Los dirigentes gremiales agrupados en la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático señalaron que en ese encuentro plantearon que aún hay pendientes en la aplicación de la legislación, como ejemplifica la situación en Teksid, empresa que se niega a reconocer al Sindicato Minero como titular del contrato colectivo (CCT) desde 2018, y que consiente “procesos de legitimación gremial irregulares”.
La líder minera Imelda Jiménez manifestó que en el encuentro –realizado en la Ciudad de México– el funcionario estadunidense expresó que “quería tener una reunión con los trabajadores para escuchar lo que en realidad está pasando.
“Indicó que la secretaria Luisa María (Alcalde) expuso un panorama muy bonito, que estaba bien, que se estaba cumpliendo (la reforma laboral) y le puso como ejemplo el reciente proceso en la planta de General Motors en Silao; sin embargo, Fernandez dijo darse cuenta que hay problemas que no se han resuelto”, comentó la asalariada de la metalúrgica brasileña.
Héctor de la Cueva, asesor del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia), que puso fin a 27 años de dominio de la CTM en la automotriz GM, afirmó que Fernandez se interesó en temas como la libertad sindical y legitimación de los CCT.
“Señaló tener la impresión que la secretaria del Trabajo no conocía mucho de lo que expusimos, porque comentamos que sigue habiendo problemas en la aplicación de la ley laboral de 2019”, refirió el también coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical sobre la reunión en la que también estuvo Alejandra Morales, secretaria general del Sinttia.
Subrayaron la importancia de que las nuevas inversiones en México se den respetando los derechos laborales. Víctor Martínez Hernández, secretario del Exterior de Trabajadores de General Tire de México, aludió que también se planteó la posibilidad de sancionar a las compañías estadunidenses que incurran en prácticas violatorias de las garantías de los asalariados.
Por: Jared Laureles / La Jornada