Juventino Romero de la Torre , presidente interino de Coparmex / Juan José Sifuentes / El Sol Del Centro
Indispensable que se canalicen mayores recursos para inspección laboral en el ámbito local, con la finalidad de que se implemente la verificación requerida para que los patrones cumplan con las disposiciones laborales, de lo contrario, incluso con reformas que buscan eliminar la subcontratación, se seguirán dando prácticas nocivas en contra de los empleados.
Juventino Romero de la Torre, presidente interino de la Coparmex, sostuvo que los legisladores podrán aprobar modificaciones a la normativa vigente, pero si no existe la suficiente vigilancia para que las empresas cumplan con las obligaciones laborales, seguirán eludiendo estas disposiciones.
Consideró que la reforma propuesta es muy agresiva, pues incluso en algunos casos equipara la subcontratación laboral con el crimen organizado, un castigo muy drástico que probablemente hará que muchos patrones se desistan de la figura del outsourcing, pero que no eliminará en su totalidad las malas prácticas laborales.
Juventino Romero reconoció que después de presentar la iniciativa ha habido flexibilidad, incluso se convocó a un parlamento abierto; uno de los planteamientos que se ha puesto sobre la mesa, es ceder a cambio de imponer un límite a la repartición de utilidades, para que el PTU no exceda de determinada cantidad.
Sin embargo, subrayó que no se prevé que cambie mucho la propuesta realizada por el presidente López Obrador, por lo problemas que desde su perspectiva conlleva este esquema, como la evasión de cuotas e impuestos, así como el incumplimiento respecto a diversos derechos de los trabajadores.
Finalmente, el presidente interino de la Coparmex dijo que para esta organización hay outsourcing bueno y malo; todas aquellas empresas que mediante este esquema no cumplen con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como la normativa del IMSS e Infonavit, están fuera de la ley y deben ser obligadas a cumplir con dichas disposiciones.
El mandatario informó de la pérdida acelerada de empleos formales por el COVID-19 en México y explicó cómo se han ido recuperando.
La tarde de este martes 1 de diciembre tuvo lugar, en Palacio Nacional, el Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus dos años de mandato presidencial, durante la lectura de sus datos el jefe del ejecutivo explicó los avances y retos de su administración, donde el problema del desempleo generado por el COVID-19 fue abordado.
De acuerdo con lo explicado por el mandatario nacional las medidas para contener la nueva cepa de coronavirus, que promovieron la parálisis de muchas actividades productivas, tuvo como consecuencia la pérdida de más de un millón de empleos formales, teniendo como punto más crítico el mes de julio.
Después, en el mes de agosto, inició una reactivación escalonada, en la que la recuperación de empleos formales se vio manifestado en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ante tal escenario, AMLO informó que más de medio millón de empleos han sido recuperados y que si los números continúan con esta tendencia, para finales del primer trimestre del 2021, se podría tener una reincorporación laboral equivalente a la que se tenía antes de la llegada del SArS-CoV-2 a México.
“La economía empieza a crecer, y del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos, ya se han recuperado 555 mil 600. Pienso que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia”, dijo en la ceremonia de Informe de Gobierno.
Cabe recordar que para combatir los brotes de la nueva cepa de coronavirus, la Secretaría de Salud (SSa) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pusieron en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que promovía las recomendaciones de aislamiento social propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto conllevó una parálisis económica nunca antes vista en la vida moderna de México y puso al borde de la quiebra a miles de empresarios mexicanos generadores de empleo, asimismo, la tasa de desempleo se disparó.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), para julio en México 15.7 millones de personas habían perdido su fuente principal de ingresos. Después, tanto el IMSS como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) iniciaron a reportar una recuperación escalonada.
En este referendo, se informó que el mes de octubre fue el que más reincorporaciones laborales formales tuvo con la cantidad de 211,000, lo cual daba una suma de 400,000 hasta ese mes. El primer día de diciembre, AMLO reportó que ya son más de medio millón y que existe la alta probabilidad de que se reestablezcan los números como antes de la pandemia.
Sin embargo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha advertido en reiteradas ocasiones que hasta que no exista y se distribuya entre la población una vacuna efectiva contra el COVID-19, esta enfermedad continuará siendo un peligro para la salud humana, lo cual podría incidir en la reactivación de las actividades económicas no esenciales.
Todas las industrias han sufrido a causa de la nueva cepa de coronavirus; sin embargo, las más dañadas son la turística, restaurantera y de entretenimiento lejos de casa. Pues al estar limitada la movilidad, las personas procuran no asistir a centros recreativos como cines, teatros o eventos deportivos. De hecho, éstos últimos, la gran mayoría se realizan a puerta cerrada.
Ante esto, AMLO resaltó durante su discurso que la estrategia que implementó el Estado mexicano es poco convencional, pues rechazó la estructura neoliberal a base de la contratación de deuda.
“Pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar, tanto la crisis sanitaria como la económica, con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación”, aseguró.
Por una unanimidad, los diputados federales se declaron en sesión permanente hasta lograr emitir un dictamente sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de la subcontratación laboral o outsourcing.
La Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma al outsourcing y los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y la de Trabajo y Previsión Social se declararon en sesión permanente, a fin de continuar en la construcción del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo Federal en materia de subcontratación laboral u outsourcing en México para llevarla a discusión de los grupos parlamentarios en el Pleno. Por unanimidad, así lo acordaron los integrantes de ambas instancias legislativas.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que toda vez que el trabajo consiste en aprobar el dictamen y que los grupos parlamentarios están considerando impulsar algunos acuerdos, es procedente que a partir de este momento declaremos reunión permanente, de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, subrayó, para continuar el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), anunció la realización del Parlamento Abierto sobre el tema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), para los días 3 y 4 del presente mes.
