Especialistas critican la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral que se debatirá en el Senado y que plantea, entre otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para concentrarlas en un solo instituto. (JUAN )
Iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral prevé no abordar el tema, dice senador; atenta contra los trabajadores: expertos
15/02/2018 Astrid Rivera
El outsourcing podría quedar fuera de la discusión de la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral, debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
El senador dijo a EL UNIVERSAL que la subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación que aún se discute en la Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por que se han sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para considerar a todos los sectores.
“Están muy avanzadas las negociaciones, mañana no están las condiciones para que se presente la iniciativa, se sigue platicando con los senadores miembros de la comisión y también con los sindicatos. Estamos tratando de llegar a acuerdos con empresarios, que es parte importante, con los abogados inmiscuidos en este asunto y con la Secretaría del Trabajo. Es difícil que pueda transitar el tema del outsourgcing, es difícil que transite, no veo que pudiera entrar en la iniciativa”, expresó.
El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral. A partir de esa fecha los legisladores tenían plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la Constitución, en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.
Chico Herrera comentó que pese a que este tema se está discutiendo “a contrarreloj”, se analizarán los enfoques de todos los sectores de la producción en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos.
“Sabemos que vamos contrarreloj, no queremos legislar al vapor, y lo haremos de una manera seria lo más pronto posible, pero sin que las prisas nos hagan cometer errores. De ninguna manera buscamos perjudicar a la clase trabajadora”, dijo.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que el proyecto deja desprotegidos a los trabajadores, al establecer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, por lo que representa un “retroceso” para el sector laboral e implicaría una pérdida del valor del trabajo.
El principal eje de la iniciativa es la justicia laboral, con lo que se plantea la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasarán al Poder Judicial como tribunales laborales, y se creará un nuevo instituto que concentrará las funciones de conciliación de conflictos y registro de sindicatos.
El proyecto, el cual aún se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos. Trabajo y Previsión Social del Senado, establece la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, organismo que concentraría las tareas de solución de conflictos que hoy desempeñan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de “modernizar” la impartición de justicia para el trabajador.
Para trasladar las funciones de las juntas al nuevo instituto se plantea que la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje deberán presentar un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para concluir los asuntos en trámite; el plan deberá presentarse en los siguientes 120 días después de la entrada en vigor del decreto.
De aprobarse la iniciativa, presentada el 7 de diciembre pasado por los senadores Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, el nuevo instituto contaría con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.
Además de encargarse de la conciliación de conflictos laborales, el instituto registrará los contratos colectivos de trabajo, así como la formación de nuevos sindicatos y confederaciones obreras, las altas y bajas de sus miembros.
Sobre el outsourcing, el proyecto propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.
“Las operaciones bajo el régimen de subcontratación garantizarán la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley o derivados de la relación contractual. Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores para un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, señala el documento.
Será “un monstruo jurídico”
Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, consideró que con la creación de un Instituto de Conciliación y Registro Laborales se concentrarán en un solo ente funciones que actualmente corresponden a los gobiernos estatales, como es el registro de los sindicatos, así como de los contratos colectivos, además de la resolución de conflictos laborales, con lo que este nuevo organismo podría convertirse en un “monstruo jurídico”.
“El nuevo instituto también será tripartito, su órgano de gobierno tendrá representantes de gobierno, patronales y del sector obrero, se regresa al mismo esquema sin ningún sentido, pierde totalmente su carácter independiente, es un organismo descentralizado y administrativo, un monstruo jurídico”, resaltó.
Dijo que los requisitos que se establecen en el proyecto de legislación para ejercer derechos colectivos como la huelga o de contratación colectiva, son muy difíciles de cumplir, como son reunir las armas de todos los trabajadores, presentar el número de seguro social del patrón, así como de todos los trabajadores. “Es absurdo, porque en más de un tercio de los centros de trabajo los trabajadores no tienen Seguro Social”.
En el tema del outsourcing, comentó que la iniciativa plantea que se puede subcontratar sólo cumpliendo con los requisitos de pagar el salario mínimo y afiliar a los trabajadores al Seguro Social; además, se modifican las reglas para el despido masivo: de aprobarse el documento no será necesario contar con autorización previa del tribunal laboral.
“Es muy grave (…), se va a despedir y contratar barato. Estamos ante la muerte del esquema de responsabilidad patronal, se busca imponer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, así como la pérdida del valor del trabajo”, dijo.
Para Ricardo Martínez Rojas, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, se requiere un debate amplio sobre esta legislación en el que se involucre a todos los sectores a fin de que todos salgan beneficiados. Señaló que el outsourcing debe ser muy limitado porque daña tanto a los trabajadores, al asco y al Seguro Social. Dijo que esta augura sólo debe ser utilizada para emplear a especialistas, no para contratar a toda la plantilla laboral.
