La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 12 tesis de jurisprudencia que avalan la constitucionalidad de diversos artículos de la reforma laboral de 2019, concernientes a la libertad de los trabajadores para que sus cuotas sindicales no les sean descontadas del salario, a la obligación de los sindicatos a transparentar el manejo de sus recursos y al voto libre y secreto.
Se trata de jurisprudencias por reiteración, es decir, que surgieron luego de que las salas del máximo tribunal emitieron cuando menos cinco fallos similares en juicios de amparo que impugnaban la misma norma.
Entre las tesis aprobadas destacan la 2ª-/J.8/2021, que establece: “Cuotas sindicales. La negativa de los trabajadores al descuento en su salario no contraviene los principios de libertad y autonomía sindical”.
Otra de las jurisprudencias, la 2ª./J.9/2021, avala la obligación de las directivas de los sindicatos para “rendir cuenta completa y detallada de l administración de su patrimonio”. La SCJN señaló que este ejercicio de transparencia fortalece la democracia sindical en beneficio de los trabajadores.
Las tesis de jurisprudencia también avalan la obligación de que la elección de los dirigentes de un sindicato se efectúe siempre mediante voto directo, personal y secreto.
Estos puntos de las reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, promulgadas el 1º de mayor de 2019, fueron impugnadas vía amparo por diversos sindicatos que alegaban que contravenían su autonomía e independencia.
Sin embargo, las salas de la SCJN determinaron que no era así, y más aún, las nuevas normas van dirigida a fortalecer la participación de los trabajadores en su organización, al permitirles ejercer libremente su voluntad sobre el pago de cuotas o la elección de sus dirigentes.
Todas estas jurisprudencias entraron en vigor a partir de este lunes 29 de marzo, por lo que los juzgados y tribunales del país que tengan casos pendientes relacionados con los temas de las tesis publicadas, deberán fallar en el mismo sentido que lo ha hecho la SCJN.
El objetivo es dotar de las herramientas necesarias a los futuros peritos del Poder Judicial; se llevará a cabo del 5 de abril al tres de mayo en forma virtual y presencial
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a través del Instituto de Especialización Judicial (IEJTlax), llevará a cabo del 5 de abril al 3 de mayo, el “Curso de Capacitación Inicial en Materia de Justicia Laboral para Peritos”, mediante el cual se busca dotar de las herramientas necesarias a los futuros peritos del Poder Judicial para hacer frente al Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Así lo informó la directora del IEJTlax, Alma Carina Cuevas Fernández, quien manifestó que este curso forma parte de las acciones impulsadas por el magistrado presidente, Fernando Bernal Salazar, para enfrentar este nuevo reto, pues será a finales de este año cuando entre en vigor en el estado de Tlaxcala la reforma laboral que incluirá la creación de Tribunales Laborales y Centros de Conciliación.
Informó que el periodo de inscripción se encuentra abierto y cerrará el 2 de abril, por lo que los interesados podrán efectuar su registro en línea a través de la página del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en la dirección http://www.tsjtlaxcala.gob.mx/ dando click al anuncio de Escuela Judicial en donde encontrará un link con el formulario de inscripción. Para mayores informes podrán llamar al IEJ al número telefónico 246 46 2 85 85 en horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
El objetivo del curso es capacitar a los futuros peritos del Poder Judicial, sobre los fundamentos e implicaciones del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el ejercicio de sus funciones, así como brindarles las herramientas técnicas y metodológicas para la elaboración y presentación de sus dictámenes dentro del procedimiento jurisdiccional laboral.
El curso está dirigido a los profesionales en las materias de documentoscopia, medicina general con experiencia en medicina de trabajo, contaduría pública, informática, ingeniería civil e ingeniería industrial; los requisitos son tener copia de título y cédula profesional registrada ante las autoridades competentes, excepto que la actividad correspondiente no esté considerada como profesión, en su caso presentar los documentos que comprueben experiencia en la materia de su especialidad.
Los requerimientos técnicos que deberán cubrir los interesados es contar con un dispositivo (computadora, Tablet o smartphone) que cuente con cámara, micrófono y conexión estable a internet.
Varios sindicatos, federaciones y confederaciones gremiales promovieron un juicio de amparo indirecto en contra del artículo 358, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo que los obliga a rendir cuenta completa y detalla de la administración de su patrimonio a sus agremiados ya que, según ellos, es violatoria de los derechos de autonomía y libertad sindical, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los mandó a volar y deberán cumplir con la Ley.
«La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la obligación contenida en el artículo 358, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, no constituye una violación a los derechos de autonomía y de libertad sindical, al tratarse de una medida que busca garantizar que los trabajadores conozcan el destino y el fin de sus aportaciones», asegura.
