
NOTIMEX 25.01.2019 – 11:51H En el próximo periodo ordinario de sesiones se hará una nueva revisión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, con el propósito de ajustar la forma en que operan los esquemas de subcontratación conocidos como “outsourcing”, señaló Germán Garza, abogado laboral.
Indicó que en este proceso, “lo primero que se tienen que hacer es no satanizar a toda la subcontratación como si fuera un modelo negativo”, ya que este esquema llevado desde el aspecto formal, aporta grandes beneficios a las organizaciones y a sus colaboradores.
En entrevista, el socio fundador de la firma de abogados Mowat consideró que la mala percepción que se tiene de la tercerización se debe a que existen empresas que recurren a huecos legales existentes en este esquema, para realizar evasiones respecto a las obligaciones patronales y fiscales, por lo que será importante delimitar los aspectos que permiten esto.
Puntualizó que el “outsourcing” es un modelo positivo para la administración de nóminas y la generación de empleos, “en la medida en que se cumpla con lo que la propia ley establece para modelos de subcontratación”.
Se estima, dijo, que 57 por ciento de la población ocupada en México, equivalente a 30.4 millones, labora bajo esquemas tercerización o de “outsourcing”, es decir, con una razón social distinta pero que forma parte de la misma empresa y que realiza únicamente la contratación de personal.
Hizo notar que este tipo de colaboradores deben contar con derechos como el de antigüedad, seguridad social, aguinaldo, Afore, acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), vacaciones y prima vacacional.
El abogado advirtió que “si se restringe tanto este esquema, podría tener un impacto en la generación de empleos formales”. Aseguró que para muchas empresas “podría dejar de ser viable el tener a ciertas personas dentro de su nómina dado que los costos no lo permitirían y se tendrían que cesar esas relaciones de trabajo”.
Germán Garza consideró que las autoridades laborales y fiscales tienen el mayor desafío, en cuestión de inspeccionar bajo las facultades que la ley les confiere, que los modelos de subcontratación sean reales y “no llevados bajo temas de simulación”.
Esta clase de esquemas que se dan en la contratación, advirtió, implican por ejemplo el presentar un sueldo menor con respecto a lo que gana un empleado, para disminuir las aportaciones patronales en seguridad social, afectando sus cuentas de Infonavit y Afore, lo cual genera menor recaudación de impuestos al gobierno.