Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma que regula el outsourcing incluyó la modificación de ocho leyes. “Es un gran logro laboral, ya no va a haber esta subcontratación”, expresó. Recordó que este tema llevó seis meses de debate para lograr consensos. Además, dijo que con esta iniciativa los trabajadores recibirán como mínimo 90 días de reparto de utilidades.
Por: Aristegui Noticias 23/04/2021
La definición que dé la STPS sobre la «especialización» de los servicios de subcontratación será clave para que muchas empresas, nacionales o trasnacionales, puedan permanecer en el mercado de la subcontratación de personal y eso ocurrirá una vez que corran 30 días de publicada la ley.
La definición que dé la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la «especialización» de los servicios de subcontratación será clave para que muchas empresas, nacionales o trasnacionales, puedan permanecer en el mercado de la subcontratación de personal y eso ocurrirá una vez que corran 30 días de publicada la ley.
Corresponde a las dependencia emitir en un mes el reglamento que definirá cuál será considerado como el uso especializado del outsourcing, ya sea call center, servicio de vigilancia, limpieza, y si se agregaran algunos otros. La reforma apunta que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la STPS. Especialistas comentaron que de manera adicional a su regularización fiscal y en materia de seguridad social, en el clausulado que debe tener el contrato que celebren con los trabajadores debe especificarse que el trabajo es por temporada u obra.
Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral para la Reforma Laboral, sostuvo que el tema más complejo se encuentra en el segundo párrafo de la reforma en el que habla de las empresas complementarias y conexas. “En principio yo pensaría que se está haciendo referencia a aquellas empresas que realizan parcialmente un producto, ejemplo los fabricantes de motores; pero, la disposición quedó muy abierta”.
Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, comentó que los lineamientos tienen como primer objetivo establecer la forma en que va funcionar el Registro.
Por: María del Pilar Martínez 22/04/2021
La secretaria del Trabajo y Previsión Social lo admite: aún no es posible saber el tamaño del outsourcing en la administración pública federal. «Es un mundo todavía con mucha oscuridad y opacidad», dice a Proceso.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, lo admite: aún no es posible saber el tamaño del outsourcing en la administración pública federal; es temprano para realizar un diagnóstico sobre cuántas empresas dedicadas a la subcontratación de servicios y obras especializadas se inscribirán al padrón público que llevará la dependencia a su cargo.
En la antesala de la aprobación final de la iniciativa presidencial que busca regular la subcontratación en el Senado, Alcalde Luján dice a Proceso:
“Es difícil saberlo. La subcontratación es un mundo todavía con mucha oscuridad y opacidad… Por primera vez se va a tener un registro de las empresas que provean servicios y obras especializadas; no tenemos certeza de cuántas empresas podrán registrarse, imagino que será una cifra grande.”
Sobre la cantidad de trabajadores que laboran bajo algún esquema de contratación en el gobierno federal, la exlegisladora expone: “Hemos avanzado. Cada dependencia está haciendo un diagnóstico de cuánta subcontratación está utilizando y así tener un plan para regularizarse, pero aún no tenemos un diagnóstico claro. Es un trabajo iniciado hace unos meses”.
–Al gobierno le va a costar tener bajo su nómina a los trabajadores que hasta ahora están bajo ese formato de contratación –se le cuestiona.
–No necesariamente. Porque las grandes ganadoras eran las intermediarias; ellas se llevaban enormes recursos para evadir; es decir, era el costo de quitarte la responsabilidad laboral e incluso de tener esquemas fiscales que permitieran no pagar la cantidad de impuestos que se debe pagar.
Quizás un poco, matiza, por el tema del subregistro ante los institutos de seguridad social, “pero quitas a un intermediario que se está llevando una parte, de lo que resulta ser el salario”.
Maestra en derecho por la Universidad de Berkeley, Alcalde asegura que no restará competitividad a las empresas al eliminar también el llamado insourcing, el cual se refiere a empresas creadas por una compañía más grande para encargarse de la nómina.
