Negocios, 01-03-2019
Impuestum
Solicitan tripartito en reforma laboral con sindicatos que contribuyan al pago de impuestos
La reforma laboral que se plantea para la administración López Obrador se propuso adecuar las leyes tributarias para que los sindicatos paguen impuestos y se mantenga el tripartismo (gobierno-empresarios-trabajadores).
Durante las audiencias públicas para la reforma laboral que se realizan en la Cámara de Diputados a la que asistió el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, se solicitó que los planteamientos de la iniciativa privada fueron tomados en cuenta para mantener el tripartismo.
En la mesa que se abordó el tema de “centros de conciliación y registro laboral” se mencionó que buscan aprobar una reforma que dañe a los derechos de los trabajadores, ni tampoco a los empresarios y a los diferentes sectores.
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Anita Sánchez Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explicó que no se trata de afectar ni al sector empresarial ni al laboral, sino de armonizar la legislación.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, destacó que esta reforma será trascendente porque cubrirá la demanda de la justicia social y el respeto de los trabajadores.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó que se requiere un marco que proteja a los trabajadores y fomente el empleo y el crecimiento del país.
“Tratamos de que aquí salga un ganar-ganar, donde al mismo tiempo que garantizamos los derechos de los trabajadores, podemos mantener los estímulos necesarios para que las empresas inviertan en el país, generen más empleos formales y mejor remunerados”.
Propuso que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenga un carácter tripartito y participen la autoridad —como mediadora— trabajadores y empresas, como tres grandes áreas interesadas en proteger derechos y seguridad jurídica del trabajador, así como promover la inversión, con autonomía.
“De nada sirve meter cargas e inflexibilidades a los contratos colectivos y las relaciones laborales, si no se traduce en mejoría para trabajadores y para un crecimiento de la productividad”, especificó el líder de la cúpula empresarial.
La transparencia es fundamental para el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y con la legislación que le dará origen, los conflictos se solucionarían de manera ágil, objetiva e imparcial.
Pidió que la junta de gobierno sea tripartita, en lugar de estar integrada sólo por titulares de dependencias o entidades paraestatales, y sea conformada por cuatro representantes de los trabajadores e igual número de empleadores, para que sean vigilantes de la actuación del organismo.
Por su parte, Juan Carlos de la Vega, de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sostuvo que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe tener un órgano consultivo tripartito, porque los problemas laborales deben tener tres puntos de vista: el patronal, de los trabajadores y del gobierno.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada AC, Raúl Sapiens Santos, manifestó su preocupación respecto de la elaboración que se prevé de un buzón electrónico para comunicar demandas a las empresas.
Reconoció que los centros de Conciliación y Registro Laboral acortarán plazos para inscripción de sindicatos y mantendrán la obligatoriedad de conciliar, antes de iniciar un proceso ante tribunales; además contarán con especialistas en solución de conflictos y mediación laboral.
Sapiens Santos propuso adecuar las leyes fiscales para que los sindicatos paguen impuestos y fiscalizar la administración de recursos que reciben. Además pidió que los integrantes de sus mesas directivas no tengan relación directa o indirecta con empresas del gremio que representen, porque generarían conflicto de intereses.
Participó Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien se refirió a la temporalidad para la instrumentación de esta reforma, una vez aprobada se calcula un lapso de cuatro años, concluyó.