TIJUANA.- Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, explicó que el costo para la instalación de los juzgados en materia de Justicia Laboral que deberán empezar a operar en agosto de este año es de aproximadamente 40 millones de pesos.
Señaló que dicha cantidad que no fue autorizada en el presupuesto de egresos, por lo que deberá ser financiada íntegramente por el gobierno federal.
El presidente del Tribunal indicó que para atender la demanda se necesitan en Tijuana una sala con 3 jueces, en Mexicali 2 y en Ensenada 1.
«Para este sistema que son 6 jueces laborales con la infraestructura, ya que la tenemos, sólo necesitamos modificaciones internas, 6 jueces laborales la nómina para 3 meses nos cuesta alrededor de 40 millones de pesos, 40, ahora el salario de un juez durante todo el año ronda los 900 mil pesos», expresó.
Por último, agregó que con esta estructura, el Tribunal podría atender la primera fase de la reforma en materia laboral en 10 meses.
«Estamos esperanzados en ello, no veo yo ese escenario en el que no tengamos esos recursos porque sin esos recursos no podemos iniciar, pedimos en el presupuesto una cantidad para este año superior, para efecto de poder habilitar todas las salas que se requieren no por fases y no recibimos absolutamente nada, reitero que si no tenemos ese recurso no vamos a poder iniciar con este proceso», finalizó.
Informó Javier Rojas Bravo, director administrativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado .
Tijuana.- Se destinarán 58 millones de pesos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Baja California, informó Javier Rojas Bravo, director administrativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.
Durante la tercera sesión del grupo interinstitucional para la implementación de la Reforma Laboral en Baja California, dirigida por Sergio Moctezuma Martinez López, secretario del Trabajo y Previsión social, se dio a conocer los costos para la primera fase del nuevo sistema.
Javier Rojas Bravo detalló que para la implementación de la Reforma Laboral, la Secretaría de Hacienda del estado presupuestó 30 millones de pesos, de la Provisión para Acciones, Apoyos y Obras para necesidades Extraordinarias, en el presupuestos de egresos 2021.
También se llevan a cabo acciones para tener acceso al subsidio federal otorgado para la etapa esta etapa, indicó Rojas Bravo,se estima que el monto será de 28 millones de pesos, de acuerdo a las demandas recibidas de 2016 a 2019.
«De 30 millones se van a destinar 20 millones 330 mil 460 pesos para la nómina, y nueve millones 669 mil 540 pesos para gastos operativos, esto es nada más para la implementación en los últimos tres meses el año», apuntó.
El presupuesto total solo para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral será de 58 millones de pesos, comentó el director administrativo, posteriormente se publicará el siguiente presupuesto que será para la etapa de ejecución.
En el nuevo modelo laboral, no hay más filias ni fobias, ni cuotas ni cuates, ni políticas basadas en la arbitrariedad o discrecionalidad para determinar acuerdos de complicidades en el otorgamiento de registros sindicales, tomas de nota o para firmar contratos colectivos o reglamentos internos de trabajo.
Así lo afirmó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, quien agregó que con el nuevo modelo laboral se acabaron los emplazamientos a huelga por parte de seudolíderes sindicales que pretenden la firma de contratos colectivos a cambio de gratificaciones personales.
En diversas reuniones con representantes obreros y de empleadores, así como autoridades laborales de los estados de Puebla, Hidalgo, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, Domínguez Marrufo dijo que con los nuevos procedimientos de legitimación de contratos colectivos y de registros a sindicatos se lograra mayor participación de los trabajadores, recuperar la negociación colectiva y la representatividad en organismos sindicales.
Agregó que con los nuevos procedimientos registrales y de legitimación los sindicatos serán verdaderos instrumentos de defensa y seguridad de las y los trabajadores, se incidirá en mejores condiciones de trabajo y recuperación de salarios, y al mismo tiempo se logrará una mejor competitividad y productividad de todos los empleadores del país quienes también necesitan certeza y seguridad jurídica.
Domínguez Marrufo destacó que los sindicatos que quieran firmar y acordar un contrato colectivo de trabajo deben contar necesariamente con una Constancia de Representación, la cual emite el organismo que preside, solo cuando la dirigencia comprueba tener al menos el 30 por ciento de respaldo de los trabajadores, el cual debe validarse a través del voto personal, libre, directo y secreto.
Informó que hasta el momento el CFCRL contabiliza más de mil 159 conflictos individuales atendidos y 558 convenios entre trabajador y empelados derivados de procedimientos de conciliación.
