Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo se reunió con gremios sindicales y organizaciones civiles en Querétaro, donde presentó los alcances y retos que implica el combate a la corrupción como una arista principal del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la capital queretana, Santiago Nieto sostuvo un diálogo con organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que aglutina a diversos sectores laborales en la entidad.
Posteriormente, el jefe de la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reunió con miembros del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) y de Trabajadores y Empleados de la Alma Máter (STEUAQ).
Reconoció el trabajo de académicos, docentes y administrativos de la UAQ, al tiempo de subrayar que los Sindicatos de esta máxima casa de estudios se han mantenido congruentes en los hechos con respecto a la Reforma en materia laboral que ha impulsado el Presidente de la República y los legisladores en las cámaras federales.
En el municipio de Corregidora, Nieto Castillo recibió la invitación de ciudadanos para conversar sobre el esquema de sociabilización que impulsa la UIF en el combate a la corrupción; escuchó la participación de los asistentes y expresó que en esta lucha de acabar con actos de corrupción todos como sociedad jugamos un papel determinante.
Bajo esta misma dinámica y procurando las medidas sanitarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas, Santiago Nieto tuvo oportunidad de conversar en encuentros separados con representantes de la sociedad civil en el municipio de Tequisquiapan y Cadereyta, respectivamente.
Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso aprobaron por unanimidad la iniciativa del gobernador Juan Manuel Carreras López para que se expida la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, además de que se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentadas por la magistrada presidente, Olga Regina García López.
Leonel Mora 03/08/20 , San Luis Potosí.
Por lo que respecta al Centro de Conciliación Laboral, se definió la armonización con la reforma federal, los cargos y un presupuesto de 18 millones de pesos aportados por la Federación más 11 millones que aportará el estado.
Al proyecto original del Gobernador se añadieron algunas propuestas del sector empresarial y de representaciones sindicales, al igual que algunas recomendaciones de las y los legisladores que son miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Destaca la de la diputada María Isabel González Tovar (PRD) sobre la integración de la Junta de Gobierno, la cual incluía al secretario general y a la oficial mayor del Gobierno estatal, los cuales, al final, quedaron fuera.
Esta Junta quedará integrada por el secretario del Trabajo y Previsión Social como director, y por vocales representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas, CEGAIP, CEEPAC y COESPO, organismos similares en sus funciones, a entidades federales.
También se aprobaron sus propuestas sobre los bienes inembargables e inalienables y para que la facultad de contratar y remover al personal no sea exclusiva del Director del Centro de Conciliación Laboral, como lo planteaba el dictamen, sino también de la Junta de Gobierno.
Se aprobó la propuesta del diputado Mauricio Ramírez Konishi (PRI) para la creación de un Consejo Consultivo no vinculante, que dé seguimiento al contexto laboral y conozca lo que está ocurriendo en ese ámbito, donde la Coparmex y la CTM sean observadores.
También se aprobaron propuestas de las diputadas Paola Alejandra Arreola Nieto (PT) y Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI), con lo que el dictamen, que ya se había aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quedó listo para ser votado próximamente en el Pleno del Congreso.
Paralelamente, se aprobó una iniciativa de la magistrada Olga Regina García López, para crear los Tribunales de Justicia Laboral e integrarlos a la estructura orgánica del Poder Judicial, establecer la competencia de los jueces laborales y agregar la figura de «secretario instructor» en la carrera judicial, entre otras nuevas disposiciones.
La secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, anticipó una “limpia” de contratos colectivos firmados sin el consentimiento de los trabajadores, como parte del proceso de implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Fernando Damián 27/07/2020
En reunión a distancia con la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Senado de la República, la funcionaria explicó que la totalidad de contratos colectivos, tanto federales como locales, deben pasar por un proceso de legitimación, “pues hubo muchos que se firmaron sin el consentimiento de los trabajadores y se pretende hacer una especie de limpia”.
Aunado a lo anterior, los sindicatos tendrán que modificar sus estatutos no solo para democratizar su vida interna mediante la elección de dirigentes por voto libre, directo y secreto, sino también en aspectos como la rendición de cuentas a sus agremiados y la paridad de género en sus dirigencias.
Señaló que, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, los plazos para la reforma de los estatutos se ampliaron hasta que las entidades federativas se encuentren con el semáforo epidemiológico en color verde.
Refirió que a nivel federal existen 2 mil 48 sindicatos vigentes y, de ellos, mil 754 ya modificaron sus estatutos, mientras que con las organizaciones sindicales a nivel local existe “un reto gigantesco”, pues de 14 mil de ellos, solo mil 343 han modificado sus estatutos, es decir, 9.5 por ciento.
Durante el encuentro con los senadores del grupo encabezado por la priista Claudia Ruiz Massieu, Alcalde precisó que la estrategia de implementación de la reforma laboral consta de tres etapas.
