La ratificación del Convenio 98 de la OIT, el T-MEC y la legislación secundaria de la reforma laboral serán las claves del nuevo sistema.
enero 07, 2019
Avance. Los especialistas aseguran que el cambio fortalecerá, modernizará y democratizará el mundo del trabajo. (slobo/Getty Images)
Aminetth Sánchez
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión). – En 14 años, la gráfica se ha movido poco. Un punto arriba o unos decimales abajo. De septiembre de 2004 a octubre de 2018, los sindicatos se han mantenido entre las instituciones que menos confianza inspiran a la ciudadanía en México, según encuestas anuales realizadas por la firma de investigación de mercados y opinión pública Consulta Mitofsky.
Su papel es cuestionado, entre otras razones, porque algunos carecen de transparencia, no representan a los trabajadores ni defienden sus intereses o cuentan con líderes que se perpetúan en los cargos y son señalados de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento, coinciden especialistas.
Pero el país, adelantan, está por transitar a un nuevo sistema sindical. La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en septiembre, el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la legislación secundaria de la reforma laboral en materia de justicia laboral –que al momento de publicación no había sido presentada al Congreso–, son los hilos detrás del cambio.
“Estos tres instrumentos desarticularían el esquema corporativo de relaciones laborales que se estableció en México en los 30 y que hasta la fecha está vigente”, dice Alfonso Bouzas, investigador de tiempo completo de la UNAM. “Los sindicatos regresarán a manos de los colaboradores, los trabajadores celebrarán contratos colectivos si lo desean y habrá una auténtica contratación colectiva”.
Lee: Un país sin huelgas
De concretarse, esta transformación impactará a los trabajadores y a las empresas. Las negociaciones entre ambos serán más fluidas. Además, prevalecería la democracia, enfatiza Graciela Bensusán, profesora-investigadora de tiempo completo en la UAM-Xochimilco y parcial en Flacso México. “Por lo menos formalmente. Creo que eso va a llevarse a la práctica en términos de que habrá que elegir a los dirigentes y votar a quién queremos que nos represente en una negociación colectiva”, describe.
El Convenio 98 apuesta por la libertad sindical y el fomento de la negociación colectiva voluntaria. El capítulo laboral del T-MEC impulsa el voto libre y secreto, el derecho a la negociación colectiva y el establecimiento de órganos independientes que registren las elecciones sindicales y resuelvan las controversias laborales. Mientras que la reforma laboral de 2017 –cuya legislación secundaria debió haber sido presentada en febrero, pero aún está pendiente– promueve la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, así como la creación de tribunales laborales, centros de conciliación y un organismo descentralizado que registre los contratos colectivos o los sindicatos.
“Todo va en el misma dirección de fortalecer, modernizar y democratizar el mundo del trabajo”, señala Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). “Y el nuevo gobierno trae criterios que van en esa línea, pero hay un elemento esencial para que todo pueda tomar cauce: la reforma secundaria”.
En el tintero
En noviembre, representantes de la UNT, líderes sindicales y de organizaciones campesinas, se reunieron en la Ciudad de México para promover la transformación sindical y empujar la presentación de la legislación reglamentaria. “Espero que este nuevo Congreso esté sensible y claro en relación a que la reforma secundaria tiene que estar alineada con la reforma constitucional”, dijo Hernández Juárez. “Pero es muy importante que las organizaciones sindicales y los trabajadores no esperemos a que sea el gobierno el que nos diga cómo hacer esta transformación”.
OPINIÓN: Convenio 98, un gran primer paso para las relaciones laborales
Y enumeró sus peticiones: que las decisiones sobre contratos, dirigentes y huelgas se tomen por voto universal y secreto, que el órgano que se creará para conciliar y registrar contratos o sindicatos sea realmente autónomo, y que las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan de inmediato, no hasta concluir los casi 5 millones de juicios atrasados.
Para los miembros del sector, la legislación secundaria coronará la transformación sindical. Esa que, según Bouzas, obligará a las organizaciones a reinventarse para dar respuesta a las necesidades de los colaboradores, y a las compañías a perder el temor a la negociación. “Es una clase empresarial timorata, que parte del supuesto de que ella sola puede ser suficiente para sacar adelante un proyecto y no acepta que los trabajadores también tienen un papel que jugar”, describe.
