Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), expresó que realizar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo es una señal al interior del país y frente a las reglas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que se cuenta con contratos vivos y con el respaldo de los trabajadores. 

Durante la segunda Mesa de Trabajo vía remota con autoridades y representantes empresariales y de trabajadores, de los estados de Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, Alcalde Luján los exhortó a realizar este procedimiento cuanto antes y no concentrar todas las legitimaciones en la última etapa que establece la Ley, el 1 de mayo de 2023, ya que recalcó que no habrá prórrogas para este procedimiento. 

“Es una obligación, todos los contratos colectivos que no se legitimen dejarán de existir. Es la misma consecuencia que se haya realizado la consulta y que los trabajadores hayan votado ‘no’. Pero para que no haya preocupación, todos los derechos adquiridos por estos contratos colectivos se preservan para los trabajadores y se pasan a contratos individuales”, agregó.

La secretaria del Trabajo explicó la importancia del procedimiento de la legitimación de contratos colectivos, pues es la certeza de que cuando existe uno de ellos realmente el sindicato que firma a nombre de los trabajadores cuenta con su respaldo.

“La Reforma previó una consulta para garantizar que en efecto los trabajadores están de acuerdo con ese sindicato, eso nos da esa garantía, esa es la importancia en tener realmente certidumbre de que no es un contrato de protección, que se firmaron entre un sindicato y una empresa sin el consentimiento de los trabajadores”.

Luisa Alcalde aseguró que la existencia de los sindicatos debe ser una herramienta de defensa de los trabajadores y no de beneficios personales, ajenos a los intereses de ellos.

En la reunión virtual también participaron: Alfredo Domínguez Marrufo, Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y Esteban Martínez Mejía, Titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; y Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno.

Por: Arturo Rivero 05/03/2021

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/25229/legitimacion-de-cct-da-certeza-a-t-mec-stps

La agenda comercial de Estados Unidos debe proteger y empoderar a los trabajadores, a la vez que impulsa su crecimiento por medio de mejores salarios. Estas acciones se traducirán en resultados económicos favorables para todos los estadounidenses, sostuvo el informe anual de 2020 de Joe Biden, presidente de este país. 

Tal como lo señalaron analistas nacionales y extranjeros, la administración de Joe Biden puso especial énfasis en el cumplimiento de las reglas laborales y medioambientales en su relación comercial con México a través del Tratado que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC). 

Para cumplir con los compromisos “totalmente exigibles” dentro del T-MEC, la Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá asignó más de 400 millones de dólares para apoyar en la cooperación, monitoreo y aplicación de las disposiciones del tratado. 

En el documento se estableció que una política comercial centrada en los trabajadores requiere un amplio compromiso con sindicatos y otros defensores de los empleados. Por ello, afirmó, bajo la administración de Biden “el sector laboral tendrá un asiento en la mesa en el desarrollo de estas normas”. 

“Se elaborarán nuevas políticas comerciales para promover un crecimiento económico equitativo, mediante la inclusión en el comercio de acuerdos con normas laborales sólidas y exigibles que protejan los derechos de los trabajadores y aumenten la economía con seguridad”, apuntó el informe de Biden. 

Asimismo, se subrayó que el Gobierno de Estados Unidos revisará las políticas comerciales pasadas para ver sus impactos y consecuencias no deseadas para los trabajadores, así como que las obligaciones en esta materia en virtud de los acuerdos existentes se harán cumplir plenamente. 

Para este fin, de acuerdo con el informe anual de 2020 de Joe Biden, la Ley de Implementación del T-MEC asignó 30 millones de dólares a lo largo de cuatro años para que  (USTR, por sus siglas en inglés) de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por medio de un Comité Laboral Interagencial. 

Con dicho monto, detalló el documento, se contratarán tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales del representante comercial y la designación de tres abogados para cubrir las cuestiones laborales del T-MEC en el despacho del Asesor Jurídico.

Además, se asignaron 180 millones de dólares a programas de asistencia para apoyar reformas del sistema de justicia laboral en México, incluyendo subvenciones para impulsar el desarrollo de capacidades centrado en los trabajadores, combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil. 

“En 2020, el gobierno de Estados Unidos continuó monitoreando el esfuerzo de la reforma laboral de México y la implementación del paquete legislativo de 2019, incluyendo cuestiones relacionadas con los recursos presupuestarios para las reformas, para asegurar que México cumpla con los compromisos del T-MEC…”. 