“El Centro trabaja a tambor batiente, y se confirma que mediante el nuevo modelo laboral se están resolviendo la mayor parte de los conflictos y pocos llegan a tribunales laborales”, agregó.
Al dar a conocer algunos resultados a tres meses de haber iniciado operaciones en 8 estados del país, agregó que el Centro también ha sancionado 735 convenios previamente acordados entre trabajador y empleados, además de que han expedido 234 constancias de no conciliación cuando ambas partes cumplieron con el plazo de 45 días para tratar de llegar a un convenio.
Domínguez Marrufo comentó que a la fecha se tienen contabilizadas 279 demandas en tribunales laborales federales, es decir, casos en los que trabajadores y empleadores no lograron llegar a acuerdos.
En dos meses se presentaron emplazamientos de empresas de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Parras de la Fuente. – Foto: Javier Medina / EL DIARIO
Proyectan que este año 2021 se registren más de 400 demandas para negociaciones salariales
Durante los dos primeros meses del año se presentaron 47 emplazamientos a huelga por sindicatos de empresas establecidas en la Región Sureste y a la fecha ya se solucionaron de manera favorable 20, informó Gilberto Silva González, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
De las 47 posturas sindicales presentadas se registró un alza en las remuneraciones del 5.5% en promedio, mientras los casos restantes continúan en negociaciones.
En el 2019 en el sureste de Coahuila se presentaron 50 emplazamientos a huelga en todo el año; en el 2020 la cifra registraron 400 contratos y en los meses de enero y febrero de 2021 suman 47 demandas, por lo que se prevé llegue a la misma cifra o mayor al año pasado.
Las negociaciones entre sindicato y empresas hasta el momento van por buen camino, no se ha tenido mayor dificultad en las mesas de negociación expuso el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Desde 2019 Esta práctica de hacer un emplazamiento a huelga se dio a partir del 2019, porque la reforma laboral aprobada hace unos años convoca a sindicatos y empresas a tener esta práctica laboral.
Los trabajos para el nuevo modelo de Justicia, que iniciaron en julio del año pasado, avanzan en la segunda etapa.
Con el objetivo de dar continuidad a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) convocó a la primera sesión virtual ordinaria del Consejo para la Implementación de la Reforma Laboral del 2021.
Ana Cecilia Rodríguez González, titular de la SDEyT y presidenta del Consejo, presidió el encuentro efectuado a través de la plataforma ‘Google Meet’, en la que se dio seguimiento a los acuerdos y trabajos para la implementación del nuevo modelo de justicia.
La funcionaria estatal destacó que estos trabajos iniciaron en julio del año pasado y actualmente se encuentran en la segunda etapa; puntualizó que la entidad ha suscrito compromisos impostergables con la federación, como es la creación del Centro de Conciliación Laboral.
Por otro lado, señaló que la implementación comprende el trabajo conjunto con el Poder Judicial, para operar de manera ordenada la transición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a la creación de los Tribunales Laborales, mismos que deberán empezar sus funciones en el mes de octubre de este año.
Para concluir, Ana Cecilia Rodríguez exhortó a los miembros del Pleno a continuar con el esfuerzo, consolidar la implementación y lograr que Morelos sea un referente del nuevo modelo de relaciones laborales.
Hermosillo, Sonora, 26 de febrero de 2021.- En Sonora se trabaja para la implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral en la entidad, señaló Horacio Valenzuela Ibarra, titular de la Secretaría del Trabajo, en beneficio de trabajadores y patrones.
En reunión con Alejandro Bustamante Silvas, secretario ejecutivo de Presidencia y Marina Guadalupe Marín Gómez, directora General de Proyectos Prioritarios y Especiales, ambos del Sistema Tribunal de Justicia; Ángel Cota Leyva, director general del Trabajo y Previsión Social y Bannia So Mendoza, procuradora de la Defensa del Trabajador, Valenzuela Ibarra explicó que se ha mantenido comunicación y diálogo para lograr dicha implementación en el estado, por el bien la población.
El funcionario estatal comentó que para la gobernadora Claudia Pavlovich es de suma importancia que se realicen todos los procedimientos para la implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral en la entidad. “Mantenemos reuniones de coordinación con Francisco Gutiérrez Rodríguez, magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora (STJ), para dialogar sobre la implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral en la entidad, cuyo inicio está previsto para mayo de 2022”, comentó.
