Se atora el T-MEC
Por: Jacques Rogozinski
29 de Abril de 2019 – 04:00 hs
El 4 de septiembre del año pasado publique una columna titulada Trump Socialista. En esa ocasión escribí: “Dentro de los objetivos de la Administración Trump para renegociar el TLCAN, está incluida la cuestión laboral. Entre otros puntos, incluye discusiones sobre salarios. En esta materia hay un rechazo de nuestros negociadores: por decreto, dicen, no se pueden determinar los sueldos de los trabajadores.
El tema es complejo. A nivel internacional se reconoce que en algunos sectores los trabajadores mexicanos tienen una elevada productividad. Sin embargo, esa productividad no es congruente con sus salarios. Ejemplo: la industria automotriz. Jim Stanford, de la Universidad de Oxford, afirma en The geography of auto globalization, que un trabajador mexicano del sector automotriz gana 3.95 dólares por hora, mientras que un estadunidense 33.2, un canadiense 40.3, en Brasil 11.4 hora y en Taiwán, US$ 7.5.
Ese diferencial es visto como un “dumping salarial” y es algo que los EU y Canadá pedirán revisar. La industria automotriz es global y los bajos salarios en México no van de acuerdo con su productividad. No es extraño que Estados Unidos demande que -por decreto, por ley o como sea- mejoren los salarios para alcanzar condiciones que consideren justas para competir.
No es válido el argumento que los salarios se establecen en función de las condiciones del mercado interno. En la industria automotriz los trabajadores tienen menores salarios que varios en el sector secundario mexicano. Según un estudio de la CEPAL (mayo 2016) Productividad y brechas estructurales en México, la productividad del sector eléctrico es 0.33 por ciento y del sector automotriz es 0.78. Por otro lado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, señala que el salario diario en el sector eléctrico es de 960.61 pesos (6.67 dólares/hora).”
Pues bien, ahora que los demócratas en EU tienen mayoría en la cámara de diputados el tema está volviendo con más fuerza. Según la opinión de amigos en Washington, Trump no estaría muy molesto de que los demócratas se pongan duros con este tema. Aún con las reformas a la Ley Federal del Trabajo que aborda el tema exigido por los negociadores, esto no será suficiente para los congresistas estadounidenses. De hecho, ya comenzaron a presionar. En una carta fechada el 12 de abril dirigida a Robert Lighthizer, lo elogian por su negociación del Artículo 3 del Anexo 23-A (tema laboral y libertad sindical), pero enfatizan que la aprobación del anexo no es suficiente por considerar que el cumplimiento de la ley y la libertad sindical son muy débiles en México.
En su carta alegan que “Sin mecanismos veraces y eficaces de cumplimiento, de los que carece actualmente el acuerdo, las nuevas protecciones laborales y ambientales en el acuerdo no tendrán ningún efecto. Lo sabemos porque tenemos 25 años de experiencia tratando de hacer cumplir promesas hechas en acuerdos comerciales que carecían de mecanismos de cumplimiento rápidos y eficaces. Sin tales mecanismos, el acuerdo revisado no puede y no logrará nuestro objetivo compartido de reformar las reglas comerciales para ayudar a reconstruir la base del sector manufacturero de los EU, crear empleos, aumentar los salarios y abordar la desigualdad.” (Acceso a la carta completa en http://www.mitosymentadas.com/wp-content/uploads/2019/04/Carta-de-Democratas-a-USTR-USMCA.pdf).
Está firmada por 85 congresistas. Es el principio, la presión aumentará. Y como mencioné anteriormente Trump no estaría sufriendo un revés político. Desde su cancha política la presión en este tema es un juego ganar-ganar. O pasa lo que quieren los demócratas o se cancela el tratado. Para algunos, en ambos escenarios se beneficiarían los trabajadores estadounidenses.
Etiqueta: productividad
Transformación para la productividad
2019-04-22 12:47:52
por Norberto Vázquez
Foto: Notimex.
Ciudad de México, 22 de abril. Considerada la primera reforma de gran calado en la actual administración, las derogaciones, modificaciones y anexos a varios artículos de diversas leyes realizadas por el Poder Legislativo llegan a reconfigurar —lo que no pasaba desde 1917— a uno de los sectores más representativos del desarrollo del país: la clase trabajadora.