Otro de los puntos relevantes son los relacionados con el medio ambiente, por lo que de los 400 millones de dólares, 60 millones se tomarán con el fin de establecer el nuevo Comité Ambiental Interagencial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones ambientales del T-MEC.

Por: Ana Martínez 04/03/2021

Fuente: https://www.razon.com.mx/negocios/destina-eu-610-mdd-cumplir-t-mec-425562

La Administración del presidente Joe Biden ofreció autoiniciar y adelantar peticiones bajo el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Administración del presidente estadounidense Joe Biden ofreció autoiniciar y adelantar peticiones bajo el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con ello, dijo, busca garantizar que los trabajadores estadounidenses reciban alivio a través de una aplicación eficiente a nivel de las plantas productivas cuando hay violaciones del T-MEC.

A fin de asegurar recursos adecuados de monitoreo y cumplimiento de estas obligaciones laborales, la Ley de Implementación estadounidense del T-MEC asigna 30 millones de dólares por cuatro años para la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y otros 30 millones para el Departamento del Trabajo (DOL) con el objetivo de asegurar el cumplimiento en cuestión, así como para el envío de cinco agregados laborales a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, México.

El primer agregado laboral llegó a México en octubre de 2020 y el segundo agregado entró en funciones en diciembre de 2020.

Asimismo, estos recursos apoyaron la contratación de tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales de la  USTR y la designación de tres abogados para cubrir los problemas laborales del T-MEC en la Oficina del Asesor Jurídico.

Además, la USTR seleccionó a un Representante Comercial Senior de Estados Unidos en México, un nuevo puesto destinado a apoyar la coordinación de los asuntos laborales y ambientales del T-MEC en México, así como otros asuntos de implementación del T-MEC. Este alto funcionario comenzó a operar en México en diciembre de 2020.

Todos los avances descritos anteriormente fueron anunciados este martes al Congreso estadounidense por la USTR en la Agenda Comercial 2021 y el Informe Anual 2020.

El nuevo mecanismo prevé la suspensión de los beneficios arancelarios del T-MEC o la imposición de otras sanciones, como el bloqueo de las importaciones de empresas reincidentes, en casos de incumplimiento de obligaciones laborales clave.

El T-MEC incluye un Anexo del Capítulo Laboral sobre “Representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”, que requiere que México revise su sistema de justicia laboral para garantizar que los trabajadores tengan derecho a voto secreto para elegir y desafiar a los líderes sindicales y aprobar convenios colectivos nuevos y cambios a los existentes.

México promulgó estas reformas a la legislación laboral el 1 de mayo de 2019 e instituyó un enfoque por etapas para iniciar el funcionamiento de un nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y tribunales laborales en todo el país.

El 18 de noviembre de 2020 se inició la primera fase de implementación con la transición de ocho estados mexicanos en materia de justicia laboral a las nuevas instituciones.

De acuerdo con los términos del Anexo Laboral del T-MEC, las reformas incluyeron disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados “contratos de protección”, que son acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y que socavan la negociación colectiva legítima.

El Anexo Laboral también incluye el compromiso de exigir una revisión de los convenios colectivos existentes dentro de un período de cuatro años a partir de la promulgación de la reforma laboral, antes del 1 de mayo de 2023, para verificar que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo hayan expresaron su apoyo al acuerdo mediante un voto personal, libre y secreto.

Estados Unidos consultó estrechamente con el gobierno mexicano sobre la implementación de las reformas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de México en virtud del T-MEC, incluso a través del Comité Laboral Interagencial de Monitoreo y Aplicación.

Por: Roberto Morales 02/03/2021

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Biden-ofrece-autoiniciar-casos-laborales-en-el-T-MEC-20210302-0058.html

La industria maquiladora en el país admite que con el cambio en las reglas del juego se debe mantener un buen diálogo con todos los sindicatos, pero también debe respetarse el derecho a la no sindicalización.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cambió las relaciones laborales “desde el día en que se firmó”, sostiene Luis Manuel Hernández, presidente nacional del Consejo la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). Por ello será clave mantener un buen diálogo con todos los sindicatos, pero también respetar el derecho “a la no sindicalización”, advierte.

En entrevista, el también consejero para Grupo Financiero Banorte señala que el año pasado el sector perdió más de 70,000 puestos de trabajo. Pero a estas fechas, afirma, se recuperaron todos. Y no sólo eso, este 2021 esa industria generará más de 150,000 empleos. El T-MEC, en su capítulo laboral, habla de la libertad sindical, lo cual “se alinea con la reforma laboral” de 2019, pone en contexto. Pero, es el tratado el que “radicalmente” cambió la manera en la que “México venía trabajando desde 1994”, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); al menos para el sector de manufactura, agrega.