Cifras alarmantes
Según el reporte elaborado por el Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma de Chapingo, publicado en diciembre de 2020, el monto de evasión estimado por el ISR del régimen de sueldos y salarios, correspondiente a patrones con trabajadores vinculantes, para el ejercicio fiscal 2017 fue de 17 mil 680 millones de pesos; para 2018 se elevó a 20 mil 267 millones y en 2019 se estimaron 22 mil 17 millones de pesos.
En estos montos de evasión se involucra un creciente número de patrones que pasó de 19 mil 594 en 2017 a 23 mil 528 en 2019.
“En realidad es un fenómeno que se presenta principalmente en grandes empresas, un poco en medianas, pero la mayoría están en grandes empresas. Hasta ahora no hemos conocido ni un solo caso de micro o pequeñas empresas que tengan este tipo de mecanismos, porque son mecanismos complejos. Se contratan despachos, se hace toda una ingeniería fiscal y laboral precisamente que permita eludir responsabilidades”, señala Alcalde.
La encargada de la política laboral del país menciona que los sectores donde se dan con mayor frecuencia estos esquemas incluyen a los grandes hoteles, bancos, tiendas departamentales y de autoservicio, así como en los relacionados con las actividades terciarias de la economía.
La semana pasada ManpowerGroup estimó que de los 4.6 millones de trabajadores subcontratados, sólo 1.3 millones podrán ser contratados de base, 2.7 millones no tendrán seguridad social y casi medio millón de empleos se perdería. Sin embargo, Alcalde ataja: “No, de ninguna manera. De entrada, no consideramos de ninguna manera que se vayan a perder empleos. Al contrario, se están regularizando figuras que habían venido pulverizando al mercado laboral y evadiendo responsabilidades frente a los trabajadores”.
En sentido contrario a las proyecciones de la trasnacional, la excoordinadora nacional de jóvenes de Morena presume que desde noviembre 300 mil trabajadores se han regularizado en el IMSS y lo han hecho con un salario entre 15% y 35% superior al que venían cotizando.
–¿Los grandes sindicatos serán los nuevos outsourceros, se verán beneficiados con la reforma? –se le pregunta a la funcionaria federal.
–No vemos en dónde cabe que sean los sindicatos los que se conviertan en esta función. Si es una función que independientemente de quien la realice, estará prohibida en la ley no sólo laboral, sino también en las leyes fiscales, de ser aprobada la reforma.
–Se dice también que con la eliminación del insourcing se restará competitividad a algunas empresas relacionadas con el exterior.
–No se puede argumentar que va a quitar competitividad, porque ahora van a tener que repartir utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional y está plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces este derecho nunca se debió haber negado… ¿Qué sucederá? Que esas utilidades las van a tener que repartir entre los trabajadores que antes no estaban reconocidos.
Por: Juan Carlos Cruz Vargas 20/04/2021
La minuta, que elimina prácticas que dañan los derechos laborales y evita evasión de impuestos y defraudación fiscal, fue aprobada por la Cámara alta con 118 votos a favor y solo dos abstenciones.
El paquete de reformas para regular la figura del outsourcing o subcontratación, aprobadas por el Senado y enviadas al Ejecutivo para su entrada en vigor, evitará una evasión fiscal de entre 300 y 500 mil millones de pesos por año, estimaron senadores.
El pleno de la Cámara alta aprobó el martes, con 118 votos a favor y solo dos abstenciones, el dictamen que tiene como objetivo eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, así como evitar la evasión de impuestos, la defraudación fiscal y la evasión en el pago de cuotas patronales al IMSS y al Infonavit.
“Es un paso trascendental para lograr que la evasión fiscal se controle, reduzca y elimine, porque hasta hoy, y son las cifras que se han estimado y calculado, son entre 300 y 500 mil millones de pesos por año que se han evadido a través de este sistema de simulación laboral, de facturas falsas y de la falta de una transparencia financiera”, aseveró el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, al presentar el dictamen.
De acuerdo con el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, la reforma será “un parteaguas” en regulación de subcontratación porque garantizará derechos laborales.
El morenista Germán Martínez y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebró la aprobación, ya que, destacó, beneficiará al IMSS, el cual pierde 50 mil millones de pesos al año.
El paquete de reformas comprendió cambios a las leyes del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la ley del ISR, del IVA y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.
