Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo. Foto: Miguel Dimayuga
Por Rosalía Vergara , 5 septiembre, 2018
Logrado el entendimiento comercial entre las delegaciones de México y Estados Unidos, la próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, adelanta que su proyecto de política laboral estriba en que se respeten los derechos en la materia; en suma, velar porque prevalezca el estado de derecho. Una de sus tareas es la promoción del empleo y dar vida al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, consistente en darles las oportunidades que hasta ahora se les han negado. Sin embargo, aclara, el cambio vendrá con el proyecto de nación en su conjunto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luisa María Alcalde Luján –propuesta por Andrés Manuel López Obrador para que ocupe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante su administración– confía en que el capítulo laboral del entendimiento comercial alcanzado por los gobiernos de México y Estados Unidos sea compatible con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese capítulo, puntualiza, debe de ser empático con la ley de justicia laboral cotidiana, vigente en México desde febrero de 2017 y cuyas leyes secundarias se discutirán en la LXIV Legislatura, que se instaló el sábado 1.
“Se debe garantizar la democracia sindical, como lo señala nuestra Constitución. Estamos muy animados porque tenemos la posibilidad de construir un nuevo escenario en el mundo laboral”, comenta la exdiputada federal de Morena.
En entrevista con Proceso, habla de la necesidad de una reforma al artículo 123 constitucional y de varias leyes secundarias que sean coherentes con la Constitución, así como de mejoras al salario mínimo. Confía en que el Senado ratifique el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la expectativa que genera el capítulo laboral del nuevo entendimiento comercial.
Lo deseable, dice, es que “impulse los principios básicos de la OIT, en especial el fortalecimiento de la contratación colectiva decente, como un medio de diálogo social y productivo que mejore las condiciones laborales de los hombres y mujeres que viven de su trabajo y se reduzca así la desigualdad y la pobreza”.
De acuerdo con lo publicado por la consultoría Grupo Estrategia Política, el capítulo laboral del TLCAN incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, en el cual el gobierno se compromete, con acciones legislativas específicas, a garantizar el reconocimiento efectivo de este derecho.
La presión de Estados Unidos
En febrero de 2016, la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) puso en la mira internacional las condiciones en que laboran los obreros mexicanos. Washington presionó al gobierno mexicano para que acabara con las dos mayores injusticias para la clase trabajadora: la parcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal (Proceso 2050).
Semanas después, el 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas de reforma: una a la ley laboral y otra a la Constitución. En tanto, los sindicatos canadienses se sumaron a la presión de los estadunidenses. El gobierno de Peña Nieto tuvo que cumplir las demandas históricas del sector laboral, opositor a las políticas gubernamentales en la materia.
La primera iniciativa, concretada en febrero de 2017, plantea la creación de una instancia autónoma que registre contratos y sindicatos, garantice la autenticidad y publicidad de los mismos, replantee el esquema que regula el depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo y promueva la conciliación.
El propósito de esta instancia autónoma es erradicar los contratos de protección patronal. Ahora es necesario consultar el voto personal, libre y secreto, antes de que se firme un contrato colectivo; antes, era el patrón quien imponía el sindicato a los trabajadores.
Con la segunda iniciativa se reformó la Constitución para desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje a fin de que “la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial de la federación o de los poderes judiciales locales, según corresponda”, señala Alcalde.
Resalta que su función conciliatoria estaría a cargo de Centros de Conciliación descentralizados, especializados, imparciales, dotados de personalidad jurídica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Líderes “charros”, un peligro
Todo iba bien hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y anunció la salida de Estados Unidos del TPP.
El 10 de diciembre de 2017, los senadores Isaías González, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y Tereso Medina, de la Confederación de Trabajadores de México, presentaron su iniciativa de ley reglamentaria para la reforma de justicia laboral, en vigor desde el 25 de febrero de 2017.
Su intención era abrir la puerta al sindicalismo propatronal y echar atrás la autonomía del organismo y la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje. La propuesta se desvaneció ante el insólito triunfo de Morena en los comicios presidenciales del 1 de julio pasado.
Sin embargo, queda pendiente la aprobación de las leyes secundarias en materia laboral.
–¿Puede decirse que está cancelada la propuesta de echar para atrás las reformas constitucionales? –se le pregunta a Alcalde.
–Primero, nuestro marco debe estar sustentado en la Constitución. Para ello necesitamos garantizar la transición ordenada de las juntas federales de Conciliación y Arbitraje, que los nuevos juicios se vayan al Poder Judicial, a los tribunales laborales. Debemos resolver el gran rezago en las juntas locales y federales, lo cual requiere de la colaboración de todos.
