Sólo falta el visto bueno de los cabildos municipales para que en la legislación de Coahuila se aplique la reforma laboral y dar cabida a los Centros de Conciliación Laboral.
El diputado Jaime Bueno Zertuche informó que es lo único que falta para concluir el trámite legislativo a los cambios que se hicieron en Coahuila a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en materia laboral.
El coordinador de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado explicó que la figura del Centro de Conciliación Laboral va a suplir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tal como lo prevé la reforma constitucional a los artículos 107 y 123.
En febrero de este año, el pleno del Poder Legislativo aprobó las iniciativas enviadas por el gobernador Miguel Riquelme, para modificar la Constitución local y la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral.
VISTO BUENO
Por tratarse de una reforma a la Constitución local, sólo falta el visto bueno de los cabildos, para consumar el trámite legislativo y dar paso a la creación del Centro de Conciliación Laboral, que estará a cargo del Poder Ejecutivo.
Será un organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones.
Mientras que en la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado estarán los Tribunales Laborales, así como añadir dentro de las facultades del mismo, la de resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones en los términos que establezcan las leyes.
Barrera, reconoció que los principales retos que enfrentan para echar a andar la justicia laboral, es presupuestal y de coordinación
CARLOS OLVERA
León / 02.06.2019 15:31:15
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del estado, Claudia Barrera Rangel, reconoció que los principales retos que enfrentan para echar a andar la justicia laboral que hace aproximadamente un mes entró en vigencia, es presupuestal y de coordinación con la administración estatal.
Luego de que el Senado de la República aprobó la Reforma Laboral, relacionada con la justicia laboral y la libertad sindical, el primero de mayo, con la modificación de varias leyes, la magistrada explicó las tareas deben asumirse de manera paralela con el Ejecutivo.
La justicia laboral “es una encomienda que le compete atender al Poder Judicial pero debe atenderla en plena coordinación y colaboración del Poder Ejecutivo, porque atendiendo a la norma que se aprobó el primero de mayo pasado, tenemos que entrar al mismo tiempo el Poder Judicial con los Tribunales Laborales con el Centro de Justicia Alternativa, que le compete al Poder Ejecutivo”.
La presidenta magistrada, precisó que “no pueden comenzar los trabajos correspondientes el Poder Judicial, si no hay esa colaboración con el Poder Ejecutivo, para que salgan a la par el Centro de Justicia Alternativa y los Tribunales Laborales”.
Al cuestionarle si van en tiempo con la aplicación de esas las reformas, Barrera Rangel, manifestó que ellos estarán atentos a los avances que se den en el tema para hacer cumplir esta encomienda, sin embargo reconoció que faltan recursos para el personal que tendrá que hacerse cargo de esta nueva vertiente judicial.
“Como todos tenemos un gran reto y nuestro principal reto es la cuestión de presupuesto, porque la capacidad la tenemos, la capacitación la obtenemos, el profesionalismo contamos con él; terrenos los hemos adquirido y faltaría por ahí al presupuesto precisamente para los señores jueces que se ocuparán del tema, del personal de apoyo, actuarios y vehículos para trasladarse”, precisó.
Es necesario aumentar el número de jueces, pero la limitante es el presupuesto
martes, 4 de junio de 2019
Por Daniel Valdes
Miriam Cárdenas Cantú. Daniel Valdes / EL DIARIO
El Tribunal Superior de Justicia coincide en la necesidad de una ciudad judicial e, incluso, aumentar el número de jueces, pero existe la limitante presupuestal.
La magistrada Miriam Cárdenas Cantú informó que para el presupuesto autorizado para el Poder Judicial en el presente año, se asignaron mil millones de pesos, pero esa cantidad es insuficiente para atender las necesidades, porque pronto se van a incorporar los tribunales laborales.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia se refirió a las implicaciones de la nueva reforma laboral y dijo que habrá juzgados laborales, que dependerán del Poder Judicial y para ello se necesitan 200 millones de pesos, para hacer frente a esta nueva responsabilidad.
