Por Redacción-
7 agosto, 2018
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto (AlmomentoMX).- En dos artículos recientes, el notable abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani ha puesto el dedo en el renglón de un verdadero drama nacional: la injusticia laboral, la indefensión de los trabajadores, que se labró por largos años dejando operar a sus anchas a los sindicatos patronales y los sindicatos charros, y que en los últimos años avanzó hacia peores escenarios por las reformas promovidas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señaló la senadora Dolores Padierna.
Indicó que alcalde también abordó la reforma de febrero de 2017, clave porque implica un cambio en el sistema de justicia laboral, con la creación de nuevas instituciones que habrán de sustituir a las antiguas juntas de conciliación, organismos que, con los años y el abandono oficial, se convirtieron en pesados elefantes que acumulan toneladas de asuntos sin resolver.
Refirió que el medio millón de asuntos sin resolver, generados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son un ejemplo atroz de la inexistencia, en los hechos, de la justicia laboral. Lo mismo ocurre en el caso de las juntas locales donde, por ejemplo, hay delegaciones de la Ciudad de México que tienen adeudos laborales que superan sus presupuestos anuales.
A esta situación se suma la precarización salarial dramática en el país. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el INEGI, destacó que la población que percibe más de 5 salarios mínimos en el país disminuyó notablemente y creció la cantidad de trabajadores que percibe apenas 2 salarios mínimos.
En los últimos 30 años, la capacidad adquisitiva de los trabajadores mexicanos disminuyó 80 por ciento. El mismo INEGI destacó que el 16 por ciento de los trabajadores percibe ingresos mensuales “precarios”, la tasa más elevada desde 2005.
Manifestó que el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de construir los cambios legales pertinentes para establecer el papel de los nuevos jueces, con reglas que hagan expedita la expedición de justicia, porque actualmente hay procedimientos que pueden demorar diez años o más, y que no brindan certeza ni a trabajadores ni a patrones.
También, dijo, tendrá un claro compromiso por modificar esta creciente precarización del empleo y de los salarios que perciben los trabajadores mexicanos. La injusticia laboral está directamente relacionado con la grave inequidad social y la concentración del ingreso en el país.
Finalmente manifestó que el nuevo gobierno pondrá sin duda el acento en lo social. Por eso deseable que apuremos las leyes reglamentarias, a la vez que impulsamos el cumplimiento de lo que ya está en las leyes y no se cumple.
Etiqueta: Arturo Alcalde Justiniani
Sheinbaum lee la cartilla a su gabinete
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, a su salida de la casa de transicion de Andrés Manuel López Obrador. Foto Carlos Ramos Mamahua
Gabriela Romero Sánchez
Periódico La Jornada
Viernes 27 de julio de 2018, p. 32
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, leyó la cartilla a los integrantes de su gabinete, a quienes advirtió que está en contra de las prácticas clientelares y la corrupción.
En otro tema, señaló que pidió a Ernestina Godoy, coordinadora de Morena en el primer Congreso local; a la ex contralora Bertha Luján y a Arturo Alcalde organizar una reunión con abogados laboristas para conocer su opinión sobre la integración de la Secretaría del Trabajo a la de Desarrollo Económico.
Garantizó que no habrá despidos de trabajadores de base por esa compactación de secretarías
Ayer por la tarde la mandataria tuvo un encuentro por cerca de hora y media con alrededor de 100 personas en el hotel Holiday Inn de avenida Universidad, a quienes integró en grupos de trabajo.
A cada uno de los 14 secretarios, así como al comisionado para la reconstrucción, asignó de una a cinco personas para que integren equipos de trabajo que los apoyen en el proceso de transición. No hizo ningún nombramiento, aunque dijo que pronto dará a conocer otros.
Alrededor del mediodía Sheinbaum acudió a la casa de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a quien solicitó autorización para reunirse con Javier Jiménez Espriú y Esteban Moctezuma Barragán, próximos secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Educación, respectivamente, y comenzar a ver cuáles son los proyectos y apoyos que habrá para la Ciudad de México en estos temas.
Entrevistada al regresar a su casa de transición, en la colonia Portales, comentó: “Lo fui a saludar porque no nos habíamos visto, y le pedí autorización para hablar con algunos secretarios con quienes me interesa platicar”.
Agregó que en el caso del próximo titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, el virtual presidente “me pidió que me esperara un poquito”.