“Número dos: estamos por la independencia del órgano. Pedimos que se encargue de los registros sindicales y de los contratos colectivos; número tres: pugnamos porque se garantice el voto personal, libre y secreto, tanto para la elección de dirigentes como para la representatividad de los trabajadores, previo a la firma del contrato colectivo.”
–¿Qué papel jugaría la Secretaría del Trabajo en este asunto, toda vez que en la actualidad es juez y parte?
–La Constitución establece, por un lado, la creación de un órgano autónomo, independiente, que se encargue de los registros sindicales y los contratos colectivos. El papel de la secretaría es hacer respetar el estado de derecho y promover los valores constitucionales. Esto conlleva una nueva etapa en el mundo del trabajo.
“No apoyaremos la simulación ni la corrupción. Confiamos en el diálogo auténtico, informado, como la mejor vía para lograr el trabajo decente y un verdadero desarrollo productivo. El sector empresarial sabe que un sindicato decente es un excelente aliado para sus fines.
“La apuesta de la secretaría es que la política laboral, incluyendo la participación responsable de los actores, sea un verdadero instrumento de justicia social, de pacificación y de crecimiento del empleo digno y formal. Eso traerá mejor seguridad social, cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como un impulso al mercado interno y al tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo.”
–¿Podemos decirle adiós al tripartismo?
–Una cosa es el tripartismo auténtico y otra la simulación; en materia de impartición de justicia, conforme a la división de poderes, eso le corresponde al Poder Judicial, en cuanto al órgano descentralizado autónomo. Sus decisiones no pueden ser afectadas por intereses gremiales y políticos; por ello no podría ser tripartito, ya que debe preservarse estrictamente su carácter autónomo.
La democracia sindical
Después de ganar la elección presidencial, López Obrador se comprometió a respetar la autonomía y la democracia sindicales, lo que creó expectativas entre los trabajadores de vocación democrática para deshacerse de los controles del sindicalismo charro.
Alcalde afirma: “Nosotros no queremos involucrarnos en la vida interna de los sindicatos. Lo que buscamos es que el estado de derecho tenga vigencia real; es decir, libertad de asociación, trabajo decente y una negociación colectiva auténtica. Significa que los trabajadores tienen derecho a conducir sus sindicatos; significa rendición de cuentas; significa no consentir a los extorsionadores de empresas. En pocas palabras, que todos tomemos en serio el cumplimiento de la ley. Es la mejor vía para vivir mejor, tener mejores salarios y paz social.”
–¿Qué pasará con los sindicatos blancos o corporativos que tienen la toma de nota para las empresas terciarizadoras del mundo laboral?
–Parte de lo que establece la reforma constitucional es la garantía. Eso vamos a tomarlo muy en serio. Los trabajadores son quienes deben decidir de manera libre, sin ataduras ni obstáculos. Entonces, si otras mayorías se generan, ellos tienen todas las posibilidades de demandar la titularidad de los contratos.
“El gobierno no tiene por qué meterse, pues se trata de asuntos de los sindicatos, de quienes representan a la mayoría y de quienes deberían tener la titularidad de los contratos.”
–¿Y en el caso de las denuncias penales que están detenidas?
–En eso sí. En todas las denuncias, todas las extorsiones, todo lo que involucra actividades delictivas, nos vamos a meter de fondo. Lo haremos de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública. La idea de la no impunidad es para todos los ámbitos de la vida pública, incluido el de los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores fueron creados para su representación, no como mecanismos de extorsión o de control que acaban perjudicando, no sólo a los trabajadores, sino a los empresarios y al Estado en su conjunto.
Las reglas del cambio
Respecto a los salarios mínimos, se incrementarán de manera paulatina en una primera etapa, afirma Alcalde. El plan es llegar por encima de los 100 pesos diarios; después aumentarán conforme al diálogo con los sectores productivos y la política financiera del Estado. Tendremos un diálogo constante con el Banco de México y las autoridades hacendarias y, obviamente, con la representación de los trabajadores y los empresarios. La recuperación salarial es un compromiso fundamental del nuevo gobierno.
–¿Qué van a hacer con el outsourcing?
–En estos casos estamos pensando en fortalecer la inspección como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley. En la Ley Federal del Trabajo se establece la subcontratación, pero el problema está cuando se utiliza de manera abusiva. Ahí es en lo que vamos a trabajar, porque no se vale que se utilice como un mecanismo para precarizar el empleo y evadir responsabilidades.
“La apuesta es que se respete el estado de derecho y los derechos laborales. Eso no es tarea exclusiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El cambio vendrá con el proyecto de nación en su conjunto.”
–¿Cómo se aplicará el plan de austeridad de López Obrador en la secretaría que usted encabezará?
