ABRIL 16, 2019
POR ARTURO HUERTA GONZÁLEZ
El dictamen discutido y aprobado el 11 de abril en la Cámara de Diputados, parte de un diagnóstico que señala que en 90 por ciento de las organizaciones sindicales no se llevan elecciones libres y secretas de sus dirigentes y que los contratos colectivos de trabajo los hace la dirigencia sindical con o sin acuerdo de los trabajadores. De ahí la urgencia de realizar reformas a la Ley Federal de Trabajo para terminar con dichas prácticas.
Sin embargo, a pesar que la reforma laboral aprobada por los diputados, que garantiza la implementación de los derechos laborales, tales como la participación de los trabajadores en la elección de sus dirigentes y en las actividades de negociación colectiva a través del voto personal, libre y secreto y se evita la injerencia del patrón en dicho proceso, y se eliminan los contratos colectivos de protección empresarial que impiden la declaración de huelga, no garantizará que ello se traduzca en mayor poder de negociación de los trabajadores frente a las empresas para mejorar salarios y prestaciones laborales, debido a que dichas reformas no eliminaron la contratación a través del outsourcing. Ello permitirá a las empresas seguir haciendo contrataciones y subcontrataciones con terceras empresas que no tienen sindicatos, ni otorgan salarios seguros, ni prestaciones a sus trabajadores. Asimismo, al continuar el desempleo y subempleo y la economía informal –lo cual se incrementará con la política de austeridad fiscal que el gobierno instrumenta, y al seguir el libre comercio que desplaza a la producción nacional frente a importaciones– proseguirá creciendo el outsourcing, como el poder el sector empresarial de mantener los bajos salarios, a pesar de la “democracia” sindical contemplada en la reforma.
La posición de los demócratas en la Cámara de Representantes en Estados Unidos de condicionar la firma del T–MEC a que México realice la reforma labor y la instrumente, va en la creencia que ello daría mayor poder a los trabajadores para demandar mayores salarios y prestaciones laborales y así disminuir el diferencial de salarios existentes entre dicho país y el nuestro, para de tal forma reducir la competitividad en el costo laboral que México tiene, como el traslado de empresas hacia nuestro país. Los demócratas estadounidenses están más preocupados en que se incrementen los salarios y prestaciones laborales en México, que los propios sindicatos mexicanos, los partidos políticos y el gobierno.
A pesar que en los Foros de consulta hubo muchos pronunciamientos de que se debería acotar a seis años el período de las dirigencias sindicales y no permitir la reelección, la ley establece que “el período de duración de los directivos no podrá ser indefinido o de una temporalidad que obstaculice la participación democrática de los afiliados y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado”. Dicha resolución deja abierta la perpetuidad de los dirigentes sindicales en torno a la decisión de las asambleas sindicales, las cuales, a pesar del voto libre personal y secreto del trabajador, pueden ser manipulados por los dirigentes sindicales, como hasta ahora. Ello denota que seguirán las mismas prácticas –a pesar de las disposiciones de mayor democracia sindical y del establecimiento de Tribunales Laborales imparciales e independientes– debido a que se impone la posición del líder sindical que no representa los intereses de la clase obrera y trabajadora, así como el poder que ejercen las grandes empresas, lo cual ha llevado a que en México predominen los salarios más bajos de América Latina y la gran desigualdad del ingreso y la riqueza.
En el régimen transitorio de la reforma aprobada se señala que “los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas, iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia”. Se añade que “dentro de los 180 días siguientes que entre en vigor el presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica de los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en materia de registro de asociación sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto atendiendo las posibilidades presupuestales” ¿por qué hay que esperar tanto tiempo para que empiecen operar, si se reconoce que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido un fracaso y que son controladas por los gobiernos, líderes sindicales y patrones y no responden a los intereses de los trabajadores?
Se establece también que “los contratos colectivos de trabajo existentes, deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto”. Si el diagnóstico del dictamen reconoce que alrededor de 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo existentes no fueron consultados a los trabajadores, ¿por qué hay que esperar cuatro años para su revisión, si dichos contratos fueron violatorios a la Ley Federal del Trabajo?
