LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Por: Darío Celis Estrada
29 de Marzo 2019 · 04:00 hs
Si la CNTE no trastoca los tiempos políticos del Congreso, los legisladoress de Morena aprobarán la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador convocará a una mega marcha el 1 de Mayo en el Zócalo de la CDMX.
Todo apunta a que una vez derogada la reforma educativa de Enrique Peña, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión del Trabajo que preside Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, iniciará el debate la próxima semana sobre la propuesta de la LFT propuesta por Morena y conocida como la “Ley Alcalde”.
Diputados consultados estiman que se aprobará la ley antes de Semana Santa, de tal suerte que el Senado de la República sólo tendrá del 22 al 30 de abril, fin del Periodo Ordinario de Sesiones, para ratificar lo aprobado.
Hay quienes dicen que la cámara de origen fue diputados para evitar el manoseo de Napoléon Gómez Urrutia, Pedro Haces y otros legisladores afines a Francisco Hernández Juárez.
Las mayorías que tiene Morena en diputados y senadores garantizan que la “Ley Alcalde” va a pasar sin ningún problema, lo que los expertos en derecho laboral estiman es que la puesta en marcha de la nueva LFT será lo que enfrente al sindicalismo cercano al PRI.
Estamos hablando de la CTM de Carlos Aceves del Olmo, la CROC de Isaías González, la CROM que dirige Rodolfo González Guzmán y la CTC que encabeza Abel Domínguez.
Uno de los puntos controversiales de la nueva ley es el que se refiere a la “detentación del contrato”, o la titularidad del contrato por parte de un sindicato.
Con la actual legislación el recuento por la titularidad se da al final de un proceso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se exhibe qué grupo o qué sindicato tiene el mayor número de trabajadores sindicalizados.
Con la nueva el proceso se acelera: un grupo nuevo, que no sea el titular del contrato, puede pedir un recuento previo y la autoridad puede dar una “constancia de mayoría”, lo que representa que la vida de la empresa cambie inmediatamente por la agitación sindical.
De aprobarse la LFT antes del 30 de abril, quedaría abierta la puerta para la gran marcha del nuevo sindicalismo mexicano encabezada por Pedro Haces de la Catem y Napoleón Gómez Urrutia de la Confederación Internacional de Trabajadores.
Etiqueta: Isaías González
Urgen regular outsourcing
02 de agosto 2018.- frustrado, paradójicamente a presión de sindicatos estadounidenses y canadienses, un intento de colar en una rendija de la iniciativa para modificar el escenario de justicia laboral la generalización del esquema de outsourcing o tercería de cara a las empresas, por aquellas cosas raras de la vida la Secretaría de Economía mantiene congelada la posibilidad de regular la actividad
La cuña, por absurdo que parezca, la habían colocado en la mesa del Congreso dos líderes obreros con credencial de senadores: Isaías González y Tereso Medina Ramírez, ambos priístas.
El primero es dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); el segundo del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos afiliado a la CTM.
El marco propuesto hablaba además de eliminar un artículo de ley que vuelve corresponsables de las omisiones de las tercerías en materia fiscal, prestaciones sociales o salarial a las empresas contratantes.
La queja liderada por la central estadounidense AFL-CIO en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obedecía, naturalmente, a la fama de laxitud en que operan las firmas que ofrecen recursos humanos a las empresas para determinadas actividades.
Ninguna de ellas cuenta con sindicato.
El caso es que desde hace tres años navega a la deriva en la Secretaría de Economía una posibilidad de Norma Oficial Mexicana que fijaría parámetros para la contratación de capital humano, además de obligar a cumplir las obligaciones de inscripción al IMSS, al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Hace una década el Seguro Social había enviado al Congreso un estudio en que se hablaba de graves irregularidades de las firmas para incumplir con sus obligaciones que oscilaban desde la creación de empresas fantasma con oficinas prácticamente “pelonas”, para no sufrir en caso de embargo, hasta de manejar dos nóminas para efectos de inscripción al organismo.
La discusión derivó, siete años después, en una modificación a la Ley Federal del Trabajo para corresponsabilizar de las omisiones a los clientes de los patrones de quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia.
