La creación del Sistema de Justicia Laboral en San Luis Potosí generaría la necesidad de erogar hasta 156.6 millones de pesos en los próximos 27 meses. De ese presupuesto, el 62 por ciento correspondería a la nómina de funcionarios de cuatro tribunales laborales previstos a establecerse en ese lapso, de acuerdo a estimaciones del Poder Judicial del Estado (PJE).
De acuerdo al documento, anexo en el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Puntos Constitucionales sobre el establecimiento de la reforma al Sistema Judicial Laboral que pasará al Pleno del Congreso hoy, se plantea la apertura de cuatro tribunales laborales en el estado entre este año y 2022 y la contratación de 64 plazas para operar las nuevas instancias.
En estas, el Estado deberá destinar 97.9 millones de pesos entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022. Esa cifra corresponde al 62 por ciento del monto total del costo de la reforma laboral.
El documento también prevé destinar 30.1 millones de pesos para el capítulo 5000, correspondiente a la compra de bienes muebles e inmuebles.
Otros 27.9 millones de pesos se calculan para servicios generales y 598 mil 714 pesos para el capítulo de materiales y suministros.
El reporte judicial también señala que hay un subsidio federal de 19.2 millones de pesos, mientras que el gobierno del estado destinó una partida de 11.5 millones de pesos.
Sin embargo, acota que esos 30.7 millones de pesos sólo se reservan para servicios materiales y generales, sin que puedan ser destinados al gasto de nómina.
De acuerdo a los tabuladores presentados en el documento, cada juez laboral ganará ingresos mensuales por 98 mil pesos.
Aspecto de los candidatos momentos antes de inciar el debate ■ foto: la jornada zacatecas
■ Destaca el tema de la venta o sustitución de prestaciones; el acto fue ilegal: López Jácquez
■ Buscará José Juan Martínez que los directores no contraten personal por fuera del sindicato
■ Propone Samuel Rodríguez realizar en la BUAZ una Feria de la Creación Universitaria
■ Campeán habló sobre crear una política editorial para que universitarios hagan publicaciones
Martín Catalán Lerma 20/08/2020
Este miércoles se llevó a cabo el segundo debate de candidatos a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), en el que destacó la discusión respecto a la venta o sustitución de prestaciones, la cual fue calificada como ilegal de parte de algunos aspirantes, mientras que otros consideraron que el programa fue mal implementado.
La venta o sustitución de prestaciones fue un programa mediante el cual Gobierno Federal otorgó recursos a las universidades en situación de crisis financiera con el propósito de reducir sus pasivos laborales.
Al vender las prestaciones, un docente recibía un monto calculado por un estudio actuarial, a cambio de no percibir el pago de prestaciones después de formalizar su jubilación, con lo cual la Universidad ya no tuviera responsabilidad en ello.
Aunque el recurso para esta iniciativa fue otorgado por Gobierno Federal, Pedro López Jácquez, candidato de la planilla Alternativa Democrática Independiente, dijo que a final de cuentas hubo afectación a las finanzas de la institución, debido a que los profesores involucrados no se jubilaron y por lo tanto siguieron cobrando todas sus prestaciones a pesar de ya haberlas vendido.
Al respecto, afirmó que los docentes vendieron sus prestaciones ilegalmente, ya que una parte del Contrato Colectivo señala que las prestaciones son irrenunciables, además de que éstas son colectivas y/o individuales, por lo que requirió del aval de los órganos de gobierno del sindicato.
Además, recordó que la venta de prestaciones no fue para todos, sino solamente para profesores y en ese momento funcionarios cercanos al rector. Aunado a ello, estos siguieron trabajando, no se jubilaron, por lo que percibieron prestaciones y además el monto correspondiente a la compra de éstas.
En otro tema, López Jacquez refirió que su planilla plantea un manejo diferente del Comité Ejecutivo de tal forma que no asuma una postura patronal, lo cual se garantiza con el hecho de que sus integrantes no obedecen al rector, ni ex rectores, ni grupos políticos ni a partidos, sino a los colectivos docentes.
Sobre la Fundación, manifestó que es una figura que opera bajo una completa opacidad, porque nadie sabe cómo funciona, cómo se gobierna o cómo se determinan los intereses, los montos de los préstamos y el destino de los fondos del capital.
Por su parte, José Juan Martínez Pardo, candidato de Unidad y Fortaleza Sindical, destacó la pluralidad que hay entre los integrantes de la planilla que encabeza, además de que estos son representativos del sindicalismo universitario.
