VICENTE ESQUEDA MÉNDEZ
18.04.2019/03:09
“El derecho del obrero no puede ser nunca
el odio al capital; es la armonía, la conciliación,
el acercamiento común de uno y del otro”
José Martí
A inicios de este mes, Nancy Pelosi, la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, mencionó que el Congreso de su país, no votaría el último acuerdo comercial con México y Canadá, conocido como T-MEC y que sustituiría al TLCAN, hasta que se aprobara la reforma laboral pendiente en nuestro País.
Y es que desde el 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Federal, en materia de Justicia Laboral.
A mi juicio, algunos de los aspectos más importantes son: la elección de dirigentes sindicales mediante el voto de los trabajadores de manera personal, libre y secreta y, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, sustituyéndose por tribunales laborales, para la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones, los cuales estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los Poderes Judiciales de las entidades federativas.
Se creó también, la obligación para que los trabajadores y patrones asistan a una instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales. Estableciéndose que en los Estados habrá Centros de Conciliación, que se integrarán y funcionarán de acuerdo a lo que se fije en las leyes locales.
Para el orden federal, se estableció que la función conciliatoria, estará a cargo de un organismo descentralizado, al que le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Para la designación del titular, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, y si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
No es necesario hacer mucho esfuerzo mental para recordar, que a inicios de este mes, el Presidente de la República, nombró de manera directa, a 4 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, ante el rechazo por segunda ocasión por parte del Senado, de las ternas enviadas; por lo que es importante tener presente este antecedente y exigir que mande perfiles que cumplan con los requisitos.
A efecto de dar cumplimiento al artículo segundo transitorio, que estableció un plazo de un año, para que en lo federal y en lo estatal, se hicieran las adecuaciones legislativas correspondientes; el pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el dictamen donde se propuso la modificación, adición y derogación a diversas disposiciones de 5 leyes federales, quedando pendiente la aprobación por la Cámara de Senadores en los próximos días.
Es de resaltar, que en el dictamen aprobado por los Diputados, se contemplan diversas medidas contra la discriminación y para lograr la igualdad de género, se establecen diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los sindicatos y, se considera el uso de tecnologías de la información, para agilizar y modernizar los procesos laborales.
Una vez que entren en vigor las reformas aprobadas, existen diversos plazos para que inicien su funcionamiento las instancias que se crean, de conformidad con las normas que en su momento aprueben las legislaturas estatales y la previsión presupuestal que realicen, por lo que habrá que revisar los tiempos y el recurso que Guanajuato le destine a este fin.
Esperemos que éste proceso para una nueva justicia laboral, se haga de manera más rápida y eficiente, que lo acontecido con la reforma en materia penal; ya que nuestro país si de algo tiene prisa, es de mejorar las condiciones económicas de millones de trabajadores, y en función de ello, elevar la calidad de vida de las familias mexicanas.
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