La finalidad es empatar los derechos laborales con nuestros socios comerciales en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) e iniciar con ellos una nueva etapa de intercambio comercial y hacer motor de esta interacción a la fuerza laboral de los tres países de manera coordinada.
Ante ello la Cámara de Diputados —y próximo a ratificarse en el Senado— aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
Para los expertos la reforma abre las puertas a nuevos liderazgos pero sobre todo a un nuevo concepto de representación colectiva, de lucha social más justa y productiva.
Ahora habrá que ver, agregan, si las modificaciones se traducen también en un marco jurídico que aliente la productividad, la generación de riqueza, la calidad en la educación laboral, en los servicios médicos, en las burocracias, en el campo, en las fábricas, en la maquila, en el sector automotriz… es decir, si la reforma laboral se ejecuta como en el papel las exportaciones mexicanas y el mercado interno crecerán.
De avanzar en el Senado, a pesar de que el sector empresarial no está de acuerdo en algunos tópicos de lo aprobado, las reformas emprenderán su ruta legislativa por los 32 Congresos locales en busca de su aprobación y, según trascendió, el Poder Ejecutivo quiere decretarla el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo.
Cambios
El documento legislado establece que “el trabajo exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta; además debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes”.
También refiere que “es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia”.
Añade que “las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades”.
La reforma crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (desaparece la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), que será un organismo público descentralizado del gobierno federal. Tendrá personalidad jurídica y plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión.
“Será competente para llevar a cabo el procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones antes de llegar a los tribunales. También será competente para operar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos relacionados”, se expone.
El dictamen también crea “los centros de conciliación de las entidades federativas, que tendrán la atribución de realizar la conciliación en el ámbito local. Refiere que a los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen, influyan u obstruyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo en favor o en contra de una de las partes se les impondrán multas”.
Igualmente “se crean los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas, encargados del conocimiento y resolución de conflictos; en su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia”.
En materia sindical el dictamen expone que “los integrantes de sindicatos, federaciones y confederaciones tienen derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas e implica que no pueden ser obligados a formar parte de algún sindicato, federación o confederación”.
Subraya que “los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los integrantes, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género”.
Sobre la firma de contrato colectivo el dictamen indica que “el apoyo de los trabajadores mediante el voto libre, personal y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva. La existencia de un contrato colectivo que abarque a la totalidad de trabajadores no será impedimento para que coexista con otro pacto sindical celebrado con un sindicato gremial”.
Otro punto relevante es la creación del Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Fija como obligación del patrón implantar, “en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil”.
En el capítulo Trabajadores del campo se determina que “el patrón llevará a cabo un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de estas a fin de establecer la antigüedad y, con base en la suma de estas, calcular las prestaciones y derechos”.
Respecto de los trabajadores del hogar “los patrones están obligados a inscribirlos al Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes, conforme a las normas aplicables en la materia”.
Fundamentación
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara baja, Manuel de Jesús Baldenebro (PES), expone el significado de esta modificación: “Armoniza nuestra legislación laboral a la reforma constitucional de febrero de 2017 y con diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales amplían y protegen los derechos humanos de la clase trabajadora, como son los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico y el Anexo 23 del TMEC”, explica.
Se trata de una reforma “que México necesita y que, sin duda, mejorará las condiciones laborales de productividad y cumplirá con los compromisos asumidos en el marco de TMEC, con las directrices de las organizaciones internacionales del trabajo”, comenta.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), establece que “la reforma laboral que aprobaron los diputados y está por pasar el filtro del Senado obligará a los sindicatos de Pemex, CFE, IMSS y otros a abrirse a la democracia ya que la Ley Federal del Trabajo establece el voto personal, libre y secreto para que las negociaciones colectivas cuenten con el respaldo de los trabajadores”.
Asegura que en el gobierno del presidente López Obrador no se controlarán sindicatos “ni se copiará el esquema del anterior régimen, cuando los sindicatos eran un brazo político del partido en el gobierno; por el contrario, la reforma garantiza libertad y procesos democráticos”.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresa que “en las modificaciones a las leyes laborales enviadas por la Cámara de Diputados al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación, existen varios puntos que deben ser rectificados”.
