La reforma laboral aprobada incluye un pago de 422 mil pesos por muerte
En la mina Pasta de Conchos de Coahuila murieron 65 mineros.FOTO: ESPECIAL
POR HERALDO DE MÉXICO ABRIL 18, 2019
La vida de un minero que muera cumpliendo su deber valdrá 5 mil UMAS, es decir, alrededor de 422 mil pesos, de acuerdo con la Reforma Laboral aprobada por los diputados, la semana pasada.
A propuesta del PAN, los legisladores aceptaron añadir una fracción al artículo 343-E de la Ley Federal del Trabajo y aplicar esta multa, si el trabajador muere como consecuencia de la negligencia con el protocolo de seguridad adoptado.
“En el ánimo de otorgar mayor seguridad laboral buscamos que se adicione una fracción que imponga la obligación de pagar multas por aquellas omisiones que ocasionen la muerte de uno o varios trabajadores”, indicó en tribuna el panista Alfonso Riggs, proponente de la medida.
Quien pagará no será la empresa, sino los responsables de la supervisión y operación de la mina donde ocurra el accidente.
“A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos mineros, que dolosamente o negligentemente omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad, se les aplicarán las penas”, indica el artículo citado.
Los diputados mantuvieron las sanciones previstas en la actual ley y que implican multar con 2 mil UMAS, cuando la omisión o negliencia genere incapacidad parcial o permanente en uno a más trabajadores y 3 mil 500 UMAS, cuando la incapacidad sea total.
Con esta sanción, los legisladores pretenden evitar tragedias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos (ubicada en Nueva Rosita, Coahuila), donde murieron 65 mineros, el 19 de febrero de 2006.
La Reforma Laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados, el 11 de abril y turnada al Senado.
Además de las disposiciones citadas, crea el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, cuya función será llevar un registro de los sindicatos y realizar mediaciones con trabajadores y patrones, entre otras cosas.
Por Nayeli Cortés y Elena Soto
Etiqueta: Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral
Suma rechazo reforma laboral
Por: Redacción/El Pulso Laboral
domingo 03 de marzo de 2019
La propuesta de reforma laboral de Morena se ha encontrado con el rechazo de sindicalistas, el sector empresarial y expertos en la materia.
En las audiencias públicas que se realizan en la Cámara de Diputados, los participantes han expresado más preocupaciones sobre el impacto de la reforma, que apoyos para que se mantengan la redacción propuesta por la fracción morenista. Uno de los principales puntos de controversia es la propuesta de un Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, cuyo titular sería propuesto por el Ejecutivo al Senado mediante una tema.
Sobre esta medida, representantes de organizaciones sindicales advirtieron sobre una posible intromisión del Gobierno por medio del Centro de Conciliación, cuando tenga que verificar los procesos democráticos y de libertad sindical.
Ángel Celorio Guevara, coordinador jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM resaltó que el Centro de Conciliación, que deberá velar por la justicia para los trabajadores y sus contratos colectivos, está impedido para verificar el cumplimiento de los requisitos de las organizaciones en su registro.
El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC Isaías González Cuevas, estimó que la reforma laboral contiene procedimientos sobre regulados. Por ejemplo, dijo, en los artículos 371 o 387, se condiciona la validez de un contrato colectivo de trabajo, mientras que en el artículo 390 bis se retrasa el derecho de huelga.
El sector empresarial pidió que dicho Centro de Conciliación, tenga una representación tripartita, incluso honoraria, como se ha estilado en los organismos donde hay intereses de trabajadores y empresarios.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE Carlos Salazar Lomelín, afirmó que se requiere un marco que no proteja sólo a los trabajadores, sino que también fomente el empleo y el crecimiento del país. Propuso que en el Centro de Conciliación participen la autoridad como mediadora, trabajadores y empresas.
El presidente de la Comisión Laboral del CCE, Tomás Natividad, dijo que una reforma laboral mal entendida puede afectar la seguridad jurídica, el Estado de derecho, el equilibrio y diálogo social de relaciones laborales, así como la planta productiva y el empleo formal Manifestó la preocupación del sector empresarial como la omisión de no incluir la libertad de no pertenecer a ninguna agrupación.
Citó también que la prórroga unilateral de la huelga no puede quedar en manos de una parte en el conflicto, sino que debe ser por mutuo acuerdo.