Agrega que la obligación impuesta a las directivas de los sindicatos, federaciones y confederaciones, de rendir cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio, constituye una medida dirigida al fortalecimiento de la condición democrática que debe regir la vida interna de las organizaciones sindicales, al garantizar que los trabajadores conozcan el destino de sus aportaciones. Asimismo, dice la SCJN, la honesta y transparente aplicación de los recursos sindicales es necesaria y útil para alcanzar los legítimos propósitos de los sindicatos conforme a la normatividad aplicable y, en consecuencia, para beneficiar a sus agremiados mediante el constante mejoramiento de sus condiciones laborales.
«Sin que lo anterior implique una violación a los derechos de libertad y de autonomía de los sindicatos, ya que no impide que éstos determinen la administración o funcionamiento en su interior, ni tampoco conlleva una injerencia en el destino de sus recursos», concluye.
Hasta el mes de marzo, se tienen 5 mil 24 conflictos individuales atendidos por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) a través de sus oficinas de los 8 estados que forman parte de la primera etapa de la Reforma Laboral y sus oficinas centrales en la Ciudad de México; 741 convenios derivados de procedimientos de conciliación, y mil 61 acuerdos que ha sancionado el Centro, es decir, que han sido ya pactados entre empleador y trabajador.
Alfredo Domínguez Marrufo, director general del (CFCRL) dijo que también se tienen contabilizadas 292 solicitudes de Constancias de Representatividad por parte de organizaciones sindicales, quienes se están habituando a las plataformas que el Centro ha puesto en operación para agilizar los servicios que ofrece.
«Existen pocos avances porque todavía los sindicatos están en el proceso de aprendizaje de cómo se manejan las plataformas de registro; por este medio pueden realizar registros sindicales, solicitar una toma de nota, modificación o adecuación de estatutos, y de igual manera realizar solicitudes de conciliación individuales y colectivas», enfatizó.
Afinan estrategia para la implementación de la Reforma Laboral
La Secretaria del Trabajo del Estado, Nazira Zogbi Castro, se reunió con los presidentes de las seis Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Coahuila (JLCyA) con el fin de coordinar esfuerzos a favor de la impartición de justicia para trabajadores y empleadores, y de la implementación de la Reforma Laboral en el estado.
Zogbi Castro manifestó que la coordinación entre las JLCyA es vital para transitar y cumplir con todos los lineamientos en tiempo y forma que marca la comisión implementadora de la Reforma Laboral, y de este modo transitar a los Centros de Conciliación de una manera ágil y sin contratiempos.
“En la Secretaría del Trabajo vamos a seguir trabajando cada día para llevar la justicia en materia laboral a los coahuilenses. Tenemos que apretar el paso para consolidar la labor que realizamos y dar certeza tanto a empresarios como a los trabajadores”, afirmó Nazira Zogbi.
Comentó también que el trabajo que se realiza en cada una de las JLCyA es muy importante para continuar con la recuperación económica que hoy vive Coahuila, ya que la confianza y el clima de paz laboral son indispensables para generar confianza y propiciar la llegada de nuevas inversiones.
El presidente del Consejo de las Juntas Locales y de las Procuradurías del Trabajo, Gilberto Silva González, externó que en Coahuila se trabaja intensamente para disminuir los asuntos en cartera, y que continuarán trabajando para implementar las políticas laborales diseñadas por el gobernador Miguel Riquelme y por Zogbi Castro.
La reunión finalizó con el compromiso de trabajar en comunicación directa y siempre a favor de los trabajadores, la paz y la estabilidad en los centros laborales.
Patrón y empleados llegan acuerdo por medio de la conciliación/ Cortesía CFCRL
Cerca de 100 conflictos entre patrón y empleados ha resuelto el Centro Federal de Conciliación.
A tres meses que entró en vigor la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral en Hidalgo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha recuperado un monto de 22 millones 692 mil 612 pesos en favor de los trabajadores, a través de la conciliación.
Lo anterior, deriva de la firma de 33 convenios derivados de conciliación por un monto de un monto de un millón 328 mil 951 pesos; 50 ratificaciones de convenio, por un rubro de 21 millones 363 mil 661 pesos, informó Gianni Rueda de León Iñigo, coordinadora general de Conciliación Individual. Al tiempo, indicó que el Centro desarrolló un procedimiento de conciliación no presencial, con el objetivo de agilizar el proceso de conciliación.
A nivel nacional, se han presentado 6 mil 674 solicitudes de conciliación, se han celebrado 4 mil 301 convenios y se han emitido 250 constancias de no conciliación. La entidad con mayor número de solicitudes de conciliación es Tabasco, con casi 2 mil, seguida por el Estado de México, con mil 750.