Y detalla: “La situación que nos preocupa es que no se incluyeron sanciones a sindicatos o a personas ajenas a una relación de trabajo, como el ejemplo de Matamoros, donde una persona ajena a las relaciones de trabajo provocó paros, provocó cierres en las empresas y en esa toma de decisiones muchas empresas se vieron obligadas, mediante extorsiones, a llegar a acuerdos económicos”.
Lorenzo Roel deplora que la Cámara de Diputados no haya tomado en cuenta los comentarios de la IP para mejorar el tema laboral pero dice tener la esperanza de que en la Cámara de Senadores sí sean escuchadas sus propuestas. “Hicimos señalamientos. Simplemente no hubo eco. Lo desafortunado es que las mesas que se abrieron en la Cámara de Diputados no fueron un diálogo real”.
Al respecto el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, expone que los cambios a la legislación son “una buena noticia no solo para los trabajadores sino también para los empresarios”.
Delgado argumenta que la reforma busca democratizar los sindicatos y traer justicia laboral al país, pero también beneficia a los empresarios porque ya no serán más extorsionados por líderes charros. “Los sindicatos blancos, esos dirigidos por líderes abusivos, que nunca veían por los intereses de los trabajadores pero sí por el interés de sus bolsillos, van a desaparecer”, apunta.
Se espera, concluyen los expertos, que por fin con la puesta en marcha de estos cambios legislativos las reformas realizadas dentro de tres años empiecen a cambiar la realidad de las relaciones obrero-patronales con una finalidad clara: una mayor productividad.
Puntos clave
Desaparición de las Juntas de ConciliaciónLos conflictos entre el patrón y los trabajadores se resolvían en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales serán sustituidas por tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación.
Creación del Centro Nacional de ConciliaciónIncluye la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y 32 locales donde se resolverán los conflictos laborales en primera instancia. Aquí se tratará de conciliar entre las partes para resolver un problema y de no alcanzar ningún acuerdo el caso se enviará a los tribunales.
Democracia sindicalEste fue uno de los puntos acordados en el TMEC a favor de la democracia sindical y la libertad de asociación colectiva. El ordenamiento reconoce el derecho de libertad sindical, de libre sindicacióny la protección contra actos de injerencia bajo los parámetros de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Combate a sindicatos blancos El dictamen señala que el sindicato puede perder su registro sindical si sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurren en actos de extorsión contra patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie.
Abre la puerta a más sindicatos La reforma añade un párrafo al artículo 360 de la Ley del Trabajo en el que indica que los trabajadores podrán organizarse en sindicatos de la forma que ellos quieran, es decir, que no solo pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios sino como ellos deseen.
Regulación para trabajadores del hogar Se cambia el término trabajadores domésticos portrabajadores del hogar; el artículo 337 establece que es obligación del patrón inscribir a la parte trabajadora al IMSS y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la materia.
Queda fuera el outsourcing La reforma laboral no toca el tema de la subcontratación laboral, conocido como outsourcing, debido a la premura de su aprobación por la presión del gobierno de Estados Unidos. Además de dejar fuera a los trabajadores del campo y los apoyos a este sector.
Igualdad de género El artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo ya no solo dice que “el trabajo es un derecho y deber social” sino que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Además reconoce la igualdad de hombres y mujeres ante la ley y establece que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes.
http://www.vertigopolitico.com/articulo/59347/Transformacion-para-la-productividad
Sindicalismo moreno
Roberto Gil Zuarth
El equilibrio entre los factores de la producción y la efectiva garantía de los derechos laborales y sociales de los trabajadores favorecen la productividad de una economía. Son condiciones imprescindibles para el crecimiento económico y la justicia social. Dependen de un andamiaje institucional eficaz, pero también de la neutralidad del Estado frente a la complejidad de las relaciones entre el trabajo y el capital.