La primera, debido a la pandemia, comenzará en noviembre y abarcará ocho estados, donde se realizará la apertura de tribunales laborales del ámbito federal y local, centros de conciliación local y se iniciará la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
A su vez, la segunda etapa considera trece estados e iniciará en octubre de 2021, mientras la tercera y última fase se prevé para el 1 de mayo de 2022 en las restantes once entidades federativas, por lo que a partir de entonces se considerará totalmente implementado el nuevo modelo laboral.
Guadalajara, México (11 junio 2019).- Algunos de los presidentes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) destacan en todo, menos en derecho laboral.
Por lo menos seis de los 17 presidentes de la JLCA no cumplen con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo para ejercer el cargo.
Los artículos 629 y 630 de la Ley señalan que los presidentes especiales deben tener por lo menos cinco años de experiencia profesional después de haber obtenido el título y distinguirse en estudios de derecho del trabajo.
Sin embargo, no todos los que ocupan este cargo cumplen los requisitos, tomando como referencia el currículum público de la página de Internet de la Secretaría del Trabajo.
En la Novena Junta Especial está Georgina Argüello, que tiene especialidad en Administración Pública y su experiencia profesional es el área administrativa y fiscal; trabajó en el INEGI y en la Secretaría de Planeación.
Jorge Enrique Huerta, de la Segunda Junta, con especialidad en Derecho Público, trabajó como asesor de regidor en el Ayuntamiento de Zapopan; ejerce desde hace tres años.
Luis Carlos Arias, de la Octava Junta, tiene especialidad en el área fiscal y administrativa, y Luis Javier Rodríguez, de la Séptima Junta, en Ciencias Penales.
Mario Humberto Rodríguez, de la Junta 17, tiene experiencia profesional en justicia para adolescentes; y la especialidad de Sergio Gutiérrez, asignado a la Tercera Junta, es en derecho corporativo.
Pueden ser muy capaces en otras materias, pero la Ley es muy clara sobre quién puede ocupar el puesto, comentó Mariana Fernández, coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso.
«Podrían declarar no válidos los juicios que ellos han hecho de diciembre para acá. Estos nombramientos los hace directamente el Ejecutivo estatal, son gente de confianza del Ejecutivo estatal, entonces obviamente quien no cumple con los requisitos no puede estar en ese espacio», dijo.
El tema ya está como punto de acuerdo en el Congreso, se solicitaron los perfiles de los 17 presidentes para corroborar que lo que se declaró sea cierto, que cuentan con cédulas profesionales y se pedirá la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción y la Contraloría.
La falta de información sobre mecanismos de conciliación aleja a los trabajadores de obtener justicia laboral, reveló un estudio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad.
El texto, cuyos resultados se dieron a conocer a finales del año pasado por el National Bureau of Economic Research (NBER) y fue elaborado por académicos del ITAM, concluye que en la mayoría de los casos los trabajadores que demandan alguna compensación por despido o liquidación reciben menos de lo que corresponde por ley.
Esto, a su vez, refleja el desconocimiento de los trabajadores acerca de lo que legalmente deben demandar a sus ex empleadores.
Los empleados están mal informados acerca de sus derechos y la importancia de ciertos tipos de evidencia; segundo, tienen poca información sobre la calidad de los abogados, contratando defensores informales de bala calidad, señala el estudio.
Por ello, los académicos Joyce Sadka y Enrique Seira desarrollaron una calculadora de conciliación laboral para estimar los posibles resultados de un determinado proceso de justicia laboral con base en el análisis de otros casos.
La presentación de esta herramienta a querellantes y abogados tuvo efectos en la decisión de los trabajadores de optar por la conciliación en lugar de continuar con juicios extensos que, en ocasiones, duran más de tres años, como ocurre en el 48 por ciento de los casos.
La razón por la que trabajadores deciden continuar con los juicios se debe, en parte, a la relación que man tienen con abogados privados, cuyos intereses derivan del incentivo que corresponde emprender el proceso judicial, mientras que la conciliación resuelve.
Muchos abogados inflan los montos reclamados, posiblemente para incrementar las expectativas de los querellantes y convencerlos de demandar Dos de cada cinco demandantes obtienen devoluciones negativas (además) la información proporcionada al abogado no es transmitida al trabajador, exponeel texto.
En entrevista con REFORMA, Sadka explicó que actualmente se lleva a cabo otro experimento en la Junta de Conciliación, aunque aseguró que la reciente Reforma Laboral mostró avances en la materia del estudio.