Sobre la conciliación, resaltó que el proyecto carece de “dientes” para aplicar una resolución a los conflictos, ya que la conciliación no se establece como obligatoria.
“Cuando el promovente de la conciliación no acude, de cualquier forma se le va a dar su certificado para que pueda ir a demandar, no va a ser conciliación obligatoria. Deben necesariamente agotarse los procesos de conciliación. Si el promovente, sea trabajador, empresa o sindicato no va, no tiene derecho a demandar, de lo contrario no tiene sentido, todo mundo va a faltar a la conciliación y puede demandar. Le faltan dientes a esa parte; si queremos un proceso conciliatorio real, tiene que ser obligatorio”, detalló.
Etiqueta: tribunales laborales
Reforma busca impartición de justicia laboral más equilibrada: CROC
NOTIMEX 24.01.2018 – 23:11H La iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral no contempla modificaciones al régimen de outsourcing o subcontratación, pero sí busca garantizar un sistema de impartición de justicia… La iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral no contempla modificaciones al régimen de outsourcing o subcontratación, pero sí busca garantizar un sistema de impartición de justicia más expedito y equilibrado, afirmó el líder de la CROC, Isaías González Cuevas.
El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) aseguró que no se permitirá afectar los derechos de los trabajadores, pese a las presiones que ejercen empresas subcontratistas.
El también senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el propósito es avanzar hacia una sociedad más equilibrada, “en la que el Estado de derecho se imponga sin excepciones y se cierre el paso a toda simulación y corrupción en las relaciones laborales”.
En un comunicado, mencionó que el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que se presentará ante comisiones en el Senado no se hará eco de las intenciones de los empresarios que buscan liberar la contratación outsourcing para consolidar sus ganancias, abaratar la mano de obra y evitar el pago de reparto de utilidades.
Agregó que el proyecto de dictamen contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que las controversias entre trabajadores y patrones estén a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, para reducir el tiempo en los procedimientos y la ejecución de las sentencias.
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Avance en reforma a justicia laboral es prioridad: STPS
El Secretario del Trabajo reiteró que los empleos que se han creado no son precarios pues cuentan, por ejemplo, con todas las prestaciones.
María Del Pilar Martínez
19 de enero de 2018, 00:22
Roberto Campa Cifrián, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó como prioridad de su administración avanzar en la reforma a la justicia laboral y que ésta esté en tiempo así como alcanzar la cifra de 4 millones de empleos formales al cierre del 2018.
“Tenemos que dar cumplimiento a la instrucción del presidente por mantener el ambiente de armonía laboral, sobre todo ahora que empiezan los procesos de revisiones salariales. Otro de los compromisos importantes es atender el enorme reto de la reforma a la justicia laboral”, señaló.
En entrevista, Campa Cifrián expuso que el proceso de la reforma a la justicia laboral tiene como fecha límite los últimos días de febrero, “hemos avanzado mucho en un proceso de diálogo con los sectores, con los trabajadores, con los empleadores y también con los legisladores. La responsabilidad ahora cae en el Senado, por ser la Cámara de origen, pero confiamos en que sacaremos a tiempo la reforma, pero es un reto”.
De acuerdo con los cambios constitucionales que se realizaron en materia laboral en el 2017, la impartición de justicia debe cambiar, para lo cual es necesario iniciar el proceso de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para crear tribunales laborales, a cargo del Poder Judicial; para este proceso se dio de plazo un año, mismo que se cumple en febrero del 2018.
Asimismo, se deberá avanzar en la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual tendrá como tarea llevar a cabo todo el proceso previo de las demandas laborales para tratar de conciliar las diferencias entre patrones y trabajadores, así como realizar todas las tareas de registro de contratos y sindicatos laborales.
Cabe destacar que especialistas, abogados, líderes sindicales y trabajadores se han manifestado en contra de las propuestas que se discuten en el Senado de la República debido a que no fueron consultados, y porque se incorporó una nueva cláusula para modificar la reglamentación del outsourcing.
COMPROMISOS 2018
Tras señalar que esta administración alcanzará la meta de 4 millones en la generación de empleo, Campa Cifrián afirmó que “se ha hecho un esfuerzo para que los empleos sean con salarios no precarios, el promedio de los empleos que se han generado es relativamente bueno a partir de la desindexación de los mínimos y la capacidad de compra para tratar de que estos empleos favorezcan los segmentos más vulnerables”.
Reiteró que los “empleos no son precarios, son empleos con cuatro salarios mínimos, son empleos que tienen todas las prestaciones de la formalidad y esto ha permitido disminuir 3 puntos porcentuales la informalidad, traíamos una tendencia en contra y este gobierno ha podido modificar ese incremento de trabajadores informales”.