–Nos reduciremos a dos subsecretarías: la del Trabajo y la de Empleo. La primera sufrirá transformaciones cuando se implementen las reformas laborales secundarias, especialmente en materia de justicia, conciliación y registro de asociaciones. La segunda tendrá como tarea fundamental promover el empleo y dar vida al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Esta apuesta, dice la entrevistada, coadyuvará a la pacificación del país al brindar oportunidades a los jóvenes que hasta ahora se les han negado.
Esta entrevista se publicó el 2 de septiembre de 2018 en la edición 2183 de la revista Proceso.
Categoría: Justicia Laboral
La nueva justicia laboral que no nace y las juntas de conciliación que agonizan
Los especialistas en derecho laboral Enrique Larios Díez (izq.) y Luis Díaz Mirón(der.) – Foto: Eric Lugo y Zulleyka Hoyo
La nueva justicia laboral que no nace y las juntas de conciliación que agonizan
Desde hace más de un siglo, los conflictos laborales en México se dirimen en las juntas de conciliación y arbitraje, o sea, en el Poder Ejecutivo. La reforma de 2017 establece que estas disputas se resolverán en el Poder Judicial. Pero, ¿estos cambios benefician a los trabajadores o a las empresas? Dos especialistas en derecho laboral, Enrique Larios Díaz y Luís Díaz Mirón dan su punto de vista.
Blanca Juárez
03 de septiembre de 2018, 19:54
El centenario sistema de justicia laboral en México, con sus juntas de conciliación y arbitraje, está muriendo. La fecha del deceso la pondrán los legisladores. Y mientras ese modelo agoniza, a la reforma laboral de 2017 le hace falta algo para que viva: una ley secundaria que reglamente los nuevos órganos de conciliación.
Hay quienes consideran que las modificaciones a la justicia laboral son un acierto y que gracias a ellas la conciliación será una realidad. Otros opinan que los cambios inclinan la balanza de la justicia hacia los patrones porque desincentivan al trabajador a iniciar una querella.
Factor Capital Humano entrevistó a dos destacados laboristas para que ofrecieran más contexto y dieran su opinión al respecto: Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Luis Díaz Mirón, rector de laEscuela Libre de Derecho (ELD).
Con Porfirio, los trabajadores nunca ganaban
En la época del presidente Porfirio Díaz los trabajadores comenzaron a demandar a sus patrones “por accidentes y enfermedades de trabajo”, recapitula Enrique Larios. Entonces el gobierno decidió que los juzgados civiles verían esos asuntos. “No hay un solo registro de que los empleados hayan ganado alguna vez”, agrega.
Fue en la Revolución Mexicana cuando inició el modelo de las juntas de conciliación y arbitraje. Desde entonces el sistema es tripartita, es decir, están integradas por un representante patronal, uno del trabajador y uno del Estado.
Y más tarde, los regímenes postrevolucionarios integraron esas juntas a la Secretaría del Trabajo, apunta el catedrático.
¿Por qué las juntas no funcionan? Las juntas de conciliación tienen dos problemas fundamentales, considera Larios Díaz: que son tripartitas y que la designación del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la hace el presidente de la República. “Con ello invade la esfera judicial, al intervenir en justicia laboral”.
El escaso presupuesto destinado a la justicia laboral es otro factor que terminó por agotarlas, añade. “A partir de 1982 los gobiernos empezaron a limitar los recursos y reducirles el personal”. Se trató, asegura, de una política neoliberal para que la justicia laboral fuera más lenta.
Litigantes coyotes
Luis Díaz Mirón afirma quela principal falla de esos organismos radica justamente en sus pocos recursos económicos. “El gobierno los tiene abandonados, no les ha invertido lo suficiente”. Como toda buena organización, apunta, requieren un andamiaje con controles, incentivos y mediciones.
Ambos coinciden en que eso provocó que los casos se acumularan. Los trabajadores se han sentido insatisfechos “en uno de los principales sentimientos que cualquiera le reclama a su gobierno: justicia”, puntualiza Díaz Mirón.
Pero también los litigantes han sido responsables de esta situación,acusa. Por muchos años, algunos “han llevado a cabo malas prácticas como atrasar de manera deliberada los procesos y cometer puros actos de corrupción”. El laborista no duda en llamarlos “coyotes que retrasan la justicia para obtener beneficios económicos”.
Cien años después, una reforma
En 2016 el Senado reformó la Constitución en materia laboral y en febrero de 2017 esos cambios entraron en vigor. Uno de ellos fue desaparecer las juntas federales y locales de conciliación, y sustituirlas por instancias que concilien de manera obligatoria.
El 25 de febrero de este 2018 las juntas deberían haber dejado de funcionar. Finalmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que su cierre llevará todavía unos cinco años, para terminar los casos que tienen.
“No se cumplió porque es imposible, está mal hecha la reforma”. Para reglamentarla hay que hacer cambios a más de 100 leyes federales y locales, dice Enrique Larios.