El régimen autoritario gestionó, a través del partido hegemónico, esa complejidad. Era parte de su esencia funcional. El arbitraje sobre las tensiones entre los sectores productivos y sociales era una variable asociada a la capacidad del Estado; por un lado, de otorgar y quitar privilegios económicos (protección industrial o comercial, contratos y proveeduría públicos, cargas y eximentes fiscales, etcétera) y, por otro, de determinar el comportamiento político de las organizaciones sindicales y gremiales. El “capitalismo de compadres” no sólo alentó y protegió monopolios económicos, sino que también sirvió para estructurar corporativamente la defensa y representación de los intereses de empresarios y trabajadores. Las patronales y los sindicatos se convirtieron en brazos del régimen que gozarían de beneficios económicos y políticos, mientras se sometieran a la conducción de la economía por parte del Estado y a la autoridad política del presidente. Era la partitura de la estabilidad y de la paz social: transacciones dinámicas entre obediencias y privilegios.
Bajo los códigos del régimen autoritario, los procedimientos y las instituciones tuvieron escasa importancia para ordenar los mercados laborales. La gestión extralegal de los conflictos se convirtió en la regla. No había necesidad de fortalecer las capacidades públicas para normar las interacciones entre la oferta y la demanda de trabajo. Sin embargo, pronto el pluralismo dejó inservibles los viejos instrumentos del Estado autoritario. El proceso de modernización política y económica contrastaba con la subsistencia de ese modelo de gestión de las relaciones productivas y laborales. La primera alternancia, en lugar de sustituir ese modelo por dinámicas institucionales previsibles, coexistió con las estructuras corporativas que el régimen autoritario creó para reducir la complejidad de las demandas sociales de los trabajadores. La segunda alternancia reestableció, en gran medida, la mecánica de su funcionamiento.
Pero la sofisticación de nuestra economía evidenció la precariedad de los equilibrios entre los factores de producción. Una suerte de entendimiento implícito entre los gobiernos, los empresarios y el grueso de las organizaciones sindicales históricas, produjo una larga etapa de paz laboral. Ese entendimiento hizo posible, además, una reforma legal para flexibilizar los contratos laborales (2012) y otra constitucional para profesionalizar la justicia laboral y robustecer la libertad sindical (2017). Ambas reformas coinciden en tiempo e intención con la ola de reformas estructurales que se emprendieron en las últimas dos administraciones. Así pues, las instituciones del trabajo cobraron relevancia conforme la economía iniciaba una nueva marcha de apertura y el Estado pluralista reconocía el valor de la certidumbre jurídica.
La tercera alternancia inicia con signos preocupantes de intervención facciosa del régimen en las relaciones laborales. Pero el indicador relevante de esa estrategia no es sólo el surgimiento de conflictos laborales políticamente inducidos, como el reciente caso de Matamoros. A mi juicio, esos episodios son en realidad síntomas de la intención de reestablecer el control corporativo de las organizaciones laborales y, por supuesto, de los trabajadores. Morena, al estilo del PRI, concedió parcelas de poder a cambio de lealtad política y votos. Ahí están, como ejemplo, el escaño concedido a Gómez Urrutia y las curules a la CNTE, entre otros. Ahora, esas nuevas organizaciones morenistas se aprestan como el brazo de captura de las representaciones sindicales y de los contratos colectivos, con la visible aquiescencia y los recursos del gobierno. La creación de una especie de CTM, pero ahora de Morena, para influir en las relaciones laborales, para transigir privilegios y votos, para dar al régimen un látigo que sirva al propósito de domesticar las fuerzas del mercado.
La ofensiva sindical del régimen es un dato más de concentración de poder. Pero habrá que advertir que la propagación de conflictos laborales producirá inestabilidad política y costos económicos altísimos que padecerán, sobre todo, los más vulnerables. En medio de una era de proteccionismo económico, es muy mala idea para el país perder competitividad y ahuyentar las inversiones y el empleo. Pero todo eso es irrelevante, claro está, cuando lo importante es instaurar una nueva hegemonía.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/sindicalismo-moreno
México necesita reformas laborales, fiscales y sociales: BID
Foto: Susana Gonzalez / Bloomberg via Getty Images
Malas políticas públicas en materia de impuestos, seguridad social y trabajo han afectado a la economía, indicó Santiago Levy.
