La entrada en vigor del T-MEC y el inicio de la administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos plantean retos para México, dice el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos. “Tenemos muy claro dónde están los retos: poner particular atención en temas relacionados con la protección al medio ambiente y laboral. Debemos hacerlo, para evitar conflictos que tengan que dirimirse en paneles internacionales”.
El funcionario llamó la atención en erradicar el trabajo infantil y cualquier caso que pueda interpretarse como trabajo forzado en los campos mexicanos.
Para ello, la Sader trabaja en coordinación con la Secretaría del Trabajo para establecer códigos de conducta en las empresas que contratan jornaleros con el fin de que eviten contratar a menores de edad “porque eso nos metería en serios problemas”.
Dijo que, si bien, es una práctica que ha disminuido de manera significativa, pues existen leyes que prohíben, la autoridad debe poner atención particularmente en los sembradíos de fresa y tomate donde las familias de jornaleros se desplazan con todo y sus hijos.
Explicó que en muchos de los casos el problema radica en que los padres no tienen con quién y dónde dejar a sus hijos. Por ello, junto con los empresarios del sector se realizan intervenciones gubernamentales para resolver esa situación. Son múltiples acciones, que van desde proporcionarles instalaciones de recreo como canchas deportivas, aseo y estancias infantiles o escuelas cerca de los lugares en donde los padres trabajan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la empresa canadiense Americas Gold and Silver, concesionaria de la mina en Cosalá, Sinaloa, a que acate la decisión tomada por los trabajadores en un recuento en el que se decidió qué sindicato tendrá su representación, a fin de que concluya el conflicto laboral que persiste desde hace casi un año.
Indicó que de acuerdo al informe que le presentaron sobre este caso en particular, la empresa no quiere que el sindicato -liderado por Napoleón Gómez Urrutia- ganador represente a los trabajadores. “Eso ya no le corresponde a la empresa decidirlo, porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores”, insistió.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que “ya se les notificando a los responsables de la empresa para que se acate la decisión de los trabajadores y se restablezca la actividad en la mina”, e incluso, comentó que se ha pedido la intervención del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.
Y añadió: “ojalá y también los dueños, los accionistas de la mina ayuden en este caso para que se respete la voluntad en los trabajadores y se resuelva el problema”.
Hay que recordar que la mina de Cosalá, Sinaloa, ubicada en un pueblo turístico y minero en la entrada al Triángulo Dorado, lleva en paro laboral once meses, en el que los trabajadores exigen un salario digno y mejores condiciones de trabajo sin outsourcing, respeto al medio ambiente y libertad sindical. De la mina se extraía plomo, cobre y zinc, principalmente.
La reforma de home office aprobada en días pasados por el Congreso de la Unión, además de regular la modalidad y garantizar los derechos laborales de los teletrabajadores, establece un plazo de un año y medio para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elabore una Norma Oficial Mexicana (NOM) para atender aspectos de salud y seguridad bajo esta figura.
Si un colaborador que labora desde su casa tiene un percance en su jornada, ¿debe considerarse accidente de trabajo? Este aspecto referente a la seguridad y la salud laboral es uno de los vacíos que dejó la reforma aprobada por el Congreso, pero que tendrá que quedar resuelto en los lineamientos de emita la STPS a partir del plazo estipulado cuando se promulgue la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Otra de los cuestionamientos con respuestas laxas, por ejemplo, tiene que ver con los riesgos psicosociales en esta modalidad laboral. Un estudio de EY muestra que en México el nivel de riesgo alto o medio por cargas de trabajo impactó a 7 de cada 10 trabajadores este año, esta cifra es el doble de lo reportado en 2019.
Mientras tanto, el nivel de riesgo alto o medio en el dominio de interferencia en la relación trabajo-familia abarcó a 40% de la fuerza laboral en 2020, un año antes la proporción era de 10 por ciento. En buena medida, estos aumentos se debieron a una transición rápida y, en algunos casos improvisada, hacia el teletrabajo.
Aspectos básicos de la NOM
La Norma Oficial que deberá diseñar la STPS tiene como objetivo atender los vacíos que dejaron las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo aprobadas por el Legislativo. Pero ¿qué elementos hay que considerar en esta discusión? Desde el punto de vista de José Manuel Lucio Olvera, socio fundador de la Consultoría M&E Lucio Asociados, el primer paso es considerar el tipo de empresa que implementará esta modalidad de trabajo.
“Se tendrá año y medio para hornear la norma. Creo que debe haber una comisión consultiva entre la Secretaría del Trabajo, las centrales obreras y las cámaras patronales. Tenemos que ver qué tipo de empresas y qué tipo de industrias van a permitir el teletrabajo”, dijo el especialista durante un webinar organizado por la Federación Nacional de Salud en el Trabajo (Fenastac).
Sin embargo, subrayó Lucio Olvera, es importante observar la normatividad actual que puede complementar la NOM de teletrabajo, específicamente la relacionada al uso del equipo de protección personal, de ergonomía y de factores de riesgos psicosociales. “Aunque es un trabajo a distancia, el patrón no está exento del tema de riesgos de trabajo, y riesgos en el entendido que pueden derivar en un accidente o en una enfermedad”, afirmó.
La NOM de teletrabajo se tiene que diseñar poco a poco y “encadenarse” a otras normas para “llevar un estado de salud fijo, que garantice la seguridad del trabajo, tanto del personal presencial como del que se encuentra a distancia”.