El fin de las juntas de conciliación y arbitraje ya está decidido. Falta establecer cuándo y en qué condiciones, indica Luis Díaz Mirón. Para ello, los diputados tendrán que crear una ley reglamentaria o secundaria.
El abogado laborista prevé que a partir de que los legisladores aprueben esa ley, algo que estima pueda ocurrir en septiembre de 2019, el proceso llevará otros cuatro años. “Por ahí de octubre o noviembre de 2023,a un año de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entrará en vigencia el sistema de tribunales laborales”.
¿Cómo funcionarán los nuevos tribunales laborales?
En la actualidad, porque aún funcionan, las juntas reciben las demandas y dictan laudos – sentencias—, que le dan la razón al trabajador o a la empresa. Cuando se ponga en marcha el nuevo sistema habrá dos instancias para resolver los conflictos, una administrativa y una judicial.
La primera será un órgano conciliador,que seguirá dependiendo del Poder Ejecutivo. Ahí se llevarán a cabo las audiencias para casos individuales y colectivos. También la toma de nota de sindicados.
Enrique Larios explica así ese proceso: “las autoridades a cargo dejan que las partes hablen, se reclamen asuntos y, pasada la catarsis, llegan a un acuerdo”.
La reforma convirtió a la conciliación en algo obligatorio, recuerda Luis Díaz Mirón. Y esto le «parece buenísima idea, porque a los mexicanos nos tienen que andar acarreando”. Si en las juntas de conciliación actuales no se concilia, es porque no es forzoso, considera.
Si aun así, empresa y trabajador siguen sin entenderse o sin ceder, pasan a la segunda instancia:un tribunal laboral que depende del Poder Judicial. Pero para llevar su caso a juicio los órganos de conciliación deben liberar su caso y emitir una constancia que certifique que no se pudo conciliar.
¿A quién favorece el nuevo sistema?
Enrique Larios considera que las empresas pueden manejarse bien en el nuevo sistema que estará disponible en unos años. Por otro lado, observa que el hecho de que sean dos organismos a los que hay que acudir puede desincentivar a los trabajadores.
Desde “la óptica de política laboral, se calcula como una forma en que el trabajador se agota”.
Luis Díaz Mirón no comparte esta opinión. “Muchos no quieren ese sistema porque quieren seguir viviendo de la conflictividad, no quieren vivir de la conciliación, de los arreglos positivos”. Sin embargo, advierte que hay que leer entre líneas: “lo que quiere el gobierno, lo que quieren todos los patrones, y trabajadores, es bajarla la conflictividad”.
Cuando se le pregunta si el nuevo sistema pone el suelo parejo para todos, Díaz Mirón contesta que “Con Morena en el gobierno, el suelo va a ser a favor del trabajador”, augura.
Nueva reforma, nuevos laboralistas
Mientras que Enrique Larios apunta que “los tribunales colegiados no tienen experiencia laboral”, Luis Díaz Mirón dice que es una nueva oportunidad de resolver conflictos. “Con verdaderos entes de conciliación, serios y sensatos”, también se abre una ventana para la especialización de laboralistas.
Señala que hay mucho capital humano en el mercado y otro que estará disponible cuando las juntas desaparezcan. “Ellos ya tienen conocimientos, experiencia, sensibilidad y nos conocen a los demás abogados en el medio”.
Larios subraya que el nuevo órgano conciliador y los tribunales necesitarán, por ejemplo, actuarios que notifiquen las audiencias. Hará falta mucho personal y ante el anuncio austeridad en el gasto público en el próximo gobierno federal, el panorama no se ve alentador.
Sindicatos y simulación
Para Luis Díaz Mirón la “parte más sensible de la reforma es la representatividad y la democracia sindical”. De ello derivará la transparencia, congruencia y todo un esquema de contratos colectivos que no sean simulados.
Según el laborista, para poner en práctica esas acciones no es necesario esperar a que los diputados legislen una ley secundaria. La Constitución Política, señala, en su artículo 123, apartado A, fracción 18, le pide al sindicato que cuando reclame la firma de un contrato colectivo debe acreditar su representatividad.
Enrique Larios Díaz
Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM. Es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Miembro de la National Lawyers Guild (USA).
Luis Díaz Mirón
Es rector de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/La-nueva-justicia-laboral-que-no-nace-y-las-juntas-de-conciliacion-que-agonizan-20180903-0066.html
San Luis Potosí: A dos meses de su conformación, juzgados laborales aún tienen trabas
Las leyes secundarias de la conformación de estos tribunales siguen sin avalarse, por lo que su pleno funcionamiento queda en entredicho
Emilia Monreal | Plano Informativo | 01/09/2018
San Luis Potosí, SLP.- En noviembre próximo deberán conformarse los juzgados laborales tanto en el Poder Judicial de la Federación como a nivel local, situación que deberán atender los legisladores federales, porque el 25 de febrero del 2017, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, publicó un decreto en el que se refieren los cambios a los artículos constitucionales 107 y 123 para incluir la desaparición de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje para dar paso a juzgados laborales en los poderes judiciales de las entidades federativas, con lo que se pretende brindar plena autonomía en la resolución de los juicios laborales.
El delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Edgar Durón Puente, dijo que el tema de la justicia laboral debe ser analizado por los senadores y diputados federales, porque en noviembre tienen que entrar en vigor los juzgados laborales, pero se detuvo debido al tema de los trabajadores sindicalizados, ya que están valorando si formarán parte del Poder Judicial de la Federación o de los locales, y es donde se requiere que se pronuncien los integrantes del Congreso de la Unión.
«Posiblemente vayan a incorporarse algunas reformas adicionales, pero en noviembre tendrán que estar instalados los juzgados laborales, por ejemplo aquí, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, laboran 12 personas, y es algo que se está tratando y que les tocará pronunciarse a los próximos diputados federales y senadores», apuntó.
Cabe señalar, que en la pasada LVIII Legislatura en el Senado de la República, se dejó en claro que se dejaba una laguna jurídica que deja en la incertidumbre la resolución de los juicios en materia laboral que actualmente se encuentran en las juntas locales y la junta federal de conciliación y arbitraje.
Desde el 25 de febrero de 2017 el Congreso de la Unión tenía un año para aprobar las leyes secundarias, mismas que quedaron sin avalarse, lo que deja en un ambiente de incertidumbre la aplicación de la justicia en materia laboral.
http://planoinformativo.com/610606/a-dos-meses-de-su-conformacion-juzgados-laborales-aun-tienen-trabas-slp
Buró laboral sí existe y es de utilidad, dice Secretaría del Trabajo
José Soto Galindo
02 de septiembre de 2018, 14:12
La Secretaría del Trabajo confirmó desde 2014 la existencia de los servicios de buró laboral en México y justificó su existencia como una “herramienta” para que los empleadores discriminen a los candidatos a partir de su historial laboral. Un buró laboral es una base de datos con información de los trabajadores que han demandado a sus expatronesy, como lo dijo la propia Secretaría del Trabajo, ofrecen información sobre “antecedentes laborales” para “evitar futuras demandas laborales”. Estas listas negras de trabajadores cuentan con información pública de los juicios tramitados en las juntas de conciliación y arbitraje y en los tribunales laborales y, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, pueden incluir información “psicométrica, entrevistas y estudios socioeconómicos” de los trabajadores.
Un buró laboral representa un tratamiento de datos personales y, como tal, está obligado a recabar el consentimiento de los titulares de los datos que figuran en esas listas. Se le conoce como “buró laboral” en referencia al buró de crédito, un servicio de información crediticia sobre el historial de pago de los clientes del sector financiero. Con la diferencia de que el buró laboral vulnera derechos fundamentales como el del trabajo, a la protección de datos personales y a legítima defensa, además de que viola la Ley Federal del Trabajo. Las consecuencias del buró laboral no sólo son un obstáculo que impide a los trabajadores boletinados reinsertarse en el mercado laboral, sino que pueden generar efectos psicológicos a quienes se les impide volver a contratarse y pueden pasar años en el desempleo. El buró laboral es una venganza y es ilegal por donde se le vea.
En la respuesta a la solicitud de información 0001400052114, la Secretaría del Trabajo —en voz de Daniel Flores Sánchez, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría— describió el espíritu del buró laboral y justificó su existencia como un servicio necesario para el proceso de reclutamiento de trabajadores.
1.“Sí, sí existe un ‘Buró Laboral‘ para que las empresas puedan conocer cuál es la ‘calidad’ de las personas a las que pretenden emplear. (…) En México hay algunas compañías o despachos privados que cuentan con su propia base de datos laborales que buscan difundir los datos, positivos y negativos, del historial laboral de un empleado para las firmas que lo soliciten”.
Flores Sánchez puso como ejemplo a Buró Laboral México, una compañía privada que hasta el 31 de agosto de 2018 contaba con 52,042 clientes, casi 5 millones de demandas laborales registradas, 12.6 millones de demandas judiciales registradas y 1.7 millones de reportes laborales, según su sitio web.
2.“El buró laboral es un sistema de información que permite a las empresas conocer el historial de los candidatos a cubrir sus plazas a través de datos que recaban otras compañías de manera legal, puesto que esta información es pública”.
