La población en situación de pobreza laboral aumentó 0.6 por ciento en Tlaxcala al pasar de 47.4 a 48 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre de 2022, lo que significa que este porcentaje tuvo un ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los resultados del Índice de la Tendencia Laboral en la Pobreza (ITLP) además arrojaron que el ingreso laboral real per cápita en Tlaxcala aumentó 0.8 por ciento en este periodo, al avanzar de 2 mil 191.03 a 2 mil 207.98 pesos, esto es, 19.95 pesos más.
Por área metropolitana, la ciudad de Tlaxcala tuvo el segundo porcentaje más alto de población en pobreza laboral del país con 47.41 por ciento, sólo por debajo de Cuernavaca que registró 50.98 por ciento en el tercer trimestre de 2022.
En las organizaciones obreras y en los centros de trabajo prevalece el “sindicalismo machista”, en el que las mujeres han tenido que luchar por la reivindicación de sus derechos laborales, al tiempo que sufren amenazas, discriminación, acoso laboral y sexual y despidos injustificados, coincidieron trabajadoras y mujeres sindicalistas.
“La violencia de género ocurre en cualquier sector”, apuntó Julia Quiñónez, coordinadora del Comité Fronterizo de Obreras (CFO), pero los riesgos son mayores –indicó- cuando se trata de lugares de trabajo como las maquiladoras, ya que las condiciones de empleo son precarias, con bajos salarios y sin respeto a los derechos laborales, principalmente cuando la parte patronal es de capital extranjero.
“Un gerente acosó a una trabajadora y a través de mensajes de WhatsApp le invitó a beber una copa con alcohol. Ella se negó y él le contestó ‘usted se lo pierde’; tiempo después la despidió, contó Quiñónez sobre el caso de la mujer a la que brindan asesoría y que tiene una denuncia por el cese injustificado.
Entrevistada por separado, Jocabeth Galindo, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, denunció que enfrentan una situación de discriminación por parte de la institución, luego del mitin que realizaron en septiembre frente a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Apenas una de cada 10 mujeres víctimas de violencia interpone una queja, además, la mayoría de las empresas carece de mecanismos para ello. La gravedad de esto radica también en que las agresiones en el ámbito laboral repercuten directamente en sus vidas privadas.
Los movimientos feministas han logrado que más mujeres denuncien las violencias que viven, pero hace falta que las instituciones públicas y privadas hagan su parte. “Es importante que en nuestros contratos laborales, pero también en el pacto social, tengamos una seguridad de no represalias”, expresa Carolina Rivas Herrera, investigadora de El Colegio de México (El Colmex).
El 90% de las mujeres víctimas violencia no recibe apoyo, no interpone quejas ni denuncias, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). No lo hacen porque “creen que fue algo sin tanta importancia, pero también porque no existen o no se han fortalecido los mecanismos institucionales para hacerlo sin recibir represalias”, de acuerdo con la misma investigación, dice la especialista en economía laboral y economía del desarrollo.
Este 25 de noviembre volvemos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un acumulado de 695 feminicidios en 2022, hasta septiembre pasado. Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran además 2,136 asesinatos intencionales de mujeres.
En 2021, al menos 7.9 millones de mujeres experimentaron violencia laboral, según la Endireh. El problema creció 44%, pues en 2016 más de 5.5 millones de reportó haber sufrido algún tipo de agresión en ese ámbito.
Sin embargo, aunque la violencia sea cometida en espacios fuera del trabajo, sus efectos no están separados y a veces las agresiones que viven las mujeres de un lado alimentan a las que experimentan del otro.
El costo más alto que pagamos por esto es la pérdida de vidas, 10 feminicidios diarios en México, estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero antes, hay un largo camino de daños que también son económicos y laborales, por ello el tema también les incumbe a las empresas.
Razones para involucrarse en el tema
“La violencia de pareja y la violencia sexual son el resultado de factores que se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social que interactúan entre sí”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Uno de esos factores, agrega, es “el escaso acceso de la mujer a empleo remunerado”. Es decir, lo que sucede en el ámbito laboral repercute en el ámbito privado.
