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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres, Nombres / Heraldo de México
POR ALBERTO AGUILAR AGOSTO 31, 2018
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YA LE ADELANTABA QUE en lo laboral lo pactado por México con el gobierno de Donald Trump no se apartará de lo que en su momento el país comprometió para el TPP.
Desde entonces con Barack Obama ya había críticas en los foros internacionales contra México por el “dumping laboral” que supone un andamiaje sindical ex profeso para mantener salarios bajos.
Hay comparativos de lo que un trabajador de EU ganaba en 1997: estaba en 23 dólares y evolucionó a 37 dólares en 2015.
En Irlanda la remuneración en esos mismos 18 años crecieron de 17 a 36 dólares y en Corea del Sur de 9.24 a 37 dólares, mientras que aquí el salario de un trabajador pasó de 3.47 la hora a solo 5.90 dólares.
De ahí que en el capítulo 19 del TPP, México se obligara a garantizar la libre contratación colectiva, libertad de asociación, justicia laboral independiente y prohibición del trabajo infantil.
Esto mismo se replicaría para el TLCAN o Acuerdo EU-México que quedó listo el lunes como lo anunció el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta vez además lo laboral quedará plasmado en un anexo con obligaciones vinculantes y sanciones, lo que fue aceptado por Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray.
Ya en febrero del 2017 se iniciaron los cambios con ajustes a los artículos 107 y 123 de la Constitución.
Conforme a la misma deben desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para sustituirlas por instancias de conciliación especializadas que manejará el poder judicial.
Se imaginará el cúmulo de intereses a vencer para dar el paso comprometido en un asunto que primero quedó a cargo de Alfonso Navarrete Prida como titular de la STPS y que heredó Roberto Campa Cifrián al asumir la dependencia.
Un primer inconveniente fueron los recursos presupuestales que se requerirán para crear una nueva estructura. Se llegó hablar de unos 10 mil millones de pesos (mdp), aunque ahora hay quien calcula el doble, osea 20 mil mdp.
Para cumplir con el cambio las actuales juntas locales tendrían que mantenerse por al menos 3 años para sacar los expedientes vigentes, y en ese ínter las nuevas instancias de mediación deberán recibir lo nuevo.
En un entorno de escasez de recursos presupuestales para 2019 y en el contexto de la austeridad que promueve Andrés Manuel López Obrador, no se ve nada fácil continuar con esa reforma, que ni siquiera se ha empujado con la voluntad requerida.
Ahora el problema es que con los nuevos compromisos la presión internacional contra el país en lo laboral crecerá.
Como indicativo de la problemática que enfrenta esta metamorfosis hoy la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a cargo de José Francisco Maciel opera con un presupuesto de poco más de 915 millones de pesos, recursos que apenas permiten operar a 45% de su capacidad.
Así que habrá que ver que sucede.
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