Con esta reforma, las Juntas de Conciliación y Arbitraje van a desaparecer, pero antes tienen que concluir todos los asuntos que tienen en marcha y los juzgados laborales empezarán a funcionar con carga cero.
Comentó que esto va a representar una mayor carga laboral y de personal en el Poder Judicial, aunque antes se deben conocer las leyes secundarias de la reforma laboral.
ANALIZAN REFORMA LABORAL
Explicó que hay una comisión, en la que participan todos los tribunales de justicia del país, a fin de analizar la reforma laboral y sus implicaciones, así como el inventario de juzgadores, la población de cada entidad y el presupuesto de cada tribunal.
El objetivo es advertir y dar a conocer las carencias en cada uno de los tribunales, a fin de que se hagan reasignaciones adicionales, por parte del Gobierno Federal, a fin de responder a la carga de trabajo, motivada por la Reforma Laboral.
En el caso de Coahuila, dijo, para el 2019 hay un incremento en el presupuesto y se ejercerán mil millones de pesos, pero no se incluyen los recursos que se van a requerir con la nueva carga laboral.
Explicó que se ha solicitado al Gobierno Federal una partida adicional que ayude a los tribunales de justicia, porque ahora tendrán una doble carga, debido a que tendrán la responsabilidad de los juzgados laborales.
Antes de que terminé este plazo, deberán agilizar la resolución de alrededor de 3 mil 900 demandas, informó Lozano Nieto, titular de la STPS.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene un rezago de alrededor de 3 mil 900 demandas, mismos que deberán desahogarse en los próximos cuatro años para entregar carga cero al Poder Judicial.
Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer que la reforma laboral estableció un plazo de 4 años para la desaparición de las juntas de conciliación.
Dijo que durante este tiempo, la Junta tendrá que buscar estrategias para agilizar la resolución de las demandas y así poder dar salida a todos los expedientes, aunque comentó que el tiempo en que se resuelven no depende tanto de la Junta sino de los litigantes.
Dijo que al faltar todavía algunos años para la desaparición de las juntas, no se cuenta con un protocolo para su desaparición, pues insistió en que los procedimientos iniciados con el actual sistema, deberán resolverse en él.
Por otro lado, destacó que la reforma laboral traerá beneficios para los trabajadores, sobre todo en el ámbito sindical, ya que podrán tener mayor participación en la toma de decisiones y tendrá que haber transparencia en el uso de las cuotas sindicales.
No hay apoyos federales para el Centro de Conciliación Laboral
Román Alberto Cepeda González, secretario del Trabajo, apuntó que no hay recursos federales para los nuevos Juzgados Laborales
Por: Juan Manuel Contreras
Saltillo, Coahuila. – La disponibilidad presupuestal podría demorar la apertura del Centro de Conciliación Laboral y de los nuevos Juzgados Laborales, por lo que podrían ser más de tres años para que estén en funciones, tal como lo establece la reforma del ramo, expresó Román Alberto Cepeda González.
El secretario del Trabajo advirtió que no hay apoyo con recursos federales para llevar a cabo estos cambios que implica la nueva reforma laboral y habrá requerimientos monetarios adicionales, pues habrá un momento que se tendrá que pagar la nómina de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y también del Centro de Conciliación Laboral.
Explicó que tendrán que desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero antes deben agotar todos los expedientes, porque los seis juzgados laborales deberán empezar con carga cero.
Se refirió a los alcances de reforma laboral, que fue promulgada el pasado 1 de mayo y que tiene implicaciones en el tema de impartición de justicia.
La reforma laboral también establece que en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos, aunque sólo uno podrá firmar el contrato colectivo.
Los líderes sindicales serán electos mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores y no estarán en el cargo por períodos indefinidos.
Agregó que, para adecuarse a la reforma laboral, en Coahuila se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral (en febrero de 2019).
También se modificó la Constitución local y está pendiente que esta reforma reciba la aprobación de los cabildos, para que el Congreso del Estado pueda concluir el trámite legislativo.
Ciudad de México. Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que se vive un “proceso histórico” en materia de “justicia, de libertad y de democracia sindical”.