Para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento económico, México necesitaría reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El libro “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, de Santiago Levy, es un análisis inédito de datos de millones de empresas extraído de los censos de las últimas dos décadas.
El estudio revela los “cuellos de botella” que ralentizan la economía mexicana, cuyo crecimiento promedió apenas 1.2% entre 1996 y 2015 en términos per cápita, muy por debajo de sus pares latinoamericanos y muy por detrás de las economías más dinámicas de Asia.
“El desempeño de la economía mexicana es una paradoja”, dijo Levy, autor del libro y vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID.
Señaló que ningún país de América Latina ha hecho mayores esfuerzos por integrarse a la economía mundial; México ha gestionado su economía de manera prudente y ha invertido mucho en educación, pero es una de las economías de menor crecimiento de la región.
“La pregunta es por qué. Encontramos la respuesta en la microeconomía, en políticas e instituciones que inhiben la productividad e impactan negativamente en cómo interactúan las empresas y los trabajadores”, manifestó.
El BID refiere que el libro argumenta que la principal razón del estancamiento de la productividad y, consecuentemente, del magro crecimiento económico de México, es una persistente mala asignación de recursos.
Cuando hay mala asignación, las empresas improductivas sobreviven y las productivas mueren o no crecen, mientras los trabajadores no se emplean en ocupaciones congruentes con sus habilidades, como el caso paradigmático del ingeniero que es chofer de taxi, argumenta.
Dicho de otra manera, sin una mala asignación, los mismos individuos con las mismas habilidades y educación, trabajando la misma cantidad de horas, invirtiendo la misma cantidad de dinero y con acceso a las mismas tecnologías, producirían más y México crecería más rápidamente, expone el informe.
El libro de Levy analiza la relación entre el alto grado de informalidad de la economía mexicana y la productividad, al exponer que el sector informal es mucho más que vendedores ambulantes y microempresas, además abarca a más de 90% de las empresas mexicanas y a 55% del empleo.
Señala que las empresas informales son en promedio 50% menos productivas que las formales, pero en un contexto de mala asignación, ambas sobreviven en el mercado. A pesar de muchas reformas, las empresas informales han crecido más que las formales, capturando una proporción mayor de la inversión y del empleo.
El libro también encuentra que, contrariamente a la creencia común, nada de esto es producto de una falta de educación, ya que la cantidad y la calidad de la educación han aumentado en México.
La proliferación de tantas empresas informales deprime los salarios de todos los trabajadores, pero particularmente de aquellos con más años de escolaridad, menciona el BID.
Señala que tampoco es la mala asignación producto de la falta de infraestructura, al apuntar que la informalidad empresarial alrededor de la Ciudad de México -la región del país con la mejor infraestructura y el mayor acceso a servicios financieros- no es diferente que en el resto del país.
El libro identifica múltiples razones que explican la mala asignación, agrupadas en torno a políticas públicas que regulan los impuestos, la seguridad social y el trabajo, destaca el organismo multilateral.
Afirma que estas políticas protegen a los trabajadores de forma ineficaz, mientras que gravan al sector más productivo de la economía y subsidian al menos productivo, exactamente lo opuesto de lo que se necesita para crear buenos empleos.
El estudio sostiene que la manera más efectiva para aumentar el crecimiento y la productividad, y acrecentar la cohesión social, es reformar las políticas e instituciones que apuntalan la mala asignación.
Entre otras medidas, propone reemplazar la actual multitud de programas sociales y de transferencias con un único programa de seguridad social para todos, así como reemplazar las regulaciones sobre indemnizaciones por despido por un adecuado seguro de desempleo.
Además aconseja eliminar las exenciones al Impuesto al Valor Agregado (compensando a los hogares menos pudientes por la pérdida de ingresos), reducir los impuestos a la nómina y fortalecer la autonomía de las instituciones judiciales encargadas de hacer valer los contratos.
Puedes encontrar el libro completo aquí: “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”.
https://www.forbes.com.mx/mexico-necesita-reformas-laborales-fiscales-y-sociales-para-crecer-bid/
México necesita reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social: BID
Banco Interamericano de Desarrollo
Para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento económico, México necesitaría reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Notimex
16 de julio de 2018, 19:42
- Para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento económico, México necesitaría reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo(BID).