Flores Sánchez se equivocó: la fuente de información es legal, no así su recopilación para un tratamiento distinto al que motivó su publicación. Que la información sea pública no significa que terceros puedan indexarla y darle un nuevo tratamiento sin consentimiento de los titulares de los datos personales. Véase las sanciones PS 0016/13 y PS 0006/14 del Inai contra Buholegal S. de R.L. de C.V.
3.“El objetivo de esta base de datos es dar la información necesaria al patrón sobre posibles demandas pasadas que el trabajador haya enfrentado en trabajos anteriores. De esta manera, puede acceder a la información de trabajadores o empresas que entablan demandas antes de realizar una contratación”.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2018 se registraron en México 131,593 juicios laborales a escala federal, según datos de la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo). A esa suma le faltan los juicios laborales en los estados.
4.“A través de esta herramienta, es posible validar la confiabilidad de la información que entrega el candidato antes de una entrevista y enlista cuáles han sido sus pasos en las diferentes etapas laborales de su vida”.
Será una agradable noticia que Luisa María Alcalde, quien será secretaria del Trabajo en la administración de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, incluya en su lista de temas urgentes el diseño de medidas punitivas contra los responsables de boletinar trabajadores. No se trata sólo de los derechos al trabajo y a la legítima defensa, sino también de salud mental en un entorno de precariedad y desigualdad.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Buro-laboral-si-existe-y-es-de-utilidad-dice-Secretaria-del-Trabajo-20180902-0017.html
Michoacán: Rojas Olvera llama a prepararse a dejar justicia laboral en manos de Poderes Judiciales
25 de Agosto de 2018 a las 12:51:00 | Por:Redacción / Noventa Grados
Morelia; Michoacán., a 25 de agosto de 2018.- Con un llamado a prepararse a enfrentar cambios que plantea la reforma laborar, en el sentido de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dejando la justicia laboral en manos de los poderes judiciales, la Mtra. Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Lo anterior, durante la conferencia inaugural del seminario denominado “La Reforma Laboral”, que se impartirá los días 24, 25, 31 de agosto y 1° de septiembre, evento en el que estuvieron presentes Estrella del Rocío López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en Morelia y Francisco Castelazo, director general del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado.
Al dar la bienvenida, el director del IIEL a nombre del Congreso del Estado, celebró este tipo de eventos se lleven a cobo, manteniendo relaciones abiertas entre las instituciones, sobre todo en este tema de una reforma de alto impacto normativo, que en su momento tendrá que ser tratada en los Poderes legislativos estatales, y buscar aterrizar de la mejor manera, lo más directa en lo local, para que sea lo más efectiva posible, acorde a las necesidades locales de cada entidad.
En este sentido, la conferencista Rojas Olvera destacó que la modificación de los artículos 107 y 113 constitucional, obliga a los abogados y trabajadores de Conciliación y Arbitraje a estar actualizados sobre los cambios que implica en los derechos laborales.
Así mismo, destacó que el desafió será ver cómo se va a regular la ley secundaria, se requiere de la participación de todos en la elaboración de nuevo modelo de justicia laboral, en particular en el tema colectivo, ya que la reforma se dirige a atacar los contratos de protección, es decir, evitar que existan más contratos de protección y se va a garantizar el derecho de la negociación colectiva.
Precisó que se debe buscar la forma de reducir las cargas de trabajo, ya que procesos que en teoría deberían de durar tres meses, se están llevando más del doble de tiempo, lo que provoca sobre carga de trabajo, un rezago importante, que afecta a los que buscan una justicia laboral.
En el tema de los antecedentes, recordó que desde septiembre del año pasado se presentaron ante el senado cinco iniciativas en la materia, la primera fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo, en la que priorizaba lo relativo a la parte con la negociación colectiva y la parte sindical.
Otra de las iniciativas presentadas fue por parte del Partido Revolucionario Institucional, la cual planteaba cuestiones relativas al outsourcing, además de regular prestaciones del tipo civil. Una más de las iniciativas fue la propuesta por el Partido de la Revolución Democrática en conjunto con la UNT, establecía regular el depósito de los contratos colectivos, iniciativas que a decir de la conferencista, no reflejaban las necesidades laborales.
http://www.noventagrados.com.mx/politica/rojas-olvera-llama-a-prepararse-a-dejar-justicia-laboral-en-manos-de-poderes-judiciales.htm
Debemos actualizarnos ante desaparición de Juntas de Conciliación y otros cambios: Rojas Olvera
Foto: ACG
viernes 24 de agosto de 2018 | 5:53 pm
KARINA ARREYGUE
Morelia, Michoacán.- Debemos estar preparados para los cambios que se contemplan en la reforma laboral, como la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, declaró Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
“Se plantea el desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ahora la justicia laboral la realizarán los poderes judiciales de los estados y a nivel federal el Poder Judicial de la Federación”.
