El también aspirante a la Secretaria General, René Maldonado Garrillo, coincidió con Puga González y exigió la realización de elecciones .
Toluca/ Estado de México. Doctores, administrativos y enfermeras del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se manifiestan frente a las oficinas de la sección del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) para exigir a la secretaria general de la actual administración la realización de elecciones, cuya convocatoria debió salir hasta este martes.
Rosa Puga González, una de las aspirantes a la Secretaria General, señaló en entrevista que la principal exigencia es que se respeten los estatutos y realicen las elecciones en tiempo y forma, pues aseguran que la actual administración a cargo de Antonio Garduño Ayala no ha indicado el motivo por el que no lanzó la convocatoria y, aseguró, la pandemia por Covid-19 no será justificación toda vez que incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha suspendido elecciones en otros estados.
«Nuestra reforma laboral nos dice que no hay ningún impedimento para que no se realicen las elecciones y al momento el actual secretario general no ha emitido ningún comunicado o postura sobre la falta de emisión de la convocatoria», comentó.
El también aspirante a la Secretaria General, René Maldonado Garrillo, coincidió con Puga González y exigió la realización de elecciones y no la imposición de la actual administración, pues, aunque existe la reelección, prevén que su objetivo es permanecer por más tiempo en dicho cargo.
Además, aseguró que Garduño Ayala le queda a deber a los trabajadores apoyo y rendición de cuentas debido a que, a la fecha, solo realizó dos de los cuatro informes sin justificar los motivos.
«Todos los agremiados se sienten indefendidos debido a que ya no cuentan con la representación sindical porque se han puesto del lado del patrón, es decir, con el instituto y eso es lo principal que se perdió con esta administración», comentó.
Así entre consignas como «Fuera Garduño» y «queremos elección, no imposición», los quejosos señalaron que la base trabajadora está inconforme por la manera en que el líder sindical llevó su administración debido a que aseguran «fue una persona prepotente, autoritaria, misógina y corrupta».
Hoy, no es común hablar del avance de la libertad sindical en México, pese a que hace año y medio entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) centrada en el tema: entró en vigor sí, en el texto, no en la realidad. Todavía el 90% de los sindicatos no conocen ni practican ese derecho universal, que aquí en 36 años eliminó el neoliberalismo.
Debido a que aún falta el principal impulso de las y los trabajadores; que ellos se involucren y hagan suya la libertad sindical en los hechos, y que el gobierno realice la campaña de concientización y de publicidad de “qué es y cómo se aplica la libertad sindical”. Tal y como se acordó en el T-MEC, en el capítulo 23, aún sin cumplir por México.
Las juntas de conciliación siguen igual que antes, la federal y las locales, no aplican la LFT vigente el 1 de mayo de 2019, ni las Secretarías del Trabajo, federal y estatales obligan a los sindicatos a adecuar sus estatutos, ni obligan a éstos y a las empresas, que las y los trabajadores aprueben las revisiones de los contratos colectivos de trabajo (CCT). Aún no se cumple la LFT. Fue un error de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dejar sin cambios a las Juntas creyendo que los cambios vendrían solos con la nueva LFT, y hasta que funcionen los tribunales judiciales y los Centros de Conciliación y Registro.
Las juntas no se caracterizan por combatir y erradicar la corrupción, ni por modificar las viejas prácticas neoliberales contrarias a la legalidad. Pese a ser el más notable de los cambios de AMLO y la 4T.
Son tan escasos los avances de libertad sindical, que resulta de vital importancia los que se logren combatiendo el viejo régimen, como es el caso en la empresa trasnacional filial de Fiat, Teksid Hierro de México, SA de CV con sindicatos de la CTM sumisos al patrón y recios en castigar a las y los trabajadores que exigen sus derechos.
El 19 de abril de 2014 inició la lucha sindical de las y los obreros, al protestar por el casi nulo pago de utilidades que impuso la empresa con el apoyo de la CTM, provocando la protesta de la mayoría obrera que, al no ser escuchada, tuvo que parar labores y pedir el apoyo al Sindicato Minero. Hasta entonces intervienen autoridades federales y estatales: ¡pero a favor de la empresa! y pese a que los derechos violados eran de los obreros. Desde ese momento intervino Napoleón Gómez Urrutia vía celular desde Vancouver, Canadá, debido a que se decidió brindar el apoyo legal de los mineros, a las y los obreros de Teksid.