El libro “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, de Santiago Levy, es un análisis inédito de data sobre millones de empresas extraído de los censos de las últimas dos décadas.
El estudio revela los «cuellos de botella» que ralentizan a la economía mexicana, cuyo crecimiento promedió apenas 1.2 por ciento entre 1996 y 2015 en términos per cápita, muy por debajo de sus pares latinoamericanos y muy por detrás de las economías más dinámicas de Asia.
“El desempeño de la economía mexicana es una paradoja”, dijo Levy, autor del libro y vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID.
Señaló que ningún país de América Latina ha hecho mayores esfuerzos por integrarse a la economía mundial; México ha gestionado su economía de manera prudente y ha invertido mucho en educación, pero es una de las economías de menor crecimiento de la región.
“La pregunta es ¿por qué? Encontramos la respuesta en la microeconomía, en políticas e instituciones que inhiben la productividad e impactan negativamente en cómo interactúan las empresas y los trabajadores”, manifestó.
El BID refiere que el libro argumenta que la principal razón del estancamiento de la productividad y, consecuentemente, del magro crecimiento económico de México, es una persistente mala asignación de recursos.
Cuando hay mala asignación, las empresas improductivas sobreviven y las productivas mueren o no crecen, mientras los trabajadores no se emplean en ocupaciones congruentes con sus habilidades, como el caso paradigmático del ingeniero que es chofer de taxi, argumenta.
Dicho de otra manera, sin una mala asignación, los mismos individuos con las mismas habilidades y educación, trabajando la misma cantidad de horas, invirtiendo la misma cantidad de dinero y con acceso a las mismas tecnologías, producirían más y México crecería más rápidamente, expone el informe.
El libro de Levy analiza la relación entre el alto grado de informalidad de la economía mexicana y la productividad, al exponer que el sector informal es mucho más que vendedores ambulantes y microempresas, además abarca a más de 90 por ciento de las empresas mexicanas y a 55 por ciento del empleo.
Señala que las empresas informales son en promedio 50 por ciento menos productivas que las formales, pero en un contexto de mala asignación, ambas sobreviven en el mercado. A pesar de muchas reformas, las empresas informales han crecido más que las formales, capturando una proporción mayor de la inversión y del empleo.
El libro también encuentra que, contrariamente a la creencia común, nada de esto es producto de una falta de educación, ya que la cantidad y la calidad de la educación han aumentado en México.
La proliferación de tantas empresas informales deprime los salarios de todos los trabajadores, pero particularmente de aquellos con más años de escolaridad, menciona el BID.
Señala que tampoco es la mala asignación producto de la falta de infraestructura, al apuntar que la informalidad empresarial alrededor de la Ciudad de México -la región del país con la mejor infraestructura y el mayor acceso a servicios financieros- no es diferente que en el resto del país.
El libro identifica múltiples razones que explican la mala asignación, agrupadas en torno a políticas públicas que regulan los impuestos, la seguridad social y el trabajo, destaca el organismo multilateral.
Afirma que estas políticas protegen a los trabajadores de forma ineficaz, mientras que gravan al sector más productivo de la economía y subsidian al menos productivo, exactamente lo opuesto de lo que se necesita para crear buenos empleos.
El estudio sostiene que la manera más efectiva para aumentar el crecimiento y la productividad, y acrecentar la cohesión social, es reformar las políticas e instituciones que apuntalan la mala asignación.
Entre otras medidas, propone reemplazar la actual multitud de programas sociales y de transferencias con un único programa de seguridad social para todos, así como reemplazar las regulaciones sobre indemnizaciones por despido por un adecuado seguro de desempleo.
Además aconseja eliminar las exenciones al Impuesto al Valor Agregado (compensando a los hogares menos pudientes por la pérdida de ingresos), reducir los impuestos a la nómina y fortalecer la autonomía de las instituciones judiciales encargadas de hacer valer los contratos.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-necesita-reformar-sus-politicas-impositivas-laborales-y-de-seguridad-social-BID–20180716-0058.html
Quieren reforma laboral con base en productividad
Por Rodolfo Sol
29 de junio de 2018-06-30
Para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que en las últimas cuatro décadas ha decaído a niveles extremos, así como para fortalecer el mercado interno, empresarios de la industria de la transformación plantean que se realice una reforman laboral a fondo basada en la productividad y reducción de impuestos a trabajadores y patrones.
