimentación en lo general.
A través de un comunicado, el IMSS informó que el salario promedio de cotización para las personas trabajadoras del hogar inscritas será de 4 mil 842.93 pesos.
En México actualmente existen más de 2.5 millones de trabajadoras domésticas que podrían entrar en este esquema de seguridad social. Por ahora se calcula que más de 3 mil trabajadores de esta área ya reciben los beneficios
No obstante, Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM y experto en temas laborales explica que el trabajo y la salud no deberían ser dependientes uno del otro.
“Lo ideal sería desvincular el trabajo con el servicio de salud gratuito, universal y de calidad, sin embargo, las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra en este momento el país no lo permiten, esto no quiere decir que los trabajadores deban permanecer laborando bajo un esquema que les restringe sus derechos, pues yo creo que todo trabajador y humano debe tener acceso a la salud más allá de si cuenta con un empleo o no”.
Etiqueta: precarización laboral
¡Por una reforma laboral integral en favor de los trabajadores! NCT
Libertad y Democracia Sindicales sin control gubernamental · Abrogar la reforma neoliberal del 2012 contra la estabilidad en el empleo · Erradicar el abuso patronal de la subcontratación y todas las formas de simulación laboral · Disposiciones suficientes para combatir la precarización del trabajo · Fortalecimiento del sindicalismo auténtico para hacer realidad la democratización del mundo del trabajo
La Cámara de Diputados aprobó en días pasados una reforma trascendente a la Ley Federal del Trabajo (LFT), misma que se encuentra ya en manos del Senado de la República. Es necesario señalar de entrada que tal proceso de reforma se está haciendo con apenas una simulación de consulta, sin tomar en cuenta real y suficientemente al sindicalismo democrático, desde arriba, de manera paternalista aun cuando sus intenciones pudieran ser buenas. Tratándose de una reforma que se supone busca democratizar el mundo del trabajo esto es por lo menos un contrasentido. Si se abren por fin las puertas para una mayor libertad y democracia sindicales esto es sobre todo resultado de décadas de lucha y sacrificios de las organizaciones independientes de trabajadores, antes que de la gracia gubernamental o las presiones externas, y deberían ser las organizaciones democráticas las primeras en tomarse en cuenta.
Se alegan las prisas por cumplir con lo dispuesto en el Capítulo Laboral del nuevo tratado de libre comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para que sea ratificado cuanto antes por el Senado. Dejando de lado por el momento que México no tendría por qué estar tan ansioso de firmar un nuevo TLCAN, dadas las consecuencias desastrosas que han tenido más de veinte años de ese tratado, el hecho es que incluso no está claro si el Congreso de EU lo ratificará y cuándo. En todo caso, debería priorizarse que la reforma laboral cuente con el tiempo necesario para consultar y hacer partícipes a las organizaciones sindicales auténticas.
Dicho esto, es necesario reconocer que la reforma constitucional de 2017 y la de la LFT aprobada ahora por la Cámara de Diputados contienen disposiciones que pudieran significar un importante paso adelante en la consecución de mayor libertad y democracia sindicales y auténtica contratación colectiva, para incrementar la densidad sindical y empezar a erradicar el cáncer del “charrismo” y los “sindicatos” de protección patronal.
No obstante, tanto en la reforma constitucional del ’17 como en su actual reglamentación existen, inconsecuencias, lagunas y peligros que deben ser atendidos por el Senado. Es el caso de los artículos en los que la Conciliación, al convertirse en obligatoria, puede significar un obstáculo para el pronto acceso por parte de los trabajadores a la justicia, o sea para interponer sus demandas contra el patrón, o para un emplazamiento a huelga. También es el caso de que, con tal correctamente de acabar con la simulación sindical, se cae en un exceso de requisitos a cumplir por una representación sindical para proceder en sus tareas, así como el peligro de que se incurra nuevamente en una injerencia gubernamental indebida y se pueda violar la autonomía de la vida sindical. Cabe remarcar que los nuevos órganos de administración laboral no serían autónomos realmente sino organismos descentralizados, o sea, gubernamentales. Así mismo, el que la impartición de justicia pase al Poder Judicial no significa automáticamente que ésta será ahora sí expedita e imparcial, dada la negra historia de arbitrariedades, corrupción e impunidad que en este país tiene ese Poder Judicial. El principal problema del sistema tripartita, expresado en las Juntas, no era en sí mismo el modelo, sino la simulación y perversión existente en la representación de los trabajadores y, en consecuencia, el que en la práctica representaba una santa alianza corporativa contra los derechos de los trabajadores. Por cierto, es necesario advertir contra la tentación de establecer un nuevo corporativismo, aunque ahora pueda parecer “progresista”.