Sin embargo, el éxito depende de que se trabaje de manera responsable, advierte Ricardo Grayeb, socio director del despacho laboral Grayeb Abogados. “Los focos rojos que alertarían que la transformación no va por buen camino serían que los sindicatos corporativos siguieran al frente”, apunta Bouzas. “Pero la reforma, hasta donde la conozco, va directo y a la cabeza para terminar con el corporativismo y poner en cuestionamiento esas cúpulas sindicales que se enriquecen de manera estratosférica”.
Las claves de la transformación
Estos serán los instrumentos que, según los especialistas, desarticularán el viejo esquema sindical en México.
PUBLICIDAD
1. Convenio 98 de la OIT. Promueve la libertad sindical y solicita poner en marcha las condiciones para estimular y fomentar la negociación colectiva voluntaria.
2. T-MEC. Impulsa el voto libre y secreto, así como el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva. Busca prohibir la injerencia del empleador en las actividades sindicales. Propone órganos independientes para registrar elecciones sindicales y resolver controversias.
3. Reforma al artículo 123 de la Constitución. Considera poner en marcha los tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado encargado de registrar los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Etiqueta: Graciela Bensusán
Sindicatos, cambian o desaparecen: Graciela Bensusán
Foto EE: Archivo
Más importante que la ratificación del Senado al Convenio 98 de la OIT es la reforma laboral promulgada el 24 de febrero del 2017.
Diego Badillo
06 de octubre de 2018, 16:37
Si se termina la corrupción, como lo ha planteado el próximo gobierno, entonces los líderes sindicales estarán ante una disyuntiva: o aceptan las nuevas reglas del juego y aprovechan sus estructuras sindicales para cambiar y realmente defender a los trabajadores o desaparecen, planteó la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco Graciela Bensusán.
En entrevista comentó que, en el año 2000, cuando se dio la alternancia del partido en el gobierno federal, lo que pasó con los sindicatos adheridos a la CTM y otras centrales obreras del PRI fue que siguieron en ese partido, pero se subordinaron al gobierno.“Hicieron lo que el nuevo gobierno quería que siguieran haciendo (…) La única diferencia aquí (ahora) es que se acabará la corrupción, que es el ingrediente que sostenía a esos líderes en el poder, junto con el apoyo del Estado”.
La especialista expuso que habrá que ver qué va a pasar, pero, en principio, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que apuesta por la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida del país.
La académica explicó que México asiste a un proceso gradual de relegitimación de los sindicatos donde algunos desaparecerán. Algunos líderes dejarán de contar con el apoyo de sus representados y otros tendrán la oportunidad de reivindicarse.
Mencionó que la ratificación, por parte del Senado de la República, del convenio 98 de la OIT de 1949, si bien llega tarde, tiene un alto valor simbólico porque el sector obrero llevaba décadas impulsando esa acción, pero se topaba con muchas resistencias.
La prioridad es la ley secundaria de la reforma del 2017
Graciela Bensusán Areous expuso que es más importante que la ratificación del Senado al citado Convenio de la OIT es la reforma laboral promulgada el 24 de febrero del 2017.
Ese año se modificó la fracción XXII bis del artículo 123 la Constitución para hacer explícita la libertad de negociación colectiva, así como garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de contratos colectivos de trabajo.
Dijo que lo importante ahora es que se apruebe la ley reglamentaria a esa reforma constitucional.
La legislación tendrá que decir qué entendemos por representatividad, cuántos trabajadores se requieren mínimamente para que un sindicato pueda hablar en nombre de ellos en una negociación colectiva. Es decir, vamos a necesitar las reglas particulares para instaurar un nuevo modelo y llevarlo a la práctica.
En ese tenor precisó que lo que se busca es un nuevo modelo basado en la gobernabilidad democrática
diego.badillo@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sindicatos-cambian-o-desaparecen-Graciela-Bensusan-20181006-0012.html
¿En busca del paraíso laboral?

Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.
CUMPLIR LOS COMPROMISOS
Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/
El Futuro del Trabajo / Invitada: Dra. Graciela Bensusán
Escrito por México Social
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, en disponibilidad de producir bienes y servicios en el país fue del 59.2% de la población total del país durante el primer trimestre de 2017. Es decir, 53 millones 681 mil 720 mexicanos.
Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostraron que todas las modalidades del empleo informal sumaron 29.7 millones de personas, lo cual representa a 57.2% del total de la población ocupada del país. Además, la cantidad de personas en informalidad laboral aumentó 1.8% con respecto de 2016.