Reiteró que el agua y la vialidad son rubros prioritarios para ella, y que tiene interés en conocer los avances del tren México-Toluca, que se prevé estará este año.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/27/capital/032n2cap
Los retos laborales
Arturo Alcalde Justiniani
La nueva composición del Congreso de la Unión brinda la oportunidad de que en todos los ámbitos y temas de la agenda pendiente contemos con mejores leyes. Una de ellas, que es fundamental para el país, es la reforma laboral.
Recordemos que en febrero de 2017 se llevó a cabo una profunda reforma constitucional en esta materia. Atendiendo a su exposición de motivos fue considerada la más importante en los últimos 100 años, porque implica un cambio radical en el sistema de justicia. Por ejemplo, se ordena la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, encargando sus funciones a los poderes judiciales federal y locales, se crean nuevas instituciones para impulsar la conciliación y se establece un paquete de reglas democráticas especialmente orientadas a rescatar la negociación colectiva de las prácticas de simulación y corrupción vigentes para convertirla en un espacio de concertación social y productiva, como opera en los países más desarrollados del mundo. La representación auténtica de los trabajadores en estos procesos podrá superar la actual política de contención salarial y esto generaría un efecto muy positivo en el cambio de modelo económico que la población reclama.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional y lograr el éxito de la reforma laboral deberán alcanzarse dos condiciones: la primera, lograr el acuerdo legislativo sobre los cambios en el procedimiento laboral y el papel de los nuevos jueces, creando reglas que puedan cumplirse con prontitud tanto en temas individuales como colectivos para beneficio y seguridad jurídica de patrones y trabajadores; la segunda es llevar a cabo una adecuada transición entre las Juntas de Conciliación y Arbritaje y los nuevos tribunales laborales. De este tránsito se habla poco, sin embargo tiene una gran importancia práctica y presupuestal. El punto de partida es reconocer que esta reforma laboral es un renglón fundamental de la política social que el nuevo gobierno deberá impulsar.
Conforme a la reforma constitucional, las leyes reglamentarias debieron haberse aprobado en el término de un año. También se mandató que los procedimientos, expedientes y documentación debían transferirse a los nuevos tribunales laborales, (estamos hablando de alrededor de 1 millón a nivel nacional). Ningún aspecto se ha cumplido en el plazo ordenado.
Esta transición se ha enfrentado al hecho de que los poderes judiciales carecen de las condiciones para la recepción de tantos asuntos y, por otro lado, en el seno de las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje se ha generado un proceso de precariedad que impide superar un añejo rezago, tema al que los gobiernos le han dado la vuelta, llegando al extremo de impedir el avance de la reforma.
A medida que se entra al detalle de la transición se exhibe un conjunto de dificultades que deberán superarse. Por lo que se refiere a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el panorama es francamente desolador, producto en parte del abandono presupuestal incrementado en los tres sexenios recientes. La política de los gobiernos y sus secretarías de Hacienda se han empeñado en reducir plazas y prácticamente ahogar la impartición de justicia laboral. Estas restricciones ocasionan que los cuellos de botella se incrementen y los plazos para concluir un juicio se amplíen. Las pilas de expedientes crecen día con día, los procedimientos suelen durar hasta cinco años, y al llegar a la dictaminación suelen agregarse otros cinco años, sin contar con el tiempo para ejecutar el juicio.
Durante 17 años se ha mantenido por parte de las autoridades hacendarias un criminal congelamiento salarial. Hay por ejemplo juntas con 30 mil expedientes con un solo actuario que gana alrededor de 8 mil pesos mensuales. Se trata de un funcionario clave en el procedimiento, al cual se le ha privado de apoyos básicos para realizar su labor. El abandono gubernamental a los tribunales laborales es parte de una política de segregación, frente al lugar que se otorga a otras ramas del derecho.
Esta condición precaria no es exclusiva de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las dificultades se agravan por la política de las entidades públicas empleadoras, entre ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que genera la mayoría de los juicios y obstaculiza su solución. En los juicios de seguridad social, que ascienden a un cuarto de millón, también existe una gran lentitud, provocando un daño incalculable a los beneficiarios y a la propia autoridad laboral. En el ámbito burocrático existe la misma política de cerrar los ojos ante la realidad y dejar que los daños se acumulen, basta señalar que hay delegaciones de Ciudad de México que tienen adeudos laborales en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mayores que la totalidad de su presupuesto anual. Y mientras tanto, los salarios caídos suben y la justicia no llega.