En ese sentido, el especialista aseguró que el teletrabajo no tiene que ser un impedimento para conciliar la vida familiar y personal o un detonante de otros factores de riesgo psicosocial. “Esta hiperconectividad que tenemos, ha llevado hasta un desequilibrio físico del trabajador, por estar tantas horas frente a una computadora”.
Algunos cabos sueltos
Desde otra perspectiva, la reforma de teletrabajo trajo aspectos positivos como la desconexión digital o la igualdad de condiciones entre teletrabajadores y trabajadores presenciales. Pero, en un afán de protección, quedaron cabos sueltos, como lo es el pago de los servicios o el mobiliario ergonómico.
“La reforma tiene extremos realmente irrelevantes, ¿qué ocurre cuando son personas a las que no les puedo dar una silla ergonómica porque son muy bajas o muy altas, o tienen un problema lumbar y necesitan una silla distinta a la que puedo otorgarle?
“Esas cuestiones, así como pagar los servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional de la luz, son puntos que podrían pactarse, pero no de una manera tan estricta, porque yo puedo tener un gasto de luz elevado y ¿cómo voy acreditar cuánto consumió la computadora o la impresora del trabajo? Eso es muy subjetivo”, señaló José Manuel Lucio Olvera.
Por último, el especialista recordó que, como toda herramienta de trabajo, los colaboradores que reciban equipo y mobiliario de las empresas para realizar sus labores desde casa están obligados a darles un buen uso, y así quedó plasmado en la reforma que avaló el Congreso.
El presidente la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), presentó una iniciativa de reforma al artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que, por lo menos, el uno por ciento de la plantilla laboral de las empresas sea para personas con discapacidad.
La propuesta también establece que el patrón tendrá la obligación de capacitarlos en la especialidad de que se trate o desempeñe, y especifica que a toda empresa o establecimiento que contrate a personas con discapacidad, se les otorgará el estímulo fiscal en los términos que establece la Ley del Impuesto de la Renta.
Detalló que el estímulo fiscal consiste en deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas beneficiadas.
Añadió que este beneficio será aplicable siempre que los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El legislador consideró que la reforma permitirá fortalecer los derechos de las personas con discapacidad en un contexto laboral favorable, integral e incluyente que les garantice vivir sin discriminación y alcanzar independencia económica.
Destacó que la Organización Internacional del Trabajo cita que el 80 por ciento de las personas con discapacidad a nivel mundial están en edad de trabajar; sin embargo, experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica al no tener las oportunidades necesarias.
En el caso de México, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, había 7.7 millones de personas con discapacidad; 55 por ciento, mujeres, y el resto, hombres.
Este mismo estudio evidenció que las mujeres son quienes más tienen problemas al momento de conseguir empleo, porque sólo el 18 por ciento lo consigue, mientras el 42 por ciento de los hombres con alguna discapacidad sí logran algún empleo.
El diputado Baldenebro Arredondo citó que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de cada 100 pesos obtenidos por una persona con discapacidad, 39 ingresan mediante algún programa de desarrollo social, lo cual es un indicador más de la brecha de desigualdad que tienen las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice que cada diciembre algunos patrones dan de baja a trabajadores, los cuales son recontratados en enero del siguiente año.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recomendó a los patrones evitar despidos masivos de empleados durante diciembre de 2020, ya que si encuentran irregularidades podrían ser denunciados administrativamente y penalmente por elusión fiscal.
“La STPS, el IMSS y el Infonavit enviamos cartas a los patrones, que identificamos pudieran haber incurrido (en despidos injustificados), con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente, y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social”, dijo la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde Luján en un comunicado.
“El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que puede poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales“.
Agregó que ha identificado a patrones que durante el mes de diciembre están dando de baja a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mismos que históricamente son recontratados en enero del siguiente año.
Las bajas injustificadas realizadas por los patrones impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores, advirtió la STPS.
“Entre noviembre y diciembre de 2019, se perdieron 382,210 puestos de trabajo, de los cuales 65% corresponden a trabajadores registrados como permanentes”, recordó la Secretaría del Trabajo.
Añadió que si bien existen contrataciones temporales legítimas, muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados por los patrones en el IMSS como permanentes, lo que representa una práctica totalmente irregular.
Durante enero de 2020, se contrataron con la misma empresa 130,359 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre de 2019.
“Es importante enfatizar la relevancia de que los trabajadores y sus familias estén siempre protegidos con todas las prestaciones a las que tienen derecho y más aún en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que estamos enfrentando”, agregó la Secretaría del Trabajo.
El 8 de diciembre de 2020, un acuerdo suscrito por la iniciativa privada, sindicatos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas que manejan nóminas del outsourcing que dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre.
El IMSS y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
Para la atención a dudas y brindar mayor información, la STPS pone a disposición de los trabajadores que fueron despidos por sus patrones las siguientes opciones:
En materia del IMSS. Teléfono 800 623 23 23 opción 5, luego opción 1.
En materia del INFONAVIT. Infonatel Patrones 91 71 50 50 CDMX y Zona Metropolitana, 800 008 3900 Lada sin costo.
En materia de derechos laborales. PROFEDET 800 717 29 42 y 800 911 7877
