Laura Gómez Flores | lunes, 19 feb 2018
Ciudad de México. La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas Olvera, llamó al Congreso de la Unión abrir un debate exhaustivo sobre la reglamentación de la reforma laboral, que genere un acceso real a la justicia del trabajo, y se establezca una vacatio legis mínima de cinco años, pues ésta vence el próximo 24 de febrero.
Durante el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017 señaló que una reforma que ni siquiera cuenta con un presupuesto etiquetado para su implementación como ésta, es fallida y todo el esfuerzo realizado por los diversos entes de impartición de justicia involucrados quedará en una ficción sin sentido.
La necesidad de capacitación y preparación profesional para quienes serán los nuevos operadores del sistema de justicia laboral es indispensable para impartir justicia social de manera pronta y oportuna; y asegurar que los derechos laborales de los trabajadores de la junta se respeten y aprovechen sus talentos.
Hoy, alertó, está en juego la paz social, pues la brecha de desigualdad en México es cada vez más pronunciada; y la falta de acceso a la justicia, la inseguridad y la corrupción han generado, con justa causa, desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, lo que pone en riesgo la gobernanza.
Ante la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, y representantes del sector académico, laboral y judicial, la titular de uno de los tribunales laborales con mayor carga de trabajo en América Latina, afirmó que la iniciativa presentada en el Senado de la República tiene una visión limitada de la realidad de los conflictos laborales en el país.
Pidió no perder de vista que el índice del llamado trabajo informal es del 60 por ciento de los asalariados, es decir, seis de cada 10 personas que tienen un empleo, no cuentan con prestaciones básicas de seguridad social; mientras 90 por ciento, de los cuatro trabajadores restantes, tienen un empleo generado por la micro y pequeñas empresas, cuya permanencia estaría en juego.
Los requisitos de procedibilidad establecidos en la iniciativa sin embargo están fuera del alcance de los actores reales del mundo del trabajo, cuando los derechos adquiridos por todos los actores no tienen regreso, no podemos retroceder en esa materia, y cualquier decisión sobre justicia tiene que estar cimentada en el diálogo incluyente.
Señaló que hacer una reforma legal por compromisos ajenos a nuestras necesidades apremiantes o peor aun respondiendo a recomendaciones de otros países, especialmente de Estados Unidos, no son la solución a nuestros problemas y resulta “no sólo inviable, sino altamente peligrosa en el contexto de nuestro país”.
Por ello, para asegurar un proceso independiente, imparcial, oportuno y honesto se requiere fortalecer no sólo a los tribunales, sino también a otras instituciones que son coadyuvantes naturales para la impartición de la justicia, como es la inspección del trabajo y las procuradurías de la defensa del trabajo.
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