Más allá de reformas legales que son obligatorias, urge voltear los ojos al drama que hoy vive la justicia laboral en nuestro país.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/07/opinion/016a2pol
Los trabajadores tienen la palabra… y el voto
Arturo Alcalde Justiniani
El proyecto priísta de reforma laboral presentado en el Senado terminó de forma dramática: el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, firmó el acta de defunción frente a la dirigencia nacional priísta y su rezagado candidato en Ciudad de México: Murió la reforma laboral, dijo. También denunció a los senadores que en nombre del gobierno propusieron dicha reforma tildándolos de traidores a la patria: Se van a exigir cuentas… a Tereso Medina, de la CTM, y a Isaías González Cuevas, de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos)… quienes trataron de traicionarnos al llevar a cabo una reforma nefasta que no era benéfica para el sector obrero y sus familias. Ya encarrerado, añadió: Ojalá y ahorita ni salgan a la calle porque les va a dar vergüenza lo que les vamos a decir. ( La Jornada, 23/4/2018, Patricia Muñoz).
La propuesta laboral fue un deleznable intento de destruir los derechos más elementales de los hombres y mujeres que viven de su trabajo, al privarlos de la posibilidad de organizarse y negociar colectivamente en defensa de sus intereses. Más grave aún en el escenario actual de empleo precario, salarios miserables y ausencia de justicia. Se intentó, en efecto, retorcer una reforma constitucional que mandata el respeto al estado de derecho, conciliación profesional como vía privilegiada para la solución de controversias y negociación colectiva auténtica, sobre una base democrática para promover el diálogo social y productivo.
Por cierto, en estos días, Tereso Medina ha probado una sopa de su propio chocolate. Los trabajadores de la llantera Goodyear, en San Luis Potosí, decidieron parar labores, desesperados por las malas condiciones de trabajo, rechazando la presencia de este líder impuesto por la empresa.
Se ha superado este intento gracias a una histórica jornada nacional e internacional de condena a la reglamentación de la reforma constitucional. Sin embargo, no significa, como acertadamente dijo el abogado Héctor Barba, que se haya ganado la guerra. La reforma laboral reglamentaria quedó pendiente y deberá definirse a partir del primero de septiembre próximo, cuando se inicie el nuevo periodo del Congreso de la Unión. Su suerte dependerá de los legisladores y legisladoras que sean electos este 2018. Razón de más para reflexionar sobre el sentido del voto en esta ocasión.
Hoy la pelota está en la cancha de las y los trabajadores que tienen en sus manos decidir si apoyan con su voto a los que intentan incrementar su postración o a aquellos que pretenden impulsar cambios en su favor por conducto de un modelo de relaciones laborales cimentado en los principios del trabajo digno y decente, que tome en serio que éste no puede traficarse como una mercancía y que promueva un salario justo y el acceso a un sistema de justicia imparcial en el que los dados no estén cargados. Los trabajadores son la mayoría de la población, por lo que tienen la posibilidad de lograr mayor presencia en el Congreso. No hacerlo es repetir el desorden que hoy afecta al Senado, donde sin discusión ni respeto por las formas parlamentarias se aprueban al vapor leyes por consigna presidencial. Es el caso de la ley mordaza que mantiene el control de los medios de comunicación y contraviene la Carta Magna. En cambio, los temas que realmente importan a los trabajadores se mantienen archivados, como la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de contratación colectiva auténtica, a pesar de haber sido firmado por el Presidente desde diciembre de 2015.
En tan sólo ocho semanas la población trabajadora podrá dar un vuelco a la red de intereses que los tiene contra la pared. No se solucionarán sus problemas de la noche a la mañana, pero podrán constatar que en el Congreso y el gobierno estarán sus aliados, con nombre y apellido, para reconstruir el país desde sus cimientos, desde abajo, en los pueblos, en los barrios, en los ejidos, en las colonias y también en los sindicatos. Es el tiempo oportuno para recordar y comprobar quiénes están con ellos y quiénes legislan en contra de sus intereses. Como simple referencia, habrá que tener presente quiénes promovieron la reforma reglamentaria para facilitar el despido, suprimir los salarios caídos y liberar la subcontratación en 2012, quiénes han reprimido artificialmente el salario, quiénes los han privado de sus pensiones para entregarlas al sector privado y ser utilizados en grandes negocios, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, esto es, para hacer más ricos a los ricos. ¿Por qué estos recursos no se invirtieron en casas a precio justo para los trabajadores? ¿Por qué no en proyectos ecológicos rentables? ¿Por qué no en mejores hospitales? ¿Por qué no en una banca ética y social? Eso es lo que se hace en otros países con los fondos de los pensionados, al contrario del nuestro.