Ello debido a que se transita hacia una nueva cultura laboral en el país. “Vivimos durante muchos años un modelo basado en el control y en el corporativismo”.
La idea es que ahora, empresas, trabajadores y sindicatos “podamos modificar esa cultura laboral”, señaló la secretaria durante la instalación del Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma Laboral.
“Es serio y es en serio el deseo de este país y de las diferentes instituciones que conforman el Consejo de llevar a cabo una implementación seria, que realmente garantice estado de derecho y que garantice derechos a los actores en el mundo del trabajo”.
La intención es establecer “un mundo laboral basado en el respeto de los derechos”.
Posteriormente al participar en el Women’s Forum Americas 2019, realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la funcionaria sostuvo que el país enfrenta “enormes retos” en la “inclusión de las mujeres en el mercado laboral” y precisó que de los “600 mil” jóvenes que se han sumado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, “57 por ciento son mujeres”.
Esto pone de manifiesto que “para las mujeres es más complicado incorporarse al mercado laboral” y añadió que las muchas mujeres, pese a ser “talentosas, y querer una oportunidad, se han topado con una pared de frente”.
Subrayó que para el sector se necesita “capacitación, puertas abiertas y piso parejo”, además de “procesos claros de reclutamiento, con perspectiva de género y sin discriminación”.
En la STPS, Alcalde Luján, resaltó la responsabilidad histórica del Consejo para que el nuevo modelo laboral logre que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir de manera libre a quién los represente y que haya instituciones independientes que impartan justicia.
El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral se instaló con 15 días de anticipación al plazo marcado en la ley, ya que, de acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo Transitorio de la reforma debía ser en un plazo máximo de 45 días a partir de la publicación del decreto, la cual se realizó el 1 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Está integrado por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Alcalde Luján, quien preside el organismo, así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría Fiscal, del Poder Judicial Federal, de la Conferencia Nacional de Gobernadores; de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/31/mexico-vive-proceso-historico-en-democracia-sindical-stps-3350.html
Aspecto general del Encuentro Laboral Legislativo con el Sector Empresarial, convocado por el Congreso.
La disponibilidad presupuestal podría demorar la apertura del Centro de Conciliación Laboral y de los nuevos Juzgados Laborales, por lo que podrían ser más de tres años para que estén en funciones, tal como lo establece la reforma laboral, expresó Román Alberto Cepeda González.
El secretario del Trabajo advirtió que no hay apoyo con recursos federales para llevar a cabo estos cambios que implica la nueva reforma laboral y habrá requerimientos monetarios adicionales, pues habrá un momento que se tendrá que pagar la nómina de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y también del Centro de Conciliación Laboral.
Explicó que tendrán que desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero antes deben agotar todos los expedientes, porque los seis juzgados laborales deberán empezar con carga cero.
El secretario del Trabajo participó en el Encuentro Laboral Legislativo con el Sector Empresarial, convocado por el Congreso del Estado y se refirió a las implicaciones de la reforma laboral, que fue promulgada el pasado 1 de mayo y que tiene implicaciones en el tema de impartición de justicia.
La reforma laboral también establece que en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos, aunque sólo uno podrá firmar el contrato colectivo.
Los líderes sindicales serán electos mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores y no estarán en el cargo por períodos indefinidos.
El evento fue convocado por el coordinador de la Comisión del Trabajo, Jesús Berino Granados y destacó que el objetivo es garantizar un diálogo con los empresarios y recibir sus propuestas para enriquecer el trabajo legislativo.
Dijo que en Coahuila estamos listos para la reforma laboral, pues ya se practica la democracia y transparencia sindical.
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Marcelo Torres Cofiño, indicó que el objetivo es acercar el Poder Legislativo a los ciudadanos y escuchar sus propuestas para la búsqueda de soluciones.
Modifican la ley
Para adecuarse a la reforma laboral, en Coahuila se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral (en febrero de 2019).
Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia.