De acuerdo con el priista Manuel Añorve, alrededor de 5 millones de trabajadores laboran bajo este esquema, lo cual significa que no tienen todas las prestaciones laborales como aguinaldo, bonos y premios.
“Es indignante saber que aún existen personas que defienden este modelo esclavizante que afecta, de acuerdo con el Inegi, a 4.5 millones de mexicanos y mexicanas, que representan el 17.1 por ciento del personal ocupado en el país”, afirmó la morenista Blanca Piña, quien consideró que se debe eliminar definitivamente el outsourcing.
El legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza consideró, no obstante, que hay pendientes, como el separar el derecho a la salud del trabajo, ya que –consideró– el derecho a la salud debe ser un principio universal.
La reforma establece que las empresas no podrán contratar trabajadores bajo el esquema de outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la compañía.
De acuerdo con el dictamen, quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente, se le podrá imponer una multa de hasta 4.4 millones de pesos.
Además, se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades será acreedor de una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos.
Las empresas tendrán tres meses para incorporar a sus trabajadores que están subcontratados como empleados permanentes.
De acuerdo con la nueva normatividad, la administración pública federal tendrá prohibido subcontratar personal, con excepción de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
El Gobierno de López Obrador ha compensado una caída en los ingresos fiscales provocada por la recesión del año pasado con fuertes medidas contra la evasión. El proyecto de ley de subcontratación es el último esfuerzo de su Gobierno por desafiar a la élite empresarial del país y permitirá a su partido pregonar los avances para los trabajadores antes de las elecciones parlamentarias y locales de este año.
Expertos advierten dificultades para empresas
Entre complicaciones y dudas por los “vacíos legales”, confusión por la nueva fórmula para el Reparto de Utilidades y con el reloj encima, será como las empresas implementarán durante los siguientes cuatro meses la reforma que regula el outsourcing, advirtieron expertos consultados por El Financiero.
Coincidieron en que en el sector privado había una conciencia sobre ir hacia la eliminación del outsourcing abusivo, sin embargo, hay un malestar con relación a las “formas” en que el Gobierno federal se aproximó a la reforma, pues eligió el camino “complicado” de interpretar varios de los ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otras seis leyes que se reformaron.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), celebró en su cuenta de Twitter que, “con la aprobación en el Senado de la reforma en materia de subcontratación u outsourcing concluye un esfuerzo colectivo para acabar con la simulación laboral e inicia una nueva etapa de regularización y reivindicación en favor del #TrabajoDigno”.
Tras la aprobación de la reforma, Jorge Sales Boyoli, presidente del Comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), estimó que a partir de este miércoles las empresas comenzarán a evaluar la transferencia de personal e, incluso, la presentación de amparos, pero también vendrán cuestionamientos a las autoridades sobre dudas de la implementación.
“Faltó empatar tiempos jurídicos con los fiscales, laborales y penales. Veremos mucha confusión y mucha presión a la autoridad administrativa para que nos dé su versión o interpretación de varios de los vacíos legislativos que quedaron en esta reforma, ahí es donde va a estar la presión”, indicó.
Carlos de Buen, director del Bufete de Buen, sostuvo que la reforma que se hizo a la LFT para adicionar una nueva fórmula para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) resulta confusa, ya que lo lógico es que la reforma entrara en vigor para efectos de subcontratación, pero que para las utilidades su vigencia fuera en 2022 para efectos fiscales.
“No hay una norma clara que permita resolver esos temas. El mayor tache de esta reforma se lo pondría a la PTU. Las empresas tendrán tres meses para regularizarse y eso preocupa en términos de las Utilidades porque no se sabe si vamos a dividir el ejercicio fiscal en dos, no veo cómo. Va a ser un lío por no hacer las cosas correctamente y eso es imputable al Gobierno federal como a legisladores”, expuso.
El abogado laboral Ángel de la Vega dijo que el proyecto de ley dejaba muchos detalles para ser resueltos por las autoridades laborales, lo que aumenta las incertidumbres con respecto a su implementación.