El paro de labores se agravó cuando llegaron los golpeadores, pero no los de la CTM, sino los de Alonso Ancira: “Señor de horca y cuchillo” de Coahuila tratando así de levantar el paro. Ante la policía estatal los golpeadores agreden a obreros de Teksid y al delegado Minero, Tomás Hernández, pero al salir cientos de obreros huyeron los cobardes súbditos de Alonso Ancira, el oligarca dueño de AHMSA y el Grupo Acerero del Norte, con 16 empresas. Hasta hoy declarado delincuente.
Con los representantes obreros de Teksid se firmó un convenio de no represalias y de reconsiderar las utilidades, para levantar el paro que, desde luego, no cumplió la empresa ni las autoridades. A los 8 días dio inicio otra lucha con un paro de 2,800 obreros de Gunderson y a los otros siguientes 8 días, surgió otra lucha en la empresa Pytco con 550 obreros. Las tres luchas fueron por el mismo motivo: las utilidades que la patronal burlaba, simulando con el apoyo de Secretaría de Hacienda, todas de Coahuila. En 2013 ocurre algo similar en Zacatecas, en la mina El Coronel, así como en Chihuahua en las minas Santa Bárbara y San Francisco del Oro, igual por utilidades, en empresas de Grupo Frisco de Carlos Slim.
Los 3 grupos obreros de Coahuila en paro acuden al Sindicato Minero para demandar la titularidad de los 3 CCT, pero cual sería la sorpresa, que la Junta Local los tenía registrados, pese a que la competencia era federal según la Constitución y la LFT y no local. Los patrones en ese estado imponían su corrupción, hacían lo que les venía en gana, con autoridades cómplices. Los CCT estaban ocultos a los obreros por la Junta Local, el patrón y la CTM: mientras más desconocieran sus derechos los obreros, menos los ejercerían.
El Sindicato Minero en los 3 juicios tuvo que luchar primero contra las autoridades locales, contra varios sindicatos coludidos de la CTM y la empresa, a la primera audiencia acudieron 300 golpeadores de la CTM. Al lograr el Minero que los juicios se trasladaran a la Junta Federal, la represión y los despidos se intensificaron en las 3 empresas contra las y los obreros y, primero, contra los líderes surgidos en la lucha.
Apenas hace dos meses el Sindicato Minero ganó la reinstalación de los líderes sindicales de Teksid, un enorme triunfo que animó a todos y les dio fuerza a las y los obreros que hacen guardia en las puertas de la fábrica todos los días, con la solidaridad de los obreros de AHMSA, Hércules, Barroterán y otras fábricas del rumbo.
Solo las y los obreros de Teksid resistieron tantas agresiones brutales y tanto tiempo, gracias a su unidad, constante lucha y apoyo de los mineros, llegaron hasta el 28 de junio de 2018, el día del recuento del voto secreto en que fueron derrotadas las fuerzas de aparador de la CTM, las reales fuerzas $$$ de empresa y las serviles autoridades.
No obstante, la Junta Federal alargó el juicio hasta donde pudo y el Sindicato Minero interpuso 14 amparos por celeridad, para llegar al 26 de noviembre de 2020 al triunfo definitivo: el reconocimiento de que el titular del CCT de Teksid es el Sindicato Minero y que su nueva Sección 327 es una realidad. Hasta aquí y resumida es la experiencia real de Libertad Sindical, ganada por una lucha obrera.
Grupos disidentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acusan que el padre de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Arturo alcalde Justiniani, es asesor desde hace muchos años de Francisco Hernández Juárez y ello ha influido en favor del dirigente vitalicio de los telefonistas quien tiene 44 años al frente de ese gremio.
Expusieron que la secretaria alcalde Luján avaló la más reciente reelección, la número 14, de Hernández Juárez, pese a que fue un proceso desaseado, plagado de irregularidades, que de nueva cuenta violó los estatutos del STRM, en los que está prohibida la reelección, y la cual se llevó a cabo sin cumplir con el decreto de emergencia sanitaria, por lo que se puso en riesgo la salud y la vida de los telefonistas.
En una conferencia de prensa, Benito Méndez Castro, de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia; Francisco Núñez, de Renovación Democrática Telefonista, José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo señalaron que, aunque formalmente Arturo Alcalde no aparece como asesor jurídico del STRM, tiene una relación añeja con Hernández Juárez y en los hechos lo asesora en materia sindical, e incluso apareció en la reciente elección.