Durante el seminario “La Reforma Laboral”, que se impartirá el 24, 25, 31 de agosto y 1 de septiembre, consideró que la modificación del artículo 107 y 113 constitucional, obliga a los abogados y trabajadores de Conciliación y Arbitraje a estar actualizados sobre los cambios que implica en los derechos laborales.
“El tema de fondo es ver cómo se va a regular la ley secundaria, se requiere de la participación de todos en la elaboración de nuevo modelo de justicia laboral”.
Rojas Olvera agregó que las modificaciones a estos artículos replantean las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores.
“En el tema colectivo, la reforma se dirige a atacar los contratos de protección, es decir, evitar que existan más contratos de protección y se va a garantizar el derecho de la negociación colectiva”.
Expuso que desde septiembre de 2017 la Cámara de senadores presentó 5 iniciativas de manera conjunta con la reforma laboral, pero en ellas, sólo se mencionó la negociación colectiva y la parte sindical, “se hablaba sobre los contratos iniciales en los que se convocaba a una asamblea con los trabajadores para que ellos opinaran sobre las nuevas contrataciones”.
Resaltó que está iniciativa tuvo sus cambios necesarios para evitar exponer a un estado de indefensión a los trabajadores.
https://primeraplananoticias.mx/portal/debemos-actualizarnos-ante-desaparicion-de-juntas-de-conciliacion-y-otros-cambios-rojas-olvera/
Hidalgo: Reforma laboral sí va en siguiente administración
Por Laura Elizabeth Trejo-
25 agosto, 2018
Pachuca.- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Hidalgo (STPSH) María de los Ángeles Eguiluz Tapia indicó que la reforma laboral va durante la siguiente administración federal, según información que ha dado a conocer Luisa María Alcalde, quien será la titular de la de la dependencia a nivel federal en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
A pregunta expresa a la funcionaria estatal de si esa reforma permanecerá, declaró: “Sabemos solamente lo que se ha difundido, que la que se perfila, Luisa María Alcalde, dijo que la reforma laboral va, que se van a desaparecer las juntas y que se tiene que hacer un análisis para las cuestiones de implementación”, dijo.
La secretaria recordó que la reforma constitucional en cuestión ya está hecha, pero continúa frenado la reforma a la ley secundaria, es decir, cuándo comenzarán a operar los centros de conciliación.
“En la reforma a la ley federal del trabajo, lo que conocíamos es que ya se tenían que empezar a operar estos tribunales o centros de conciliación en los primeros días de noviembre, pero no se ha dado y estamos esperando que entre la próxima legislatura para ver si se sigue el proceso legislativo a esta iniciativa”, indico.
La funcionaria estatal precisó lo anterior en el marco de la clausura del Diplomado en Mediación que la dependencia llevó a cabo de marzo a julio.
En la actividad participaron servidores públicos de distintas dependencias de gobierno, empresarios, sindicatos y profesionistas, como parte de las acciones para atender lo estipulado en la reciente reforma laboral.
En total, 200 personas participaron en esa actividad.
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/reforma-laboral-si-va-en-siguiente-administracion/
Hidalgo: Clausuran diplomado en Mediación de la STPSH
El diplomado contó con la participación de servidores públicos de la STPSH, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y del Sistema DIF de la entidad
Milenio Digital
Pachuca / 25.08.2018 13:31:29
Fue impartido por los consultores del Centro de Mediación y Resolución de Controversias S.C. (Cortesía)
Con la finalidad de atender los requerimientos en materia de conciliación establecidos en la reciente reforma laboral de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), acercó a servidores públicos, empresarios, sindicatos y profesionistas el Diplomado en Mediación, mismo que fue clausurado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).
Impartido por los consultores del Centro de Mediación y Resolución de Controversias S.C., Juan Manuel y Rafael Lobo Niembro. Este diplomado contó con la participación de servidores públicos de la STPSH, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y del Sistema DIF de la entidad, presidentes de Barras y Colegios de Abogados en el estado e integrantes de la Asociación de Hospitales del Estado de Hidalgo. Asimismo se buscó incluir a integrantes de cámaras empresariales como COPARMEX, CANACOPE,, y CANACINTRA; sindicatos como el SUTSPEH, CTM, CTC y la CROC; así como académicos y alumnos del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, quienes recibieron diploma de manos de la secretaria del trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia. Acompañada por el delegado del Trabajo, Daniel Lara Baños, la secretaria del trabajo destacó que el diplomado brindó a los participantes herramientas en temas de comunicación y técnicas de negociación, que conforman la metodología de la conciliación, al completar asignaturas como programación neurolingüística, mediación y mecanismos alternos de solución de conflicto con el método Harvard. “Absolutamente todos estos conocimientos que adquirieron, y en especial haciendo referencia a los operadores de justicia laboral, serán indispensables a la hora de llevar a cabo lo que dispone está reforma laboral, especialmente en cuanto a la operación de los Centros de Conciliación, como instancia prejudicial y obligatoria para todos aquellos trabajadores y empleadores con algún conflicto”, dijo la secretaria a los más de 170 personas que tomaron el diplomado. Detalló que la implementación de la metodología de la conciliación beneficiará en el ahorro económico de las partes y del costo de los juicios laborales, además de la satisfacción de los involucrados, lo cual ayuda socialmente hablando en tiempo y economía.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/clausuran-diplomado-en-mediacion-de-la-stpsh
Hidalgo: Operarán juntas y tribunales laborales
agosto 25, 2018Hidalgo,
En tanto se determina el marco legal, las juntas de Conciliación y Arbitraje y los tribunales laborales operarán de manera paralela, informó la secretaria del Trabajo en Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.