Los tiempos, un gran desafío
En tanto, Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), estimó que los tiempos para cumplir con las nuevas obligaciones de la reforma de subcontratación serán un desafío para las empresas trasnacionales y las Pymes, como también para las autoridades gubernamentales en su agilidad al desahogo de trámites burocráticos y la eficacia de su estrategia de información.
Indicó que la conformación del Padrón Nacional de Empresas de Subcontratación enfrenta el reto del poco tiempo, sobre todo para empresas globales que tienen que tomar decisiones a distancia.
“Se ve difícil sobre todo para empresas globales, también aquí por cuestiones de la pandemia hacer fusiones o escisiones de empresas se tiene que presentar en el Registro Público de la Propiedad y ahí hay grandes rezagos, se están tardando mucho en los registros y mientras no tengas hecho el registro de una fusión o una escisión, no surte efectos y no puedes hacer los trámites ante las autoridades. Hay muchas cosas para las que están cortos los tiempos”, apuntó.
Yllanes dijo que también entre las Pymes la mayoría no cuentan con las capacidades de organización para actuar a cambios inmediatos.
Dijo que de la STPS se requiere un esfuerzo de comunicación, transmitir el mensaje claro y sencillo sobre las nuevas obligaciones y su cumplimiento, y el otro esfuerzo que el gobierno debe hacer es el de facilitador de todos los procesos.
Los expertos coincidieron en que la STPS requerirá un esfuerzo de comunicación para transmitir el mensaje claro y sencillo sobre las nuevas obligaciones para las empresas contratantes y contratistas, así como un esfuerzo para facilitar a las empresas todos los procesos.
En tanto, Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, dijo en un comunicado que en la medida en que el país genere empleo formal y se reduzca la informalidad, habrá mayor bienestar.
“Una ley por sí sola no logra estos objetivos, por lo que se necesitará de una colaboración activa entre el sector público y empresarial para alcanzarlos. Los efectos de la reforma los veremos con el tiempo, y solo así se podrá demostrar que la flexibilidad es indispensable para sostener una economía dinámica y en recuperación con más empleos en la formalidad”, sostuvo.
Por: El Financiero 21/04/2021
Fuente: https://www.yucatanalamano.com/senado-aprueba-la-reforma-que-regula-el-outsourcing-va-al-ejecutivo/
Con el acompañamiento de todas las fracciones parlamentarias, la reforma laboral recibió el aval.
Con el acompañamiento de todas las fracciones parlamentarias, la reforma laboral para regular el outsourcing recibió el aval de las comisiones del Senado de la República y su discusión se trasladará mañana al pleno.
Con el aval, que solo registró la abstención de Kenia López del PAN, la regulación de la subcontratación laboral pasará al pleno de los senadores este martes 20 de abril para su discusión y votación, donde se espera la misma aprobación para que entre en vigor el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.
La propuesta de la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba en principio eliminar la subcontratación laboral u outsourcing.
Sin embargo, el proyecto fue modificado por un acuerdo alcanzado entre el sector privado, los patrones, las organizaciones sindicales y el gobierno federal para permitir la subcontratación de servicios y obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos.
“No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante”, se lee en los cambios a la ley.
La senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu, aseveró que su aprobación es sólo el principio, por lo que faltará darle seguimiento a su implementación, al tiempo que dijo que el resultado de esta reforma laboral “no es producto de una ocurrencia”.
“Es el resultado de auténticas coincidencias y de un trabajo muy serio de concertación, pero también de sensibilidad de parte de todos los involucrados”, afirmó.
Por primera vez en mucho tiempo no se hacía una comisión tripartita que llevara a cabo sus negociaciones con la presencia del Presidente de la República y así se hizo”, agregó su compañero de bancada y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo,
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que la regulación al outsourcing y no su eliminación es un paso sustancial, ya que “se busca que no haya subcontratación fraudulenta”.
“No es que la subcontratación sea ilegal o sea mala, está en la propia ley, sino que se abusó de la figura para efectos fiscales y llevó a una afectación doble, tanto de los trabajadores como del propio fisco federal”, explicó.
