Para alusiones personales
1 de marzo de 2019
Jose Luis Camacho
El gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que impulsa una reforma laboral que actualice al sindicalismo mexicano. Ante ello, la clase trabajadora y liderazgos se han expresado.
Ante los señalamientos de personas sin experiencia ni capacidad, los auténticos liderazgos sindicales han levantado la voz y dicho que una reforma laboral sólo será con el consenso de los trabajadores.
Y es que el diputado Isaías González Cuevas, dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), advirtió que con la iniciativa en materia laboral propuesta por Morena, podrían verse afectados el derecho a huelga y la autonomía sindical.
“El proyecto de la iniciativa establece requisitos, condiciones y procedimientos sobrerregulados, que pueden afectar el derecho de huelga, a la contratación colectiva y a la autonomía sindical. Pero en todo lo demás estamos de acuerdo, salvo algunos puntos”.
En ese sentido, representantes de organizaciones obreras y sindicales pidieron a diputados que la próxima reforma laboral garantice el derecho de huelga, favorezca los contratos colectivos de trabajo, elimine la tercerización del trabajo (outsourcing) y reduzca los impuestos a la clase trabajadora y a las prestaciones sociales, entre otros puntos.
Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM, planteó que la reforma laboral considere la eliminación del outsourcing, reducción de impuestos a la clase trabajadora y a prestaciones sociales, y, además, revisar la jornada laboral, ya que México es de los países donde su población trabaja más de ocho horas diarias.
Ángel Celorio Guevara, representante de la CTM, expresó su desacuerdo con el planteamiento de permitir que extranjeros puedan ocupar puestos en la dirección de las organizaciones sindicales.
Ismael Cruz López, en representación de Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), sostuvo que la libre asociación, el voto secreto para elegir a los dirigentes sindicales, la transparencia y rendición de cuentas, así como la contratación colectiva, serán temas torales de la transición del ámbito laboral y la democracia sindical.
“La FSTSE dice sí a la rendición de cuentas, la cual es responsabilidad de los agremiados, sí a la democracia sindical a través del voto personal, libre y secreto, sí a la inclusión y a la paridad de género, eliminando todo acto de discriminación y sí a una libre contratación colectiva”, indicó.
En ese sentido, hizo un llamado a que, una vez aprobadas las reformas en materia de justicia laboral, no se transgreda el marco constitucional ni los convenios internacionales, de lo contrario, advirtió, se podría dar una oleada de amparos por la violación a la Carta Magna.
Rafael Olivos Hernández, en representación de Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se congratuló por la intención de actualizar y adecuar la legislación laboral a las nuevas realidades del mercado y dijo que será primordial que se garantice el mayor bienestar para los trabajadores y sus familias.
Señaló que entre los temas que se deben ponderar en esta reforma destacan la libertad sindical, de negociación colectiva y el voto libre y secreto para renovar una dirigencia gremial, así como la transparencia y rendición de cuentas, procurando disminuir el “burocratismo” que se aprecia en algunas propuestas.
“La libertad sindical y la negociación colectiva requieren un entorno habilitante y propicio que presupone la existencia de un marco legislativo que brinde protección y garantías, provea instituciones para facilitar la negociación colectiva y resolver conflictos, garantice una administración de trabajo y sea factor que potencie la integración de gremios sindicales”, dijo.
El secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, subrayó que la clave para tener una verdadera transformación en el mundo laboral, es generar condiciones para que los trabajadores sean quienes elijan y dirijan las organizaciones sindicales y decidan o no realizar una huelga, a través del “voto universal” en una urna.
“Que sea el trabajador quien elija directamente a su representante en una votación universal, esa es la clave y en el 90 por ciento de las organizaciones sindicales no se da así, aunque la elección se haga por voto directo y secreto”, apuntó.
@jlcamachov
Publicado por Jose Luis Camacho
Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; editor de la revista Legislatura; articulista de El Sol de México; conductor de radio.