El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López, pidió que la junta de gobierno del Centro de Conciliación sea tripartita, en lugar de estar integrada sólo por titulares de dependencias o paraestatales.
Controversia Uno de los puntos sensibles de la reforma es el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral.
La CTM ve que el Centro está impedido para verificar el cumplimiento de los requisitos de las organizaciones en su registro. El CCE propuso que el Centro tenga un carácter tripartito y participen la autoridad como mediadora, trabajadores y empresas, i La Concanaco pidió que la junta de gobierno del Centro sea conformada por cuatro representantes de los trabajadores y cuatro empleadores. //Reforma
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/17845/suma-rechazo-reforma-laboral
Líderes sindicales acusan sobrerregulación con reforma laboral
27/02/2019 | 20:53 | Alejandra Canchola y Horacio Jiménez
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos explicó que la sobrerregulación afecta al derecho de huelga y afecta a la autonomía sindical
Líderes sindicales que asistieron a la segunda audiencia pública sobre la reforma laboral, celebrada en la Cámara de Diputados, acusaron sobrerregulación en algunos procesos legales en las modificaciones a la ley Federal del Trabajo, como la del artículo 387, puesto que podría entorpecer la firma de un nuevo contrato colectivo.
Según lo explicó el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González, este artículo que tiene que ver con la obligación de un patrón de establecer un contrato colectivo con un empleado sindicalizado, obligaría al sindicato a presentar ante el nuevo Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, una lista de trabajadores que autoricen el emplazamiento a huelga, que al menos debe ser del 30% de la organización.
“Nosotros vemos que esta sobrerregulación afecta el derecho de huelga, lo retrasa el derecho de huelga, y también afecta, el 387 afecta a la autonomía sindical. Entonces esto debe ir de acuerdo con los convenios 87 y 98”, dijo.
Lo mismo criticaron otros dirigentes como Ángel Celorio Guevara, quien acudió en lugar de Carlos Aceves del Olmo en representación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al destacar que el registro que se solicita en esa disposición se puede convertir en “una lista negra” de trabajadores que pueden ser despedidos.
“Exigir una constancia de representatividad conlleva regresar al sistema de listas negras que durante años causaron el indebido despido masivo de trabajadores. Una vez que la autoridad laboral otorga la llamada “toma de nota” a una organización sindical, no es válido que durante el periodo que tiene vigencia la misma se esté certificando”, observó.
En el mismo sentido se condujo el posicionamiento del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, quien añadió que ese listado deberá ser guardado en secreto por el Centro.
“Que se precise que la lista que se pide que presenten los trabajadores no se convierta en una lista negra, y al anexarse la lista los estemos dejando en estado de indefensión y puedan ser despedidos”, dijo.
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM
(STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, propuso que la democracia sindical
que se pretende instituir a través del voto libre y secreto, se aplique para
cuando se requiera firmar un nuevo contrato colectivo y lo mismo el emplazamiento a huelgas
“Los contratos colectivos actualmente los firma el secretario general, con o sin acuerdo de sus trabajadores o mesas directivas. Pues que deba seguirse el mismo procedimiento, que en la urna el trabajador decida si se acepta o se rechaza la propuesta de un patrón, si se estalla la huelga, que lo pida el trabajador en la urna, con el voto libre y secreto”, señaló.
Por su parte, el representante del senador de Morena Pedro Haces Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), también solicitó que se terminen los contratos de protección patronal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/lideres-sindicales-acusan-sobrerregulacion-con-reforma-laboral
La reforma laboral en zona de turbulencia
Arturo Alcalde Justiniani
El trabajo legislativo que se realiza en el Senado, para modificar la Ley Federal del Trabajo y, de esta manera, reglamentar la reforma constitucional de hace un año, enfrenta una serie de obstáculos y riesgos que se verán incrementados si el gobierno pretende acelerar su aprobación sin consenso y debida instrumentación. La clave para superar estos escollos está en ser congruente con la Constitución y no caer en el juego de aquellos intereses que impulsan una regresión, pretendiendo volver a un sistema de justicia ineficiente y parcial y a una contratación colectiva en manos del patrón, teniendo como entorno la corrupción y la simulación.