México está obligado a “evolucionar en temas laborales”. A manera de autocrítica, señala, “tenemos que modificar la manera en la que hemos percibido las relaciones laborales en el sector”. Las negociaciones sindicales, la capacitación del personal y la productividad son los pilares a cambiar, opina

Index, CATEM y la experiencia de Matamoros

La semana pasada la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) emitió un comunicado en el que informó que esa organización y el Index “formalizaron una alianza estratégica”.

El documento indica que el “acuerdo busca una cooperación armoniosa, ordenada, productiva, representativa y equitativa, mantenido la paz laboral”. La CATEM, dirigida por Pedro Haces, añade que esa colaboración está basada “en una democracia sindical y de negociación colectiva auténticas”.

Es un memorándum de entendimiento que se concretó luego de que la CATEM buscara a Index, explica Luis Manuel Hernández.

Y se apresura a aclarar: “No estamos dándole exclusividad. Es un reconocimiento de que existen como sindicato, que puedan ser una opción para algún empresario”. En caso de que se presente un conflicto laboral, “vamos a poder dialogar con ellos”.

El consejo quiere llevar las relaciones laborales “de la mejor manera”, agrega. Porque “no queremos vivir lo que vivimos hace un tiempo en Matamoros”, Tamaulipas.

En enero de 2019, en las plantas maquiladoras de esa ciudad fronteriza, surgió el movimiento 20/32. Miles de trabajadores y trabajadoras exigieron a las empresas un aumento salarial del 20% y no solamente un ajuste con el incremento al salario mínimo de ese año, que alcanzó los 176.72 pesos. Así como un bono anual de 32,000 pesos.

El movimiento, liderado por la abogada y defensora de los derechos laborales Susana Prieto, desató una ola de huelgas. Esta situación se dio luego del primer aumento significativo del salario mínimo por parte del gobierno federal y de varios años de aparente paz laboral. El T-MEC, explica, no fue pensado para hacer frente a la Covid-19. Así que al cambio que obliga este acuerdo, se suma el de las condiciones sanitarias por la Covid-19. “El flujo comercial entre los países es independiente entre la pandemia. Estamos intentando evolucionar” en medio de todo eso.

La economía en México “está creciendo en forma de K, unos hacia arriba y otros, para abajo. Gran parte del sector de la manufactura está despegando, así como el e-commerce”, señala.

Por: Blanca Juarez /El Economista 18/02/2021

blanca.juarez@eleconomista.mx

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Index-T-MEC-cambio-radicalmente-las-relaciones-laborales-20210218-0172.html

Ya pasaron dos años y solo los sindicatos que representan a los empleados de Ford, Kia, Toyota y Honda han legitimado su contrato colectivo de trabajo existente.

Elevar la cantidad de componentes de manufactura regional en los vehículos que se producen en Norteamérica no es el único pendiente que tiene el sector automotriz para cumplir con el nuevo T-MEC. Legitimar a los sindicatos y a los contratos colectivos de trabajo de las plantas es el otro frente de la industria para mantener los beneficios arancelarios del acuerdo.

A través del nuevo T-MEC, Estados Unidos busca que haya un suelo más parejo, tanto en costos como en condiciones laborales, entre los tres países firmantes, y el capítulo 23 del acuerdo apunta en esta dirección.

El anexo 23 A pide incluir en la legislación laboral disposiciones que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de las empresas.

“Básicamente, este capítulo obliga a las empresas de México a cumplir con nuestra propia Ley Federal del Trabajo… Pero esta vez le pusieron dientes”, dice Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La reforma laboral que realizó México para cumplir con las nuevas reglas en materia laboral dispuestas en el acuerdo entró en vigor en mayo de 2019, y los sindicatos cuentan con un periodo de cuatro años para legitimar su contrato colectivo de trabajo existente.

“Se debe demostrar que los empleados de una planta votaron por el sindicato o el líder sindical que los iba a representar, y que el sindicato que los representará por los siguientes dos años haya sido electo por una mayoría… Muy poco se ha progresado en eso, muy muy poco, pero nos quedan dos años para cumplir con el objetivo”, añade Albín.