Ello deja entrever que no hay voluntad política para defender los derechos sindicales de incremento salarial y mejores prestaciones laborales, a fin de no afectar la competitividad que México tiene en ese rubro para atraer inversiones para impulsar exportaciones. Se sigue apostando a favorecer a las empresas transnacionales, a costa de deteriorar el nivel de vida de los trabajadores y de contraer el mercado interno y la dinámica económica nacional, pues la estrategia de crecer hacia fuera no ha impulsado el crecimiento del país. También el gobierno quiere evitar una espiral de salarios–precios para no afectar al sector financiero que está por la estabilidad de la moneda, controlada por ellos.
Dicha reforma laboral y la política económica predominante, no mejorarán el poder de negociación de los trabajadores para incrementar sus salarios.
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El sindicalismo en la 4ta. transformación (Primera de dos partes)
VIERNES 15 DE MARZO DE 2019
Por Jorge Jiménez Alonso
La ola de la 4T ha llegado al movimiento obrero también, y aun cuando el Senador Napoleón Gómez Urrutia dijo el miércoles 13 de febrero que “la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) no es una Central Obrera que naciera por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni tampoco es una agencia del Partido Morena”, es evidente que cuenta con el aval del Presidente para encauzar un nuevo movimiento sindical que buscará llenar un vacío del sindicalismo corporativo y globalizar a los sindicatos mexicanos.
Lo anterior se enmarca indudablemente en los vientos de fronda del sindicalismo corporativo, en el marco del Convenio 98 de la OIT. El 30 de noviembre del año 2015 la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República emitió un dictamen cuyo propósito era que México se adhiriera al Convenio 98 de la OIT, que versa sobre el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva. Este Convenio fue puesto a consideración del Senado por primera vez el 31 de diciembre de 1956, pero tras su discusión se emitió una reserva, ya que chocaba con la cláusula de exclusión contenida en la ley de 1931.
La OIT no permite reserva a sus convenios y rechazó la propuesta del Gobierno Mexicano, por lo que el Convenio 98 quedó sin ratificarse los siguientes 62 años pese a ser una de las demandas más sentidas del sindicalismo independiente, ya que su aprobación significaba libertad a los trabajadores para afiliarse al sindicato de su preferencia y poder negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.
En el mes de julio del 2015, el Presidente Peña Nieto remitió nuevamente al Senado el Convenio, ante la oposición de los Senadores del PRI y del PAN. Y fue el 20 de septiembre del 2018, ya con la actual Legislatura, que la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ratificación del Convenio, lo que fue oficialmente Decretado por el Presidente el 30 de octubre del año pasado. Transcurrieron casi 70 años para que México aceptara oficialmente la democracia sindical establecida en la OIT en el año de 1949, el 1º de julio.
Con esto, la cláusula de exclusión por admisión establecida en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo resulta violatoria de este Convenio y debe desaparecer de la mayoría de contratos colectivos de trabajo existentes en México.
Este es el preludio de la aparición de la CIT y de un nuevo sindicalismo mexicano acorde con la globalización, y con estos cambios de democracia que estamos viviendo con la 4ta. transformación que impulsa pese a las reticencias naturales, el Presidente de la República.
Y claro, los primeros en incomodarse han sido los empleadores y los líderes de los sindicatos tradicionales, que ha quedado más que evidenciado, que el 90 por ciento de los contratos colectivos en México son de protección, esto es a modo con la empresa y a espaldas de los trabajadores.
Este era el verdadero negocio de los líderes obreros en su mayoría, con honrosas excepciones, traficando, que ironía, la protección de los empleadores, casi siempre, en perjuicio de sus agremiados. Por ello a la CTM y a la CROC se les expulsó, que vergüenza, el 17 de diciembre del 2018 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según dice su acuerdo, “Por realizar acciones contrarias a defender los derechos de los trabajadores”.
Y esto denota clara y contundentemente el grado de corrupción del llamado sindicalismo mexicano, que ha enriquecido insultantemente a sus líderes y empobrecido criminalmente a los trabajadores, con la complacencia y contubernio de empleadores y autoridades laborales.