Al respecto, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron por unanimidad el Parlamento Abierto sobre la iniciativa respecto de la ley de pensiones.
Posteriormente, Baldenebro Arredondo declaró receso a la sesión permanente, acordada con antelación, a fin de reanudarla conforme se considere conveniente.
Este martes 1 de diciembre, los empresarios de México dieron un avance de las negociaciones en el tema de subcontratación y precisaron que dentro de los acuerdos que se tuvieron con los responsables de los secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se concluyó que van a eliminar el insourcing, como una forma de contratación de personal, comentó Francisco Cervantes Díaz, representante del sector empresarial.
Es importante mencionar que el término de insourcing, aclara Alejandro Elizalde Reséndiz, especialista en derecho fiscal, para Kudo y Niño de Rivera Abogados, se refiere a que el trabajador es contratado por una empresa legalmente constituida, pero lo realiza a través de otra dedicada al manejo de recursos humanos y esta última se encarga de hasta pagar la nómina de esta persona que no prestan directamente sus servicios en donde fue reclutada.
El 23 de noviembre, los empresarios iniciaron con una serie de reuniones para abordar la iniciativa enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, respecto a la regulación de la subcontratación laboral, conocida como «outsourcing», en el cual Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifiesto su beneplácito y confianza de que las reuniones tendrán un buen resultado.
Los patrones en México han externado que están de acuerdo en impulsar reformas en cuanto a la subcontratación laboral, pero existen artículos que deben de ser analizados con detenimiento por ambas partes para lograr un entendimiento que convengan a todos.
Destacó que existen artículos que están al 100 por ciento de acuerdo y adelantó que la próxima semana se van a reunir con AMLO para revisar los acuerdos que llegaron después de la sesión permanente que mantendrán con los funcionarios de las dependencias involucradas.
La iniciativa de reforma integral que armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, ISR e IVA prohíbe la subcontratación de personal que evita que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros, destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Se permite los servicios especializados y las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa que los contrate. Las empresas de servicios u obras especializadas requerirán autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público.
La mitad de los contratos colectivos en la industria de la indumentaria en México –con más de 70 por ciento de personal femenino– no incorpora ninguna demanda de las mujeres; y sólo dos de 68 sindicatos analizados en esta industria tiene como secretaria general a una mujer.
Estos son algunos de los resultados del informe “La situación de los contratos colectivos del trabajo en la industria de la indumentaria en México”, que elaboraron las expertas en derechos laborales Inés González Nicolás, Andrea E. García y Gabino Jiménez Velasco, con apoyo de Fondo Semillas.
De acuerdo con Cimacnoticias, para este estudio se analizaron 68 contratos colectivos del trabajo en 15 entidades de la República (Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México) y, por primera vez en un estudio de este tipo, se añadió como categoría de análisis la transversalización de la perspectiva de género en estos contratos colectivos.
Esta categoría era importante porque “el mayor nivel en el deterioro de la contratación colectiva en México coincide con una destacada presencia de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral”, dice el informe.
Las investigadoras encontraron que 54 por ciento de los contratos colectivos no hace referencia a ninguna cuestión de género, es decir, no incorpora los derechos o las demandas de las trabajadoras.
Por ejemplo, la atención de las prestaciones relacionadas con los derechos de maternidad, pese a que son obligación de ley, no se mencionan en absoluto en los contratos colectivos analizados o son inferiores a aquellas dispuestas por la Ley Federal del Trabajo (LFT), como se pudo observar en 64 de los 68 contratos colectivos analizados.
Además, sólo dos sindicatos tienen a una mujer como secretaria general, a pesar de que en la industria de la indumentaria hay 70 por ciento de presencia femenina.
También se observó que sólo un sindicato resultó ser independiente, el resto pertenece a las grandes centrales sindicales, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Otro dato es que los salarios más altos pueden ser atribuidos a una sola persona o a un grupo reducido del personal, mientras que los salarios más bajos pueden ser asignados a la mayoría de las personas trabajadoras en la empresa. Las partes de la cadena de suministro más feminizadas –como las áreas de confección– suelen ser las que tienen las remuneraciones más bajas, lo que las obliga a trabajar jornadas extras para complementar sus ingresos.
Además, de acuerdo con el informe, no se ha observado una participación relevante de las mujeres en el proceso de negociación colectiva. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sólo 8.7 por ciento del total de los sindicatos existentes cuenta con secretarías generales a cargo de mujeres.
Al presentar el informe el pasado 27 de noviembre, la académica Inés González dijo que “si las personas trabajadoras no conocen sus derechos y no se apropian de ellos, seguirá siendo un papel la Ley Federal del Trabajo”.
La investigadora Andrea García, por su parte, dijo “podemos tener una ley y una reforma laboral que no diga en el papel cosas maravillosas sobre la democratización del mundo laboral, pero eso no va a pasar desde la ley a los centros de trabajo, eso va a pasar cuando las y los trabajadores en los centros de producción organizados puedan hacer una demanda de la aplicación de lo que establece la ley laboral”.
No obstante, “gran parte de las condiciones que hay en las fábricas en las que se produce la indumentaria es responsabilidad directa de las marcas multinacionales que terminan comercializando los productos en el mercado final, porque son quienes concentran la mayor parte de las ganancias de la producción y quienes están en toda la posibilidad de ofrecer mejor paga a los contratistas y de esa forma garantizar que haya mejores condiciones en el piso de producción”, agregó.