Argumentaron que el abogado laboral influye en las decisiones de su hija. De otra forma, “se explica que la titular de la STPS actúa de forma distinta en el caso del sindicato telefonista, si se compara con el caso del sindicato petrolero, en el que estableció reglas y condiciones para la elección.
Los inconformes denunciaron las irregularidades y omisiones que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comisionados y Comisión Nacional Electoral instruidos por Francisco Hernández Juárez; llevaron a cabo un proceso electoral violatorio de los estatutos y de la Ley Federal del Trabajo.
Además de violentar el decreto de emergencia sanitaria impuesto por el gobierno federal el día 27 de marzo, poniendo en riesgo la salud y la vida de compañeras y compañeros miembros de este sindicato.
Refugio Cano y Francisco Núñez aseguran que al líder telefonista sólo le interesa su proyecto familiar, ya que tienen a toda su familia en cargos sindicales como a su hija, hijos, hermanos, hermanas y demás parientes.
El grupo de inconformes manifestaron que continúan los mismos vicios y acuerdos entre dirigentes sindicales, abogados y las autoridades laborales, señalando que dentro de su sindicato, las cuotas sindicales de los Telefonistas han servido para asesorarse y comprar lealtades.
Asimismo, dieron a conocer la represión sindical que han sido sujetos cientos de sindicalizados de todo el país, por manifestar posicionamientos contrarios o disidentes al dirigente nacional. Tal es el caso de la localidad de Mérida; Yucatán, en donde dos agremiados que denunciaron anomalías al interior de su comité local, fueron sancionados por más de 7 años y no se les permitió su jubilación, los cuales fallecieron.
De la misma manera existen casos de BCS, Guadalajara, Edo México, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, etc. En esta última localidad a dos compañeras jubiladas de nombre Rosa Verónica Varela Ruiz Y Rosa Elva Trujillo Cantú las sancionaron por defender uno de los derechos más importantes de nuestro CCT que es la jubilación.
También externaron su rechazo a la propuesta de la empresa Telmex en comprar parte de la jubilación de los telefonistas por acciones sin garantía, dejando a un lado la atención y solución de múltiples problemas que aquejan la operación de la empresa.
Pues aseguran que la pretensión de Telmex, al ofrecer un paquete accionario por una parte de la pensión jubilatoria, para los trabajadores activos y jubilados, cuando la empresa no cotiza en la bolsa de valores. Propuesta ilegal toda vez que los salarios y las pensiones deben pagarse en moneda de curso legal, y no con valores bursátiles.
Por ello, los telefonistas, defendemos a toda costa nuestras jubilaciones, prestaciones logradas desde 1926. La empresa les llama pasivo laboral, concepto de la contaduría empresarial. Telmex tiene la obligación legal de pagar las jubilaciones.
“La empresa aspira a la contratación de personal de nuevo ingreso sin la prestación jubilatoria pactada en el contrato colectivo vigente. La sustracción de materia de trabajo, equipo y herramientas de los nuevos servicios digitales. Todo lo cual ha sido llevado a las empresas Triara, Red Uno, Telcel e Infinitum.
Dijeron que han interpuesto varios recursos contra la toma de nota a Hernández Juárez, la última ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y están en espera del resultado, aunque en la página de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS se establece ya que va a seguir como secretario general del Sindicato de Telefonistas hasta 2024.
Así como un amparo ante un Juzgado Administrativo, una demanda de amparo contra la emisión de la toma de nota de la elección; contra la validez del proceso electoral y por no garantizar el pleno uso de los derechos sindicales.
El abogado Pablo Franco señala que en 90% de los contratos colectivos no hay participación de los trabajadores; acusa que persisten algunos que no cuentan con una base laboral.
A más de un año y medio de aprobarse la reforma laboral aun persisten resistencias al cambio, principalmente de los sindicatos que no quieren perder su corporativismo, por lo que la democracia sindical es una obra en construcción, coincidieron en señalar expertos en materia laboral.
En el marco de la presentación del estudio “La libertad y la democracia. Principios y corazón de los sindicatos”, el autor Pablo Franco, abogado laborista y miembro del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, señaló que en la actualidad hay 90 por ciento de contratos colectivos de trabajo de protección patronal, donde no hay participación de los obreros.