A partir de este primero de mayo se abre una agenda laboral muy amplia, incluyendo la probable definición en dos semanas del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya no como una agenda paralela, sino como una parte integrante del acuerdo. Deberá empezar también la coordinación de esfuerzos y de diálogo entre diversas instituciones y personas para elaborar un nuevo proyecto de reforma laboral reglamentaria, aprovechando los avances existentes. Será tiempo oportuno para promover la unidad entre las distintas organizaciones sindicales democráticas; para expresar nuestra solidaridad con las inagotables luchas de los trabajadores mineros democráticos, telefonistas, huleros, administrativos e investigadores de los centros públicos de investigación, los más de mil trabajadores despedidos por el gobierno de Veracruz para privatizar el agua en beneficio de Odebrecht. En suma, con todos los trabajadores y trabajadoras que este primero de mayo elevarán sus reclamos expresados en consignas y mantas que recorrerán las calles de nuestros pueblos y ciudades.
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/29/opinion/010a1pol
Sindicatos rechazan en el Senado la iniciativa de reforma laboral del PRI CTM CROC
Es peligrosa y destructiva de los derechos de los trabajadores en México
Por Gabino Jiménez/reformalaboralparatodos
5 de abril de 2018, Ciudad de México.- Sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, laboralistas, apoyados por el Grupo Parlamentario PT-MORENA sostuvieron una conferencia de medios para expresar su preocupación y rechazo por la iniciativa “tan nociva presentada por el gobierno, disfrazada a través de líderes sindicales” afirmó el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes
Es una iniciativa de ley tan peligrosa y tan destructiva de los derechos de los trabajadores en México, que ya rebasó las fronteras nacionales, y es uno de los capítulos de mayor tensión del Tratado de Libre Comercio por lo que organizaciones sindicales de Estados Unidos como la International Brotherhood of Teamsters y la AFL-CIO han manifestado mediante cartas al Senado su preocupación de la violación de derechos humanos en materia laboral en México, indicó Fernández Fuentes.
En la conferencia efectuada en el Senado de la República hablaron Arturo Alcalde Justiniani, José Luis Téllez del Sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana, Osacar Alzaga del Sindicato Minero, José Olvera del STUNAM, Saúl Escobar Toledo del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Gladys Cisneros de la AFL-CIO y el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario PT-MORENA.
Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista dijo que la reforma constitucional de febrero de 2017, fue histórica en parte porque atendió a varias preocupaciones que venían planteando las organizaciones democráticas en el país, esencialmente en dos aspectos.
- La necesidad de tener estado de derecho, esto es , que se respetara la división de poderes y que fueran jueces imparciales los que impartieran justicia laboral en nuestro país.
- Recuperar la negociación colectiva para que dejara de estar atrapada en el circuito de simulación y corrupción que es propio de los Contratos Colectivos de Protección Patronal.
“Esperábamos un escenario totalmente distinto. La verdad es que el proyecto de minuta que se presenta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores contradice totalmente el compromiso establecido en la reforma constitucional” afirmó Alcalde Justiniani
“En lugar de estado de derecho, se regresa al tripartismo en la impartición de justicia a través de un órgano malamente denominado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral “ que de aprobarse será un instrumento para impedir el ejercicio de los derechos colectivos.
La iniciática PRI CTM CROC también imponen requisitos imposibles de cumplir. Ninguna organización democrática estaría en posibilidad de transitar hacia un contrato colectivo auténtico o hacia una organización representativa.
Y por último, se cancela un compromiso central establecido en la Constitución del voto secreto y personal de los trabajadores para decidir con quién se firma un contrato colectivo.
éste proyecto porque sería la cancelación de los derechos laborales y cancela en voto secreto.
Finalmente, Arturo Alcalde, hizo un llamado a los legisladores para que e no se tome la decisión apresuradamente, para que exista consenso, un diálogo para transitar hacia un modelo laboral razonable para beneficio de los trabajadores, de los empresarios, y del país.
José Luis Téllez, a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), señaló que esta central de trabajadores se manifiesta por el respeto irrestricto a los términos de la reforma constitucional (febrero 2017), misma que por una parte recoge claramente las banderas históricas del sindicalismo democrático, pero además, en segundo lugar y no menor, recoge precisamente las características que requiere este país para poder desarrollarse económicamente.