Escúchame mañana sábado en mi programa “CONVERSACIONES”, en ABC Radio, 12.80 de AM. Y te recuerdo “LO QUE CUESTA DINERO VALE POCO”
https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/el-sindicalismo-en-la-4ta.-transformacion-primera-de-dos-partes-3189805.html
¿Por qué será tan difícil sanear los sindicatos mexicanos?
Una nueva reforma laboral se discute en la Cámara de Diputados, y contempla modificar la forma en la que operan los sindicatos mexicanos, un reto para el gobierno federal que espera resistencia de líderes sindicales.
Por Luis Alonso Pérez
GETTY IMAGES
Desde su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma para democratizar la vida laboral del país. En diciembre de 2018 la Cámara de Diputados recibió dicha propuesta, y está siendo debatida a través de foros abiertos y mesas de discusión.
El 14 de octubre de 1948, Alfonso Ochoa Partida, un trabajador de Ferrocarriles de México, orquestó -en contubernio con el presidente Miguel Alemán- un asalto a las oficinas del sindicato de ferrocarrileros. Lo apoyaron policías y guardias presidenciales; su intención era poner el sindicato a los pies del presidente.
Además de ser ferrocarrilero, Ochoa era conocido por su afición a la charrería, por lo que su liderazgo sindical supeditado a la voluntad presidencial se le conoció popularmente como «sindicalismo charro«. Por décadas, esta alianza convirtió a algunos líderes sindicales en millonarios, y benefició a políticos y a empresarios por igual.
Desde su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma para democratizar la vida laboral del país. En diciembre de 2018 la Cámara de Diputados recibió dicha propuesta, y está siendo debatida a través de foros abiertos y mesas de discusión.
Para la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, esta reforma sería «una herramienta poderosa para reconducir la labor de los sindicatos frente a los trabajadores y en el mundo laboral«.
«Será el cambio más significativo en la historia del derecho procesal laboral desde la creación de las juntas de Conciliación y Arbitraje en 1917. Esta es la reforma».
Luisa María Alcalde.
Una parte sustancial de su propuesta se basa en modificar la forma en la que operan los sindicatos:
La resistencia de los líderes
Para el abogado laborista, Germán de la Garza, las propuestas de reforma podrían generar cambios importantes a favor de los trabajadores que actualmente no ven los beneficios de estar sindicalizados, ya sea porque sus sindicatos se conformaron para proteger a empleadores abusivos, o que lucran de extorsionar a los empresarios con amenazas de emplazarse a huelga, sin que los trabajadores así lo deseen, o incluso estén enterados de estas acciones.
Sin embargo, romper una inercia que ha prevalecido por décadas no será fácil, y seguro vendrá acompañado de una oposición de líderes sindicales. Es que parte de los mecanismos de democratización de la vida sindical implica permitir que se puedan elegir a sus dirigentes a través de votaciones reales, libres, directas y secretas.
En Entrevista con HuffPost México, De la Garza explica que un fenómeno arraigado en el sindicalismo son las elecciones simuladas, a través de «asambleas de papel». Estas reuniones podían o no realizarse, y solo bastaba que se redactara un documento en el que se daba validez a un proceso de votación ilegítimo.
«Este es un fenómeno arraigado que permitió que muchos líderes sindicales se eternizaran en sus cargos».
Germán de la Garza.
La coerción del voto es otra práctica abusiva ampliamente utilizada, en la que se manipulaba el voto de los trabajadores a través de mecanismos económicos, políticos y hasta físicos.
Ante las amenazas de cambio, el abogado prevé que los líderes sindicales, que ahora participan en las mesas de análisis y que aún cuentan con un poder político importante, opongan resistencia a una reforma que podría contravenir sus intereses.
«Evidentemente muchos de ellos no están de acuerdo con lo cambios. Argumentan que está habiendo un quebranto a la autonomía sindical, que está habiendo injerencia de parte del Estado al querer establecer nuevos requisitos».
Germán de la Garza.
¿Están listos para el cambio?