Durante los tres meses de vigencia de la reforma laboral, el Centro de Conciliación ha atendido más de cuatro mil servicios, sólo de Hidalgo, y la empresa que mayor número de asuntos enfrenta es Pemex y CFE.
Respecto a los servicios ofrecidos, Gianni Rueda indicó que se beneficia tanto el patrón como el trabajador, además de el Estado, toda vez que las Juntas Federales y locales se reportaban saturadas de asuntos, de tal forma que la justicia tardaba hasta 10 años. “Muchas veces, los usuarios fallecían antes de ver cumplimentado su laudo y varios no son ejecutables”, expresó.
A partir del 1 de octubre de 2021 abrirán los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales y las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) cerrarán sus puertas y se dedicarán sólo a terminar los casos en trámite, asegura la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Señala que la pandemia de Covid-19 dejó en evidencia la necesidad de tener un modelo de justicia que realmente garantice la imparcialidad y la rapidez de resolución de conflictos.
El nuevo modelo laboral traerá equilibrio, justicia y mayores posibilidades para mejorar salarios y condiciones laborales, además de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.
Agrega que la reforma laboral garantizará el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto y a conocer con transparencia en qué se gastan las cuotas sindicales y garantizar la paridad de género en sus directivas.
Puebla, Pue.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.
El objetivo es reconocer e incluir a los tribunales laborales en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, articulando el ordenamiento local con la reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral.
El diputado Emilio Maurer Espinosa señaló que el objetivo es lograr la armonización de la ley estatal con la ley federal, para la creación de los tribunales laborales, que permitirán la certeza jurídica para trabajadores y patrones que pudieran llegar a una controversia derivada de relación de trabajo, dando prontitud en la resolución de litigios y dejando atrás los rezagos en la resolución de conflictos, lo que ubicará a Puebla como uno de los estados que se mantiene a la vanguardia en materia laboral.
La diputada Guadalupe Muciño Muñoz subrayó que la serie de reformas presentadas por el Ejecutivo del Estado, tienen como objetivo adecuar los ordenamientos legales y adentrar a la entidad en la reforma laboral, para lograr que los procedimientos en esta materia se lleven a cabo en tribunales laborales, y la solución de conflictos se realicen con mayor celeridad y prontitud, cumpliendo en tiempo y forma con la implementación de la reforma Constitucional.
Por su parte, el diputado Raúl Espinosa Martínez resaltó la importancia de la creación de los tribunales laborales especializados, en donde se espera que los juicios se vuelvan orales, ágiles, modernos, prontos y expeditos para garantizar la igualdad de las partes en los procedimientos de trabajo, así como reforzar las políticas públicas y contribuir al desarrollo económico.
La diputada María del Carmen Cabrera Camacho presentó propuestas reformatorias en los artículos 248, 249, 250 y 251 para adecuar algunos términos, que permitan dar claridad al ordenamiento legal y estar en concordancia con la reforma Constitucional.
Expiden Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla
Los diputados de la LX Legislatura aprobaron por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla.
El diputado Emilio Maurer Espinosa señaló que con la expedición de este ordenamiento legal se adecua el marco jurídico para avanzar en las acciones de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, materializando la creación y el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, como un organismo público descentralizado de la administración pública, imparcial y dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y de gestión, que fomente la cultura del diálogo y la conciliación en la resolución de conflictos.
El Dictamen fue respaldado por la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, quien señaló que expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla permitirá que la entidad se encuentre a la vanguardia en esta materia, garantizando la existencia de juzgados laborales y una instancia especializada para la solución de conflictos a través de la conciliación.
El presidente de la Junta Especial 32 de Conciliación y Arbitraje del estado de Oaxaca, Marco Antonio Ceballos Ramírez, fue acusado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cobrar “moches” del 40 hasta el 60 por ciento a jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el pago de sus fondos de cesantía y vejez.
En la conferencia de prensa mañanera en palacio de gobierno, el reportero de Contrapeso Digital, Ramón Flores, comentó que hace unos días se pusieron en contacto con ellos la Alianza Nacional JubIMSS, que es un movimiento de jubilados del IMSS que están luchando por recuperar su fondo de cesantía y vejez que tienen retenidos desde el año 2015 a la fecha por una jurisprudencia, que es la 185/2008, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que implementó el modelo neoliberal para despojar a los jubilados de esos recursos.