Han hecho dos cosas importantes: la primera es que la primera instancia laboral se mueve al Poder Judicial de cada entidad, ya no son juntas con sus presupuestos pobres La segunda es que ahora hay una instancia de conciliación prejudicial que es obligatoria, señaló. //Reforma
A 90 años de su creación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se encuentra fuerte y como una institución que se apega a la legalidad en defensa de los derechos de los trabajadores
A sus 90 años de creación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) está más cerca que nunca de las personas que la necesitan, aseguró su titular, Carolina Ortiz Porras, al encabezar el Sorteo de Diez Número 2599 que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) realizó en honor del aniversario de la institución.
La Procuradora aseguró que la Profedet se reafirma como una institución fuerte, consciente del privilegio que es servir al ciudadano, de la ética que necesita el ejercicio de su labor, siempre apegados al principio de la legalidad en la defensa de los derechos de los trabajadores de nuestro país.
“Acompañar a un trabajador, escucharlo, hacer su demanda, sufrir cuando los testigos a los que se llamaron para comprobar el despido no llegan; estar en todo momento corriendo en las audiencias, ese es el trabajo cotidiano que hace que uno que traba en la procuraduría se enamore de ella”.
Al dar el campanazo de salida al sorteo en conmemoración por el 95 aniversario, Ortiz Porras, acompañada del subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo, recordó que la Profedet fue creada el 8 de junio de 1929 con la convicción de que el Estado debe tomar acciones firmes y eficaces para nivelar las desigualdades.
“Es a partir de esa fecha que la institución, aún antes de la primer Ley Federal del Trabajo, se dedica a asesorar, a representar y a acompañar a los trabajadores y a ahora ya se amplían las facultades a los beneficiarios de los trabajadores. Cuando un trabajador fallece, las personas que dependían directamente de él van con nosotros”.
Recordó que los servicios de la institución son: conciliación, asesoría y representación legal, totalmente gratuitos, para lo que cuentan con una oficina central, 47 más en los estados de la república y una procuraduría móvil.
“La responsabilidad que hoy tenemos los servidores públicos de la Profedet no caben las visiones cortas, ni los intereses fragmentados. La visión nacional de equipo, de trabajo y compromiso colaborativo nos obliga a reformarnos y a estar a la altura del momento histórico que vive el mundo laboral en México”.
El Premio Mayor de 15 millones de pesos lo ganó el billete número 4200, las dos series fueron emitidas para su venta a Medios Electrónicos.
El segundo premio de 1 millón 200 mil pesos lo obtuvo el billete Número 24594, la primera serie fue remitida para su venta a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la Segunda a Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Los reintegros fueron para los billetes cuya terminación o último dígito es 0 y 4.
La Paz, Baja California Sur- Los diputados Héctor Ortega Pillado, Carlos Van Wormer Ruiz y Ramiro Ruiz Flores presentaron ante el pleno del Congreso del Estado una propuesta para reformar la Ley Burocrática a fin de terminar con una confusión normativa en el caso de las causales de recisión de los trabajadores sindicalizados, así como dar mayores garantías a los trabajadores de veinte años de servicio o más.
Mediante esta propuesta de reforma al artículo 47 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Estados y Municipios de Baja California Sur (BCS) y adicionando un artículo 47 bis se busca solucionar la confusión normativa como progresar en el derecho de los trabajadores en su derecho a la estabilidad de su empleo, expresó el diputado Carlos Van Wormer Ruiz.
El sentido de la reforma establece que en los sucesivo los trabajadores podrá cesar su relación laboral por renuncia o abandono de empleo como se especifica en la fracción uno del artículo 47, así como que por resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: “cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores o por acumular más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin justificar debidamente y sin permiso de quien está facultado para otorgarlo”.
Mientas que la adición del artículo 47 bis: cuando el nombramiento, designación o relación laboral haya tenido una duración de más de veinte años, los titulares de los Poderes del Estado y Municipios y sus dependencias, sólo podrán cesar a los trabajadores por alguna de las causas señaladas en la fracción V del artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, debiendo precisar en su solicitud al Tribunal Burocrático las razones por las que se considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace imposible la continuación de la relación de trabajo. Lo anterior no será obstáculo para que se le imponga al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven de su antigüedad.
La repetición de la falta o la comisión de otra u otras faltas, que constituyan una causa legal de cese, deja sin efecto la disposición anterior.
Carolina Ortiz Porras asumió el cargo como nueva titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en una reunión con la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.
En la sede de la STPS, la secretaria Alcalde Luján encabezó el encuentro la tarde del 5 de junio. Ahí recalcó que la prioridad es terminar con el enorme rezago y brindar a los trabajadores una excelente asesoría y acompañamiento en materia de defensa laboral para los trabajadores.
Carolina Ortiz es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, terminó sus estudios de Especialidad en Derecho Social y Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también obtuvo el grado de Doctora en Derecho.