El INEGI define el empleo informal o informalidad laboral como aquellas condiciones de trabajo donde los trabajadores no pueden hacer efectivos ciertos derechos laborales, como la seguridad social, beneficios no salariales, liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo, ni tener acceso a las instituciones de salud comprendidas dentro de esos derechos. Ello, aunque la empresa en donde trabajen esté legalmente constituida ante la autoridad fiscal. Al respecto, cabe destacar que sólo 37% de la población mexicana tiene acceso a instituciones de la salud por su trabajo.
Por otra parte, dentro de la informalidad laboral también existe un ámbito más específico, el cual se refiere al sector informal. Los tipos de actividades dentro del sector informal son aquellas donde los trabajadores laboran por cuenta propia (autoempleo) o donde son trabajadores dentro de su familia y no reciben remuneración
Alrededor de 14 millones de personas trabajan en el sector informal en México y, dentro del mismo sector 13 millones 816 mil 069 de personas que son trabajadores independientes. Esta cifra equivale a 26.6% de la población ocupada.
Como los datos muestran, a pesar del crecimiento en el número de empleos formales registrados en el IMSS, hemos llegado a tasas históricas de condiciones de informalidad laboral. El desarrollo y el crecimiento de economía nacional depende, en sus cimientos, de la calidad del trabajo y del acceso a la calidad de vida a través de él.
https://www.youtube.com/watch?v=VkZPrDi3hDs
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-13-35-51/resena-programas/item/1572-el-futuro-del-trabajo-invitada-dra-graciela-bensusan#.W4y-Uuq1FnZ.facebook
Piden a Claudia Sheinbaum no integrar las Secretarías de Trabajo y Economía en la CDMX

El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y académicos en lo personal se han manifestado públicamente contra la propuesta de la próxima Jefa de Gobierno de la CDMX de integrar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a la de Economía.
Advierten que las actividades de la Secretaría de Trabajo, como la procuración de la defensa del trabajo no son factibles que las realice la de Economía. Y señala que “el mayor espacio laboral del país, quedaría acéfala en la materia”

Por el bien de todos, los trabajadores deben estar en el centro de la gestión gubernamental a todos los niveles.
Por su parte Graciela Bensusán especialista en estudios del trabajo, a nombre personal y de otros especialista solicitó a Claudia Sheinbaum establecer el diálogo, así como expuso sus puntos de vista “nos parece que la integración de la función relativa al empleo en otra dependencia va en contra de lo que se espera de un gobierno de izquierda y de las tendencias que hoy experimentan ciudades globales, cada vez más interesadas en la suerte de quienes trabajan en ellas y en sus condiciones particulares”.
“Revitalizar la política laboral como principal instrumento de inclusión social ha sido clave para disminuir la pobreza y la desigualdad así como para dar a los trabajadores la voz colectiva de la que fueron excluidos en la definición de las políticas. Abandonar esta centralidad, cuando desparecen o se adelgazan las secretarías de trabajo, lleva justamente al aumento de la pobreza y la desigualdad. De hecho, son gobiernos de derecha como el de Uribe en Colombia, Macri en Argentina o Temer en Brasil los que buscan a toda costa disminuir la importancia de la política laboral y reducir los recursos e instancias a cargo de su implementación”
En carta Bensusán también señala que “en el nuevo contexto económico mundial, son justamente los gobiernos progresistas de las ciudades globales los que están adoptando los instrumentos necesarios para garantizar las exigencias de protección social sin descuidar los requerimientos y condicionamientos de mercados laborales altamente competitivos, expuestos a las transformaciones tecnológicas y a una nueva informalidad laboral”
“¿Puede la CDMX ignorar estas tendencias, por más que resulte conveniente para aligerar la carga de la administración de la ciudad? Sería lamentable que sin un diagnóstico cuidadoso de los instrumentos que deben aprovecharse para incidir sobre la calidad de los empleos y sin medir las consecuencias del debilitamiento de esta función, se desaparezca una instancia que bien diseñada e implementada puede volverse en adelante un recurso poderoso para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores que habitan en la CDMX.”

A Continuación presentamos los textos completos
1) Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
- Claudia Sheinbaum Pardo:
El OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA REFORMA LABORAL integrado por sindicatos independientes, académicos y ciudadanos interesados por el futuro laboral, se reunió el pasado 18 de julio, con una asistencia tanto física como a través de medio electrónico que nos permite estimar una presencia de más de mil personas.