En México, la negativa de contratación o el despido por embarazo es la principal queja que sigue recibiendo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Cuando una empresa deja fuera a una mujer por ese motivo, contribuye a que ella pueda ser violentada en casa, pues la dependencia económica evita que puedan salir de esa situación.
Los derechos laborales tienen una perspectiva de derechos humanos en general, pero quizá en mayor grado para las mujeres, considera Carolin Rivas. “En otros países probablemente la batalla principal es para cerrar la brecha salarial o romper los techos de cristal. En México, como en muchos de América Latina, hay que alzar la voz porque nos estamos jugando la vida”.
Esto no quiere decir que en nuestro país no tengamos esos problemas, al contrario. La desigualdad de salarios entre mujeres y hombres llega hasta 33% en industrias como la de medios de comunicación, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El punto es que acá el no poder ejercer a cabalidad los derechos laborales le hace el camino más fácil a los feminicidas.
Pero el desempleo general también tiene incide en la violencia de género. Un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos concluyó que, “a nivel del hogar, se relacionó con el comportamiento abusivo” de los hombres hacia las mujeres.
Un hallazgo importante de la investigación es que el dominio que ganan los hombres sobre las mujeres difícilmente se revierte cuando la economúa mejora. “Los rápidos aumentos en la tasa de desempleo incrementaron el comportamiento controlador de los hombres hacia sus parejas, incluso después de ajustar el desempleo y las dificultades económicas en el hogar”, señala el reporte Violencia de pareja íntima en la Gran Recesión.
Medidas que nos convienen a todos
“La cultura de alzar la voz, de denunciar, de estar concientes cuando algo no está bien ha crecido. Y eso es una gran ventaja y nos da mucha fortaleza. Pero las instituciones deben proveer mecanismos para que no sufran represalias por hacerlo, mecanismos de confidencialidad y de protección a las víctimas en tanto el proceso investigación avanza”, señala la economista Carolina Rivas.
De nuevo, citando los resultados de la Endireh, “el 73% de las mujeres no tiene conocimiento de protocolos y medidas de atención contra la violencia hacia las mujeres”. Muchas veces es porque no tiene acceso a la informacion, pero también es debido a que en realidad en su trabajo no existen los mecanismos, agrega.
Esto también se entiende porque muchas mujeres laboran en el sector informal entonces no hay manera de proceder institucionalmente para disminuir esas violencias y es gravísimo”.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala de qué manera ocurre la violencia laboral. Y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 132, establece como una de las obligaciones de las empresas implementar “un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”.
Sin embargo, muchas empresas siguen sin cumplir con ese ordenamiento. Tendrían que hacerlo porque las mujeres tienen derecho a vivir una vida, apunta Carolina Rivas. Si ese argumento por sí solo no es suficiente, agrega otro: “Para que una persona dé su máxima eficiencia y sea productiva debe tener todas la condiciones adecuadas”.
Pero si una persona tienen ansiedad causada por algún tipo de violencia, “por supuesto que no podrá producir igual. Y eso es una pérdida económica para los centros laborales y para todo el país. Luchar por los derechos de las mujeres nos conviene a todos y todas”.
El empleo por cuenta propia es el que más ha crecido entre los egresados de la educación superior en el último año, pero no porque deseen ser sus propios jefes, sino por falta de oportunidades para encontrar un trabajo asalariado.
La falta de oportunidades laborales y de empleos de calidad empuja a los jóvenes universitarios a refugiarse en el trabajo independiente; se convierten en trabajadores autónomos por necesidad, no por decisión. Aunque la educación superior mantiene un bono importante como vía para mejorar el acceso al mercado de trabajo.