Recordó que la reforma laboral establece la desaparición de las juntas para dar paso a los centros de conciliación; no obstante, está pendiente de aprobación la ley secundaria de esta legislación, que debe establecer los plazos para su funcionamiento.
“Lo que sí queda cierto es que los juzgados laborales van a empezar de cero, entonces nos van a dar un término para que se saque el rezago, o se saquen los expedientes que se están tramitando actualmente y los tribunales laborales empiecen de cero; van a subsistir los dos sistemas”, explicó durante la clausura del diplomado de mediación laboral.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene en trámite aproximadamente 8 mil expedientes, pero no existe rezago, pues el organismo trabaja en dos turnos, aseveró la funcionaria.
“El objetivo es que las juntas terminen lo que tienen a la brevedad posible, dos o tres años, dependiendo de cómo vaya avanzando esta reforma”, dijo.
A diferencia de la educativa, de la que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su cancelación, Eguiluz Tapia afirmó que la laboral se mantendrá.
“Lo que conocemos es que la reforma laboral va, que van a desaparecer las juntas y que se tiene que hacer un análisis para las cuestiones colectivas en cuanto a la implementación. Pero lo que he dicho es que la reforma laboral es hoy una realidad, y lo que está frenado en el Congreso de la Unión es la reforma a la ley secundaria”.
Dan diplomado
- La STPSH ofreció un diplomado de mediación a 170 personas: funcionarios, dirigentes sindicales y empresarios.
https://www.criteriohidalgo.com/noticias/operaran-juntas-y-tribunales-laborales
Querétaro: Protestan abogados ante Junta de Conciliación
Jueves 23 de agosto de 2018
Abogados laboralistas de San Juan del Río colocaron lonas con mensajes de rechazo a la operatividad de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Rosalía Nieves Rosas.
Abogados laboralistas de San Juan del Río externaron su inconformidad al argumentar el prolongado tiempo en que se resuelven los procedimientos contenciosos, dejando como consecuencia una violación a la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual este miércoles acudieron a las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el municipio para colocar mantas con leyendas de rechazo.
Los abogados mostraron un documento donde manifiestan que pueden afirmar y comprobar que el servicio que prestan algunas Junta Locales de Conciliación y Arbitraje, es ineficiente por el tiempo prolongado en que se resuelven los procedimientos, por este motivo, afirmaron que la justicia laboral en la entidad pasa por el peor momento.
“Esta situación es preocupante para todos los sectores, tanto para trabajadores, empresarios, sindicatos, cámaras de la industria y del comercio, ya que pone en riesgo la estabilidad laboral y sobre todo la seguridad, por eso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje necesita de manera urgente dignificar su función con los usuarios y la sociedad queretana en general, ya que ha perdido su esencia y credibilidad en su carácter al suprimir plazas e ingresar personas sin experiencia ni mucho menos conocimiento en la materia ha agravado la problemática”, citaron.
Los integrantes de la abogacía laboralista colocaron varias mantas afuera de las oficinas de la dependencia en una de las plazas principales del centro de la ciudad con leyendas que citan “Usuarios de esta junta de conciliación, los únicos responsables del pésimo servicio que existe, es nuestro gobierno, y los funcionarios ineptos que ocupan los puestos”.
Por lo anterior pidieron al gobierno del estado su intervención para proveer de recursos humanos y materiales, con la finalidad de que esta dependencia tenga un correcto actuar y dé cumplimiento a las necesidades que demanda la sociedad, “Ya que por la falta de personal capacitado y con disposición de servir, surgen estas situaciones, además por la falta de infraestructura, por el despido de funcionarios con experiencia, por la contratación de personas ineficientes, entre otros motivos más”.
Añadieron que por esta ocasión solo se colocaron las mantas afuera de la dependencia, sin embargo, la siguiente ocasión se acudirá con los trabajadores que por distintas causas tienen algún asunto laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de que conozcan ellos la operatividad del lugar.