Se desempeñó como asesora de la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y durante 2018 tuvo el encargo de presidir la Junta Especial Número 20 de ese mismo tribunal laboral.
Ha sido catedrática en diversas instituciones educativas y cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas en materia laboral y de derecho social.
Antes de ocupar la titularidad de la Profedet se desempeñaba como subprocuradora general de Asuntos Foráneos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
NOTIMEX 05.06.2019 – 17:06H La secretaria del Trabajo del Estado de México, Martha Hilda González Calderón, reconoció este miércoles que la reforma laboral causará una «gran efervescencia» en la entidad, y dejó en claro que «la democracia laboral no está peleada con la paz del sector».
Sostuvo que en la medida en que las autoridades acompañen a las empresas y a los sindicatos de una manera en que efectivamente haya representatividad real, la paz laboral deberá permanecer.
En el foro «Conversando la Reforma Laboral», informó que en el Estado de México, la población económicamente activa está compuesta por más de siete millones de personas, hay más de 600 mil unidades económicas y se tiene un registro de 110 mil contratos colectivos de trabajo y más de 700 sindicatos.
Señaló que, por ello, la reforma laboral constituye «un cambio de paradigma», pues representa un reto para los gremios de trabajadores, las empresas y las autoridades, «que hoy más que nunca debemos tener puentes de comunicación».
González Calderón dijo que en el Estado de México están convencidos de que el tema laboral no puede ser sólo una obligación de la Secretaría del Trabajo y por ello, el gobernador Alfredo del Mazo Maza firmó recientemente una agenda que incluye cuestiones de movilidad y seguridad, entre otras, lo que hace que las banderas sindicales vayan más allá de una empresa. https://www.20minutos.com.mx/noticia/520763/0/democracia-laboral-no-esta-peleada-con-paz-de-sector-obrero-autoridades/
La dependencia federal atestiguo la firma de los contratos colectivos del SUTDConalep y SUTDCEO
En ambos casos, después de la revisión salarial y de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el salario incrementará 3.35%, además de 1.8% a las prestaciones
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tomó conocimiento del primer acto de democracia sindical, bajo el Nuevo Modelo Laboral, luego que los más de dos mil docentes que pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (SUTDConalep) de la Ciudad de México realizaran la revisión de su contrato colectivo.
En representación de Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo y el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Enrique Ku Herrera, atestiguó la firma de los contratos colectivos, durante un acto protocolario en la sede de la institución federal.
Domínguez Marrufo destacó el esfuerzo del SUTDConalep para cumplir con uno de los principios más importantes en la nueva Reforma Laboral, publicada el pasado 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, que es favorecer la negociación colectiva auténtica.
“Reconocer el gran esfuerzo y disposición que han demostrado ambas partes para llegar a un acuerdo conciliatorio y, de una manera franca y transparente, haciendo esta negociación en el marco de una de las instrucciones del Presidente de la
República: favorecer la negociación colectiva auténtica y que no sean solamente los líderes quienes aprueben las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, que no sean solamente los líderes quienes dicten los destinos de cada organización sindical; sino que sean los trabajadores quienes tomen estas decisiones que son fundamentales para mejorar sus condiciones”.
El subsecretario del Trabajo recalcó que estas acciones significan un cambio de cultura laboral, “que estamos ciertos que el sindicato del Conalep está dispuesto a asumir y afrontar. Que esto sea una práctica común: la democracia, la libertad sindical, la negociación, el diálogo y la concertación se transmiten”.
El director general del Conalep, Enrique Ku Herrera, destacó que ha mantenido una estrecha comunicación con los dirigentes sindicales, puesto que se necesita del diálogo para llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores, lo que se traduce en favor de la educación de los jóvenes.
“Nosotros tenemos la meta muy fija en que lo más importante de una institución como lo es Conalep son sus alumnos, no podemos perder el rumbo. En este momento estamos viviendo cambios muy importantes en los que no hay una relación que de antemano nos lleve a la confrontación directa con los trabajadores, si nosotros definimos la importancia de nuestra función es a favor de los jóvenes, tenemos que reconocer que lo más importante como esquema vertebral de la institución son sus trabajadores, tenemos que agradecer la función que ellos están desarrollando”.
Por separado, el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Oaxaca (SUTDCEO) realizó la firma del contrato colectivo con el Colegio y ante autoridades de la STPS.
En ambos casos, después de la revisión salarial y conforme a lo aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se formalizó el incremento salarial de 3.35% y de 1.8% en prestaciones.
Lo anterior en beneficio de 2 mil 258 docentes de los 27 planteles del Conalep, en los que estudian 38 mil 500 jóvenes en la Ciudad de México; mientras que para el estado de Oaxaca son 350 docentes, en 6 planteles, que atiende a 6 mil alumnos.