Con desconcierto recibimos información relacionada con que piensas integrar la Secretaria del Trabajo del gobierno de la Ciudad de México a la de Economía.
El Observatorio, con la participación de la Secretaria del Trabajo y la Presidenta de la CDH de CM, jugó un papel importante en detener la iniciativa presentada por CTM y CROC, reglamentaria de la reforma constitucional de febrero de 2017 y actualmente se encuentra con entusiasmo trabajando para, al inicio del próximo período legislativo, presentar una iniciativa reglamentaria democrática y que termine con la simulación contractual.
En esas condiciones y sabedor que muchas de las actividades de la indicada Secretaría no son factibles que las realice la de Economía, ejemplo; la de procuración de la defensa del trabajo, te invito a que consideres que no es afortunada la supresión de la de Trabajo de la Ciudad de México, el mayor espacio laboral del país, quedaría acéfala en la materia.
ATENTAMENTE
Coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
José Alfonso Bouzas Ortíz

2) Graciela Bensusán
Estimada #ClaudiaSheinbaum:
Mi nombre es Graciela Bensusán, soy especialista en estudios del trabajo y como muchos, una admiradora del proyecto que tú encabezas en la ciudad y Andrés Manuel López Obrador en el país. Te escribo porque he recibido varios mensajes de diferentes colegas expresando una gran preocupación por el peligro de que se proponga, como parte de la reestructuración de la administración de la CDMX, la desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Me han pedido que te exprese nuestro punto de vista al respecto.
Entendemos perfectamente la necesidad de revisar las estructuras administratativas y evitar el desperdicio de recursos para hacer más eficaz el gobierno que muy pronto estará a tu cargo.
Sin embargo, nos parece que la integración de la función relativa al empleo en otra dependencia va en contra de lo que se espera de un gobierno de izquierda y de las tendencias que hoy experimentan ciudades globales, cada vez más interesadas en la suerte de quienes trabajan en ellas y en sus condiciones particulares.
No hay que olvidar las responsabilidades que se derivan del importante artículo 10, apartado B, incluido en la Constitución de la CDMX, que logró establecer, superando resistencias injustificables, un innovador marco de derechos para los trabajadores que habitan en ella y los servidores públicos que las autoridades deberán atender para hacerlos efectivos. Nos parece que este nuevo marco institucional ofrece una oportunidad invaluable para un gobierno de izquierda que se propone cerrar las vías a la delincuencia a partir de asegurar una vida digna a sus habitantes.
El tema de la calidad del empleo está hoy en el centro de las políticas públicas que buscan luchar contra la pobreza y la desigualdad y reconocen que las políticas sociales adoptadas en los últimos treinta años no han sido capaces de promover la inclusión y el bienestar de los ciudadanos, la mayor parte de los cuales viven de los ingresos provenientes del trabajo.
No solo los organismos internacionales lo reconocen, como es el caso del FMI, el BM y el BID, junto a la OIT, sino que la experiencia de los gobiernos de izquierda en la región lo ha demostrado. Revitalizar la política laboral como principal instrumento de inclusión social ha sido clave para disminuir la pobreza y la desigualdad así como para dar a los trabajadores la voz colectiva de la que fueron excluidos en la definición de las políticas. Abandonar esta centralidad, cuando desparecen o se adelgazan las secretarías de trabajo, lleva justamente al aumento de la pobreza y la desigualdad. De hecho, son gobiernos de derecha como el de Uribe en Colombia, Macri en Argentina o Temer en Brasil los que buscan a toda costa disminuir la importancia de la política laboral y reducir los recursos e instancias a cargo de su implementación.
En cambio, en el nuevo contexto económico mundial, son justamente los gobiernos progresistasde las ciudades globales los que están adoptando los instrumentos necesarios para garantizar las exigencias de protección social sin descuidar los requerimientos y condicionamientos de mercados laborales altamente competitivos, expuestos a las transformaciones tecnológicas y a una nueva informalidad laboral que resulta del trabajo en plataformas digitales. Justamente este tipo de ciudades, como la CDMX, son las que más pronto y con mayor profundidad experimentan el deterioro de los empleos y la necesidad de contrarrestarlo a través de una permanente y cuidadosa intervención.