Hasta finales del 2020, solo una veintena de sindicatos del sector ya habían entregado su constancia de legitimación a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La mayoría, sindicatos que representan a los trabajadores de los proveedores de autopartes, como Metalsa.

En el país hay 24 plantas propiedad de armadoras, pero hasta finales de 2020 solo una tercera parte ya habían cumplido con el trámite: cinco de Ford, una de Kia, una de Toyota y una de Honda.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ha expuesto que parte de los contratos existentes surgieron bajo la creación de sindicatos “fantasma”, es decir, que ofrecen protección al empleador a cambio de reconocer la titularidad del contrato colectivo, pero que no representan a la mayoría de los trabajadores.

A finales de 2020, la Cofemer dijo que “la autorregulación no ha sido eficaz”, y que “resultaba necesario establecer un procedimiento que permitiera atender las inconformidades de los trabajadores que se presentaran durante los eventos de consulta para la legitimación de un contrato colectivo de trabajo”.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene un call center para recibir, de manera anónima, cualquier denuncia.

“Estamos dando seguimiento a la implementación de la reforma laboral en el marco del nuevo tratado para evitar una posible afectación, ya que en el caso de que no cumplamos estaríamos dejando de recibir los beneficios del tratado”, dice Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Armadoras que ya cumplieron

Los sindicatos cuentan con un periodo de cuatro años para legitimar su contrato colectivo de trabajo existente. hasta ahora solo los sindicatos de cuatro armadoras han cumplido con el requisito.

Fuente: STPS

La industria automotriz es una de las prioridades en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que se espera que la legitimación de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo dé una sacudida a las organizaciones sindicales mexicanas en los próximos dos años.

El mayor reto lo enfrentan gremios históricos como el de Volkswagen, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen (Sitiavw), y el de Nissan, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana, los cuales se autoproclaman como independientes.

“Esta es la primera industria que el gobierno de Estados Unidos está vigilando y tendremos que ‘hacer la tarea’ para cumplir con los estándares”, dice Albín.

Por: Expansion 16/01/2021

Fuente: https://expansion.mx/empresas/2021/02/16/sindicatos-el-gran-pendiente-del-sector-automotriz-con-el-t-mec

Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la organización sindical más grande de Estados Unidos, declaró que “es hora de terminar con la explotación y miseria de las maquiladoras en México” y una herramienta para hacerlo es el tratado comercial, T-MEC; esto luego de dar su respaldo total a la líder sindical Susana Prieto, quien ha demandado el pago de cuotas sindicales a la empresa Tridonex en Matamoros, Tamaulipas.

En un comunicado de prensa, Trumka pretende evidenciar que en Tamaulipas hay una violación constante a los derechos laborales y de la libertad de sindicalización; dijo “los trabajadores mexicanos deben ganar salarios decentes y ser capaces de ejercer sus derechos en el lugar de trabajo”, y agregó que el presidente electo Joe Biden está de acuerdo con los planteamientos de la AFL-CIO.

Los trabajadores de Tridonex, una subsidiaria de la empresa Cardone Industries basada en Philadelphia, manufacturan autopartes para el mercado estadounidense. De acuerdo con Trumka, Tridonex se ha negado a la solicitud lícita de los trabajadores de transferir sus cuotas sindicales al sindicato independiente. En su lugar, la empresa continúa apoyando al sindicato de protección. Tridonex ha despedido a más de 600 trabajadores que apoyan a SNITIS, sindicato que fue creado luego de que la protesta obrera en 2019 obligara a las maquiladoras en Matamoros a aumentar los salarios”.

“Los obreros de Tridonex sufren a manos de un líder sindical corrupto y criminal, protegido por la empresa para continuar precarizando su salario y condiciones generales de trabajo”, dijo la líder sindical Susana Prieto.

Consultados al respecto, Héctor de la Cruz, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez, comentó que la AFL-CIO debería someter sus quejas a las autoridades mexicanas, “existen mecanismos previstos en la Ley Federal del Trabajo y los mecanismos de respuesta rápida del T-MEC, mediante los cuales se podría resolver de manera legal la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, dijo que “urge que el gobierno federal sea proactivo ante la conducta de las empresas que se oponen a la libertad sindical”, y destacó que en la Ley Federal del Trabajo se prevé en el Artículo 149 Ter. que se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días de multa a quien niegue o restrinja derechos laborales. 

Por: Pilar Martínez / El pulso laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/24544/empleo-en-maquila-mexicana-bajo-la-lupa-de-union-de-sindicatos-de-eu