En el marco terció el Servicio de Administración Tributaria, quien emitió en 2017 una miscelánea fiscal vía la cual se exigía a las empresas contratantes enterar la nómina de la tercería con acuse de recibo de percepción por parte de los trabajadores, en paralelo a la comprobación de pago del Impuesto Sobre la Renta y la declaración del IVA.
La sanción para las omisas sería cancelar el derecho de deducción de los gastos que generaran las subcontratadas. Sin embargo, tras una tórrida batalla en tribunales, las empresas lograron que se simplificara el papeleo, colocando como simple requisito al registro del contrato con las outsourcing y los datos de los trabajadores.
La posibilidad de la norma que colocaría en línea requisitos y obligaciones para instalar una empresa de tercería, con obligación, naturalmente, de someter a inspección las existentes, la ha frustrado la exigencia, prácticamente, de unanimidad por parte de las firmas consultadas.
Aunque la mayoría de las grandes exige implantar la regulación para trabajar sin sobresaltos para su causa y la de la contratante, la resistencia es impenetrable.
¿Nos esperamos a que se vuelva requisito para dar el sí al TLCAN?
Balance general. Aunque oficialmente no hay nada escrito aún, hay señales que apuntan a que la Casa Blanca se saldrá con la suya, como lo había planteado el presidente Donald Trump, de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte derive de un acuerdo trilateral a dos bilaterales. La negociación se está desenvolviendo a partir de la semana pasada sólo entre México y Estados Unidos, destrabándose el punto nodal que impedía avances, es decir el tema automotriz, donde ya habría un acuerdo en ubicar la regla de origen, es decir el contenido regional en 72%, frente a 80% que pedía EU.
En el marco laboral parecería perfilarse la propuesta de México de un mínimo salarial de 16 dólares por hora para trabajadores en el área de ensamble de motores. Sin embargo, Estados Unidos insiste en que el acuerdo tenga muerte súbita cada cinco años, lo que implicaría volver a negociar algunos temas en medio de la presión de un paréntesis. México acepta revisar el concierto cada lustro, pero sin la posibilidad de cancelación abrupta.
Esperanza inútil. Mientras las administradoras para el retiro Sura y Banamex se curan en salud aduciendo que hay muchas apuestas ganadas frente a un posible quebranto de cara al dinero de los trabajadores que arriesgaron en la adquisición de Certificados de Capital de Desarrollo expedidos por Axis Capital a favor de la empresa Oro Negro, en proceso de quiebra, los accionistas extranjeros de la firma contratista de Pemex se juegan su resto en la demanda colocada bajo el marco del TLCAN. El reclamo habla de una indemnización, a título de que Pemex provocó la derrota de la firma, por mil millones de dólares. El problema es que aún no ha sido aceptada la querella, lo que ha impedido la constitución en un panel de solución de controversias, por más que los quejosos ya tienen un perito listo. La deuda a favor de los trabajadores en proceso de retiro es equivalente a 250 millones de dólares. Magia digital. Aunque Televisa y Televisión Azteca elevaron sorprendentemente sus audiencias a la vera de los dos eventos de mayor expectación en el país, el Mundial de futbol y la elección presidencial, la primera logró posicionarse, en paralelo, en el marco de internet.
La audiencia total en el primer evento para la televisora de Avenida Chapultepec fue de 186 millones, alcanzando Azteca 139.
El hecho es que en el marco digital, de acuerdo con cifras de Comscore, la primera sumó 28 millones de usuarios únicos, de los que 42.4% visualizó los contenidos alusivos a la justa deportiva y 36.4% en los noticiarios. La firma de medición ubicó un crecimiento de 351% en la señal de Televisa deportes, superando a los portales más populares del país.
Del proceso electoral, la audiencia digital se elevó 34%, pasando de 7.8 a 10 millones entre mayo y junio. La estrategia la diseñaron Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/urgen-regular-outsourcing
Gremios de 3 países piden que no pase la reforma laboral
Dictamen de corte patronal, acusa la ANAD
Protestan organizaciones en el Senado
Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 6 de abril de 2018, p. 18
Organizaciones de trabajadores independientes tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, así como académicos y abogados, demandaron en el Senado que no se apruebe el proyecto de dictamen sobre justicia laboral que impulsan el PRI y el gobierno federal, ya que acaba con derechos fundamentales de los trabajadores. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) acusó que dicha propuesta es absolutamente de corte patronal.
Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y otros organismos gremiales independientes, exigieron que se abran foros de discusión sobre la iniciativa de los senadores priístas Isaías González y Tereso Medina, dirigentes de la CTM y la CROC, toda vez que violenta derechos ya adquiridos.
Como parte de su posicionamiento leyeron cartas de Richard L. Trumka, presidente de la central estadunidense AFL-CIO; de James P. Hoffa, dirigente del poderoso sindicato de transportistas, los Teamstears; de Ben Davis, del Sindicato de la Industria del Acero, y de Sharon Burrough, representante de sindicatos canadienses, dirigidas al presidente del Senado, Ernesto Cordero.
La legislación que están impulsando crea barreras que impiden a los trabajadores formar sindicatos independientes y democráticos, negociar salarios justos, lo que socava la reforma de 2017, y viola los compromisos de México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, se advierte en el escrito de los Teamsters.
Criticaron la eliminación en la iniciativa del voto secreto para aprobar los acuerdos de negociación colectiva. Arturo Alcalde, asesor jurídico, dijo que están en pie de guerra en contra de este proyecto de ley.
El senador del PT Morena, Luis Humberto Fernández, comentó que es muestra de que la preocupación por esa contrarreforma laboral ya rebasó las fronteras nacionales y sostuvo que su bancada sigue atenta ante un posible albazo del PRI y sus aliados.
Por separado, la ANAD, presidida por el abogado Nahir Velasco, expuso que el proyecto es contrario al artículo 123 constitucional, porque niega derechos, como la libertad sindical, y también facilita el despido de personal ya que las empresas no estarán obligadas a dar aviso de rescisión de contrato; además de que desaparecen las comisiones mixtas previstas en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, e impide el derecho de huelga.
http://www.jornada.unam.mx:8810/2018/04/06/politica/018n1pol
Acusan albazo del PRI para avalar ley de justicia laboral
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 1º de abril de 2018, p. 10
Sin que se haya discutido en el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende aprobar al regreso de vacaciones una ley secundaria de justicia laboral que revierte la reforma constitucional en la materia y atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores, denunciaron legisladores de los partidos del Trabajo (PT), Morena y de la Revolución Democrática (PRD).
Coincidieron en que se trata de una contrarreforma que debe frenarse, porque elimina la autonomía que en la modificación a la Carta Magna de febrero de 2017 se dio a los órganos responsables de impartir justicia laboral, fortalece los contratos de protección y elimina el voto secreto para elegir a representantes sindicales, emplazar a huelga o adoptar otras decisiones colectivas.
El secretario de la Comisión de Trabajo, Luis Humberto Fernández (Morena), comentó que es una vergüenza que el PRI permita que se use al Senado como oficialía de partes del gobierno federal, ya que todo el proceso de esa ley, que debió aprobarse el 25 de febrero, se ha realizado fuera de esa cámara en forma casi clandestina.
Recordó que la iniciativa de los priístas Tereso Medina e Isaías González Cuevas fue elaborada en despachos empresariales, y no conformes con ello, siguieron la negociación con la cúpula empresarial y la Secretaría del Trabajo. El viernes 23, al inicio de las vacaciones de Semana Santa, se distribuyó el proyecto de dictamen en comisiones.
El senador Fernández recalcó que el jueves 22, fuera del pleno senatorial, preguntó al recién incorporado presidente de la Comisión de Trabajo, José María Tapia (PRI), cuándo se reunirían para discutir el tema y él respondió que apenas lo iba revisar. Sin embargo, al día siguiente lo repartió.
El legislador de PT-Morena adelantó que denunciará las irregularidades ante la Comisión de Trabajo y la mesa directiva del Senado y exigirá que se legisle en esa cámara y se lleven a cabo foros de análisis con representantes de los trabajadores y académicos.
Por separado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, dijo que PRI y Acción Nacional intentarán dar un albazo en los primeros días de abril, por lo que estarán preparados.
De entrada, dijo, junto con representantes de organizaciones sindicales independientes se reunió el lunes pasado con el secretario del Trabajo, Roberto Campa, quien se comprometió a negociar con el PRI antes de aprobar el dictamen.