Posteriormente se reunió Margarita Darlene Rojas Olvera, coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para tratar temas de transferencia de archivos generales de las juntas al Centro de Conciliación.
Valenzuela Ibarra y Rojas Olvera coincidieron en que la efectividad del servicio de conciliación que, como parte de la reforma se preste en el Poder Ejecutivo Estatal, será clave para evitar que los Tribunales Laborales del Poder Judicial se congestionen de asuntos y colapsen y reiteraron su voluntad y compromiso de aportar cuanto esté de su parte a fin de que la reforma sea un éxito en Sonora, como lo esperan trabajadores, patrones y sociedad en general.
En el nuevo marco de la reforma a la justicia laboral debes saber que hay escenarios en los que la conciliación entre empleadores y empleados no es obligatoria y tú puedes ir a los tribunales a demandar justicia.
La Ley Federal del Trabajo en su artículo 685-TER es muy clara al respecto y destaca los casos que se van directamente al tribunal para ser derimidos:
Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico o condición social
Acoso u hostigamiento laboral
Designación de beneficiarios por muerte
Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo
Vulneración a la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva
Casos de trata laboral o trabajo forzoso
Casos de trabajo infantil
Disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley
Impugnación de los estatus de los sindicatos o su modificación
Para Carlos Vera, consultor en talento humano es importante que el empleado tenga muy claro qué conflictos no se arreglan por la vía de la conciliación.
«La conciliación, objetivo central de la reforma laboral es importante promoverla, pero hay agravios que no pueden estar sujetas a la negociación.
«Los tribunales laborales tienen que entrarñe a los asuntos si de verdad se quiere prodigar justicia laboral en este país», apuntó.
Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, adecuaron cuatro ordenamientos locales con la finalidad de modernizar el sistema de justicia laboral en el estado.
Las normas que reformaron los Congresistas en la sesión ordinaria de este jueves, fueron la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; la Ley de Transparencia y; la Ley Laboral de los Servidores Públicos.
En lo que corresponde a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Legisladores la reformaron para crear los juzgados laborales y mercantiles que atenderán los temas que tienen que ver con esas materias.
Los juzgados laborales, son competentes para conocer y resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones; los conflictos y procedimientos individuales y colectivos; la diligenciación de exhortos, requisitorias y despachos de naturaleza laboral.
Además, estos juzgados se integrarán por un juez o jueza; una secretaria o secretario instructor, y las y los servidores públicos que determine el Consejo de la Judicatura.
Asimismo, se creó la Unidad de Peritos Judiciales en Materia Laboral que será un área técnica cuyo objeto es el auxilio exclusivo a los Juzgados Laborales, en los casos que así lo determine la Ley.
En tanto, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado es para eliminar de su texto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mientras que las adecuaciones a la Ley de Transparencia es para reconocer la figura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y la reforma Ley Laboral de los Servidores Públicos es para reconocer en el texto legal la figura del titular del Centro de Conciliación Laboral.
Estos trabajos legislativos materializan el mandato constitucional de crear mecanismos efectivos para la solución de los conflictos laborales y disminuir los plazos de resolución de los mismos.
El constante cambio del mercado laboral, la rotación frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de formas de contratación han provocado que, desde hace unas décadas, el aumento significativo de los conflictos laborales sea considerablemente crítico. Esto se debe, principalmente, a la globalización y a la reestructuración productiva, lo que ha derivado también en ajustes y modificaciones en el mercado de trabajo.
En el caso de México, los procesos laborales fueron creados en condiciones históricas totalmente distintas y contrastantes con las que vivimos actualmente, en consecuencia, el ritmo en la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad, motivo por el cual resultaba necesaria una reestructuración hacia un nuevo sistema laboral procesal, que proporcione certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los patrones.
Frente a este contexto y como parte de los compromisos establecidos en el Anexo 23 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 de mayo de 2019 se realizaron significativos cambios legislativos en materia laboral mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que hace a la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva; con ellos se busca impulsar la evolución de los procesos de justicia laboral, en perspectiva a hacerlos más ágiles, además de estar a cargo de Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, el cual podrá tomar decisiones autónomas e independientes.
La reforma publicada establece que los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, implementando Tribunales Laborales especializados para impartir justicia bajo un sistema completamente oral, con mecanismos que abonen a hacer más eficientes los procedimientos, acortando tiempos para que la justicia llegue a las partes con mayor celeridad.