Pero el problema no está sólo en la reglamentación de la reforma constitucional, sino que la reforma pretende limitarse a aquélla, cuando existen otros múltiples males que aquejan a los trabajadores y los sumen en la precariedad laboral. Es decir, que avanzar en una mejor administración de justicia y en mayor libertad sindical, en procedimientos y derechos colectivos, es fundamental, pero éstos no son nada si la vulneración sistemática de los derechos individuales de los trabajadores los mantiene en la precariedad e inseguridad laborales y, por tanto, en la dificultad de ejercer sus derechos colectivos.
En este sentido, si se pretende realmente reformar el mundo del trabajo y dejar atrás la larga noche neoliberal, es fundamental anular la reforma neoliberal que Calderón y Peña Nieto cocinaron en 2012 con el objetivo primordial de acabar con la estabilidad en el empleo, dando todo tipo de facilidades a los patrones para contratar y despedir trabajadores a su antojo. De hecho, la mal llamada Reforma Educativa fue una prolongación de este objetivo, aplicado a los maestros.
Contradictoriamente, la reforma aprobada por los diputados sí se mete con algunos artículos más allá de la reglamentación de la reforma constitucional. Es el caso de algunos artículos relativos a los despidos, que aún son motivo de polémica en el propio campo democrático, dado que no son determinantes en la notificación debida del despido al trabajador, lo obligan a la conciliación antes de interponer una demanda y a presentar sus pruebas desde la primera audiencia, si bien establecen que la carga de la prueba recae en el patrón y que los juicios ahora serán órales y más expeditos.
Sin embargo, la reforma no va a fondo para revertir la reforma neoliberal del 2012. No se toca por ejemplo la absurda limitación de un año de salarios caídos, ni la facilidad para el patrón de contratar cada vez más eventualmente a los trabajadores.
Y, desde luego, un tema central: no se tocan los artículos relacionados con el “outsourcing”. La expansión del abuso patronal de esta figura es un verdadero cáncer para los trabajadores y sus derechos en este país. En realidad, estamos hablando de diversas y perversas formas de simulación laboral. La subcontratación, la tercerización, el insourcing (o sea la división en varias razones sociales de la misma empresa), el trabajo por honorarios, “por proyecto”, a través de plataformas digitales (“trabajadores Uber”), todas con el objeto de eludir responsabilidades patronales, incumplir derechos laborales, pagar salarios miserables, prevenir la organización y contratación colectiva auténticas, precarizar el trabajo y mantener sometidos a los trabajadores. Se trata de un proceso de deslaboralización, regresando al derecho civil o mercantil lo que son derechos laborales. Y no son sólo las empresas privadas, es el propio gobierno federal y los gobiernos locales los que han abusado al extremo de este modelo perverso. Para colmo, los miles de despidos que se han vivido en estos meses de nuevo gobierno son principal y naturalmente de este tipo de trabajadores; ¡claro, si el gobierno estaba indebidamente lleno de ellos, sin reconocerles sus derechos! Eso sí, cínicamente dicen que no han afectado a trabajadores de base y sindicalizados…
Una verdadera reforma laboral debe colocar los candados suficientes para erradicar hasta la tentación de estas perversas prácticas patronales o en la práctica seguirán anulándose otros derechos, como la contratación colectiva auténtica, y continuará la precarización laboral. Se dice que puede abordarse en un siguiente periodo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué desperdiciar esta oportunidad de reforma laboral y dejarlo para un futuro incierto? Que los patrones se molestarán y presionarán, pues la única forma de que no lo hagan es mantener el nefasto modelo neoliberal y eso no puede permitirse ahora.
Más aún, dejar atrás el modelo neoliberal requeriría una más completa y profunda reforma democratizadora del mundo del trabajo y que permita recuperar las condiciones de vida y de trabajo. Aún no se ha tocado, por ejemplo, la siempre cuestionada existencia del Apartado B en el 123 constitucional, que anula derechos de los empleados públicos, o del llamado Apartado C que cancela el derecho de los trabajadores universitarios a organizarse en un sindicato nacional, lo que contradice la intención de respetar la libertad sindical. Tendrá que llegar el momento de restablecer verdaderamente todos los derechos de los trabajadores y recuperar su salario.