“Y lo que más les preocupa, nos damos cuenta de que hubo una serie de juicios de amparo en contra de la reforma y atacan precisamente la obligación establecida en el nuevo artículo 371 BIS de llevar a cabo una serie de prácticas democráticas”, afirmó.
Denunció que hay organizaciones sindicales sin base trabajadora, salvo por la toma de nota como patente de corzo para cobrar grandes cantidades de cuotas sindicales a las empresas.
“Hoy el sindicato es una de las instituciones sociales con mayor desprestigio en nuestro país por su carácter corrupto y corruptor, que se encontraba permitida en la ley laboral”, sostuvo Pablo Franco.
Admitió que en estos cambios a la legislación, aún falta la perspectiva de género en las dirigencias de los sindicatos. “Ese machismo, que subyace no sólo en el ámbito laboral y social, resulta importante que lo asumamos. Hace falta muchísimo, es un pequeño paso (en la reforma laboral)”.
En tanto, Joyce Sadka, profesora investigadora del ITAM, aseveró que también hay problemas graves con la justicia laboral, ya que los derechos individuales no son cumplidos al trabajador porque el sistema es de poca calidad, con rezagos, procedimientos tardados y formalistas que terminan retrasando los juicios.
“El trabajador tiene poca capacidad de negociación porque ni sus derechos colectivos o individuales son respetados. Hay problemas graves con la justicia laboral, y por estos problemas fue la reforma profunda que se realizó”, añadió.
Por su parte, el magistrado laboral en retiro, Sergio Pallares y Lara, coincidió con Franco en el sentido de que aun prevalece el corporativismo sindical, lo cual, dijo, se terminará con la nueva reforma laboral aprobada el año pasado, misma que se encuentra en este momento en el papel y se requiere llevar a la práctica.
“Debemos estar optimistas ante la posibilidad de que abra nuevos caminos para el derecho del trabajo y el sindicalismo. La clave de todo es la participación de los trabajadores, quienes serán los que pongan el rumbo definitivo al cambio. Ahorita está una reforma de papel que tenemos que llevar a la realidad”.
Denunció que el corporativismo se afianzó con organizaciones obreras como la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), a partir de 1918.
“Las cúpulas sindicales, empresariales y gobierno con sus representantes, establecieron una especie de ‘Triángulo de las Bermudas’ donde los derechos de los trabajadores desaparecieron porque el corporativismo impuso sus reales, al ejercer un control sobre los trabajadores, establecer un coto de gran poder de las grandes centrales corporativas”, afirmó Pallares.
La crisis de representatividad del sindicalismo tradicional en México obedece primordialmente a la falta de espacios de participación para la población trabajadora.
El corporativismo, primero, y más recientemente, el contratismo de protección patronal, han sido la constante en el sector productivo, siempre con la justificación de mantener una “paz laboral”, afirmó el doctor Pablo Franco Hernández, como parte de las conclusiones del estudio “La libertad y la democracia. Principios y corazón de los sindicatos”.
Lo anterior, se presentará en la jornada de conferencias de la Red de Mujeres Sindicalistas que se llevan a cabo para analizar de manera profunda la implementación de la reforma laboral de 2019, y de los cambios que se requieren en el mundo del trabajo.
Respecto a la situación que priva en la actualidad en el país, Franco Hernández, quien también es presidente de la Unión de Juristas de México A.C., aseguró que se ha abierto la posibilidad de un nuevo paradigma caracterizado por la creación de ciudadanía laboral y la autotutela de derechos y conquistas por las personas trabajadoras en el ejercicio de la libertad y la democracia sindical.
Destacó que la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional en México obedece primordialmente a la falta de espacios de participación para la población trabajadora, tanto en la elección de los representantes, como en la parte sustantiva de la actividad sindical: la discusión, negociación y administración cotidiana de los contratos colectivos de trabajo.
Como muestra del corporativismo, expuso, 45% del universo sindical registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social están agrupados en la Confederación de Trabajadores México; la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), datos de 2017.
Las instituciones del ámbito laboral, afirmó, “en nuestro país se caracterizan por ser democráticas en la teoría; sin embargo, la práctica cotidiana demuestra lo contrario. Según la OIT, México ha tenido un papel protagónico en su devenir”.