Del PT, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, criticó que la propuesta legislativa “se preocupa más por incrementar la recaudación fiscal que por garantizar los derechos laborales”
“Y si bien, no me opongo, esta minuta prácticamente réplica el mismo mecanismo de contratación que ya contiene la ley vigente (… ) No ese eliminó ni prohibió en su totalidad a la subcontratación, sino que ahora se regula de manera estricta”, insistió.
La reforma aprobada obliga a las empresas que actualmente realizan outsourcing a contratar de manera directa a todos los colaboradores que sean parte del mismo objeto social o actividad preponderante de la compañía.
Además, obliga a las compañías a solicitar su permiso cada tres años ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder seguir operando, ya que de no tenerlos se harán acreedoras de una multa de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 179 mil y cuatro millones 481 mil pesos.
“Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, especifica.
Las razones sociales que realicen estas actividades de servicios y obras especializadas estarán inscritos en un padrón que será público y de fácil acceso para los patrones que quieran contratarlos.
En este sentido, la De la Sierra Arámburo advirtió que la facultad de negar o cancelar registros “es tajante y da amplía discrecionalidad para cancelar contratos sin previo aviso y sin justificación alguna, ya que la STPS debe motivar y fundar la negativa o cancelación, previa notificación a la persona interesada para corregir cualquier falta.
Por su parte, establece el monto de la participación de utilidades (PTU) tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Cualquiera de estos esquemas será aplicable con respecto a lo que más convenga al trabajador.
Para la transición a esta nueva normativa laboral el dictamen que discuten los senadores indica que la entrada en vigor de todos estos cambios serán obligatorios para las empresas, en agosto, y para los gobiernos federal y estatales, «en el ejercicio fiscal de 2022».
El senador del PAN, Damián Zepeda, festejó la búsqueda de mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos, pero aseguró que no es explicable que se marque una diferencia marcada entre el sector privado y el público para su entrada en vigor, pues dijo, incluso denota “que hay una aceptación de que no es tan fácil”.
“Le dan el tiempo suficiente al gobierno para poder hacerlo y al privado le dan tres meses, me parece que no es algo sensato”, comentó.
La senadora Nancy Sánchez de Morena, advirtió que habrá empresas que buscarán mecanismos para evadir sus responsabilidades como esquemas de cooperativas u honorarios asimilables a salarios, por lo que pidió se avance en reformas posteriores.
“El propio Héctor Márquez, presidente de Asociación Mexicana de Capital Humano( AMECH), afirma que un 60 por ciento de su clientes buscarán estas figuras legales para evitar cumplir con las prestaciones legales”, alertó.
Aseveró que “las empresas tendrán que adaptarse o desaparecer” durante esta transición en la política laboral.
El proyecto de ley fue aprobado por los diputados federales el pasado 15 de abril y sólo espera la aprobación de la mayoría legislativa, que encabeza Morena, como último paso para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, como acordó el gobierno federal, el sector patronal y organizaciones sindicales.
Por: Jacob Sánchez / El Sol de México 19/04/2021
La Cámara Alta envió el dictamen en materia de subcontratación laboral a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para que posteriormente pueda ser discutida en el Pleno.
El Senado de la República dio a conocer este jueves que turnó a comisiones la minuta sobre la reforma en materia de subcontratación laboral que fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados.
La Cámara Alta envió el dictamen a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para que posteriormente pueda ser discutida en el Pleno.
Cabe recordar que el pasado martes 13 de abril la sesión plenaria en la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el cambio a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Seguros Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII BIS del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia.
Con ello, se pretende tener cumplido el proceso legislativo que permitirá aplicar los cambios que prohibirán la subcontratación de personal, como sustitución patronal, y darán entrada únicamente a su uso en caso de especialización.
No obstante, existe la posibilidad de que empresas dedicadas a la subcontratación recurren al amparo una vez que se promulgue la reforma de la Ley Federal del Trabajo, destacó Ricardo Martinez Rojas, sodio de la firma DMAbgados.
Por: María Del Pilar Martínez 15/04/2021
La aprobación de la reforma al outsourcing obligará a Estados Unidos y Canadá a cumplir con regulaciones e impulsará la competitividad.
Ante una discusión prolongada en materia de outsourcing en San Lázaro, regular esta forma de contratación obligará que las compañías de Estados Unidos y Canadá pongan mayor atención al contratar a profesionistas mexicanos para cumplir con las regulaciones.