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/01/politica/010n1pol
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral. Foto: El Universal
Aunque el secretario del Trabajo afirma que el tema del outsourcing será sacado del proyecto, hay temor de que al final se libere
Por: Francisco Castro
20 de Febrero 2018 · 09:38 hs
Sinaloa.- A pesar de proponer la liberalización de la subcontratación (outsourcing), tema que podría ser retirado del proyecto, además de facilitar los despidos injustificados, reducir las indemnizaciones y limitar el derecho a la libertad sindical, la propuesta de reforma laboral que actualmente está en el Senado de la República podría ser aprobada antes del 26 de febrero, situación que, de acuerdo con especialistas, podría poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Esta iniciativa, presentada el 7 de diciembre del 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho laboral y sindical, pero también quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inconformidad de algunos dirigentes, como el propio Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, quien el 8 de febrero advirtió en su cuenta de Facebook que esta es «la peor reforma laboral en la historia de México».
María Carmen Macías
Para la doctora María Carmen Macías Vázquez, investigadora del área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta polémica iniciativa es el reflejo de cómo se hacen las cosas en materia legislativa en el país: «El problema es que todo se hace apresuradamente, cuando a esto tiene que dársele el tiempo y la maduración».
El polémico tema del outsourcing
Definido legalmente como el régimen de subcontratación por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la Ley Federal del Trabajo contempla actualmente una serie de candados para ello.
Impide abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; justificarse por su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
La reforma propone, en su artículo 1119, que a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa se le impondrá multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 2015 a 403 000 pesos, y especifica dos casos en los que se estaría incurriendo en ello.
La doctora Macías Vázquez, investigadora de la UNAM, recordó que en 2012 intentaron los legisladores federales quitar los candados al outsourcing para poder subcontratar libremente a todos los trabajadores, pero en ese momento se hizo hincapié en que esto podría causar problemas de responsabilidad a la hora de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.
Imagen Especial
Liberar la subcontratación abarataría la contratación de mano de obra, pero también el despido, además de que una de las finalidades de los candados existentes es garantizar que las empresas sean socialmente responsables, detalló.
Sobre las críticas de que con esta iniciativa pretenden facilitar un crecimiento en las cifras de empleo, más allá de proteger los derechos de los mismos, coincidió con ello y añadió que no se meditaron los alcances que esta podría tener: «Con el afán de dar cifras de empleo, no se medita y se quitan ciertos candados para liberalizar, pero en el fondo les falta mucha más meditación en el análisis de lo que están regulando porque el número de plazas que se abren o de contrataciones no quiere decir que sea un empleo (bien) remunerado».
Subcontratación, una práctica viciada
Para Miguel Ángel Delgado, también especialista en derecho laboral, el outsourcing es un buen sistema traído de los Estados Unidos, pero en México se le ha dado un sesgo distinto para eludir al fisco desde hace años, lo que provoca que se afecten los derechos de los trabajadores.
Napoleón Gómez
El abogado asegura que «las grandes empresas outsourcing son propiedad de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda», y las más conocidas —dijo— son las que ofrecen personal de vigilancia y limpieza.
Sobre el funcionamiento viciado, explicó que estas denominadas prestadoras de servicios piden a las empresas contratantes que les pasen a sus trabajadores, por los cuales reciben el pago, y luego lo triangulan. Una especie de administración de nómina que impide al trabajador conocer a su patrón y obtener acceso a las utilidades.
«Cuando se llega la hora de repartir las utilidades, esto se hace con la utilidad de la prestadora del servicio, no con la de la empresa donde realmente trabaja».
A inicios de este mes, Arturo Alcalde Justiniani, columnista de La Jornada y especialista en derecho laboral y sindical, lamentó en su columna escrita en dicho diario nacional que, de aprobarse esta iniciativa, «se podrá acceder a la subcontratación cumpliendo tan solo con los derechos mínimos de ley», comentó.
Al respecto, el 6 de febrero, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, declaró que, ante la resistencia, «en la regulación de la contratación vía outsourcing deben prevalecer los principios de la reforma laboral del 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas». Ese mismo día, el funcionario federal declaró a La Jornada que se sacaría del proyecto este tema del outsourcing.
Despidos e indemnizaciones flexibles
El proyecto de reforma laboral también contempla la Unidad de Actualización y Medida (UMA) y no el salario mínimo como unidad para el pago de las indemnizaciones no solo por despido injustificado, sino en caso de indemnización por riesgo de trabajo, muerte o incapacidad; además de permitir al patrón la realización de despidos masivos sin justificar el motivo de la quiebra o la «incosteabilidad» del trabajo.
Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en entrevista para EL DEBATE afirmó que está demostrado que si se le quitan las reglas para el despido a los patrones, esto no genera mejores empleos, lo único que causa es que se dañen los derechos de los trabajadores y las capacidades de estabilidad, pues explica que los empleados quedan tan desprotegidos que no tiene posibilidad de dar su mejor resultado.
Comentó que, pese a la gran desigualdad social, con expresidentes de la República con pensiones de 50 millones al año, no debería haber pretextos para garantizar a los ciudadanos estándares mínimos de bienestar, donde tuvieran un ingreso básico que les permita cumplir con los más elemental: «Esto no significa darle un salario o ingreso máximo a todos los mexicanos o que todos tengan un mismo sueldo por decreto, sino que “exista un piso” de protección para quienes padezcan un problema, y el desempleo lo pueden afrontar con una mínima dignidad», indicó.
Para Arturo Alcalde Justiniani, las reglas que se proponen sustentarían la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, y así lo escribió en su columna titulada «Carta a los legisladores», publicada el 3 de febrero en La Jornada.
Las 5 claves
- Expertos advierten falta de consenso con organismos no oficialistas
- A nivel internacional se teme un atenta do contra la libertad sindical
- No garantiza un salario digno, como lo exige el TLC, opina investigadora
- Laboristas ven la mano de empresarios en la liberación del outsourcing
- Descartan que el tema electoral frene la aprobación de la reforma
PARA ENTENDER
Prometen más empleos
Como parte de la justificación de la reforma laboral, los senadores expusieron en la sinopsis que esta «incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores». Sin embargo, expertos en derecho laboral y sindical advierten que esto va contra el trabajo colectivo y generaría trabajos mal pagados.
Con información de David Ortega, corresponsal
https://www.debate.com.mx/sinaloa/De-lesiva-califican-la-propuesta-de-reforma-laboral-20180220-0040.html
Defienden pilotos gremialismo en Senado
Por Francisco Pazos
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Unión Nacional de Trabajadores (UT) se manifiestan hoy martes en el Senado de la República en contra de las reformas a la Ley Federal del Trabajo que, argumentan, pondrán en riesgo sus libertades gremiales.
La manifestación fue pactada entre ambas organizaciones para llevarse a cabo a las 11:00 horas y estará enfocada en las modificaciones que los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, propusieron, particularmente en el artículo 388 de la legislación federal.
Dicho artículo establece las normas que se seguirán en caso de que existan varios sindicatos dentro de una misma empresa.
“Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo”, dice parte del artículo.
“La propuesta de ambos senadores está encaminada a desaparecer a sindicatos como el de Pilotos. Es decir, quitarlos de la Ley, y que sean grandes sindicatos de industria, como los que representan la CTM y en la CROC, para que tengan las contrataciones colectivas de la mayoría de los trabajadores de la industria nacional”, explicó Mauricio Rodríguez, secretario de Prensa y Publicidad de ASPA.
Rodriguez agregó que las propuestas de modificaciones significarían un retroceso de la reforma constitucional en la materia aprobada y publicada en 2012, ya que se volvería a un modelo de “gran sindicato de industria”, representado por la CTM y la CROC.
Los anterior significaría que “de ahora en adelante no podrá haber pilotos solos, sino que ellos (la CTM y la CROC) en sus grandes sindicatos tendrán a todos los trabajadores de una aerolínea”, indicó el vocero de ASPA en entrevista con A21.
Este modelo ya existe con tres contratos colectivos que trabajadores de las aerolíneas Volaris, Viva Aerobús y sobrecargos de Aeroméxico Connect mantienen con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos, agrupación que ha sido señalada de proteger los intereses de la empresa sobre el de los trabajadores.
“Si se acepta la iniciativa de ley, jamás ningún gremio de pilotos aviadores de la empresa que sea va a poder tener el estudio de las características de su trabajo de manera gremial, lo va a tener que aprobar y decir dentro de un gran conglomerado de trabajadores de sindicato de industria”, apuntó Rodríguez.
El vocero de ASPA consideró que incluso si las propuestas de reforma fueran aprobadas, el sindicato tendría la posibilidad de buscar un amparo, ya que se estaría violentando el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México es firmante, y que protege la libertad sindical.