Una de las propuestas planteadas en la reforma es permitir que los trabajadores puedan elegir qué sindicato los represente, pues la Ley Federal del Trabajo permite que una compañía pueda tener celebrado un contrato colectivo sin que los empleados lo sepan. El fin de estos sindicatos blancos o charros, es proteger a las compañías de la posibilidad de que puedan emplazarlos a huelga.
También se pretende modificar el procedimiento para emplazar a huelga, instituyendo la obligatoriedad de que el sindicato deba acreditar que tiene la legal representación de los trabajadores, y acreditar también la voluntad de que la mayoría desea irse a huelga.
De implementarse, los trabajadores tendrían un mayor poder de decisión, el cual -para el abogado De la Garza- requiere de mucho conocimiento sobre las implicaciones económicas, laborales, e incluso sociales, de promover huelga.
«Yo espero que tengamos la capacidad para discernir cuando es conveniente ir a una huelga y cuando no, pero para que estos modelos sean exitosos, debe haber una preparación y una madurez para no tomar malas decisiones».
Germán de la Garza.
https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/03/03/por-que-sera-tan-dificil-sanear-los-sindicatos-mexicanos_a_23682690/
AMLO y los sindicatos: el próximo conflicto
Gibrán Zafra
Los gremios conformados por trabajadores encargados de velar por sus derechos en México han estado en manos de los mismos dirigentes por décadas, lo que les ha permitido acumular un gran poder político, realidad que podría verse amenazada con la entrada del próximo gobierno a pesar de que López Obrador ha prometido respetar su autonomía.
Andrés Manuel López Obrador ha prometido una sacudida total del aparato gubernamental mexicano en busca de acabar con la corrupción, el eje central de su cuarta transformación
El presidente electo de México, cuya constancia que así lo avala la recibió el pasado 8 de agosto, ha puesto sobre la mesa la reducción de los salarios de los burócratas, el combate a las prácticas corruptas y licitaciones públicas transparentes, entre otras cosas.
Pese a que en el discurso López Obrador ha planteado su proyecto de transformación, quedan dudas de cómo lo va a lograr. Además surge un factor que no ha dejado claro cómo lo va a abordar o negociar: los sindicatos mexicanos.
Históricamente el sindicalismo nacional oficialista ha jugado más un papel en el campo de lo político que en lo laboral
Se trata de grupos que llegaron a tener una influencia clave durante los sexenios priistas, y pese a que han perdido terreno, continúan con una importante presencia.
En mayo pasado, aún en campaña, el político tabasqueño desde San Andrés Tuxtla, en Veracruz, se comprometió a respetar la autonomía sindical de todas las organizaciones de los trabajadores además del voto libre en la selección de los representantes gremiales.
Unos días después, desde Minatitlán, volvió a abordar el tema y dijo que durante su gobierno habrá democracia sindical y pondrá fin al cacicazgo petrolero.
“Se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin. Sí me entienden, ¿verdad?”, dijo durante el mitin en el que no mencionó nombre alguno pero hacía una clara referencia al polémico priista Carlos Romero Deschamps, quien ha ocupado el liderazgo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) desde 1996.
A pocos días de iniciar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en enero de 1989, el entonces presidente de México ordenó la detención de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el líder petrolero fue acusado de posesión ilegal de armas y condenado a más de 30 años de prisión. La maniobra fue conocida como “elquinazo”.
Los liderazgos de los principales sindicatos oficialistas se perciben longevos y con tintes corruptos, por lo que si López Obrador planea cumplir con su plan de sacudir las estructuras gubernamentales, deberá poner especial atención en las finanzas opacas de estos gremios.
López Obrador se ha comprometido a respetar la autonomía sindical de todas las organizaciones además del voto libre en la selección de los representantes gremiales
Joel Ayala, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), respaldó el plan de descentralizar las secretarias propuesto por el presidente electo, aunque puso condiciones como que debe existir una vivienda digna para los empleados en otras entidades, además advirtió que no aceptarán proyectos a la ligera y que se debe hacer de forma gradual.