Finalmente, el pueblo trabajador sabe por experiencia propia que en nuestro país el principal problema desde la Revolución Mexicana no han sido la Constitución o las leyes, sino su burla, su evasión y perversión en la práctica por parte de los poderes económicos con la ayuda de sirvientes como las autoridades en turno, los jueces y los “charros”. Además de una buena ley, se requiere verdadera voluntad, mecanismos de supervisión y penalización para hacerla cumplir. No hay que olvidarlo, cualquiera que sea la reforma habrá un largo trecho para llevarla a la realidad.
Sobre todo, la mejor garantía de que una reforma democratizadora y defensora de los derechos laborales se cumpla son los verdaderos actores, las organizaciones auténticas que se dan los trabajadores. Es un contrasentido que desde el gobierno se les ignore o incluso se les ataque. Por el contrario, se les debería colocar en el primer plano y fortalecerlas para que puedan cumplir mejor el papel de impulsores de los grandes cambios que le urgen al país para crecer, para verdaderamente ser más justo, libre y democrático.
¡LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO Y LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS SERÁ OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS O NO SERÁ!
Nueva Central de Trabajadores
Mexico abril 24 de 2019
¿Qué hay detrás de la supuesta libertad sindical?
Este jueves se votó en lo general y lo particular la reforma laboral, la careta con la que fue presentada es la supuesta libertad sindical, como respuesta al apriete imperialista para dar inicio al T-MEC ¿Qué hay de fondo en la nueva reforma laboral?
Alex Osorio
México
Viernes 12 de abril | 22:36
Tras la presentación del proyecto de Reforma Laboral presentada por una pequeña comisión de trabajo representativa de todos los partidos políticos, este jueves la cámara de diputados la aprobó en lo general y en lo particular.
El gobierno federal en voz de la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, salió a aplaudir la aprobación de la reforma y asegurar que con ésta se saldaba una deuda histórica en la impartición de justicia, la democracia y la libertad sindical.
Lo cierto y como reconoce la propia María Luisa, es que la reforma laboral aprobada de manera “Fast track” tiene de telón de fondo las relaciones comerciales con el imperialismo estadounidense expresadas en el T-MEC y la presión que EE UU realizó por conducto de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, al decir que no se avanzaría en el T-MEC si México no aprobaba la reforma laboral.
Es cierto también que la reforma laboral es la continuidad de la propuesta de reforma aprobada en febrero del 2017 en el sexenio de Peña Nieto.
Las principales consecuencias que se han retomado en la gran mayoría de los medios reflejan el intento de construcción de la «cara buena» de la reforma laboral. Hablan de lo “progresivo” que es la desaparición de las juntas de conciliación, las supuestas garantías para una mayor democracia sindical en las que se habla de garantizar el voto libre, seguro y secreto para los trabajadores, la posibilidad de que los trabajadores puedan afiliarse al sindicato que quieran, la ratificación para que los trabajadores puedan generar nuevos sindicatos y supuestos mecanismos para garantizar la rotación de los dirigentes sindicales.
Sin embargo, la Reforma Laboral tiene otros aspectos que son regresivos para los derechos laborales de los trabajadores.
Una reforma hecha para las grandes transnacionales
Entre los aspectos negativos para los trabajadores destaca la eliminación de sanción para la patronal por falta de aviso de despido, ya que se considera como una sospecha en la cual el trabajador está obligado a probar lo contrario, además de una nueva serie de candados punitivos para el trabajador en el que la patronal tiene mayor margen para evadir dicha situación.
En aras de la supuesta transparencia sindical y rendición de cuentas, la nueva ley viola el derecho humano a la protección de datos personales ya que hace de dominio público el nombre de los trabajadores que forman parte de un sindicato.
Se formulan trabas para pelear contra los contratos de protección patronal, al exigir a cualquier sindicato que pretenda tener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo el apoyo del 30% de los trabajadores “al servicio del patrón” (que no trabajen por outsourcing) así como que se cuente con más del 50% de los trabajadores en caso de querer estallar una huelga, negando el ejercicio de la libertad sindical.