A pesar de que las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia, rechazan las denuncias de las víctimas de acoso y hostigamiento sexual, las canalizan a otros organismos y en el mejor de los casos les piden conciliar con sus patrones o sus agresores.
Las mujeres, principales víctimas, no encuentran justicia porque las instancias gubernamentales no perciben el acoso y hostigamiento sexual como una violación a los derechos laborales, creen que estas denuncias deben resolverse entre particulares, o bien, consideran que no pueden intervenir en empresas privadas porque cada lugar de trabajo debe generar acciones para mitigar esta violencia de género.
Las pocas trabajadoras que logran ser atendidas en las Procuradurías y seguir su demanda ante las Juntas de Conciliación, como en todo proceso, deben presentar evidencias que confirmen la violencia, conseguir pruebas que avalen sus dichos, demostrar las afectaciones que les causó la violencia e incluso intentar que algún testigo -si es que lo tienen- declare contra el acusado.
Este círculo de violencia acompañado por cambios culturales profundos, podría transformarse con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal de la Defensoría Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, las cuales sientan las bases para un nuevo sistema de justicia laboral.
Con esta reforma las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y se crean tribunales laborales, que van a depender del Poder Judicial; además se creará una instancia conciliatoria que en casos de acoso no será necesario que se agote, deberá evitar la revictimización y tendrá conciliadores con conocimientos en Derechos Humanos y perspectiva de género.
Mientras se implementan estas políticas laborales, a dos meses que sacudieron a diversos centros de trabajo las denuncias de acoso y hostigamiento sexual difundidas en Twitter con la etiqueta #MeTooMX, Cimacnoticias buscó a las responsables de las instancias laborales que deben atender estos casos en la Ciudad de México con el objetivo de indagar qué hacen para atender a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
En estas dependencias se reconoce el acoso y el hostigamiento como una forma de violencia en el entorno laboral pero no logran hacer más por falta de personal y porque prefieren que estas conductas se resuelvan en lo interno en cada centro de trabajo.
LA PRÁCTICA DE CANALIZAR CASOS
El acoso y hostigamiento sexual laboral son conductas definidas en la LFT y pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo y de multas para los patrones que las realicen o toleren; sin embargo, el primer paso para hacer realidad la ley es que las víctimas que denuncian sean atendidas por las autoridades.
La subprocuradora de Atención a Mujeres en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, María de Lourdes Lezama Aguilar, instancia que forma parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, señala que cuando una mujer llega a pedir asesoría por causas relacionadas con el acoso sexual, la Subprocuraduría las canaliza a otras dependencias.
En este año, hasta abril de 2019, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local reportó que había realizado 8 mil 955 asesorías en materia laboral, de las cuales 4 mil 973 fueron para mujeres (55 por ciento) y 3 mil 982 para hombres (45 por ciento).
Por ejemplo, se les remite a la Secretaría de las Mujeres, para que reciban contención psicológica; o si es discriminación las mandan al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y en caso de que detecten un delito como violación sexual las mandan a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) o al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que depende de la Procuraduría.
Lezama Aguilar argumentó que se les remite a otras instancias para que reciban atención especializada pero lo cierto es que con este método la Subprocuraduría se libera de casos y no debe seguir el camino administrativo hasta llegar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, las solicitudes de asesoría son pocas. En cinco meses, de diciembre de 2018 a abril de 2019, se registraron 14 casos de hostigamiento sexual y en el mismo periodo se registraron 77 por discriminación, en específico por despido de mujeres embarazadas, según datos proporcionados por la Subprocuraduría.
En los casos de acoso si las mujeres insisten en que quieren seguir su denuncia por la vía laboral y descartan el camino penal, la Subprocuraduría las acerca a programas sociales como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Seguro de Desempleo y a las ferias del empleo, pero no siguen la línea de violencia de género.
La funcionaria Lezama Aguilar reconoció que el acoso y hostigamiento sexual en los lugares de trabajo es una violencia que puede causar “bajo rendimiento, estrés, apatía, depresión” por ello dice que es mejor remitir a otras instancias.