FrancoHernández propone que, dado el atraso que hay en la armonización de las normas locales con las Normas Internacionales de Trabajo, “obligan a pensar en la necesidad de una reforma integral que pase por una revisión de toda la normativa laboral a efecto de evitar discordancias y discriminaciones. Se propone realizar una campaña por la ratificación del Convenio 154 de la OIT a efecto de que la negociación colectiva se convierta auténticamente en un derecho fundamental”.
Asimismo, afirma que la existencia de una negociación colectiva auténtica proporcionaría a patrones y personas trabajadoras elementos para reducir una conflictividad que actualmente satura los tribunales laborales, lo cual es natural, ya que al primar la unilateralidad en el actuar patronal se propician excesos.
Con el deterioro de los sindicatos, los contratos colectivos de protección patronal se generalizaron, en perjuicio de los trabajadores; el estudio propone la generación de una ciudadanía laboral para defensa de sus derechos.
La libertad de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales para defensa de sus intereses es irrelevante si no es acompañada de prácticas democráticas hacia su interior, es una de las conclusiones a las que llega el estudio “La libertad y democracia sindical en México”, elaborado por Pablo Franco Hernández, y editado por la Fundación C&A con el apoyo de la Red de Mujeres Sindicalistas.
Franco Hernández, doctor en Derecho Laboral, explica en el estudio que luego de la reforma laboral constitucional de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, en armonía con las obligaciones contraídas con motivo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Trans Pacífico se ha tenido que replantear el ejercicio de los derechos laborales colectivos en el país, lo que ha obligado a que se otorgue rango constitucional a la negociación colectiva y la libertad sindical.
En México, explica el estudio, el modelo sindical tradicional sufrió un deterioro en las últimas décadas debido a los cambios políticos en el país, que llevaron al corporativismo sindical a dejar de ser útil como medio de control social y político. Derivado de este vacío, se generalizó el uso de los contratos colectivos de protección patronal, y facilitado por la ausencia de prácticas democráticas al interior de los sindicatos.
A fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, Franco Hernández propone, entre otras cosas, la generación de una ciudadanía laboral, es decir, la formación de los trabajadores en el ejercicio pleno de sus derechos laborales para la autotutela de sus derechos y conquistas en el ejercicio de la libertad y la democracia sindical.
De esta forma, sigue el estudio, con una vida sindical y el concurso libre y democrático de las personas trabajadoras les será posible alcanzar negociaciones colectivas auténticas.
Por otro lado, la ausencia de una cultura democrática en el mundo del trabajo, derivada de un modelo que tuvo la unilateralidad patronal como la única opción para garantizar productividad, competitividad y paz laboral, dificultan la transición práctica a un modelo de ciudadanía laboral que genera prácticas democráticas al interior de los sindicatos.
Por ello, explica Franco Hernández, se impone terminar con un modelo en el que la población trabajadora es excluida de toda participación democrática.
Considera también indispensable tomar medidas desde la política pública para hacer llegar a las personas trabajadoras, de manera directa, la información relativa a los derechos humanos laborales, la legislación laboral, los contratos colectivos de trabajo y su proceso de legitimación, a través de la creación de un dependencia gubernamental destinada a generar, organizar y ejecutar estas acciones.
El autor señala que México debe unirse al concierto de países que han ratificado el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la negociación colectiva, pues estas Normas Internacionales del Trabajo emitidas por el organimo, explica Franco Hernández, constituyen un importante punto de referencia para las legislaciones internas de aquellos países que buscan el fortalecimiento de sus sistemas de relaciones laborales, y constituyen una herramienta que puede servir para alentar el desarrollo de la jurisprudencia nacional en temas relativos al derecho del trabajo.
Así también, y al interior de los organizaciones de trabajadores, se debe garantizar la rotación de personas en las directivas y la representación proporcional de las diversas sensibilidades organizadas al interior. Como parte de este proceso de democratización de los sindicatos, la paridad de género debe ser una de sus aspiraciones, garantizando la representación de las mujeres en todos órganos del sindicato, contractuales y sectoriales, afirma el estudio.
El Dr. Pablo Franco Hernández es Doctor en Derecho Laboral, especialista en relaciones laborales. Ex Diputado Federal y Secretario General de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Miembro de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO), del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral y de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y participante en la International Labour Standards Academy del ITCILO.
Este martes 17 de noviembre, a las 16:00 horas, se presentará el estudio “La libertad y democracia sindical en México” en el seminario web que se llevará a cabo en la plataforma ZOOM.