Por su parte, Luisa María Alcalde, propuesta para ocupar la Secretaría del Trabajo en el próximo sexenio, ha mencionado en entrevistas con otros medios que en el tema sindical no todo es corrupción, pero que se manejarán de manera democrática y con libertad, por lo que garantizó que serán las organizaciones las que tomen sus decisiones y que habrá garantía de que el gobierno no será persecutor ni tampoco cómplice de nada.
Tras el triunfo de López Obrador el 1 de julio, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por Romero Deschamps, ofreció por medio de un desplegado su respeto institucional para el que será el próximo presidente de México.
En días pasados, Rocío Nahle, propuesta para ocupar la Secretaría de Energía, descartó por completo una cacería de brujas en contra del líder petrolero, ya que dijo que en el nuevo gobierno viene un cambio de cómo se hacían las cosas antes.
Expertos consultados por Reporte Indigo opinan que México se encuentra ante una oportunidad histórica para cambiar las relaciones con las prácticas sindicalistas, aunque consideran que el panorama es difícil, ya que el plan de gobierno que ofrece López Obrador puede resultar en un principio incómodo para estos gremios.
“El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene muy bien ubicado por la cultura priista en la que él se formó, cuál es el papel que juegan estas asociaciones en cómo se toman ciertas decisiones y tiene muy claro cuál es la relevancia para un gobierno el hecho de que estas agrupaciones estén estables, tranquilas”
– Maximiliano García
Politólogo de la UNAM
Por su parte, el analista Juan Pablo Galicia, ve que con la llegada de la administración encabezada por el tabasqueño, se abre una oportunidad para el sector sindicalista de regresar a la estructura de gobierno, sobre todo para reivindicarse con las propuestas de una política proteccionista y de tratar de recuperar la producción del mercado interno, lo cual no considera en su totalidad negativo.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Los sindicatos van a seguir jugando un papel importante en el sistema político mexicano el próximo sexenio en lugar de tomar un protagonismo en la parte económica o de producción, que es la que realmente les corresponde, considera el politólogo Maximiliano García.
La alternancia en el gobierno abre las puertas para que se cambie la manera en la que operan los sindicatos y que se enfoquen en temas laborales, que son los que les corresponden y menos atienden
Para el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, existe una oportunidad histórica en el país ante esta nueva alternancia para replantear cuál es el papel real de los sindicatos y tratar de encontrar una mayor transparencia en ellos, pero considera que será muy complicado que esto ocurra.
Indica que López Obrador conoce muy bien qué papel juegan los sindicatos en el sistema político, por lo que desde su punto de vista, el presidente electo tratará de mantener una relación estable, sin embargo, será muy difícil que lleguen cambios reales que modifiquen tanto su estructura como su actuar en el panorama nacional.
“Es lamentable porque estamos ante una oportunidad histórica de replantear el tema del sindicalismo y cómo es que se tendría que orientar precisamente para los fenómenos económicos y de mercado que se han registrado en el país”, agrega.
Maximiliano García considera que una de las habilidades principales de los sindicatos es su capacidad de adaptación.
Tras los procesos de alternancia y democratización que ha vivido México en las últimas décadas, observa que tienen una lectura muy clara de cómo se tienen que ir moviendo para alinearse al sector gubernamental.
“Ante los procesos de democratización en México se generaron oportunidades para que los sindicatos volvieran a replantear su papel frente a la autoridad y ante los empresarios y que fueran un factor de estabilidad. Contrario a lo que pasó en otras partes del mundo, donde incluso llegaron a apoyar procesos de privatización como en el caso de telecomunicaciones o de algunos otros servicios”, explica.
Para el politólogo, el reto sindicalista en el sexenio que iniciará el 1 de diciembre va en dos vertientes: uno es replantear qué papel jugarán al tener un vínculo directo con el gobierno, ya que anteriormente su intermediario se hacía por sectores del PRI, pero ahora buscarán un diálogo frente a frente.
El reto para los sindicatos será crear una agenda que demuestre su interés por los trabajadores
Y por otra parte será que deben marcar una agenda laboral real, en la cual se refleje su interés por la mejora de las condiciones de los trabajadores, aunque considera que no se ha logrado y difícilmente se encuentre en los próximos años, ya que no está dentro de sus intereses principales.