También, porque en el área especializada de mujeres sólo hay dos abogados para atender todos los casos de trabajadoras que lleguen de la Ciudad de México y las víctimas incluso deben notificar oficios y demandas a su patrón porque la institución solo cuenta con una persona notificadora.
Por otra parte, si la instancia atiende a las mujeres, la primera recomendación es decirle que lleve su caso al órgano interno de su empresa y si no se logra una solución les piden que concilie con el patrón para que reciba una liquidación justa. Sólo en pocos casos, aunque no hay cifra pública, las denuncias llegan a juicio ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Nosotros preferimos conciliar. En eso radica la asesoría, en orientar a la trabajadora, al trabajador. Nosotras tratamos de que las dos partes ganen. Entonces, la cuantificación que se hace de lo que le corresponde conforme a la ley, indemnización, liquidación, prestaciones, prima vacacional o de antigüedad, aguinaldo, todo es en una negociación”.
Ahora, con la reforma laboral de 2019, habrá centros de conciliación por lo que la negociación entre la trabajadora y el patrón seguirá siendo el primer camino para resolver una acusación de acoso u hostigamiento sexual y solo se tomarán previsiones cuando la autoridad encuentre un riesgo inminente de revictimización para la víctima.
“En la Subprocuraduría de Atención a Mujeres yo no aplico un protocolo en específico. Estamos trabajando en ello. El año pasado se publicó en el boletín de la STyFE, en marzo de 2018, un Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Acoso Laboral, con perspectiva de género y no discriminación. No se ha implementado”.
Explica: “Lo que pasa es que para tu poder aplicar una sanción administrativa por ese tipo de conductas hay que llevar a cabo un procedimiento, es una investigación donde tiene que haber un grupo especializado que discuta los casos, otro grupo especializado de contención a la víctima y después, si quiere, se haga una denuncia”.
Sobre las acciones para garantizar un ambiente libre de violencia agrega: “nosotros no tenemos competencia como tal en esas conductas” y explicó que la Procuraduría de Defensa del Trabajo y la Procuraduría de Justicia capitalina están trabajando en editar un manual de atención a víctimas de acoso laboral.
POCAS DENUNCIAS LABORALES
Una vez que las mujeres agotaron las instancias internas en su lugar de trabajo pueden presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCyA), pero no es común que lo hagan, ya sea por desconocimiento, desisten de seguir el proceso, o algunos casos se resuelven internamente en los centros laborales.
En la Ciudad de México la JCyA creó en 2014 la Junta Especial 19 para atender asuntos laborales relacionados con grupos considerados en “situaciones de vulnerabilidad” en los que se encuentran mujeres, menores de edad, personas mayores y personas de la comunidad LGBTTTI. A la Junta 19 se turnan los expedientes de acoso u hostigamiento sexual.
Desde su creación en 2014 a 2018 la Junta Especial 19 sólo ha recibido 63 denuncias por acoso sexual. Según los datos que proporcionó la instancia a Cimacnoticias, 60 de las denuncias las presentaron mujeres y 3 las tramitaron hombres.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos e Información de la JCyA de la Ciudad de México, Yedid Mendoza Hernández, abundó que la Junta Especial 19 se creó con el propósito de resolver este tipo de casos de forma eficaz y con atención especializada.
Sin embargo, de estas 63 denuncias de acoso sexual que ha recibido la Junta, no se sabe cómo se resolvieron, cuáles fueron las sanciones o cuál es el estado que guarda cada caso. A pesar de ello, la maestra Yedid Mendoza asegura que de las 23 personas trabajadoras que integran la Junta, 19 están capacitadas en perspectiva de género y sensibilizadas para resolver los casos.
De manera incipiente han incrementado en la Junta de Conciliación las denuncias por acoso sexual, en 2017 recibieron 22 casos, en 2018 se presentaron 32. En los años anteriores, las denuncias son pocas; en 2014 se presentaron cuatro; en 2015 hubo seis denuncias; en 2016 otras cuatro denuncias.