Actualmente, por lo menos son cinco los factores que condicionan la reforma. El primero, es el conflicto político que el gobierno federal ha trazado contra el PAN, lo cual rompe temporalmente con la alianza que en estos temas mantenían, respondiendo esencialmente a las peticiones empresariales.
Un segundo elemento se relaciona con el contenido de la iniciativa de ley presentada el siete de diciembre pasado por dos senadores priístas, elaborada por encargo del gobierno federal, aunque procesada en la sede de un despacho empresarial, que según se ha demostrado, se fue hasta la cocina en sus pretensiones. Esta iniciativa ha recibido desde su presentación el rechazo de todos los sectores, porque no sólo excede y contradice el mandato constitucional, sino que es altamente lesiva para todos y totalmente impracticable.
La tercera cuestión se ubica al interior del Senado. Hace días, el presidente de la Comisión de Trabajo decidió migrar del PRI a Morena, trastocando con ello los planes del gobierno. Atendiendo a la palabra comprometida del líder del Senado, cualquier cambio en esta Comisión, debe operarse en conjunto con otras comisiones, lo cual seguramente llevará su tiempo.
El cuarto factor tiene una vinculación internacional. Al firmarse el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el gobierno mexicano se comprometió a regirse por jueces laborales independientes, respetando los principios de la Organización Internacional del Trabajo. La iniciativa reglamentaria de origen priísta que hoy se discute, va en sentido contrario, pues invade las funciones del poder judicial por conducto de un órgano administrativo tripartito que impone requisitos para el ejercicio de derechos colectivos imposibles de cumplir por un gremio auténtico, omitiendo el voto secreto para acceder a la contratación colectiva. También nos encontramos en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se ha visto acompañada de una vigorosa presencia de gremios, organismos no gubernamentales y legisladores de los tres países participantes que consideran, con razón, que el modelo laboral autoritario y corrupto que pretende reeditarse en México, por medio de la Iniciativa priísta, daña los principios y derechos acordados para las tres naciones.
El quinto factor que condiciona el trabajo legislativo preocupa al gobierno federal más que los otros; consiste en que una reforma laboral regresiva, aprobada en estos momentos, sería el tiro de gracia para su candidato presidencial, José Antonio Meade. Si bien Enrique Peña Nieto tiene cifradas sus esperanzas en la compra del voto, la manipulación de las instituciones y el aprovechamiento de la infame pobreza de los municipios más olvidados, una movilización laboral en su contra puede ser letal, porque desataría otros agravios, incluso en las filas de los gremios laborales controlados. A esto se añade el hecho de que en estos meses se ha articulado una amplia red de oposición al proyecto gubernamental.
Frente a este panorama, el gobierno tiene la opción de seguir por el camino de la imposición y aprobación de la iniciativa repudiada o escuchar a quienes en congruencia con la Constitución y con las necesidades del país plantean un camino diferente. Para ello, sería necesario, en primer lugar, no incluir en los cambios a la ley laboral temas ajenos a la reforma constitucional, como facilitar el despido injustificado y afectar la estabilidad laboral por medio de la contratación temporal sin contrapesos. Segundo, respetar la función de los jueces laborales para que apliquen la ley sin la invasión del Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral.
Nada tiene que ver este órgano administrativo en los conflictos intergremiales o de titularidad de contratos y nada hay que conciliar cuando un sindicato afirma ante el juez que representa a la mayoría de los trabajadores, ya que sólo el voto de ellos podrá dilucidar esta controversia y no una negociación únicamente explicable por un acto de corrupción.
Tercero, ser congruente con la Carta Magna y, por tanto, rescatar el gigantesco valor de una negociación colectiva decente y responsable, lo cual implica que los trabajadores tengan facultad de decisión y textualmente señalar la condición del voto personal, libre y secreto, admitiendo también la opción de la huelga como un derecho humano reconocido en el mundo, que no debe ser obstaculizado mediante requisitos insalvables ni órganos administrativos ajenos a la función jurisdiccional.
Cuarto, establecer un procedimiento ordinario con base en las mejores prácticas del método oral para que un juicio no dure más de cuatro meses, cuente con la cercanía del juzgador y se construya sobre la veracidad en las declaraciones y reclamos.
El dilema del gobierno es atender a los principios constitucionales y necesidades del país o seguir siendo aliado a los intereses de siempre. Veamos en los próximos días por dónde decide transitar.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/17/opinion/015a2pol