Muchas fechas fatales se han cumplido sin respuesta en la reforma laboral, pocos cambios se han sentido, la reforma tan cacareada por sus promotores en realidad ha servido de poco. Los derechos de los trabajadores siguen a la deriva en un amplísimo periodo de transición al nuevo sistema de justicia laboral.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más numeroso de México con una membresía de un millón y medio de trabajadores, se encuentra rezagado en el calendario que le impone la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019.
En cuanto a las disposiciones para alcanzar la democracia sindical que incluyen, la elección de directivas sindicales y aprobación de acuerdos negociados con el voto personal, libre y secreto de todos los trabajadores, así como la obligación de adecuar los Estatutos de los sindicatos a más tardar el 1º de enero de 2020, el SNTE no sólo no cumple con el mandato de adecuar su norma estatutaria, sino que el Reglamento que emitió contraviene las disposiciones de la legislación laboral.
En medio de esta controversia normativa, los maestros del pais se preguntan cuándo se emitirán los documentos normativos, para renovar la dirigencia nacional, en tanto hay tres grupos que compiten por la dirigencia sindical del SNTE: el actual dirigente Alfonso Cepeda, Elba Esther Gordillo y Rafael Ochoa Guzmán
Sin hacer mucho ruido Rafael Ochoa ha mantenido activa su red de aliados, participa en asociaciones civiles que, integradas por docentes en servicio, jubilados y pensionados se organizan para mejorar el proceso educativo.
En el terreno electoral trabaja con Morena desde el 2017, cuando colaboró a favor de Delfina Gómez en el Estado de México creando la estructura de defensa de voto y de casillas y posteriormente a favor de Andrés Manuel López Obrador, apoyando sus propuestas en derogar la “mal llamada reforma educativa” y en revalorar el trabajo de las y los maestros de México.
La elección del próximo dirigente del SNTE se calienta cada día atizada por las noveles reformas en materia de democracia sindical, será la primera elección gremial con las nuevas reglas, ¿Será que los viejos líderes sindicales en el poder resistan las pretensiones democráticas de la reforma laboral? Más sabe el líder sindical por viejo que por líder.
A propósito del conocimiento me despido con una frase de Claudia Rubio: “estoy muy atrasada por cosas de la vida, pero no creo que sea tarde y solo quiero conocimiento de aquí al último día de mi vida. Aprender y aprender”.
Querido lector en tanto definen sí es rebrote o sí la curva pandémica engordó por tomar gaseosas, mejor siga extremando cuidados. Hasta la próxima.
Asociaciones sindicales se plantarán este 12 de noviembre a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en avenida Universidad 1738, para denunciar las condiciones en que están trabajando los funcionarios de la institución en el marco de la pandemia de Covid-19.
También se pedirá la reinstalación de quienes han sido despedidos de forma arbitraria de la dependencia por lo que “no se descarta toma de vialidades, para que las demandas realmente sean atendidas”, se lee en la convocatoria.
Se señala como responsable de no proveer condiciones sanitarias adecuadas para los trabajadores y de despidos injustificados a Ricardo Neri Vela, director general de Dirección Protección y Medicina en el Transporte. La protesta iniciará a las 12:30 de la tarde.
Previamente, en un homenaje a los 25 trabajadores de Correos de México que han fallecido a causa de la pandemia de Covid-19, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, dijo que pedirá un evento similar para los funcionarios de Caminos y Puentes Federales, de los cuales han fallecido más de 40 por esta enfermedad.
Dentro del gremio de los telefonistas se estima que en un periodo de 7 a 10 meses podría caer el actual dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, que se acaba de reelegir y lleva 4 décadas en el poder, pues se habrían presentado 10 denuncias penales en su contra por enriquecimiento inexplicable y abusos con los fondos de los trabajadores. Lo interesante es que esas querellas han salido desde Puebla.
Se han formado tres corrientes disidentes de trabajadores de Teléfonos de México que se han cohesionado en un sólido bloque que, aprovechando el aire de democratización sindical que impulsa el gobierno de la 4T, están empujando la posibilidad de provocar la renuncia de Hernández Juárez, tal como pasó con Carlos Romero Deschamps, quien controlaba al poderoso gremio petrolero.
Francisco Hernández Juárez lleva 44 años al frente del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. Le faltan ocho años para alcanzar la marca de Fidel Velázquez, quien estuvo –en dos periodos– 53 años como líder de la Confederación de Trabajadores de México.