Asimismo criticó que las propuestas de desarrollo económico únicamente sean salarios prácticamente de hambre y Seguro Social, apoyada ahora con la propuesta de reforma laboral del la CTM y CROC, la cual afirmó, “es un golpe severísimo a los contratos colectivos y al sindicalismo democrático e independiente .
Reafirmó que la UNT, se pronuncia por el respeto irrestricto a los términos de la reforma constitucional y, desde luego, rechazamos de manera categórica el anteproyecto de dictamen que actualmente está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Oscar Alzaga del Sindicato Minero, señaló que el contenido de la iniciativa de PRI es una agresión brutal a los derechos del trabajo de todos los trabajadores de México “Lo que no entendemos es por qué la CTM y la CROC están suscribiendo una reforma que es una declaración de guerra en contra de los trabajadores del país. Es un acto de traición de quienes dicen representar a los trabajadores”
En México no hay libertad sindical. Esta es una gran demanda de los trabajadores mexicanos. Cómo puede haber libertad de expresión y no libertad sindical? Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha equiparado la libertad sindical de los trabajadores con la libertad de expresión.
Saúl Escobar Toledo, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, dijo existe voto directo y secreto para la elección del presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, gobernadores, etc., pero en los sindicatos el voto secreto para elegir a los dirigentes no existe a pesar de que la Constitución lo señala claramente en la reforma de febrero de 2017, la Ley reglamentaria (del PRI) quiere contravenir y socavar el voto directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes y para decidir qué sindicato y qué contrato colectivo quieren, y cómo piensan entablar la relación laboral y cómo piensan defenderse.
“La Constitución abrió la posibilidad de una transición democrática dentro del sindicalismo mexicano. La ley reglamentaria que se está discutiendo en el Senado y la propuesta de los Senadores priístas quiere cerrar la transición democrática en los sindicatos”
Saúl Escobar, también se refirió al tema de la solidaridad mostrada a la UNT por los sindicatos norteamericanos y canadienses sobre este asunto. Porque, dijo, están preocupados que México atraiga inversiones con base en la baja calidad de los empleos, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, sindicatos que no representan a nadie y contratos que se firman antes de que las empresas empiecen a trabajar.
La reforma de febrero de 2017, abría la posibilidad de cambiar estas cosas, de tener sindicatos representativos y por eso hay una unidad cada vez mayor entre los trabajadores y sindicatos más representativos e México, Estados Unidos y Canadá, para abatir esta dinámica de deterioro laboral para atraer inversiones.
Esta reforma laboral requiere de una consulta y un trabajo detallado y amplio, que es lo que estamos exigiendo. Una consulta, un trabajo cuidadoso, responsable, transparente y amplio.
José Olvera, del STUNAM, informó de dos cartas que enviadas al Senado pidiendo que se deseche la iniciativa presentada por los senadores del PRI, ya que violenta los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y es una auténtica contrarreforma en materia procesal.
Las cartas son de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Confederación Sindical Internacional (CSI)
A nombre de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) AFL-CIO, habló Gladys Cisneros señaló que rechazan firmemente esta iniciativa de ley, y que se suman al llamado de nuestros compañeros y compañeras de la UNT, de los mineros y de todo el sector independiente obrero en México.
Arrancan campañas con amenazas del PRI
Escrito por Guillermo Correa Bárcenas
Publicado: 05 Abril 2018
Guillermo Correa Bárcenas/De Norte a Sur
Con el arranque oficial de las campañas presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral, retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones campesinas.
En el primer caso es el Senado de la República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa Patrón–, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que, a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade, su candidato presidencial quien, asegura el abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios. Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los sindicatos llamados democráticos dónde están?
La otra amenaza es para los indígenas y el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa. Dicen los afectados que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos nativos. Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua ygenéticos. Señalan las víctimas de este golpe legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e internacionales.
Se teme, como con la ley laboral, un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto que pone en riesgo grandes áreas del país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde, explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. «Este tipo de industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi irreversible», apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su explotación llevaría alrededor de 10 años. «México es un país que tiene una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente vulnerable a espacios protegidos».