“En realidad, las personas jóvenes están buscando un trabajo estable, formal, con todas las prestaciones de ley y con un salario digno, y lamentablemente no es lo que vemos en las condiciones del mercado laboral actual. Efectivamente, no hay muchas opciones para la mayoría de los jóvenes y las opciones que hay son empleos precarios”, señala Angélica Jasso, secretaria técnica de la organización Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados 2022 (ENE) de la Universidad del Valle de México (UVM), la alternativa de trabajo independiente fue la que más creció en el último año entre los jóvenes universitarios. Actualmente, el 24% de los graduados labora bajo esta modalidad, un aumento de cinco puntos respecto a 2021.
Además, el 39% de los graduados que trabaja de manera independiente lo hace porque no encontró trabajo. Esta cifra prácticamente duplica a los jóvenes que aseguran que optaron por esta modalidad privilegiando el manejo del tiempo y es siete veces superior a la proporción que afirma que prefirió el trabajo autónomo porque “les gusta ser su propio jefe”.
“Es innegable que a pesar de existir otras razones como manejar su tiempo o ser su propio jefe, sin duda el crecimiento del trabajo independiente respondió a la necesidad de mitigar el desempleo, pero también a una urgencia del egresado de tener un trabajo y que ese dinero pueda integrarse a los gastos del hogar”, señala Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública (COP) de la UVM.
Según la ENE, al 89% de los egresados con un trabajo autónomo le gustaría cambiar de modalidad de trabajo, un crecimiento de siete puntos con respecto a la última medición. A mayor nivel de insatisfacción con la modalidad independiente, mayor tendencia a querer salir de esta condición de ocupación. Pero incluso entre los que están muy satisfechos con este esquema, la proporción de quienes desean otro tipo de trabajo es superior al 60 por ciento.
Para Angélica Jasso, la narrativa de que los jóvenes ya no se comprometen, no son responsables, quieren ser sus propios jefes y desean mucho tiempo libre, sólo ha generado estigmas en torno a la fuerza laboral joven y ha contribuido a la precarización de las oportunidades de trabajo.
“El trabajo independiente se presenta como una alternativa importante de ingreso para muchos jóvenes, porque está siendo difícil para ellos encontrar trabajo y los trabajos que hay en el mercado laboral no son trabajos que llamemos dignos, es decir, que cumplen con todas las prestaciones de ley y que ofrecen un salario digno”, expone.
Como muestra de ello, entre los graduados que sí cuentan con un empleo, un 51% reporta que le gustaría cambiar a un trabajo donde tenga un contrato de planta. En esa misma línea, el 29% de los universitarios con un trabajo subordinado no cuenta con prestaciones de ley.
“Cuando los jóvenes llegan a su primer empleo hay una cierta vulnerabilidad y condiciones precarias que se van componiendo en la medida que adquieren experiencia laboral. No obstante, si comparamos los datos con las cifras prepandemia, vemos una afectación, sobre todo entre los que tienen prestaciones superiores a las de ley”, indica Adriana Rico.
Según una investigación de Adecco Group, el 40% de los jóvenes en México señala que no ha podido conseguir empleo porque hay pocas oportunidades laborales, pero un 26% lo atribuye a bajos salarios y un 15% a malas condiciones laborales.
La encuesta también muestra la afectación de la pandemia sobre el empleo juvenil. El 43% de los jóvenes que busca un trabajo, perdió su ocupación a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19. De este universo, cuatro de cada 10 no han conseguido empleo desde que inició la emergencia sanitaria.
Educación universitaria, aún con ventaja laboral
A pesar de la percepción de los egresados universitarios sobre el mercado laboral, cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que la educación superior mantiene una ventaja para los jóvenes que quieren acceder a un empleo.
“Un mayor nivel educativo suele relacionarse con mejores perspectivas de empleo, y México no es la excepción. En México, en 2021, el 44% de las mujeres con un nivel de estudios menor que el medio superior tenían empleo, en comparación con el 74% de las graduadas en educación terciaria. En cambio, en el caso de los hombres, las cifras eran de 89% y 86%, respectivamente”, destaca el organismo en su informe sobre Panorama de la Educación 2022.