“Si las compañías están reguladas y tienen todos los documentos van a ser una diferencia en la competencia y creo que puede ser una ventaja para México porque sabemos que el score para regular a Estados Unidos es más caro que para regular a México”, explicó Eric Rossati, Director de SAP Fieldglass en entrevista para Forbes México.
En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el directivo señaló que este acuerdo impulsará que las naciones involucradas se comprometan en acatar las regulaciones, pago de impuestos, requisitos del SAT y etc.
“Lo que va a pasar es que las compañías van a estar más reguladas y si están reguladas y tienen todos los requisitos va a hacer una diferencia en la competencia. Yo creo que va a ser una ventaja para México“, agregó Rossati.
De igual forma, este tipo de contratación podrá encontrar una solución en la nube para gestionar los cambios de los 2.9 millones de trabajadores que están contratados por un esquema de subcontratación, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Podemos gestionar el outsourcing y servicios terceros desde una solución en nube porque es más fácil para las grandes compañías; yo puedo gestionar y manejar con dashboards para acompañar como va el performance y los proyectos desde servicios, desde el pago hasta la reclutación de talento y también el pago de la persona”, agregó el directivo.
Un estudio de SAP indica que la fuerza laboral externa representa el 42% del gasto total de la fuerza laboral a nivel mundial; el 55% de los ejecutivos encuestados afirmó que las actividades diarias del negocio sin la fuerza nacional especializada externa se verían afectadas.
“De la manera en que el gobierno está discutiendo la ley me parece que hay todo lo que es score business y ahí tenemos una zona gris porque lo que puede ser este score para una compañía no puede serlo para otra; ahí va a depender mucho el cómo están los objetivos sociales de las compañías”, añadió.
Por: Mónica Garduño 14/04/2021
Fuente: https://www.forbes.com.mx/negocios-gestion-laboral-nube-ayudara-300-companias-contratan-outsourcing/
Los diputados avalaron con 50 votos a favor el dictamen, el cual permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, y ajusta el método de pago del Reparto de Utilidades.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y lo particular el dictamen en materia de subcontratación laboral, también conocido como outsourcing, con algunos cambios en los artículos transitorios y la adición de un artículo relativo a la aplicación de la reforma a los trabajadores al servicio del Estado.
Tras tres horas de receso, los diputados avalaron con 50 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones el dictamen que mantuvo la prohibición del outsourcing, pero permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, y ajusta el método de pago del Reparto de Utilidades.
El dictamen se turnó “de inmediato” al Pleno de San Lázaro para iniciar su discusión este mismo martes.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel Baldenebro, dio a conocer a los diputados los cambios que sufrirá el dictamen y que serán discutidos en el Pleno. El primer cambio consiste en adicionar un artículo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que la regulación de la subcontratación también rija a los empleados del Gobierno federal.
En este sentido, se adiciona el artículo 10 Bis a dicha Ley para prohibir la subcontratación de personas en beneficio de las dependencias e instituciones y se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados y obras especializadas siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de STPS.
En cuanto a los artículos transitorios se modifican el primero y se adiciona un décimo transitorio.
El artículo primero transitorio queda: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del presente Decreto, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021, y lo previsto en el artículo séptimo y octavo del presente decreto entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2022.
Mientras que se adiciona el Artículo Décimo transitorio para quedar: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente decreto realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de entrada en vigor e implementación del mismo se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en presente ejercicio fiscal y subsecuente, por lo que no requerirán recurso adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará presupuesto regularizable de estas para el presente ejercicio fiscal y posteriores.
Antes, al inicio de la reunión, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó el dictamen de la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación y señaló que en el documento se diferencia la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.
Subrayó que en el dictamen se establece la obligación para las empresas de subcontratación se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
La reforma propone reglas claras respecto de la situación patrimonial y el registro de sus trabajadores, establece un Reparto de Utilidades con límite máximo de 90 días de salario de trabajador o promedio de los últimos tres años, según resulte lo más benéfico para los trabajadores.