Nuestro país tiene reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la Presidencia…
tigrebilly@hotmail.com
https://www.expresszacatecas.com/opinion/37737-arrancan-campanas-con-amenazas-del-pri
Arrancan campañas con amenazas del PRI a trabajadores, a indígenas y al país
Pretende madruguetes en el Senado y en la Cámara de Diputados
Con el arranque oficial de las campañas presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral, retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones campesinas.
En el primer caso es el Senado de la República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa Patrón–, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que, a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade, su candidato presidencial quien, asegura el abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios. Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los sindicatos llamados democráticos dónde están? La otra amenaza es para los indígenas y el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa.
Dicen los afectados que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos nativos.
Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua y genéticos. Señalan las víctimas de este golpe legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e internacionales.
Se teme, como con la ley laboral, un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto que pone en riesgo grandes áreas del país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde, explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. “Este tipo de industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi irreversible”, apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su explotación llevaría alrededor de 10 años. “México es un país que tiene una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente vulnerable a espacios protegidos”.
Nuestro país tiene reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la Presidencia…
DESDE EL CENTRO
Un ex secretario de Hacienda que no sabe de dónde provienen los ingresos de su competidor para la Presidencia de la República sólo trasmite que su desempeño como el responsable del gabinete temido por lo que sabe fue un fracaso. Y todavía JAM le pide al PEJER que debata… Qué tal, que con las Afores se construye parte del Nuevo Aeropuerto de la CDMX… El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno se solidarizaron con la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la presidenta municipal, Teresita de Jesús Luis Ojeda, mandó a atacar a los pobladores de Ikoot y Binnizá por resistir desde la invasión de la empresa Mareña Renovables, despojadora de tierras apoyada por el PRI. tigrebilly@hotmail.com
https://mexico.quadratin.com.mx/de-norte-a-sur-guillermo-correa-barcenas-5/
Veracruz: Privatizar el agua, beneficiar a mineras a costa de la biodiversidad y facilitar el despido, entre las reformas que impulsa el Congreso en campañas
FOTO: FÉLIX MÃRQUEZ /CUARTOSCURO.COM
Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas. Esto, sin contar con la manera en que el gobierno busca poner fin al derecho a huelga.
Veracruz: La reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores
Por Manuel Hernández Borbolla
VERACRUZ, VERACRUZ, 02DICIEMBRE2014.- Trabajadores de la fábrica de tubos Tenaris-Tamsa intentan la noche de este martes, establecer una huelga por diversos problemas sindicales y el incumplimiento de pliego petitorio, sin embargo, elementos de la PolicÃa Estatal y Naval han impedido que tomen las instalaciones.
Otro de los temas que ha levantado polémica es la aprobación de la continuación de la reforma laboral impulsada por Peña y Calderón, en la cual, se dan más facilidades para que los patrones realicen despidos a través de la subcontratación (outsourcing) y también pone diversas trabas para que los sindicatos puedan ejercer el derecho de huelga.
La reforma laboral impulsada por el PRI en el Senado -a través de los legisladores Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM)- ha sido cuestionada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a huelga, debido en buena parte, a que los Centros de Conciliación señalados en las leyes secundarias, establecen patrones y sindicatos corporativos, lo cual permitirá al gobierno controlar qué gremios podrán emplazar o no a huelga.
«El derecho de huelga por su naturaleza no es negociable. Se firma el contrato colectivo o se estalla la huelga, por lo tanto, darle a los Centros de Conciliación atribuciones para conciliar el conflicto es poner en manos de la autoridad la posibilidad de que impida el ejercicio del derecho de huelga», apuntó Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fundador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Esto coincide con una tendencia en que los derechos de asociación de los trabajadores se han erosionado para evitar que defiendan sus derechos laborales, frente a los abusos de las empresas, según señala un informe de la Organización de Naciones Unidas.
«El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos», escribió el académico especialista en temas laborales, Arturo Alcalde Justiniani.
Según el experto, entre los principales peligros que encierra la reforma laboral impulsada por el PRI son:
1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.
3) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad.
4) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial.
5) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico.
En este sentido, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo contra la discusión, aprobación y eventual publicación de las leyes secundarias de la reforma laboral por parte del Congreso de la Unión, debido a que, legalmente, dicha reforma debía haber sido publicada a más tardar el 24 de febrero de 2018.
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/03/privatizar-el-agua-beneficiar-a-mineras-a-costa-de-la-biodiversidad-y-facilitar-el-despido-las-reformas-que-impulsa-el-congreso-en-campanas_a_23400978/
Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral
Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.
- Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.
Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.