UN “QUINAZO” DESCARTADO
Para el analista político, Juan Pablo Galicia, existen todas las condiciones para que tras la toma de posesión de López Obrador como presidente ocurra una detención mediática al estilo Joaquín Hernández Galicia “La Quina” con Salinas de Gortari o Elba Esther Gordillo con Peña Nieto pero lo descarta porque considera que eso significa no haber aprendido de los errores de los gobiernos anteriores.
“Llevar a cabo un quiñazo en el sexenio a mí me parecería no haber aprendido del error de Peña Nieto, y aunque las condiciones existen, sería un mensaje equivocado a los sindicatos de que si no estás conmigo estás contra mí”, agrega.
Por ahora el encarcelamiento de algún dirigente sindical sólo podría darse si hubiera un enfrentamiento directo con el gobierno
En este sentido, el politólogo del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, considera que es muy poco probable que suceda, sobre todo porque esas acciones se hicieron en administraciones que comenzaban con un déficit de legitimidad, factor que no tiene el gobierno que encabezará López Obrador.
“Es poco probable porque esos golpes se han dado debido a que los presidentes han partido de un déficit de legitimidad, Salinas y Peña Nieto necesitaban mostrar algo de fuerza con sus sectores y seguidores para incrementar su aprobación e hicieron este tipo de acciones. López Obrador inicia con una amplia legitimidad y lo llevará por otra vía”, indica.
Un factor que evitaría que López Obrador se lance contra los sindicatos es que cuenta con mucha legitimidad
López Montiel considera que si la administración morenista trata de seguir esa ruta que en el pasado ya demostró que no da buenos resultados, el costo político podría ser mucho más alto que el beneficio, y agrega que sólo se haría si hubiera una confrontación directa con algún personaje pero que hasta el momento no se ha dado.
Lanzarse en contra de alguno de los líderes sindicales actuales como lo hicieron Salinas o Peña podría resultar más dañino que benéfico, pues mandaría un mensaje equivocado a estas organizaciones de que si no estás conmigo estás contra mí
CERCANÍA CON LOS SINDICATOS
“López Obrador es cercano a los sindicatos en su discurso y en su acción. Me parece que los planteamientos que ha hecho sobre todo en temas de la burocracia sí tocan o pueden tocar espacios sindicales. Pero creo que esta corriente de Morena es mucho más cercana al sindicalismo que los gobiernos panistas en su momento”, indica Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política.
El analista considera que la campaña del tabasqueño estuvo cercana al sector sindical, aunque aclara que dependerá de cada sector, pero cree que hay acercamientos para llevar una relación de colaboración entre ambas partes.
El acercamiento del próximo gobierno con un sector de los sindicatos también se podría fortalecer con la llegada de Napoleón Gómez Urrutia al Senado
Por su parte, el politólogo Juan Pablo Galicia, considera que el proyecto que ha planteado López Obrador de recuperar la producción nacional y fortalecer el mercado interno es una buena oportunidad para que los sindicatos recobren fuerza.
“Que el gobierno diga que se va a tratar de producir en el país la mayor parte de lo que se consume tiene que ver mucho con estas agrupaciones, pues los sindicatos están involucrados con el campo, con la energía, con el petróleo y se van a ver beneficiados con este tipo de políticas porque habrá inversión en ellos”, indica.
Galicia ve 3 escenarios para el sindicalismo en el gobierno morenista: primero tratarán de vincularse directamente con algún partido político, como ya lo hicieron anteriormente con el PRI; o desligarse totalmente de la lucha partidista y enfocarse en cuestiones laborales; y la tercera es tratar de formar sus propios partidos como ya ocurrió con Nueva Alianza y el SNTE.
Desde su campaña, López Obrador fue cercano al sector sindical, por lo que se podrían dar acuerdos para llevar una relación de colaboración entre ambas partes
Además ve un acercamiento con una parte del sindicalismo con la llegada del líder minero Napoléon Gómez Urrutia al Senado bajo los colores de Morena, así como la llegada de gente con vínculos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).