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Aquiles Cruz Ramales
 
Ocho sindicatos y muchas organizaciones están publicando sendos manifiestos en donde condenan la reforma laboral que viene a darle en la suya a los trabajadores de todos los ámbitos, pero la clase obrara está muy preocupada, una reforma que a decir de los sindicatos serios, como el del ayuntamiento y otros, no de los belicosos que ni ayudan y como friegan, “usted ya sabe quiénes” como está de moda la palabrita.
El pasado 7 de diciembre, aprovechando la confusión y la indignación cada vez más creciente contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los representantes de la aristocracia obrera en el Senado de la República: Tereso Medina, de la Confederación de Trabajadores de México, e Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, presentaron una iniciativa a la que han bautizado como Reforma de Justicia Laboral que en esencia desmantela de facto los últimos derechos laborales y sindicales que conservaba el proletariado y la clase trabajadora de México luego de las múltiples contra-reformas que en materia de derecho del trabajo ha sufrido la constitución federal y la propia Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración que también las reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han afectado de forma directa y tajante el derecho de jubilación y pensión de los trabajadores de los apartados A y B.
Esta mal llamada Reforma de Justicia Laboral que el Senado pretende aprobar en lo oscurito, es quizá el más duro de los golpes que haya recibido el derecho colectivo del trabajo al oficializar los contratos de protección y el sindicalismo blanco (pro-patronal o de protección) y charro (amarillo o burocrático) por encima de la contratación colectiva y el sindicalismo democrático e independiente.
La contrareforma contempla la cancelación y desmantelamiento de las juntas de conciliación y arbitraje (las cuales de por sí, en la última reforma laboral burguesa, se impuso su desmantelamiento oficial, turnando su competencia a los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación una vez que se hayan creado los mecanismos de especialización en la materia) y la creación de centros de conciliación (los cuales no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo ni la propia Constitución) supeditados al control de la aristocracia obrera, siempre solícita a cumplir con los dictámenes de la gran burguesía nacional extranjera, con lo cual, el arbitrio sería impuesto de manera fáctica atendiendo el interés del patrón y no del trabajador de forma evidentemente más corrupta y burocrática que en las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje.
Lo mismo ocurriría con el derecho a huelga, los emplazamientos de revisión salarial, contractual, los registros sindicales, etcétera. Los cuales se desprende que también deberán pasar el por ese mismo filtro, o el del Poder Judicial, atendiendo no el interés y el ejercicio constitucionales del derecho de asociación, la libertad de manifestación y los derechos laborales consagrados en el 123 constitucional, entre otros, sino el interés fundamental del gran capital y el imperialismo, donde los trabajadores y el sindicalismo democrático y clasista estarían topando de frente con la bota militar tras la reciente imposición de la Ley de Seguridad Interior, resolviendo las luchas sindicales y colectivas de la clase trabajadora a bayoneta calada.
Otro tanto puede decirse de la oficialización de la práctica del outsourcing, el cual tendrá capacidad gremial entre los patrones con la creación de una coalición de empresas que realizan la subcontratación sin respetar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Así, en condiciones de máxima discreción por parte del Senado y ante un proletariado atomizado en diversas agrupaciones sindicales gremiales, de industria, territoriales, nacionales, federativas, confederadas, etcétera, dispersado entre si y focalizado en áreas muy específicas del territorio nacional, desorganizado política y numéricamente, la odiosa Reforma de Justicia Laboral viene a depositar mayores escombros e injusticias sobre la clase trabajadora mexicana que aún sigue aguantando —al menos hasta este momento— en un país donde a la gran burguesía cada vez le es más difícil gobernar como antes, recurriendo para ello a auténticas contrareformas antiobreras y antipopulares como ésta y como la propia Ley de Seguridad Interior que buscan imponerse por encima del pueblo trabajador para dar manga ancha a la maximización de ganancias de las distintas facciones de la burguesía y los latifundios, justo como lo confirma la también nueva ley de Zonas Económicas Especiales, cuya declaratoria reciente se hizo hace unas semanas en el puerto proletario de Salina Cruz, Oaxaca.
La lección para la clase obrera, el campesinado pobre y las masas más profundas de la población es dejar de pensar un poco en elecciones y cambio de amos, para hacerse cargo de su propio destino atreviéndose a luchar y escalar las alturas. Por hoy, es todo. Sayonara.

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