“Por la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en diversas leyes, los institutos y las autoridades correspondientes celebran junto con la STPS convenios de colaboración para que el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas en el respectivo ámbito de competencia”, expuso Terrazas.
Añadió que en el dictamen se endurecen las sanciones para patrones que se niegan al desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilicen la subcontratación en contravención de las leyes.
“Las modificaciones presentadas eliminarán aquellas prácticas que dañan los derechos laborales erradicando prácticas que operan en la actualidad a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, apuntó Terrazas.
Tras la exposición de motivos, diputados de Morena y PT dijeron que votarán a favor el dictamen, mientras que en el PRI el voto está dividido, ya que el diputado Isaías González de la CROC dijo estar a favor de la prohibición del outsourcing, mientras que el diputado y líder del Sindicato Minero FRENTE, Carlos Pavón, se pronunció en contra porque el acuerdo de PTU no es favorable para el gremio minero.
La diputada de Morena, Anita Sánchez, celebró el dictamen porque “es un logro para los trabajadores” después de la reforma en la materia de noviembre de 2021, cuando se reguló el outsourcing.
“Con esa reforma se pretendió regular la subcontratación de personal, pero nada más alejado de la realidad sucedió: se incrementaron las prácticas indebidas de algunos patrones y la proliferación de grupos de empresarios que han incrementado esquemas de subcontratación simulada y en este tenemos alto porcentaje de subcontratantes que no tuvieron empleados y pura simulación”, expuso.
La diputada del Partido del Trabajo, Margarita García, consideró que “nadie se ocupó en pelear y luchar por los derechos de los trabajadores. Hoy nuestro presidente López Obrador también se ha preocupado por los trabajadores y hoy es una fiesta para los trabajadores. Este dictamen es una deuda que teníamos con la clase trabajadora del país”.
Por su parte, el diputado del PRI, Isaías González, señaló que en el Parlamento Abierto los representantes del sector privado dijeron que el outsourcing es algo indispensable para México, “pero la verdad que no es así, eso es algo que viene afectando al trabajador, el outsourcing es una empresa virtual, el patrón contrata una empresa virtual y esa empresa virtual maneja la nómina de los trabajadores. Estamos convencidos de que esta iniciativa del Ejecutivo está muy completa”.
En contraste, su correligionario Carlos Pavón, quien además de ser diputado del PRI es dirigente del Sindicato Minero FRENTE, dijo que es verdad que hubo “trampas” de algunas empresas para no pagar Utilidades, sin embargo, limitar el Reparto como lo plantea el dictamen puede resultar contrario a lo que señala la Constitución.
“Al presidente le urge decir algo el primero de mayo y a su partido político también, está bien que se regule y elimine el outsourcing, pero se debe de ver de forma clara. Vemos esta reforma como una vía de recaudación y, además, nunca se consulta a los trabajadores, aquí hay un detalle muy importante en las Utilidades, este año vamos a recibir en promedio entre 70 y 120 mil pesos y ustedes nos lo van a bajar a 3 meses”, subrayó.
Por: Zenyazen Flores y Víctor Chávez 14/04/2021
La Cámara de Diputados planea discutir esta semana el paquete de reformas para regular la subcontratación después de los acuerdos logrados entre el gobierno federal, representantes de los empresarios y centrales obreras.
Después de meses de conversaciones y mesas de diálogo entre autoridades y empresarios, el Congreso de la Unión reactivará esta semana la discusión formal de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el outsourcing y cerrarle la puerta a la subcontratación laboral.
Esta modalidad fue incluida en la legislación federal en 2012. De acuerdo con el último Censo Económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que en México 4.6 millones de personas laboran bajo este esquema y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calcula que otros 2.9 millones de personas trabajan en figuras de outsourcing ilegal.
En el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Baja los legisladores reconocen que «la subcontratación laboral en México se convirtió en una herramienta que generó empleos», sin embargo, advierten que «como toda figura jurídica debe perfeccionarse de acuerdo a las necesidades actuales para lograr la eficiencia de esta figura y evitar toda clase de corrupción».