Además de las mejores posibilidades de ingreso a un empleo subordinado, otra ventaja laboral que ofrece la formación universitaria es que ésta sigue vinculándose con mejores salarios en comparación con las personas que no cuentan con educación superior.
“El nivel educativo no sólo afecta las perspectivas en el mercado laboral, sino también los niveles salariales. En México, la ventaja salarial de los trabajadores con educación terciaria fue incluso mayor que el promedio de la OCDE. En 2018, los trabajadores con educación media superior ganaban 34% más que aquellos con un nivel educativo menor que el medio superior y aquellos con educación terciaria ganaban más del doble”, señala el organismo.
En este tenor, Angélica Jasso destaca que tampoco se puede perder de vista lo complejo que llega a ser el mundo del trabajo para los jóvenes que no han podido estudiar la universidad.
“Si los primeros pasos en el mercado laboral para los jóvenes universitarios son difíciles, aunque ya están en un escalón social más alto, la mayoría de los jóvenes con los que nosotros trabajamos no tienen la oportunidad de ir a la universidad, viven en condiciones de pobreza, tienen rezago educativo y viven en zonas de alto índice de marginalidad o violencia, lo que implica prejuicios por parte de los empleadores cuando se presentan a una entrevista de trabajo”, advierte.
Mercado laboral con barreras de entrada
Desde una perspectiva general, los egresados perciben este año un mercado laboral más complejo y eso se refleja en un crecimiento de la insatisfacción laboral, al menos el 25% de los graduados no está conforme con su trabajo actual y eso representa un crecimiento de cuatro puntos con respecto a la última medición de la ENE.
“Podemos ver cómo el porcentaje de satisfacción con el empleo actual era mayor al que hoy tenemos y esto va muy de la mano con los ingresos y las condiciones, en la medida que éstas tienden a ser precarias, el egresado está más insatisfecho con su trabajo”, expone Adriana Rico.
El 29% de los egresados que se emplea en el sector privado declara no tener prestaciones, esta proporción creció siete puntos porcentuales en el último año. En las oficinas de gobierno la historia no es distinta, el 28% de los egresados asegura que no cuenta con las condiciones mínimas de ley, esto implica un crecimiento de cinco puntos respecto a lo reportado en 2021.
“Ante un año tan complicado para ingresar al mercado laboral, con salarios menores, incluso salarios mermados, el porcentaje que indicó que le gustaría cambiar su modalidad de trabajo aumentó. De igual forma, ya sea por incertidumbre laboral, presiones o la misma pandemia, disminuyó el número de egresados satisfechos en su empleo, de 78.6 a 73.8%. En contraparte, la insatisfacción asociada a los salarios aumentó, en particular entre aquellos con salarios menores a los 15,000 pesos”, destaca la UVM en su informe.
En los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se mantendrá la recuperación salarial en el país, y sostuvo que esperan haya unanimidad en el incremento para 2023, es decir, con el apoyo del sector patronal, obrero y gobierno, que éste sea de 20 por ciento.
“En los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo, deseo que sea acordado por unanimidad -patrones, obreros y gobierno- y también deseo que ronde en el 20%, as llegaríamos al final del gobierno a un incremento de 100% en términos reales en todo el territorio nacional”, dijo en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.
El Presidente recordó que el salario mínimo pasó de 88 pesos, a su llegada al gobierno, a 172 pesos; un incremento de 62% en términos reales y en la frontera el incremento es más del doble, “algo nunca antes visto en los últimos 40 años” dijo.
En 2019 el aumento fue de 16.2%; para 2020 alcanzó 20%; en 2021 fue de 15% y de 22% en este 2022, es decir, en 4 años de 88 pesos a 173 pesos diarios.
Además, el Ejecutivo Federal se refirió a la reforma laboral de 2019, de la que dijo “por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se eliminó la subcontratación y con la reforma a la Constitución, el reparto de utilidades pasó de 100,000 millones a 200,000 millones de pesos de 2020 a 2021”.