Dichos tribunales laborales, ya sean federales, de las entidades federativas o de la Ciudad de México, estarán a cargo de un juez, quien deberá de estar presente en el desarrollo de todas las audiencias; también contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial Local según corresponda.
Este cambio de impartición de justicia, trae consigo un beneficio en los tiempos y carga de demandas que tendrán las empresas en los siguientes años, puesto que plantea una conciliación prejudicial obligatoria, en la cual patrones y trabajadores tendrán que acudir a un centro de conciliación, el cual en algunos estados de la República en donde ya se ha implementado este nuevo modelo, ha tenido gran efectividad, por lo que se reducen de manera importante las contingencias y los juicios activos para las empresas.
En caso de que no sea posible llegar a un acuerdo entre las partes, se podrá iniciar el proceso de juicio, el cual, en la teoría, tendrá que realizarse de manera más breve puesto que se desahogará en dos audiencias con plazos mucho menores a los actuales; de esta forma, después de los términos y audiencias desahogadas, se estima que se deberá contar con una sentencia en un plazo aproximado de seis meses, cuando en promedio, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la vida de los juicios tramitados ante las Junta de Conciliación y Arbitraje era de aproximadamente entre dos y tres años.
La implementación de la reforma laboral se llevará a cabo en tres etapas de forma gradual e irá tomando vigencia en las diferentes entidades del país, la primera etapa inició su implementación el 18 de noviembre 2020 en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, este último solo en el ámbito federal.
La gran apuesta del nuevo sistema de justicia laboral es la conciliación, ya que se pretende que al menos el 60 por ciento de los conflictos que se den entre trabajador y empresas, se resuelva mediante el Centro de Conciliación, sin necesidad de llegar a juicio.
Es importante mencionar que, la transición del procedimiento laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Laborales del Poder Judicial no garantizará la agilidad de los procesos laborales individuales por sí sola, sino que es trabajo de todos los actores involucrados: empresas, autoridades, trabajadores y abogados.
Desde la perspectiva de las empresas, resulta prioritario que tengan en mente otorgar capacitaciones constantes a sus departamentos jurídicos y de relaciones laborales internos, con la finalidad de que todos se encuentren familiarizados con el nuevo procedimiento y no poner en riesgo los intereses de la empresa desde la conciliación prejudicial hasta la audiencia de juicio.
Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ahora surgirán los Centros de Conciliación, que dependerán del Poder Judicial
La doctora en Derecho Laboral, Teresa Guerra Ochoa, puso en duda que se agilicen los juicios laborales con la creación de los Centros de Conciliación a cargo del Poder Judicial
Culiacán, Sinaloa.- La doctora en Derecho Laboral, Teresa Guerra Ochoa, puso en duda que se agilicen los juicios laborales con la creación de los Centros de Conciliación a cargo del Poder Judicial, que vienen a sustituir a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Criticó que hubo una gran falla de los diputados federales y locales en esta reforma, debido a que no le asignaron recursos económicos para la operación de estos tribunales con infraestructura material y humana.
Expuso que si ahorita le piden al Poder Judicial que tiene que empezar a atender los conflictos de trabajo y que debe tener las instancias jurisdiccionales para exhibir los juicios, seguramente lo que van a contestar es que no tienen dinero, lo cual denota que es una mala práctica legislativa hacer leyes y no etiquetar los recursos para el cumplimiento.
“Esperemos realmente que esto agilice los juicios laborales, porque lamentablemente a la fecha hay juicios que duran hasta 8 o 10 años, se supone que la reforma va encaminada a ser más ágil el procedimiento y que duraran menos, eso todavía estará en veremos”, puntualizó.
La doctora Teresa Guerra señaló que Sinaloa entrará en esta modalidad hasta el año 2022, es decir, en una segunda fase a diferencia de otras entidades federativas.
Asimismo, preciso que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Sinaloa van a seguir conociendo de los conflictos que ya tenían a su cargo, es decir, habrá una etapa de transición.
“Sin embargo, las juntas de conciliación en Sinaloa van a seguir conociendo de los conflictos que ya tenían a su cargo, a partir de que empiece a funcionar el tribunal del trabajo que va a estar dentro del Poder Judicial empezará con los nuevos expedientes, o sea, va a haber una etapa de transición”, comunicó.
Cabe destacar que la semana pasada, de manera unánime los diputadoslocales aprobaron reformasa la Constitución de Sinaloa para desaparecerla Junta de Conciliación y la Secretaría del Trabajo para dar paso a la creación del Centro de Conciliación Laboral que dependerá del Poder Judicial.