Destacó que este medio de comunicación realizó una investigación aparte sobre el mismo tema de esos jubilados, “porque quisimos descubrir por qué muchos jubilados han estado tratando de contactar a varios medios y nosotros encontramos, señor presidente, que el presidente de la Junta Especial 32 de Conciliación y Arbitraje del estado de Oaxaca, que se llama Marco Antonio Ceballos Ramírez, es el único presidente en el país que paga el recurso de cesantía y vejez con un moche del 40 hasta el 60 por ciento de lo que tienen en su estado de cuenta el trabajador. Y aquí le traigo cómo lo demandaron ante la Fiscalía General de la República”.
Cuestionó: ¿La Secretaría del Trabajo puede intervenir para que se les deje de hacer estos cobros de su propio dinero a los jubilados del IMSS?
Por su parte, el mandatario federal afirmó que esto es una injusticia y, sí, claro, es ilegal completamente.
“Aquí traigo la demanda que hicieron al presidente, porque él está manejándose como un abogado externo que tiene enlace con las Afores, y los jubilados están desesperados por tener sus recursos, pues les cobra de un 40 hasta el 60 por ciento, señor presidente”.
El presidente López Obrador solicitó al reportero entregar los datos a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, “(para que) lo trate”.
Añadió que, nada más para dar una información general a los trabajadores, ya se aprobó una nueva ley para el cobro de comisiones de las Afores, y es una buena noticia porque se redujo el cobro de las comisiones; todo esto, en beneficio de los trabajadores.
“Cuando aprobaron lo del manejo de las pensiones con estas administradoras particulares se permitió que cobraran comisiones muy altas, de las más altas del mundo. Ahora se hizo una reforma legal y se están estandarizando los cobros de comisiones con los países que tienen más bajas comisiones. Se van a beneficiar los trabajadores como en un 50 por ciento de lo que les cobraba, o sea, va a haber una disminución, 50 por ciento con relación a lo que le cobraban hace tres meses, pero 100 por ciento con relación a lo que cobraban antes en el 16, en el 17, 2016, 2017”.
Estas reformas son resultado de la iniciativa presentada el pasado 11 de febrero por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Poder Judicial del Estado.
El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 41 votos a favor, sin abstenciones y 2 votos en contra, el dictamen por el cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mismo que contempla la creación, en su estructura administrativa, de los Juzgados en Materia Laboral, que la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo mandatan en sus respectivas reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017 y el 1 de mayo de 2019, respectivamente.
Estas modificaciones son resultado del análisis hecho por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales a la iniciativa presentada el pasado 11 de febrero por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz.
Estos Juzgados tendrán las atribuciones para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. De Igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal y sus empleados, así como entre los organismos autónomos de la entidad y sus empleados.
En el artículo 40 queda asentado que en la entidad habrá el número necesario de Juzgados de Primera Instancia, en Material Laboral o especializados que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para el buen funcionamiento de la administración de justicia, quien fijará la competencia territorial y por materia de dichos órganos jurisdiccionales, conforme a la disponibilidad presupuestal.
Los Juzgados en Material Laboral se integrarán por una persona titular que se denominará Jueza o Juez, el número de secretarios y demás personal que el Consejo de la Judicatura determine y el presupuesto permita.
Las labores de los Juzgados en Materias Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. En materia civil y laboral, se suspenderán el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden dichas labores, con observancia de lo dispuesto en la normatividad aplicable, en materia de términos judiciales.
A través de los transitorios, se expone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizará las adaptaciones necesarias al marco jurídico administrativo y expedirá, en el ámbito de su competencia, todas aquellas medidas para dar cumplimiento al presente decreto. Una vez entrado en vigor, el Poder Judicial realizará las adecuaciones presupuestarias propias enfocadas a la implementación del decreto, y en su caso, las gestiones necesarias a efecto de contar con los recursos que requiera para tal efecto.
En los posicionamientos y por parte del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez dijo que resulta indispensable contar con un marco jurídico que atienda una por una las demandas, sobre todo aquellas que provienen de grupos en vulnerabilidad.
Tras adelantar el voto a favor del Decreto, la legisladora subrayó que, a partir de que entre en vigencia esta reforma, Veracruz afianzará la implementación de un sistema de Justicia Laboral innovador y eficiente, encaminado a brindar celeridad a conflictos por la vía de la conciliación y, en caso de no ser suficiente ésta, por medio de la autoridad jurisdiccional.
Destacó que el Grupo Legislativo al cual pertenece celebra la trascendencia de las reformas y adiciones propuestas por el Poder Judicial del Estado, advirtiéndolas como las herramientas necesarias que concretarán su intervención, sumamente relevante, para resolver conflictos laborales, y por significar, la continuación de un proceso por el cual se ha venido trabajando y avalando a lo largo de esta Legislatura.