DESCONOCEN TIPOS DE SANCIONES
En las denuncias de acoso sexual, como en cualquiera de los casos que recibe la Junta Especial 19, se cuenta con dos conciliadores quienes primero ofrecen una solución a ambas partes para evitar iniciar el juicio.
Cuando los casos no se concilian, comienza el litigio donde fundamentalmente son las mujeres quienes deben comprobar que sufrieron el acoso u hostigamiento sexual por medio de pruebas psicológicas de la afectación, documentos o testigos, describe Yedid Mendoza.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 reconoció que en el acoso sexual es difícil tener pruebas porque frecuentemente no hay testigos durante las agresiones. Además de que la carga de evidencias recae en las víctimas y en la mayoría de los países no hay mecanismo de protección a las víctimas ni a los testigos, factores que desalientan denunciar.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos asegura que en comparación con otras juntas que tardan hasta tres años en resolver un caso, la Junta Especial 19 en un máximo de cuatro meses revisa las pruebas y emite un laudo por una denuncia de acoso u hostigamiento sexual.
Sin embargo, Cimacnoticias en la primera parte de este reportaje, mostró el testimonio de una trabajadora que en marzo de 2018 interpuso una denuncia en esta Junta, la cual a la fecha no ha sido resuelta.
Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico Reforma, fue una de las denunciantes en el #MeTooMx, quién narró que en junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la empresa y determinaron que no ocurrió el acoso.
Con todo en contra, en marzo de 2018 Eloisa presentó una demanda contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para las mujeres. Aunque la demanda pudo quedar en una conciliación la empresa rechazó ofrecerle una disculpa, garantizar su atención psicológica y adoptar la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que a más de un año el juicio sigue.
Sobre las sanciones que podrían recibir quienes acosen u hostiguen sexualmente a una mujer en el trabajo, Yedid Mendoza aseguró que la Junta Especial únicamente puede “orientar para que las empresas se abstengan de hacer esas conductas o solicitar a las contralorías que pongan sanciones internas”.
No obstante, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 51 y 994 establece que el hostigamiento y el acoso sexual son causas de rescisión de la relación de trabajo y que se impondrá multa, por el equivalente a 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores.
Pero en la Junta de Conciliación de la Ciudad de México no hay datos públicos que muestren cuántas veces se han aplicado las sanciones establecidas en la Ley.
“PREVENCIÓN CORRESPONDE A EMPRESAS”
En comparación con las denuncias que reciben en las Juntas de Conciliación de la ciudad, que son alrededor de 90 mil asuntos en trámite, los casos por acoso u hostigamiento sexual son mínimos, reconoció Yedid Mendoza.
La funcionaria consideró que el bajo número de denuncias está relacionado con el hecho de que las mujeres no perciben comportamientos como los comentarios ofensivos, miradas lascivas o contactos físicos no deseados como acoso u hostigamiento sexual.
Pero entre la responsabilidad de la Junta Especial 19, Mendoza afirmó que la instancia no tiene facultad para mitigar esta violencia en los centros laborales: “La Junta no puede incidir en las empresas o instituciones porque es un tema doméstico”, expresó la funcionaria e indicó que es una tarea que requiere “mucha labor interna” de las instituciones y empresas.
Como ejemplo, aseguró que la Junta de Conciliación ha difundido entre su personal un mensaje de cero tolerancia ante estas violencias y repartido folletos del código de ética y actuación en los casos.
INDOLENCIA A LAS DENUNCIAS
Las administradoras de las diversas cuentas de Twitter donde se publicaron los testimonios del #MeToo, junto con algunas denunciantes y defensoras feministas consideraron que ante el movimiento gestado en las redes sociales instancias de derechos laboral del Estado y empresas privadas debían responder y asegurar a las mexicanas su derecho a una vida libre de violencia.
El 11 de abril emplazaron en pronunciamiento a que les informarán dentro de un mes las acciones que realizarían ante las denuncias expuestas en el #MeToo. En la fecha límite, el 6 de mayo de 2019, ninguna Junta de Conciliación, Secretaría de Trabajo o Procuradurías de Defensa, respondieron.