Para Rodríguez, los riesgos que la reforma implica son la desaparición de los sindicatos gremiales, anulación de algunos derechos colectivos y de la posibilidad de lucha por mejorar las condiciones de la seguridad social para los pilotos; así como la opción de huelga.
En la manifestación participarán alrededor de 500 trabajadores entre los que estarán miembros de ASPA y de otros sectores gremiales que resultarían afectados con las reformas propuestas.
http://a21.com.mx/normatividad/2018/02/20/defienden-pilotos-gremialismo-en-senado
Iniciativa laboral: un monstruo jurídico
sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
“Cumpliremos tiempos en justicia laboral”
Más consultas, innecesarias: Isaías González
Uno de los autores de la iniciativa de legislación secundaria aseguró que la redacción del dictamen ya está muy avanzada.
María Del Pilar Martínez
14 de febrero de 2018, 23:34
Tras señalar que el Senado de la República cumplirá con el tiempo estipulado para la aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, misma que se cumple al término de este mes, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que no hacen falta más consultas sobre el tema cuando lo que se quieren es dar paso a un nuevo sistema de procesal en la materia.
En entrevista, comentó que nadie se puede oponer a terminar con el “coyotaje” que se registra en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, y en donde el único perjudicado es el trabajador, “de ahí la importancia de la aprobación de las leyes secundarias que cumplen con lo que se aprobó en la Constitución el año pasado”.
El legislador, quien es autor de la iniciativa de leyes secundarias, afirmó que “hay personas que no quieren que se cambie el sistema porque tienen un beneficio, son los que se oponen al cambio, les representa un negocio que al final perjudica al trabajador”.
Cabe destacar que el pasado martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para abrir espacio a una “amplia consulta” sobre la propuesta en la legislación para una nueva impartición de justicia laboral. De acuerdo con los tiempos en el proceso legislativo, las leyes secundarias deben estar aprobadas para el 26 de febrero.
El también secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)expuso que avanzar en un proceso modelo de impartición de justicia permitiría disminuir el rezago que se tiene en las juntas, “tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen un rezago de juicios de 430,000; y ahí quienes están ganando son los intermediarios”.
Recordó que los cambios, primero en la Constitución, fueron resultado de un amplio análisis que encargó el presidente Enrique Peña Nieto al Centro de Investigación y Docencia Económica, “ahí se encontraron y se documentaron los vicios del sistema de imputación de justicia, y es eso, sólo eso lo que pretendemos que avance. No son necesarias ya más consultas”.
Con respecto al tema de outsourcing, que causó controversia, reiteró que ya se tuvo un acuerdo con senadores, la Iniciativa Privada y el gobierno para determinar que no se eliminarán los candados al régimen de la subcontratación, ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
González Cuevas afirmó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación, y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para la empresa, como las administrativas, ventas, gestión, logística, y limpieza. Explicó que la redacción del dictamen de la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cumpliremos-tiempos-en-justicia-laboral-20180214-0158.html
El palomazo de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral
Saúl Escobar Toledo
El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.
Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.
Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.
Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.
La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.
Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.
Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tiene ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.
El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.
Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.
Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrecen flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.
Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga sólo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal.
El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital ha sido muy acelerado. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.
En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.
En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.
En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.
Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.
Según la OIT este es el camino para una sociedad próspera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social. Eso es lo que está en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.
https://suracapulco.mx/2018/02/14/palomazo-isaias-tereso-la-contrarreforma-laboral/
Se conservan restricciones del outsourcing
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
Legisladores, representantes del sector patronal y el gobierno federal acordaron mantener los candados al régimen de outsourcing en la reforma laboral y no liberar este esquema.
El dirigente en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Tereso Medina, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, indicaron que estos tres sectores participaron en las negociaciones en las que se determinó que no se modificarán los artículos en los que se trata la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.
Indicaron que incluso en la Comisión de Trabajo del Senado la redacción del dictamen de la iniciativa ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
A su vez el senador González Cuevas planteó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas, como las labores de limpieza, logística, gestión, ventas y tareas administrativas.
Por eso se acordó que no se eliminarán las restricciones al régimen del outsourcing ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto, Tereso Medina expuso que los cambios que se proponen, modifican de manera radical el actual modelo de justicia laboral, privilegian la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos y sentencias judiciales.