La secretaria de Trabajo afirmó que antes de que se apruebe la reforma laboral, es indispensable que se tenga claridad sobre la manera que se actuará en temas como de justicia laboral y registro de sindicatos.
María Del Pilar Martínez
20 de marzo de 2019, 13:38
Foto EE: Cortesía @STPS_mx
La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, afirmó que antes de que se apruebe la reforma laboral, es indispensable que se tenga claridad sobre la manera que actuará la dependencia y los titulares del trabajo en el país, en temas como de justicia laboral y registro de sindicatos, por lo que pidió total imparcialidad.
Al cerrar los trabajos de la primera reunión con secretarios de Trabajo de todo el país, la funcionaria federal dijo que “vamos a actuar con total imparcialidad para lograr la transformación en el país, y necesitamos hacernos cargo de que se cumpla el Estado de Derecho, ya que ha prevalecido en el mundo de trabajo la simulación”.
Asimismo, dijo que se debe combatir la corrupción, incluso antes de que se apruebe la Reforma Laboral, es un compromiso que deben cumplir las autoridades, los sindicatos, empleadores y trabajadores en todos los rincones del país.
Añadió que la corrupción es un problema que en el mundo del trabajo y “ha traído muchísimos problemas y ha debilitado empresas, ha debilitado relaciones laborales, ha nulificado la posibilidad de organizarse y que, con esta nueva política de recuperación del salario mínimo del mercado interno, vamos a ir logrando más y mejores empleos: quiere decir mayores salarios, mejores relaciones laborales y empresas con compromiso realmente en este país”.
La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, afirmó que antes de que se apruebe la reforma laboral, es indispensable que se tenga claridad sobre la manera que actuará la dependencia y los titulares del trabajo en el país, en temas como de justicia laboral y registro de sindicatos, por lo que pidió total imparcialidad.
Al cerrar los trabajos de la primera reunión con secretarios de Trabajo de todo el país, la funcionaria federal dijo que “vamos a actuar con total imparcialidad para lograr la transformación en el país, y necesitamos hacernos cargo de que se cumpla el Estado de Derecho, ya que ha prevalecido en el mundo de trabajo la simulación”.
Asimismo, dijo que se debe combatir la corrupción, incluso antes de que se apruebe la Reforma Laboral, es un compromiso que deben cumplir las autoridades, los sindicatos, empleadores y trabajadores en todos los rincones del país.
Añadió que la corrupción es un problema que en el mundo del trabajo y “ha traído muchísimos problemas y ha debilitado empresas, ha debilitado relaciones laborales, ha nulificado la posibilidad de organizarse y que, con esta nueva política de recuperación del salario mínimo del mercado interno, vamos a ir logrando más y mejores empleos: quiere decir mayores salarios, mejores relaciones laborales y empresas con compromiso realmente en este país”.
Al dar por concluidos los trabajos de la reunión en la que se analizaron las directrices de la nueva administración referentes al Servicio Nacional de Empleo, la creación de la Unidad de Trabajo Digno, los retos de la implementación de la Reforma Laboral y el informe sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la secretaria Alcalde Luján resaltó que el compromiso del Gobierno Federal es ser imparcial en las relaciones entre sindicatos y trabajadores.
“Al gobierno no le toca ni poner ,ni quitar líderes, ni fortalecer, ni debilitar a nadie; tenemos que ser profundamente imparciales en ese tipo de decisiones, que sean los trabajadores los que se puedan organizar de manera libre y que nosotros no vamos a seguir una lógica de sindicatos de Estado, ni de preferencias, ni de preferidos, ni de debilitados; nosotros vamos a actuar con absoluta imparcialidad en ese sentido”, enfatizó la secretaria.
Añadió que antes de que entre en vigor la Reforma Laboral, el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es de total imparcialidad en materia de registros sindicales, justicia laboral y todo lo que le confiere a la dependencia.