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió en noviembre pasado a la Cámara de Diputados su propuesta para regular la subcontratación en la legislación laboral, de seguridad social y fiscal. Sin embargo, el avance de la discusión se detuvo debido a la falta de consensos con la iniciativa privada y se pospuso hasta este año. Espacio en el que la STPS encabezó diferentes mesas de diálogo con empresarios y sindicatos para construir acuerdos en torno a la reforma.
El acuerdo se logró la semana pasada después de tres meses de negociaciones e incluye cambios a la propuesta original en la regulación de la subcontratación de servicios especializados, el plazo de transición para que las empresas se adapten a la legislación y el tope al reparto de utilidades. Como consecuencia, el proyecto de dictamen fue modificado y contempla los siguientes 15 cambios legales para reformar el outsourcing:
Las comisiones de Trabajo y de Hacienda en San Lázaro advierten que las figuras laborales permitidas deben fomentar el desarrollo con la creación de empleos formales y combatir el desempleo y la informalidad, de ahí la necesidad de ajustar el esquema de subcontratación con mecanismos que le den mayor seguridad a las personas trabajadoras, herramientas de vigilancia para las autoridades federales y transparencia y rendición de cuentas para las empresas del sector.
«Es necesario fortalecer y vigilar con mayor minuciosidad las relaciones laborales que no cumplan con la progresividad en la protección de los derechos humanos de los trabajadores y que concuerdan en que la subcontratación debe incrementar la creación de empleos, fomentar la inversión pública y privada, y dar certeza a la hacienda pública».
Por: Felipe Morales Fredes 12/04/2021
Uno de los cambios que vendrán con la reforma en materia de outsourcing es la inspección laboral, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde 2012 y hasta 2018 nunca se inspeccionaron empresas para detectar las malas prácticas por outsourcing; por lo que será un aspecto que pretende fortalecer la iniciativa.
De acuerdo con el dictamen que elaboraron las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda, en el artículo 1004-A se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será notificada de que tiene que presentar toda la información requerida y se le hará de su conocimiento que en caso de no hacerlo se dará por sentado que no cuenta con ella.
«Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización”, indica el artículo en la iniciativa de ley.
De acuerdo con Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, este es un avance para evitar que los empleadores impidan las inspecciones “considero que se deben cerrar todas las posibilidades que pueda tener la patronal para eludir la inspección, justamente en el dictamen ya se toman medidas en la legislación laboral y fiscal; creo que haría falta tomarlas también en materia penal, para garantizar que no haya posibilidad de eludir la inspección sin una sanción tanto al patrón , como quienes pudieran ser cómplices en la negativa, oposición y/o elusión a la diligencia”.
Agregó que el dictamen que tienen las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda retoma el acuerdo con los sectores -pactado el pasado lunes 5 de abril- por eso es que quizá sea necesario otro trámite legislativo para complementar el artículo 180 del Código Penal Federal.
Por su parte Fernando Yllanes, presidente la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, comentó que ha existido en la ley laboral las sanciones por negarse a una inspección; pero “ahora con la reforma se enfatiza en las inspecciones vinculadas a la subcontratación; se debe saber que con estos cambios si llega una denuncia anónima se atiende y si la parte patronal no muestra los documentos puede hacerse acreedor de una multa”.
Yllanes, detalló que con esta nueva redacción se pretende desalentar que las empresas utilicen malas prácticas, es más, dijo, “la información que tiene el IMSS, ahora también será compartida con la Secretaría de Trabajo, es decir que de cualquier manera la autoridad tendrá que los datos de las empresas que tienen trabajadores con esquemas de subcontratación, la cual sí está permitida, pero sólo especializada”.
Recordó que en el Padrón Nacional solo se registran las empresas tercerizadoras; no así los contratos; “quien reporta los contratos es la empresa, la que sí tiene una relación patronal, y son esos datos los que ahora serán compartidos entre autoridades”.
En tanto, Héctor de la Cruz, del despacho DMAbogados, comentó que “el hecho de no permitir la inspección y no presentar la documentación o evidencia requerida hace presumir que se incumplieron las normas de trabajo que se pretendían verificar a través de la inspección, por esa razón además de la multa por no permitir realizarla se hará acreedora a las multas por el incumplimiento, con violación de los derechos de los trabajadores”.
Por: María del Pilar Martínez 09/04/2021