Quienes atendieron al llamado fueron organismos de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ambas de la Ciudad de México. Se comprometieron a acompañar a las mujeres que deseen presentar su denuncia.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la capital del país dijo que investigará las agresiones que enfrentaron en Twitter las administradoras de las diversas cuentas del #MeToo.
A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública dijo que fortalecería las acciones para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual, mientras el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortó a las víctimas a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, e invitó a denunciar con las autoridades competentes. (Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta)
Buscan mejores condiciones laborales en Michoacán (Foto Cortesía)
A promover democratización sindical en Michoacán, le apuestan diputadas y diputados de Morena Por MiMorelia.com –
jueves, mayo 30, 2019
Morelia, Michoacán (Boletín).-
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán presentó una iniciativa para transitar a la armonización de la Reforma Laboral en lo local, con lo que se busca democratizar el sentido sindical de la entidad.
La iniciativa, presentada por los diputados Fermín Bernabé Bahena, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Francisco Cedillo de Jesús, Sergio Báez Torres, Teresa López Hernández, Cristina Portillo Ayala, Zenaida Salvador Brígido y Sandra Luz Valencia, contempla modificaciones a los artículos 67, 83 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
El diputado subrayó la importancia de garantizar el respeto a los derechos laborales, con base en normas constitucionales que le permitan al Poder Judicial responder por la justicia laboral en la entidad.
Explicó también que se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los laborales, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales.
“La función conciliatoria en materia laboral estará a cargo del Centro de Conciliación especializado, denominado Centro de Conciliación Especializado en Materia Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, será un órgano autónomo, el cual contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión”, puntualizó.
“Esta reforma crea un organismo descentralizado y autónomo denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo público que administrará y estará a cargo de la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos o bien la problemática entre sindicatos”, concluyó.
La transición al nuevo esquema podría demorar hasta cuatro años, sólo en caso de que la administración de Andrés Manuel López Obrador integré anualmente una cantidad de recursos considerable.
La implementación del nuevo esquema de justicia laboral establecido en las reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas el pasado 1 de mayo, resultará imposible si el gobierno federal no destina recursos cuantiosos para la creación de los centros de conciliación de las entidades federativas en sustitución a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la capacitación de los jueces y defensores de los trabajadores.
La transición al nuevo esquema podría demorar hasta cuatro años, sólo en caso de que la administración de Andrés Manuel López Obrador integré una cantidad de recursos considerable anualmente, coincidieron expertos en derecho laboral.
“Para la implementación de la gran reforma penal el gobierno invirtió nueve años de dinero en recursos y cambios de conductas. Para la reforma laboral se tiene que dar entre tres y cuatro años para cambiar de paradigmas. Si no se da dinero suficiente, recursos, técnicos, nuevas herramientas, mucho capital humano va a ser imposible”, detalló Luis Díaz Mirón Socio en Bufete Díaz Mirón y Asociados durante su participación en el foro “La Reforma Laboral: Oportunidades y soluciones en las relaciones organizacionales” organizado por la consultora Mercer.
Las modificaciones aprobadas en el Congreso de la Unión establecen que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral mismo que realizará la función conciliadora en materia federal y llevar el registro de los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores del mismo y de las organizaciones sindicales.
Podemos cerrar un ciclo en nuestro proceso de transición democrática y crear un México que funcione para todos. Sin un “ellos” o un “nosotros”. Simplemente con un incluyente: nosotros.
Asimismo, la reforma laboral ordena la creación de los centros de conciliación de las entidades federativas mismos que se constituirán como organismos públicos descentralizados de la respectiva entidad federativa que tendrán el número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, determina que corresponde a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las entidades federativas, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionadas con ellas.
En ese sentido, los tribunales estarán a cargo de un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente.
Aunque los artículos transitorios de la Reforma Establecen que el Centro Federal de Conciliación Laboral iniciará funciones en un plazo no mayor a dos años y tres años en el caso de los tribunales, también determina que será “atendiendo las posibilidades presupuestales”.
Por ello señaló la importancia de destinar al proceso de cambio los recursos necesarios.