Alcalde Luján exhortó a todos los presentes a garantizar el cumplimiento de la normatividad: “la ley se tiene que cumplir no cuando me convenga y cuando no, sino siempre. Y que nosotros como autoridad debemos de ayudar a que esa ley se respete”.
Ante los titulares de las secretarías del trabajo local o sus representaciones en todo el país, ofreció reuniones periódicas de evaluación y contacto permanente con todos ellos para avanzar en todos los temas que están pendientes en la transformación del mundo del trabajo, reforma que es la más importante en los últimos cien años en México.
Etiqueta: trabajadores
Trabajadores somos
Abraham Nuncio
Sociedad civil, pueblo, mujeres, juventud, sectores vulnerables, comunidades indígenas y –pregón de moda– ciudadanía. Etcétera. Pero no trabajadores. Una muestra: ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República se refiere a ellos sino como algo accidental o enumerativo. El que más se ha acercado al concepto es López Obrador quien emplea, con alguna frecuencia, el término pueblo trabajador.
Los trabajadores somos el colectivo más numeroso del país. Aquel que sostiene a la sociedad con su esfuerzo, el que produce todo aquello que contiene valor de uso (bienes y servicios), independientemente de si es convertido en mercancía, y valor de cambio, la riqueza social a precio de mercado, empezando por la capacidad, las destrezas, el conocimiento y hasta el genio de los propios trabajadores. Los empresarios aportan algunos de los componentes al proceso de producción, pero no los esenciales. El componente nuclear de este proceso lo aportan los trabajadores.
La expresión capital humano acuñada en los ámbitos empresariales y socializada por sus medios, instituciones educativas y gobierno, a pesar de que nos reifica como mercancía, no deja de ser un reconocimiento al valor que tiene el trabajo de los seres humanos. Esperemos que llegue el día en que sólo seamos humanos que trabajamos para ganarnos dignamente el sustento y los bienes que la riqueza social nos permita disfrutar sin disminuir esta posibilidad de otros, como ahora se hace de manera ruda e impune.
Siendo la mayoría más significativa, los trabajadores han venido perdiendo peso específico en la sociedad mexicana. Es un proceso que roza los 75 años, desde aquel Pacto Obrero Industrial de 1945, donde ya se imponía la engañosa unidad de los desiguales en favor de los dueños del capital. Contenía tres cláusulas retóricas. En la primera se afirmaba: “Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos, en esta hora decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra Patria…” Se unían, declarativamente, para lograr la autonomía económica de la nación, mediante el desarrollo, y con el fin de elevar las condiciones materiales y culturales de las grandes masas del pueblo. En la segunda, se decía que obreros e industriales aspiraban a la construcción de un México moderno, digno de parangonarse, por su prosperidad y su cultura, con los países más adelantados del mundo: querían una patria libre, para siempre, de la miseria, la insalubridad y la ignorancia. Y en la tercera, donde aún se habla de clases sociales, leemos: Ambos, en fin, hemos realizado esta unión sin menoscabo de los puntos de vista particulares de las dos clases sociales que representamos…
Había una cláusula pragmática, que hoy podría servir para la renegociación del TLCAN, si la hubiere: “…estamos plenamente conscientes de la estrecha interdependencia económica que caracteriza al mundo contemporáneo. Por ello reconocemos la necesidad y la conveniencia de buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más industrializadas del Continente Americano, como los Estados Unidos y el Canadá…”
Una vez unidos lobos y ovejas, otros pactos les habrían de dejar a los lobos dedicados a los negocios una mayor cuota de terreno y alimento a costa de las ovejas sujetas a condiciones laborales entre un poco mejores, en ciertas épocas, y decididamente peores en las más prolongadas. Al Pacto de Guadalajara (1955), convocado por la CTM, ya lo sellaba el control y la línea presidencialista, que seguía el modelo de Miguel Alemán. Direcciones sindicales a modo, golpes a las que buscan su autonomía, represión abierta a los opositores –de izquierda, no existe otra fuerza que haya defendido históricamente a los trabajadores.