¿Puede la CDMX ignorar estas tendencias, por más que resulte conveniente para aligerar la carga de la administración de la ciudad?Nos parece que esta intervención es hoy más importante que nunca en nuestra ciudad, en un contexto en donde se han adoptado importantes reformas constitucionales (como la de febrero de 2017 en el artículo 123) y una nueva Constitución para la ciudad. Sin duda estas tareas requieren de una estrecha colaboración entre autoridades locales y federales en diversos ámbitos que fortalezcan la capacitación de los trabajadores asalariados y no asalariados, la protección ante el desempleo, la conciliación de los conflictos y el ejercicio concurrente de funciones de fiscalización e inspección que podrán incidir en niveles más altos de formalización laboral y supresión de prácticas de simulación que afectan a millones de trabajadores y empresas.
Por lo anterior, concluimos que sería lamentable que sin un diagnóstico cuidadoso de los instrumentos que deben aprovecharse para incidir sobre la calidad de los empleos y sin medir las consecuencias del debilitamiento de esta función, se desaparezca una instancia que bien diseñada e implementada puede volverse en adelante un recurso poderoso para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores que habitan en la CDMX.
Te proponemos respetuosamente que antes de tomar esta decisión establezcamos un diálogopara analizar las oportunidades que para el gobierno de la ciudad se abren si se decide a asumir las responsabilidades que se derivan del nuevo marco institucional de la ciudad, comprometido con los derechos humanos laborales y a tono con las transformaciones que se vienen experimentando en ciudades como ésta.
Parafraseando un lema muy querido, por el bien de todos los trabajadores deben estar en el centro de la gestión gubernamental a todos los niveles.
Atentamente
Graciela Bensusán, UAM X.
Hay uso indiscriminado de “figuras novedosas” en contratación de burócratas

Foto EE: Archivo
Desde hace más de tres décadas que el liderazgo sindical en la administración pública ha permitido el uso indiscriminado contratación bajo esquemas de honorarios, becarios o servicio social.
María Del Pilar Martínez
16 de julio de 2018, 13:48
Desde hace más de tres décadas que el liderazgo sindical en la administración pública, encabezada por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, ha permitido el uso indiscriminado contratación bajo esquemas de honorarios, becarios o servicio social, dando pie a que trabajadores de estructura queden indefensos de las prestaciones laborales.
Al respecto, Alfonso Bouzas, especialista laboral de la UNAM, e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, comentó que 65.1% de los trabajadores al servicio del Estado es sindicalizado, 7.2% de confianza y 12.2% tuvieron contratos eventuales o por honorarios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el gobierno federal cuenta con 4.2 millones de servidores públicos; de los cuales 2 millones 734,200 son sindicalizados; 302,400 son de confianza y 514,400 tienen un contrato eventual o de honorarios
Según el Plan de Austeridad del gobierno electo que encabezará, a partir del primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador, el 70% de los trabajadores de confianza deberán desaparecer.
“La relación contractual del Gobierno como patrón, tiene que ser regularizada, no se abren plazas. Aquella que se dejan por alguna jubilación terminan cancelándose y sólo se hacen contrataciones de confianza, servicio social o becario”, señala Bouzas.
En ese sentido, dijo Bouzas, lo que se tienen que hacer es una regularización “como trabajador, no es lo mismo el secretario o el asesor, a un trabajador que cumple con un horario y con un trabajo en específico y que fue obligado a contratarse como trabajador de confianza o por honorarios”.
Especialistas laborales consultados refieren que hay direcciones, como es el caso de las áreas de Comunicación Social, en el que 90% de los trabajadores están contratados por un tercero y bajo el esquema de “profesionistas por honorarios”.
Por su parte Graciela Bensunsan, especialista laboral de la UAM, comentó que es indispensable hacer una revisión del aparato burocrático, y sobre todo identificar los puestos que hace funciones similares y no se justifican; asimismo, sobre la tercerización a la que se ha llevado al gobierno.
Si bien, el servicio de limpieza lo realiza en su mayoría gente externa, “no se justifica que todo el trabajo lo dé a un tercero el gobierno”, añadió Bouzas.
De acuerdo con el líder de la FSTSE, afirmó que no habrá despidos de trabajadores sindicalizados; e informó que esperarán que tome posición como presidente de la República López Obrador, para atender los temas vinculados con los trabajadores al servicio del Estado.