Uno de los temas que propuso, en caso de llegar a la dirigencia, es la modificación al reglamento de admisión, ello con el propósito de que los coordinadores y directores no incurran en prácticas de contratación de personal por fuera del sindicato.
Sobre la reforma laboral y estatutaria, expuso que se requiere una adecuación de la normatividad interna en el sindicato, porque la reforma laboral establece la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su lugar, se crearán tribunales laborales.
Entre los rubros en que se debe modificar el estatuto del Spauaz, mencionó Martínez Pardo, es el de la democracia sindical, porque ahora se requiere de la participación del gremio y la intención de la reforma es erradicar la toma de decisiones unilaterales al interior de los sindicatos.
Otros temas en que se debe modificar el estatuto, son la transparencia, equidad de género y clarificar las formas de elección, pero también se debe dar vida operativa al sindicato y a su organización interna, especialmente en lo que respecta a la operatividad de las coordinadoras de Delegados y asambleas.
Asimismo, Samuel Rodríguez Escobar, candidato de Libertad Universitaria Sindical, destacó que los miembros de esta planilla son participativos y propositivos, y cada uno de ellos cuenta con un proyecto para la cartera a la que aspiran en el Comité Ejecutivo.
Por ejemplo, comentó que en la cartera de Cultura se ha propuesto la creación de una galería de docentes universitarios y una Feria de la Creación Universitaria, en las que podrán participar los profesores.
Se refirió al tema de la contratación por honorarios y expuso que en universidades como la de Querétaro, 50 por ciento de los docentes ya están contratados bajo ese esquema, por lo que es una práctica cada vez más recurrente en las instituciones de educación superior, sin respetar la bilateralidad en el proceso de admisión.
Rodríguez Escobar consideró que esa práctica es inadmisible y es una afrenta para la actividad sindical, porque los honorarios implican que personal entra a trabajar “por la puerta trasera”, sin atender las vías y mecanismos sindicales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Por último, Regina Compeán González, candidata de Rescate Sindical Universitario, señaló que la venta de prestaciones, fue un programa federal con recurso etiquetado para reducir los pasivos laborales de las universidades, pero en la BUAZ se implementó mal porque nunca se condicionó a los docentes a jubilarse y por lo tanto cobraron ese monto pero siguieron trabajando y siguieron percibiendo las prestaciones.
En ese momento, dijo que el Spauaz “brilló por su ausencia” en ese proceso a pesar de que en el contrato se establece que los derechos y prestaciones son irrenunciables. Ante esa situación, si algún docente pretende participar en ese proceso, debe asesorarse adecuadamente.
En relación s su planilla, explicó que se conformó por invitación expresa, pero en principio algunos docentes “se bajaron” por amenazas de la parte patronal. Sin embargo, todos los integrantes tienen el propósito y la convicción de defender los derechos de los trabajadores.
En la cartera de Prensa y Propaganda, indicó, se planea resaltar todas las actividades que se realicen en el sindicato y, además, hay la propuesta de crear una política editorial y tramitar el ISBN para que los universitarios puedan hacer publicaciones.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján hizo un reconocimiento a la Magistrada Presidenta Olga Regina García López
San Luis Potosí, SLP.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján hizo un reconocimiento a la magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura por el trabajo que el Poder Judicial del Estado ha realizado para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, a pesar de las dificultades que ha impuesto la emergencia sanitaria y tras conocer los avances que se tienen, manifestó su confianza en que se podrá empezar su operación el próximo mes de noviembre.
Plano informativo 19/08/2020
Lo anterior lo expresó tras sostener una reunión con representantes de la Unidad para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral del Poder Judicial, en la cual se le expuso un resumen del trabajo que se ha realizado a la fecha y el proyecto para la creación de los tribunales especializados que resolverán los juicios en la materia, los cuales serán orales y darán agilidad a las controversias que lleguen a judicializarse.
“Ha sido un reto gigantesco, hemos estado focalizados en garantizar que en la primera etapa de implementación entraran las nueve entidades federativas que van a ser las pioneras, como es el caso de Luis Potosí y será muy bueno el ejemplo que se podrá dar a las otras entidades que ya se empiezan a preparar para entrar en operación el próximo año, en temas como planeación y capacitación”, expresó la titular de la STPS.
Agregó que se tiene mucha expectativa en el nuevo sistema de justicia laboral, “tanto en los Centros de Conciliación que funcionarán como un filtro para que no todos los asuntos se judicialicen, así como en los tribunales que darán garantía de imparcialidad, de rapidez, de oralidad y de modernidad”.