A mayor disciplina bajo la figura presidencial (las miles de mantas con el infaltable: Gracias, Señor Presidente), mayor entrega de conquistas sindicales. La CTM primero y la CROC después se ciñen a este binomio. Crisis y devaluación las debilitan. Ya para 1977, López Portillo no se toma la molestia de considerar a los trabajadores a la hora de lanzar un nuevo pacto: la Alianza para la Producción.
Eran los primeros signos del Estado neoliberal. El canto del cisne del sindicalismo aliado al gobierno fue la advertencia del líder sindical José Sosa a Miguel de la Madrid sobre el incierto destino de Pemex, ligado al de México y al suyo mismo. Luego vendría la represión salinista, las restricciones al salario, las reformas laborales que han menoscabado seriamente los derechos constitucionales de los trabajadores, la irresponsabilidad laboral de las empresas mediante intermediarios ( outsourcing). Y peor sería si llegara a la Presidencia de la República el PRI o el PAN. La iniciativa de una nueva reforma laboral, que establece el surgimiento de empresas ya con sus sindicatos blancos, ahora duerme; se la despertaría.
Morena tiene un componente de clase obrera que le rechina a los grandes empresarios, y por ello lo atacan en quien lo personifica: Napoleón Gómez Urrutia, líder de los trabajadores minero-metalúrgicos, postulado por este partido al Senado de la República. Es una posición que equilibra, de alguna manera, la presencia en él de empresarios que pueden ser muy liberales, pero que jamás podrían afirmar: “Los resultados del modelo de crecimiento que durante los últimos 30 años se ha aplicado, han estado enfocados en decisiones que consideran a los empresarios y sus asociados como los creadores de la riqueza, cuando en la realidad ésta es generada por los trabajadores mismos…”
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/24/opinion/019a1pol
Llama Coparmex-CDMX a aterrizar reformas hacendarias a realidad
Redacción/Quadratín México | 21 de marzo de 2018
Ciudad de México, 21 de Marzo de 2018.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar los proyectos de reforma fiscal y laboral, así como a las autoridades respectivas para sacar los pendientes en materia de reglamentación fiscal dada la incertidumbre existente, siendo este un factor que inhibe la creación de empleos y el desarrollo económico.
En voz de la contadora pública Virginia Ríos, tesorera de Coparmex-CDMX y una de las ponentes en el Foro Laboral donde se abordaron diversos temas relacionados con el ámbito laboral y fiscal, el Centro Empresarial dio a conocer su postura.
Ahí, Ríos Hernández explicó cómo la reforma fiscal realizada en 2014 lastimó sensiblemente a los empresarios porque se estableció que las prestaciones sociales para los trabajadores como el fondo de pensiones, la despensa, el fondo de ahorro, el reembolso de gastos funerarios, las ayudas para útiles escolares, el tiempo extraordinario, los subsidios por incapacidad, entre otras, no podrían ser objeto de deducibilidad al cien por ciento, sino solo al 47 o al 53 por ciento.
“Los patrones no pudieron con esta carga fiscal y algunos decidieron quitar las prestaciones que habían otorgado a sus trabajadores con la intención de mejorar su calidad de vida, al no poder deducir al cien por ciento estos conceptos”, indicó.
La también empresaria calificó como urgente y necesario que los legisladores se avoquen a este importante rubro de prestaciones sociales con base en la realidad, pues apuntó, por un lado los trabajadores necesitan de las prestaciones sociales provistas por los patrones, y por el otro los patrones debieran tener incentivos por procurar un mejor nivel de vida a sus trabajadores, quitándoles carga fiscal.
“El patrón dice yo les doy a mis trabajadores una despensa, o les voy a dar un fondo de pensiones para que su nivel de vida en su etapa ya no productiva sea digna”, pero con esa disposición los patrones no pueden mantener esos incentivos.
