El congreso dejó sin recursos la reforma de justicia cotidiana aprobada por el Senado y la CdMx necesitarán al menos 1200 mdp para ponerla en marcha y atender los 70 mil asuntos que reciben al año.
2018/03/01 11:59 Angélica Mercado
El Congreso de la Unión no sólo incumplió los plazos para aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que los litigios laborales pasen al poder judicial, sino que dejó sin recursos su implementación.
La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalina, Margarita Rojas Olvera, dijo que si el Senado aprueba una ley reglamentaria, pero no hay presupuesto para implementarla no funcionará.
Rojas Olvera estimó que sólo para la Ciudad de México se necesitarán al menos mil 200 millones de
pesos para operar una reforma con la que se pretendía agilizar la justicia laboral.
«Nosotros estamos hablando de un aproximado de mil 200 millones de pesos para su implementación», destacó en el seminario «El Nuevo Sistema Laboral en México», realizado en el Senado.
Rojas Olvera explicó que la CdMx recibe un promedio de 38 mil demandas laborales anuales y alrededor de 45 mil convenios fuera de juicio al año, lo que equivale a más de 70 mil asuntos que requerirían una estructura para atenderlos.
En el foro convocado por el PRD, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas reveló que no se podrá echar a andar la reforma aprobada el año pasado por el Congreso porque contemplaron en el presupuesto los recursos para instrumentarla.
Margarita Rojas Olvera dijo que han solicitado que hagan una valoración en todos los estados, para saber que recursos necesitan tenerlos ir dándoles la implementación.
«Por eso nosotros insistimos que se requiere una vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para que la implementación de la nueva impartición de justicia laboral se vaya dando gradualmente, considerando que este año electoral y una buena parte del presupuesto se destinan a ese fin, a la atención de las elecciones y no hubo presupuesto adicional para la justicia laboral», dijo.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles dijo que existe un rezago de 1 millón de expedientes en todo el país y cada caso cuesta, en promedio, 80 mil pesos, por lo que solicitó una «vacatio legis» de hasta 5 años para procesar la transición de este nuevo sistema.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, pidió que el PRI reconozca esta situación y acepte abrir un plazo mayor para la entrada en vigor de la reforma porque el tiempo fijado por el Congreso ha sido insuficiente.
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