Tras la supuesta democracia sindical hay tres cuestiones ambiguas que niegan esta afirmación: que el sindicato emplazante es quien contabilizará los votos y no la autoridad, que el sindicato, en el marco de la votación por el contrato inicial fije el lugar de las votaciones; lo que empujaría a que las votaciones no se den en lugares neutros que garanticen el ejercicio real del voto libre y por último deja a expensas de los burócratas sindicales el cumplir o no con la disposición de ejercer el voto directo, personal, libre y secreto para la elección de dirigencias sindicales al dejarlo como “voluntaria”.
Sobre la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, aprobadas desde la reforma laboral del 2017, el abogado laboralista Juan de Dios Hernández Monge decía: “En la nueva redacción de la fracción XX del artículo 123 constitucional se decreta la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y se otorga competencia a los poderes judiciales federal y de los estados, «para resolver las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones». La creación de órganos jurisdiccionales con jueces de lo laboral, en lugar de las juntas, significa un grave retroceso respecto del esquema de la justicia laboral (que todavía se imparte en forma tripartita: gobierno, patrón y trabajadores, toda vez que no se han legislado las leyes reglamentarias).
No debe perderse de vista el papel que el Poder Judicial Federal (tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, TCC, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) ha jugado en detrimento de los derechos de los trabajadores”. La visión que tienen quienes impulsan este cambio es que los jueces, acostumbrados a fallar en favor de los grandes adinerados, lo hagan en contra de los trabajadores.
También puedes leer: La reforma laboral mexicana
Los aspectos más graves de esta reforma laboral son la continuidad legal de la jornada laboral de 12 horas diarias para las trabajadoras del hogar, la restricción a los sindicatos universitarios para conformarse como sindicatos de docentes, administrativos o mixtos pero solo por institución, violando el acuerdo 87 de la OIT que contempla libertad de asociación como los trabajadores consideren conveniente.
Como era de esperarse la reforma laboral mantiene intacto el apartado de la subcontratación u outsourcing. No era para menos ya que el avance del oustorucing tras la reforma laboral del 2012 fue por presión de órganos internacionales como el FMI y la OCDE. Además de que es pieza fundamental de la precarización laboral y la mano de obra barata que México ofrece para atraer inversión privada, cuestión que en el marco del T-MEC es irreal que el gobierno se juegue a abrogarlo, como dijo María Luisa Alcalde, las modificaciones se reducirán a la regulación del mismo.
Este panorama que por un lado es dañino para los trabajadores y por el otro muestra la enorme subordinación al imperialismo estadounidense, es necesario verlo en el marco de una enorme guerra comercial entre EE UU y China que atraviesa el panorama económico internacional, es en este marco que EE UU se juega a redoblar las cadenas de opresión y sobrexplotación en su patio trasero como parte de una jugada que apuesta a fortalecer su control en todo América Latina, tras las grandes inversiones chinas en distintos países de esta región. Para eso se apuesta también a tejer estrechos lazos con la derecha latinoamericana de Marcí, Piñera y Bolsonaro.
http://www.laizquierdadiario.mx/Que-hay-detras-de-la-supuesta-libertad-sindical?fbclid=IwAR3sYW2h9VGb_uG0Eqi1NO54Gw1kWvijYpccx980HorvicEbI8rm2Qeew9M
¿La nueva reforma laboral podría beneficiarte o afectarte?
MANAGEMENT 25 ENE, 2019
CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva reforma laboral se encuentra en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Entre sus principales objetivos, está revertir la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos generada por el outsourcing.
La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, pero fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y respaldada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
El diputado Chico Herrera fue el responsable de presentarla en la Comisión Permanente, y fue turnada a la Comisión del Trabajo.
Regulación del outsourcing
Uno de los objetivos centrales de la iniciativa de Morena es reducir la precarización laboral que ha generado la externalización del empleo, un esquema popularmente conocido como outsourcing.
Esta modalidad de subcontratación funciona cuando un empleado realiza tareas a favor de una compañía, pero es contratado por una segunda empresa, que –por lo regular– no brinda los mismos salarios, prestaciones, ni beneficios que tendría un trabajador contratado directamente.
Esta modalidad de contratación fue aprobada durante la Reforma Laboral de 2012. Para la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, ha resultado en una «subcontratación abusiva«, que debe ser revisada informó el diario El Economista.
No puedes subcontratar haciendo las mismas funciones, ese tipo de cosas no deben ocurrir, lo que estamos planeando es actuar (inspecciones), pero también por el otro lado que exista un espacio de discusión para determinar qué se vale y qué no».