El 10 de septiembre pasado se hizo oficial que Hernández Juárez se reelegió por onceaba vez, de manera consecutiva. De tal manera, que cuando él llegó a su cargo Teléfonos de México era una empresa paraestatal, luego le tocó el proceso de privatización y estar en la evolución en la cual Telmex fue la base con la que Carlos Slim dominó el sector de las telecomunicaciones, hizo crecer al Grupo Carso y convertirse en uno de los 10 hombres más ricos del mundo.
Lo sarcástico es que Hernández Juárez lleva 30 años ostentándose como la cabeza del “nuevo sindicalismo” de México, mediante el control de la Unión Nacional de Trabajadores, pero ya no existen los dirigentes gremiales, como Fidel Velázquez, que decían combatir.
Los tres bloques de trabajadores disidentes que han surgido, están solicitando una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera –que dirige Santiago Nieto– a la fortuna de la familia de Hernández Juárez, pues en sus demandas sostienen que no tendrían manera de comprobar porque varios de sus miembros ostentan grandes fortunas.
Un punto de partida, es que la caja de ahorros del sindicato a nivel nacional la dirige María Luis Hernández Juárez, quien es hermana del secretario general, no ha sido nunca trabajadora telefonista y no hay acceso a las cuentas bancarias de la agrupación.
Los quejosos estiman que esa caja habría administrado, en los últimos años, unos 26 mil millones de pesos, sin que nadie conozca los beneficios financieros del manejo de esos fondos. Es tan poderosa esa reserva de ahorros, que en la actualidad de ahí se otorgan créditos personales para la adquisición de viviendas y autos.
En Puebla quien dirige una de esas corrientes que podrían poner en jaque a Hernández Juárez, es Renovación Democrática Telefonista, que tiene presencia en varios estados del país y tiene como líder a Marco Mazatle, quien ya fue secretario general a nivel local del gremio en Puebla.
Cuando fue su gestión, Mazatle enfrentó el doble rasero de Hernández Juárez. En un primer momento, el líder del Sindicato de Telefonistas denunció que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle no había cumplido con sus promesas de campaña y era un mandatario autoritario. Incluso convocó a una movilización de sindicatos en su contra.
Meses más tarde, Francisco Hernández negoció con Moreno Valle, lo cual le costó a Mazatle la destitución del Sindicato Telefonista, pues el tercero de ellos se había convertido en un férreo crítico del morenovallismo.
Hace un par de año, Mazatle prácticamente había vuelto a ganar la secretaría general del sindicato en Puebla. De última hora ejercieron en su contra una suspensión temporal de derechos sindicales, lo que impidió acceder al cargo en cuestión.
Meses más tarde, en una reunión en la sede nacional del sindicato, el líder disidente encaró a Francisco Hernández por no dejar que hubiera en Puebla una renovación democrática de la agrupación de los telefonistas.
Ante unos 20 testigos, todos ellos de Puebla, Francisco Hernández Juárez respondió: “No llegaste porque yo no quise”. Y dio por terminado el encuentro.
La unidad en México de la alemana Volkswagen acordó con el sindicato prorrogar hasta enero de 2021 la negociación sobre la distribución entre los empleados de los beneficios de la compañía de un ejercicio anterior para evitar una huelga, informó este viernes en un comunicado.
Volkswagen dijo que el nuevo plazo, que vence el 29 de enero, tiene como objetivo esperar la resolución definitiva por parte de las autoridades sobre el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015.
Volkswagen México dijo en un comunicado que el nuevo término, que vence el 29 de enero, tiene como objetivo «esperar la resolución definitiva por parte de las autoridades sobre el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015».
Esta es la segunda vez en 2020 que la armadora evita una paralización de su producción por diferencias contractuales con sus empleados, luego de que se vio obligada a detenerla unos tres meses hasta junio para evitar la propagación del coronavirus.
«Volkswagen garantiza debidamente los intereses de sus trabajadores durante dicho proceso», añadió la empresa.
Un portavoz del sindicato de trabajadores de Volkswagen en México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La planta de Volkswagen en Puebla fabrica los modelos Tiguan, Jetta, Golf y, desde el mes pasado, el deportivo utilitario compacto Taos para la venta en México y otros mercados, incluido Estados Unios, y es una de las fábricas de automóviles más grandes del país latinoamericano.