Todas las prestaciones sociales ofrecidas por los patrones, explicó, son de gran apoyo para sus trabajadores, sobre todo las integradas en fondos adicionales para su jubilación, porque la mayoría de las pensiones por recibir en unos años a partir de las afores no llegarán ni al 30 por ciento de lo percibido actualmente por un trabajador.
Virginia Ríos citó también algunos estudios realizados por aseguradoras y especialistas como indicadores de la necesidad de mayor ahorro por parte del trabajador pero, aseguró, el trabajador no tiene de dónde ahorrar, entonces es ahí donde los patrones preocupados por esta situación decidieron otorgar fondos de apoyo para prever el retiro de sus empleados.
“Como estos fondos de apoyo no son deducibles al cien por ciento, algunos patrones los cortaron definitivamente y otros dijeron ya no le incremento más, y los que pensaban otorgarlo decidieron quedarse esperando a ver si habría alguna regulación diferente”, expresó.
Enfatizó la urgencia de revisar la situación actual de empresarios y trabajadores por parte de los legisladores del Congreso de la Unión, autoridades fiscales, laborales y de seguridad social para elaborar reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, o bien que el jefe del Ejecutivo por decreto permita deducir al cien por ciento las prestaciones sociales que los empresarios otorgan a sus trabajadores.
Al referirse a la subcontratación, mejor conocido como outsourcing, la especialista en temas financieros y fiscales aseguró que en este renglón los contratantes son los más afectados con la normatividad al respecto, al no permitírseles contratar servicios de naturaleza igual a la que corresponde el giro de la empresa, es decir, si se tiene una maquiladora de ropa y una empleada se incapacita, el patrón no puede contratar a una empresa que le envíe a una persona a realizar las tareas de la trabajadora incapacitada.
“Es necesario que eso se reforme no como viene en el proyecto del 7 de diciembre presentado a los senadores, sino con base en la realidad. Esto no está en la realidad”, indicó.
Como hoy están las cosas, “la subcontratación debe justificarse por su carácter especializado y no pueden realizar tareas iguales o similares a las que realicen los demás trabajadores de la empresa y en caso de no cumplir con esta condición, entonces al contratante se le considerará patrón para todos los efectos, incluso para seguridad social”.
Además, mencionó, hoy al contratante se le deja la tarea de prácticamente supervisar fiscalmente a la empresa de la cual subcontratará servicios, al establecer que “el contratante debe cerciorarse de que el contratista cuente con la documentación y elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores”, es decir registros en la Secretaría de Hacienda, del Trabajo, de Finanzas (de la entidad de la que se trate), en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque con ello se garantiza que el contratista es un empresario formal.
Y explicó la fracción V del artículo 27 de la Ley del ISR donde se establece que el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses así como de su declaración de entero de las retenciones efectuadas a dichos trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y aquí la sanción por incumplir esta disposición es para el contratante, es decir, para quien no hará deducible el pago de los servicios subcontratados.
El presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, reiteró la necesidad de fomentar y defender la competitividad laboral en la Ciudad de México con el objetivo de preservar la capital como uno de los mejores sitios para invertir y agregó que ante el complicado panorama internacional es necesario mantener la confianza en la inversión y crear mecanismos para permitir la generación de más empleos y salarios dignos.
“Esto se logrará en la medida en la que fortalezcamos el mercado interno y mejoremos la competitividad laboral que asegure que las empresas tengan certidumbre jurídica y flexibilidad para mantener la capacidad de trabajo formal.
“Desde Coparmex-CDMX hacemos un llamado para que la Reforma Laboral venga acompañada de un proyecto de capacitación y formación profesional para quienes integrarán las nuevas instancias encargadas de impartir la justicia social con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y que las empresas cuenten con los mecanismos para brindar más y mejores empleos”, detalló.
Las legislaciones secundarias de la reforma laboral, dijo, no deben perder de vista que de acuerdo con datos del Instituto de Informática y Geografía (INEGI), alrededor del 60 por ciento de los trabajadores no cuentan con prestaciones básicas de ley.
