13 de abril de 2018
- Senado de la República Presente.
Los que suscribimos, Presidente y Secretaria General de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, Asociación Civil, ante ustedes con el debido respeto comparecemos a manifestar:
Que por acuerdo de las Quinta y Sexta Asamblea General Ordinaria de nuestro gremio, celebrada en los meses de Noviembre de 2017 y Enero este año, decidimos vigilar y participar activamente en la investigación y seguimiento en la adecuación e implementación de la reforma laboral de 24 de febrero de 2017, para lo cual nos sumamos a los trabajos de la organización no gubernamental de la sociedad civil Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, rubricando con ellos, como Federación, dos posicionamientos, uno a la opinión pública y el otro a esta H. Cámara mediante escrito fechado en esta ciudad el 26 de Febrero de 2018, ambos motivados centralmente por la inconstitucional, anti convencional, agresiva, oportunista y autoritaria propuesta de 7 de Diciembre 2017, de dos legisladores de la fracción parlamentaria del PRI, en la cual nos adherimos al rechazo por anticonstitucional e inconvencional y por atentar contra el derecho del trabajo y la previsión social.
Queremos insistir y exigir a esta representación cámara, que no se apruebe dicha propuesta, ni ninguna otra, hasta en tanto no se consense con los factores de la producción, de manera amplia, directa y en todo el territorio nacional, que se escuche a los investigadores de la materia, a los operadores del sistema de Justicia laboral, a los obreros y a los empresarios y a la población en general, respecto a los elementos normativos necesarios para hacer vigente la reforma constitucional del 24 de Febrero de 2017 y se procure a través de dicho ejercicio, la mejor Norma laboral, que respete, el principio de progresividad de los derechos humano y los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la clase obrera, que presupone el que el marco normativo interno deberá́ respetar los derechos humanos laborales y de seguridad social mínimos que han sido pactados en el concierto internacional, y reconocidos en nuestra Constitución, la patria requiere un Derecho Laboral progresista, que permita que verdaderamente se armonicen los factores de la producción y genere una equitativa y justa repartición de la riqueza, se requiere un marco normativo que actualice una vida digna y decorosa a la clase Obrera, que permita satisfacer sus necesidades y alcanzar el progreso y de servirse del desarrollo y obtener la felicidad para él y su familia.
Requerimos un marco normativo que permita el ejercicio libre de los derechos sindicales e impida la simulación contractual y permite el acceso irrestricto al derecho de huelga de los trabajadores, para obtener el respeto de sus derechos humanos y laborales y mejores condiciones de vida en la relación laboral.
Requerimos de un proceso ágil, transparente y expedito, que como se plantea en la reforma, sea aplicado por el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los Estados, en sus respectivas competencias.
Requerimos un proceso que no dependa de las circunstancias políticos y sociales de la Patria, en el cual no sé simulen los procesos y los actos que los generan y donde la impartición de la justicia realmente haga valer el principio de derecho social al que pertenece el Derecho Laboral y Seguridad Social.
En tal virtud, después de muchas horas de Trabajo, de investigación en foros públicos, en círculos privados, en lo individual y en lo colectivo, hacemos patente para todos los efectos legales correspondientes, el consenso a que hemos arribado y que se compone de las siguientes cuestiones inaplazables, que deberá́ considerar este Poder legislativo al momento de legislar formalmente sobre la materia:
- Extender la vacatio legis de la reforma, que se traduzca en un diálogo riguroso e incluyente entre los sectores involucrados, para obtener un diagnóstico nacional e Imparcial de la problemática en la impartición y procuración de la justicia laboral. Lo anterior incluye el análisis de las cargas de trabajo, demandas de los justiciables y unificación mínima de criterios para la implementación del nuevo modelo. Incluso se requiere un análisis puntual de la implementación de la reforma respecto a la infraestructura y el recurso económico necesario para operarla.
- Se necesita una norma jurídica que protege el cumplimiento del proceso constitucional al voto personal libre y secreto de los trabajadores, previo a la firma de los contratos colectivos, para la elección de sus representantes así como para la solución de sus conflictos.
3.Se requiere la tutela efectiva de los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, de conformidad con la norma suprema.
- Se necesitan mecanismos que garanticen la verdadera autonomía e imparcialidad del órgano federal y local que tendrá́ a su cargo el registro de los contratos y asociaciones sindicales, así́ como la conciliación previa obligatoria de los juicios en el ámbito Federal.
- Es preciso una reglamentación clara que no permita la invasión de competencias entre los órganos administrativos y los tribunales evitando con ello la inconstitucionalidad del nuevo modelo por la injerencia del Poder Ejecutivo en el poder judicial y a la inversa.
- Se requiere de un presupuesto adecuado y suficiente para la operación de los tribunales y demás instituciones que mandata la reforma constitucional.
- Es necesario, de manera paralela, establecer estrategias que permitan generar programas de profesionalización, que aseguren una justicia operada por especialistas en la materia.
- Se deberá́ cuidar que las normas reglamentarias afirmen los principios fundamentales del Derecho Laboral y de seguridad social, especialmente por lo que corresponde al carácter tutelar del trabajador y poder conseguir así́ el equilibrio de las partes, tanto en la conciliación, como en el desarrollo de los procesos.
9.Se deberá́ procurar el fortalecimiento de instituciones primordiales que generen un real acceso a la justicia social, como lo son las procuradurías de la defensa y la inspección del trabajo, así como la certeza en el cumplimiento de las normas laborales.
En razón de lo anterior, queremos puntualizar que la convivencia social podrá́ ser armónica y equilibrada, si se respeta el contenido de la reforma laboral de 24 de febrero de 2017 ya que de lo contrario, traería como consecuencia fatal, el enfrentamiento violento de los factores de la producción, provocando un desequilibrio social y rompiendo con la paz que todos merecemos, pues dicha contradicción a nuestra historia jurídica y social, sería entendida como una agresión al pueblo Mexicano en su conjunto.
Sin otro particular quedamos de ustedes, esperando ser escuchados y atendidos en la manera que lo
determinen.
Ciudad de México a 13 de abril del 2018.
«Engrandecer el Derecho para servir a la Justicia» Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados Á.C.
Maestro Mariano Cordero Burciaga Presidente
Nancy Ivonne Daniels Márquez Secretaria General
Se acumularon estos pendientes del 2000 al 2016, reconoce la Secretaria del Trabajo