¿Nueva Ley Federal del Trabajo?

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Por Dario Celis
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá la mesa puesta en el Poder Legislativo para tirar a la basura las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, pero también los parches que los diputados y los senadores hicieron a la Ley Federal del Trabajo.
El único contrapeso real que tendrá el nuevo gobierno no serán por supuesto los sindicatos; tampoco los partidos políticos; vamos, ni si siquiera los organismos empresariales. Ya no digamos la llamada “mafia del poder” aglutinada en el Consejo Mexicano de Negocios, que cabildea Zimat, de Martha Mejía.
El contrapeso real vendrá del exterior, de los negociadores de Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, o incluso de las empresas instaladas en México, las cuales requieren flexibilidad para operar y ser más productivas y competitivas.
A partir del próximo 1 de septiembre el dilema de López Obrador y sus mayorías en las cámaras de diputados y senadores será: o bien operan con las leyes como están moviendo las aguas lo menos que se pueda, o proponen y aprueban una nueva Ley Federal del Trabajo (LFT).
Y es que la LFT permaneció durante casi 40 años sin tener cambios significativos y fue hasta fines de 2012, ya durante el gobierno de Enrique Peña, que se modificó para incluir la figura de subcontratación (outsourcing) y limitar el pago de los salarios caídos en los juicios individuales.
Posteriormente, fue presentada una reforma constitucional a los artículos 107 y 123, la cual se aprobó en febrero de 2017, y en la cual se determinó que la justicia laboral dejara de estar en manos del Ejecutivo (federal y local) y se eliminaran las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
De igual forma, que se adoptara la figura de juez laboral y se crearan los centros de conciliación estatales y un organismo descentralizado al que le corresponde el registro de todos los sindicatos, así como los contratos colectivos.
Asimismo, se instituiría el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes; y el requisito de que, para estallar una huelga en demanda de la firma de un contrato, se exigiría que el sindicato tuviera la anuencia de la mayoría de los trabajadores afectados.
Derivada de este cambio constitucional, los senadores priistas Isaías González, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM, promovieron la adecuación de la LFT en diciembre pasado, pero ésta no ha sido votada aún.
Ahora todo indica que Morena tendrá la mayoría en las cámaras del Congreso, lo que le otorgará el poder para aprobar cambios a las leyes aunque, tratándose de la Constitución, le faltarían alrededor de 20 diputados y 20 senadores y la aprobación de al menos 17 congresos locales. Preocupa que México no siga adelante con su proceso de ser más productivo y por tanto poder competir mejor a nivel mundial.

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