“Cerca del 90 por ciento de trabajadores cuentan con empleos generados por micro, pequeñas y medianas empresas, pero esto no garantiza un trabajo perdurable en el tiempo dada la mortandad de las empresas en Méxicol”, añadió.
Otro aspecto que se debe considerar, apuntó, es el trabajo informal, más de dos millones de personas laboran en esta condición, lo cual detona la importancia de involucrarnos en una reforma laboral que los alcance y los abrace a todos y acotó: “para esto es necesaria la participación del gobierno local y federal, además de los sectores productivos para hacer propuestas integrales a políticas públicas que permitan realizar estrategias para la generación de empleos formales”.
https://mexico.quadratin.com.mx/llama-coparmex-cdmx-a-aterrizar-reformas-hacendarias-a-realidad/
Un siglo atrás en materia laboral
Julián Germán Molina Carrillo 10/02/18
La reforma al artículo 123 constitucional, aprobada el 24 de febrero de 2017, tenía como objetivo impactar de forma trascendental y positiva el
sistema laboral mexicano, pretendiendo erradicar el cumulo de vicios
que impedían una libre asociación y afectaban en perjuicio de los trabajadores la negociación colectiva auténtica, así como, sacar de la creciente precariedad en la que la legislación anterior tenía sumidos a los trabajadores en nuestro país.
Anudado a lo anterior, también pretendía terminar con la desconfianza por parte del sector empresarial en la justicia laboral sustentada en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, acabar con las redes de extorsionadores que exigían cuotas a cambio de no ser afectados por amenazas de supuesta huelgas. Terminar con los contratos colectivos de protección patronal suscritos al margen de la voluntad de los trabajadores, los cuales, se convierten en un escándalo internacional, evidenciando la corrupción en expedientes ordinarios en los que resultaban beneficiados, no solo los líderes sindicales, sino también, los despachos de los abogados empresariales, quienes obtenían jugosos beneficios por estas formas de contratación y también por facilitar el outsourcing.
Sin embargo lo que parecía un avance jurídico-laboral y social, ha terminado por ser solo un espejismo, un sueño del que nuestros flamantes legisladores nos han despertado con la iniciativa de ley reglamentaria a la mencionada reforma, con la que pretenden llevarnos un siglo atrás, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional, presentada el 7 de diciembre pasado, está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales, eliminando incluso los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 2012 impuso a favor de los trabajadores, al restringir la libertad patronal de subcontratación, pretendiendo eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservando en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía emplazamiento a huelga, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Y como puntal a este cúmulo de incongruencias, pretenden incluir la representación de sindicatos y empleadores al órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, es decir, nunca se va a terminar con el conflicto de intereses que ha estado históricamente presente en las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Así, la autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores, instrumentos que abonarían a obtener de forma gradual la legitimación de la representación sindical, pasarán a ser nuevamente, meras utopías, significativas únicamente en la sintaxis de una ley inservible.
Si la iniciativa de ley reglamentaria se materializa, tendremos que seguir conviviendo con la rigidez de la herencia corporativa, propia de nuestro modelo político autoritario, con el temor al cambio, las complicidades entre patrones y líderes sindicales, y sobre todo, con la se- d de intereses agregados por tantos años, que han impedido, que la democracia y el régimen del Estado de Derecho avanzaran en este campo.
Y como resultado de todo ello, el principal generador de pobreza y desigualdad, el mercado laboral, seguirá siendo manejado por los intereses de los más poderosos económicamente hablando y dejando de lado, la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, impactando negativamente el desarrollo y crecimiento del sector que directamente sostiene sociedad con un sistema neoliberal, con la complicidad de las centrales obreras como la CTM y la FROC, (CROC) cuyos líderes se empeñan en conservar sus privilegios y seguir con sus corruptelas, a costa de sus “representados”.