Luisa María Alcalde Luján.
En el marco de la discusión de la iniciativa, un grupo de académicos abogados laborales y líderes sindicales se han dado a la tarea de analizar este esquema de contratación.
Algunas voces apelan a la redacción de lineamientos más claros, mientras que otros consideran que solamente se requiere una vigilancia más puntual del respeto a los lineamientos existentes.
Sin embargo, algunos participantes en la discusión consideran que un debilitamiento del outsourcing podría restar competitividad al sector empresarial, pues se vería afectado económicamente por un aumento a las contrataciones directas.
Otro puntos clave
La iniciativa también buscan incidir de manera positiva en la operación de los sindicatos, así como mejorar el acceso a la justicia laboral para los trabajadores mexicanos.
Para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son cinco los elementos clave de esta iniciativa:
- Democracia en el trabajo: Elegirán los trabajadores a sus dirigente por voto libre, directo y secreto
- Contratos colectivos: Se a garantizará que en más negociaciones los trabajadores y empleadores mejores la productividad y las condiciones laborales.
- Creación de un órgano autónomo: Se promoverá la imparcialidad y la libertad sindical a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
- Justicia laboral: Se sustituirán a las juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial.
- Eliminación de la extorsión: Con la acreditación ante el Centro Federal de Coinciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a huelga por parte de sindicatos.
https://www.dineroenimagen.com/management/la-nueva-reforma-laboral-podria-beneficiarte-o-afectarte/106555
Cómo podría beneficiarte (o afectarte) la nueva reforma laboral
Una nueva reforma laboral se discute en la Cámara de Diputados. Sus impulsores prometen mejorar las condiciones laborales para los mexicanos. Pero no todos los sectores están contentos.
Por Luis Alonso Pérez
HERO IMAGES VIA GETTY IMAGES
Una nueva reforma laboral se encuentra en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Uno de sus principales objetivos es revertir la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos generada por el outsourcing.
La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, pero fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y respaldada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
El diputado Chico Herrera fue el responsable de presentarla en la Comisión Permanente, y fue turnada a la Comisión del Trabajo.
Regulación del outsourcing
Uno de los objetivos centrales de la iniciativa de Morena es reducir la precarización laboral que ha generado la externalización del empleo, un esquema popularmente conocido como outsourcing.
Esta modalidad de subcontratación funciona cuando un empleado realiza tareas a favor de una compañía, pero es contratado por una segunda empresa, que –por lo regular– no brinda los mismos salarios, prestaciones, ni beneficios que tendría un trabajador contratado directamente.
Esta modalidad de contratación fue aprobada durante la Reforma Laboral de 2012. Para la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, ha resultado en una «subcontratación abusiva«, que debe ser revisada informó el diario El Economista.
No puedes subcontratar haciendo las mismas funciones, ese tipo de cosas no deben ocurrir, lo que estamos planeando es actuar (inspecciones), pero también por el otro lado que exista un espacio de discusión para determinar qué se vale y qué no».
Luisa María Alcalde Luján.
En el marco de la discusión de la iniciativa, un grupo de académicos abogados laborales y líderes sindicales se han dado a la tarea de analizar este esquema de contratación.
Algunas voces apelan a la redacción de lineamientos más claros, mientras que otros consideran que solamente se requiere una vigilancia más puntual del respeto a los lineamientos existentes.
Sin embargo, algunos participantes en la discusión consideran que un debilitamiento del outsourcing podría restar competitividad al sector empresarial, pues se vería afectado económicamente por un aumento a las contrataciones directas.
Otro puntos clave
La iniciativa también buscan incidir de manera positiva en la operación de los sindicatos, así como mejorar el acceso a la justicia laboral para los trabajadores mexicanos.
Para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son cinco los elementos clave de esta iniciativa:
- Democracia en el trabajo: Elegirán los trabajadores a sus dirigente por voto libre, directo y secreto
- Contratos colectivos: Se a garantizará que en más negociaciones los trabajadores y empleadores mejores la productividad y las condiciones laborales.
- Creación de un órgano autónomo: Se promoverá la imparcialidad y la libertad sindical a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
- Justicia laboral: Se sustituirán a las juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial.
- Eliminación de la extorsión: Con la acreditación ante el Centro Federal de Coinciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a huelga por parte de sindicatos.