De lesiva califican la propuesta de reforma laboral. Foto: El Universal
Aunque el secretario del Trabajo afirma que el tema del outsourcing será sacado del proyecto, hay temor de que al final se libere
Por: Francisco Castro
20 de Febrero 2018 · 09:38 hs
Sinaloa.- A pesar de proponer la liberalización de la subcontratación (outsourcing), tema que podría ser retirado del proyecto, además de facilitar los despidos injustificados, reducir las indemnizaciones y limitar el derecho a la libertad sindical, la propuesta de reforma laboral que actualmente está en el Senado de la República podría ser aprobada antes del 26 de febrero, situación que, de acuerdo con especialistas, podría poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Esta iniciativa, presentada el 7 de diciembre del 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho laboral y sindical, pero también quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inconformidad de algunos dirigentes, como el propio Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, quien el 8 de febrero advirtió en su cuenta de Facebook que esta es «la peor reforma laboral en la historia de México».
María Carmen Macías
Para la doctora María Carmen Macías Vázquez, investigadora del área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta polémica iniciativa es el reflejo de cómo se hacen las cosas en materia legislativa en el país: «El problema es que todo se hace apresuradamente, cuando a esto tiene que dársele el tiempo y la maduración».
El polémico tema del outsourcing
Definido legalmente como el régimen de subcontratación por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la Ley Federal del Trabajo contempla actualmente una serie de candados para ello.
Impide abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; justificarse por su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
La reforma propone, en su artículo 1119, que a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa se le impondrá multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 2015 a 403 000 pesos, y especifica dos casos en los que se estaría incurriendo en ello.
La doctora Macías Vázquez, investigadora de la UNAM, recordó que en 2012 intentaron los legisladores federales quitar los candados al outsourcing para poder subcontratar libremente a todos los trabajadores, pero en ese momento se hizo hincapié en que esto podría causar problemas de responsabilidad a la hora de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.
Imagen Especial
Liberar la subcontratación abarataría la contratación de mano de obra, pero también el despido, además de que una de las finalidades de los candados existentes es garantizar que las empresas sean socialmente responsables, detalló.
Sobre las críticas de que con esta iniciativa pretenden facilitar un crecimiento en las cifras de empleo, más allá de proteger los derechos de los mismos, coincidió con ello y añadió que no se meditaron los alcances que esta podría tener: «Con el afán de dar cifras de empleo, no se medita y se quitan ciertos candados para liberalizar, pero en el fondo les falta mucha más meditación en el análisis de lo que están regulando porque el número de plazas que se abren o de contrataciones no quiere decir que sea un empleo (bien) remunerado».
Subcontratación, una práctica viciada
Para Miguel Ángel Delgado, también especialista en derecho laboral, el outsourcing es un buen sistema traído de los Estados Unidos, pero en México se le ha dado un sesgo distinto para eludir al fisco desde hace años, lo que provoca que se afecten los derechos de los trabajadores.
Napoleón Gómez
El abogado asegura que «las grandes empresas outsourcing son propiedad de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda», y las más conocidas —dijo— son las que ofrecen personal de vigilancia y limpieza.
Sobre el funcionamiento viciado, explicó que estas denominadas prestadoras de servicios piden a las empresas contratantes que les pasen a sus trabajadores, por los cuales reciben el pago, y luego lo triangulan. Una especie de administración de nómina que impide al trabajador conocer a su patrón y obtener acceso a las utilidades.
«Cuando se llega la hora de repartir las utilidades, esto se hace con la utilidad de la prestadora del servicio, no con la de la empresa donde realmente trabaja».
A inicios de este mes, Arturo Alcalde Justiniani, columnista de La Jornada y especialista en derecho laboral y sindical, lamentó en su columna escrita en dicho diario nacional que, de aprobarse esta iniciativa, «se podrá acceder a la subcontratación cumpliendo tan solo con los derechos mínimos de ley», comentó.
Al respecto, el 6 de febrero, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, declaró que, ante la resistencia, «en la regulación de la contratación vía outsourcing deben prevalecer los principios de la reforma laboral del 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas». Ese mismo día, el funcionario federal declaró a La Jornada que se sacaría del proyecto este tema del outsourcing.
Despidos e indemnizaciones flexibles
El proyecto de reforma laboral también contempla la Unidad de Actualización y Medida (UMA) y no el salario mínimo como unidad para el pago de las indemnizaciones no solo por despido injustificado, sino en caso de indemnización por riesgo de trabajo, muerte o incapacidad; además de permitir al patrón la realización de despidos masivos sin justificar el motivo de la quiebra o la «incosteabilidad» del trabajo.
Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en entrevista para EL DEBATE afirmó que está demostrado que si se le quitan las reglas para el despido a los patrones, esto no genera mejores empleos, lo único que causa es que se dañen los derechos de los trabajadores y las capacidades de estabilidad, pues explica que los empleados quedan tan desprotegidos que no tiene posibilidad de dar su mejor resultado.
Comentó que, pese a la gran desigualdad social, con expresidentes de la República con pensiones de 50 millones al año, no debería haber pretextos para garantizar a los ciudadanos estándares mínimos de bienestar, donde tuvieran un ingreso básico que les permita cumplir con los más elemental: «Esto no significa darle un salario o ingreso máximo a todos los mexicanos o que todos tengan un mismo sueldo por decreto, sino que “exista un piso” de protección para quienes padezcan un problema, y el desempleo lo pueden afrontar con una mínima dignidad», indicó.
Para Arturo Alcalde Justiniani, las reglas que se proponen sustentarían la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, y así lo escribió en su columna titulada «Carta a los legisladores», publicada el 3 de febrero en La Jornada.
Las 5 claves
- Expertos advierten falta de consenso con organismos no oficialistas
- A nivel internacional se teme un atenta do contra la libertad sindical
- No garantiza un salario digno, como lo exige el TLC, opina investigadora
- Laboristas ven la mano de empresarios en la liberación del outsourcing
- Descartan que el tema electoral frene la aprobación de la reforma
PARA ENTENDER
Prometen más empleos
Como parte de la justificación de la reforma laboral, los senadores expusieron en la sinopsis que esta «incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores». Sin embargo, expertos en derecho laboral y sindical advierten que esto va contra el trabajo colectivo y generaría trabajos mal pagados.
Con información de David Ortega, corresponsal