Por su parte, la magistrada presidenta Olga Regina García López informó que el Consejo de la Judicatura emitirá próximamente la convocatoria para elección de las y los primeros jueces laborales, de la cual, una de sus características es que busca garantizar la paridad de género.
Expresó el compromiso por concretar esta reforma en los tiempos y además, de que en su operación se imparta una justicia que proteja los derechos humanos.
Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones que serán adecuadas para los Tribunales Laborales.
La corrupción sindical seguirá atacándose en México. “No es borrón ni cuenta nueva, las investigaciones las autoridades las están haciendo en casos donde tienen información y hay presunción de que existe algún delito”, aseguró Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El Economista 19/08/2020
En relación al caso de Hugo Bello, líder sindical de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), detenido por la presunta participación en secuestro exprés y lavado de dinero, la funcionaria resaltó que si bien la autoridad judicial será la encargada de emitir una sentencia, no se puede ignorar que existen dirigentes sindicales que en lugar de representar a los trabajadores, han promovido la extorsión y el chantaje.
“No podemos cerrar los ojos ante la realidad de que han existido durante mucho tiempo sindicatos que, lejos de defender a los trabajadores, se han dedicado a la extorsión y al chantaje, lo podemos ver muy claramente en la industria de la construcción, donde uno todavía no pone un ladrillo y ya llegan a pedir recursos”, dijo Alcalde Luján durante una gira de trabajo en San Luis Potosí.
Labor conjunta con la UIF
En ese sentido, la secretaria del Trabajo afirmó que su dependencia continuará trabajando de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la corrupción dentro de los sindicatos, entre otras prácticas dañinas en el mercado de trabajo.
En el combate a la corrupción sindical, resaltó la titular de la STPS, la reforma laboral será una herramienta para rescatar a los sindicatos y defender los derechos de los trabajadores, quienes podrán contar con contratos colectivos equilibrados y sometidos a revisión cada año.
Con la reforma laboral, expresó, los sindicatos blancos se van a extinguir. “Ya no hay cabida en la nueva ley, de entrada porque los dirigentes van a tener que pasar por procesos democráticos y, número dos, porque ya no se pueden firmar contratos colectivos a espaldas de los trabajadores“.
A pesar de que con estos cambios al marco legal se estableció la cancelación de registros sindicales por actos de corrupción, aún es prematuro afirmar si se le retirará el registro a la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CTML), que preside Hugo Bello. Sin embargo, Alcalde Luján aseguró que “si hubiera una sentencia condenatoria habría la posibilidad de iniciar el trámite para cancelar el registro, pero primero tiene que agotarse primero toda esta etapa judicial”.
Por último, la funcionaria federal recordó que sólo el 30% de los sindicatos locales han modificado sus estatutos para adoptar los nuevos principios de democracia sindical, como el voto libre, personal, directo y secreto. Las organizaciones que no garanticen la democracia plena, acotó, ya no tendrán la validación de la autoridad registral de sus elecciones y procedimientos.
QUERÉTARO, Qro. – El secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, sostuvo una reunión virtual con los representantes sindicales en Querétaro, con la finalidad de dar seguimiento a la adecuación de estatutos de sus organizaciones, de acuerdo a lo que establece la Reforma Laboral.
Estas modificaciones a los estatutos, tienen que ver con la inclusión del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en los procedimientos de elección de dirigentes, así como en materia de rendición de cuentas y equidad de género.
Otro de los puntos informativos que destacó el secretario del Trabajo en este encuentro virtual con los líderes sindicales, es la apertura de la Junta Especial no. 6, de la Local de Conciliación y Arbitraje. Mario Ramírez explicó que esta Junta Especial no. 6, se enfocará en resolver las controversias laborales nuevas, para que las cinco Juntas Especiales restantes despresuricen su atención en los asuntos pendientes de resolución.
El funcionario estatal indicó que el personal ha recibido capacitación en el nuevo Modelo de Justicia Laboral, basado en mejorar el entendimiento del conflicto y la comunicación entre las partes, para brindar a trabajadores y patrones una mejor atención, más cálida, oportuna y objetiva, proponiendo soluciones equitativas a las partes, para privilegiar la conciliación en cada caso. Asimismo, detalló que través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), se recibirán las demandas, y a su vez, turnará la mayor parte de ellas a la Junta Especial no.6. Se trabajará mediante citas agendadas, para dar cumplimiento a las medidas sanitarias.