Federico Alanís Peña, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), apuntó: «Es imposible fortalecer el mercado interno si los trabajadores carecen del poder de compra, pues el salario mínimo no les alcanza para nada así trabajen ambos cónyuges».
Explicó que el punto fundamental de dicha reforma sería eliminar el salario mínimo y establecer un salario de referencia o salario base, para que dependiendo de la productividad del trabajador sea mayor el sueldo quincenal.
«Es como trabajar a destajo, pero con salario base o referencial, así los propios trabajadores podrán incrementar sus percepciones económicas según le echen ganas a su desempeño laboral», subrayó.
Comparó que actualmente un obrero gana un promedio de 700 a 800 pesos por semana, pero con la sustitución del salario mínimo por un salario referencial el obrero podría llegar a ganar de dos mil a cuatro mil pesos por semana, lo cual permitiría que recupere el poder adquisitivo.
«¿Como pueden los trabajadores comprar si el salario mínimo no les alcanza?», preguntó el líder industrial, agregando que eso repercute en que actualmente el 80 por ciento de las distintas ramas de la industria de la transformación presentan una baja del 50 al 80 por ciento de sus ventas promedio.
Dijo que la planteada reforma también debe contemplar reducir o eliminar e impuesto sobre el producto del trabajo, «para que el mejoramiento en las percepciones laborales de los trabajadoresno se vea mermada por tasas impositivas y por ende su poder adquisitivo también se estanque».
En cuanto a la parte patronal, Alanís Peña señaló que también se debe aminorar la carga fiscal para que los empresarios a su vez puedan retribuir a los obreros con mejores pagos.
Bajo ese esquema de productividad se deben enfocar los legisladores al emprender la reforma laboral, para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer el mercado interno.
https://www.elmanana.com/quieren-reforma-laboral-base-productividad-canacintra-trabajadores-productividad-empresarios/4465070
Campa: Estimulan acuerdos sindicales la productividad y el desarrollo laboral
Participa el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, Ciudad de México, 15 de marzo de 2018
Boletín No. 1129
- Las alianzas estratégicas entre los factores de la producción son necesarias para hacer frente a la realidad en el mercado del trabajo
El sindicalismo de México ha privilegiado el diálogo constructivo y propositivo que permite generar acuerdos para salvaguardar los derechos de los trabajadores, declaró Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, durante el LXIII Consejo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
«Los acuerdos con las representaciones sindicales han estimulado la productividad en los centros de trabajo y han permitido mejores condiciones laborales, sociales y culturales en beneficio de los trabajadores», señaló.
En representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Titular de la STPS indicó que la Confederación ha impulsado la productividad y ha acompañado en los cambios que la circunstancia nacional ha impuesto a los trabajadores.
Acompañado del Senador Isaías González Cuevas, el encargado de la política laboral nacional aplaudió la presencia de jóvenes al interior de la CROC, ya que dijo, la generación de empleos debe ir también enfocada a ellos.
Campa Cifrián sotuvo que la política laboral impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto no sólo ha logrado dar dinamismo al mercado laboral, sino que también ha alcanzado cifras sin precedentes en la generación de empleos, toda vez que desde diciembre de 2012 a la fecha se han creado más de 3.4 millones de puestos de trabajo.
En su intervención, el secretario general de CROC, Isaías González Cuevas, refrendó el compromiso de su central sindical de mantener un diálogo permanente con las organizaciones obreras de México y a nivel internacional, a fin de formar alianzas que permitan defender las conquistas laborales e impulsar medidas para que la productividad se convierta en un modelo de vida de los trabajadores.
“La CROC se convertirá en un instrumento eficaz para defender, ampliar y disfrutar de las ventajas de la seguridad social, los programas de vivienda y sobre todo, los fondos de retiro de los trabajadores”, aseguró el líder nacional croquista.