Etiqueta: Justicia Laboral
Reforma Laboral debe proteger derechos de trabajadores y empresarios e impulsar la justicia social: diputados
Boletín N°. 1162
28-02-2019.- Durante las audiencias públicas para la Reforma Laboral que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, la legisladora Margarita García García (PT), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, afirmó que se recogerá todo lo planteado por los diversos sectores para aprobar la Reforma Laboral, en la que estarán incluidas las propuestas de empresarios y trabajadores.
El día de hoy se realizó la Mesa 4: “Centros de Conciliación y Registro Laboral”, de las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral, en la que se abordaron los ejes temáticos de las facultades, alcances y estructura interna de estos organismos.
Aclaró que “no vamos a aprobar una Reforma que dañe a los derechos de lostrabajadores, ni tampoco a los empresarios y a los diferentes sectores”.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explicó que no se trata de afectar ni al sector empresarial ni al laboral, sino de armonizar la legislación.
De la misma bancada, el diputado Marco Antonio Medina Pérez consideró que aún falta el diálogo entre empresarios y legisladores para retroalimentar las propuestas sobre Reforma Laboral.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) destacó que esta reforma será trascendente porque cubrirá la demanda de la justicia social y el respeto de los trabajadores.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) indicó que en este ejercicio de parlamento abierto se han recibido aportaciones de especialistas y expertos en la materia, que serán analizadas en la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó que se requiere un marco que proteja a los trabajadores y fomente el empleo y el crecimiento del país.
Se pronunció por modernizar la legislación laboral para fortalecer los derechos del trabajador, la seguridad jurídica que mejore sus condiciones, y permita generar más empleos e incentivar la inversión.
“Tratamos de que aquí salga un ganar-ganar, donde al mismo tiempo que garantizamos los derechos de los trabajadores, podemos mantener los estímulos necesarios para que las empresas inviertan en el país, generen más empleos formales y mejor remunerados”.
Propuso que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenga un carácter tripartito y participen la autoridad —como mediadora— trabajadores y empresas, como tres grandes áreas interesadas en proteger derechos y seguridad jurídica del trabajador, así como promover la inversión, con autonomía.
Queremos ser flexibles, juiciosos y hacer que las leyes se traduzcan en mejor bienestar; que todo transite en una mejoría para el trabajador. “De nada sirve meter cargas e inflexibilidades a los contratos colectivos y las relaciones laborales, si no se traduce en mejoría para trabajadores y para un crecimiento de la productividad”.
Enseguida, el presidente de la Comisión Laboral del CCE, Tomás Natividad Sánchez, manifestó que una reforma laboral mal entendida puede afectar la seguridad jurídica, el Estado de derecho, el equilibrio y diálogo social de relaciones laborales así como la planta productiva, el empleo formal y las bases para que el país crezca en inversión y se mejoren los ingresos de los trabajadores.
Manifestó su preocupación sobre diversos temas que, consideró, no se incluyen en la reforma, como el derecho a la libertad sindical, mientras que se contemplan cambios que rompen la estabilidad y seguridad jurídica de la planta industrial y de servicios.
El tema de la prórroga unilateral de la huelga no puede quedar en manos de una parte en el conflicto, sino que “debe ser por mutuo acuerdo”, pues causa efectos concretos en su eficacia, ya que se constituye al patrón en depositario de los bienes, se generan gastos de preparación del conflicto para no afectar la fuente de trabajo y provoca incertidumbre sobre el futuro del centro de trabajo.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, destacó la importancia de contar con un marco legal e instituciones sólidas que regulen adecuadamente la relación entre empleadores y trabajadores, y que esta reforma permitirá sentar las bases para construir relaciones armónicas y un sistema de justicia laboral que ofrezca certeza, eleve la productividad, la competitividad económica y calidad de vida.
La transparencia es fundamental para el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y con la legislación que le dará origen, los conflictos se solucionarían de manera ágil, objetiva e imparcial. Pidió evitar riesgos procesales para micro, pequeña y mediana empresas, y prever disposiciones legales que les protejan, dado que representan 97 por ciento de las empresas y generan 75 por ciento del empleo en el país.
Pidió que la junta de gobierno sea tripartita, en lugar de estar integrada sólo por titulares de dependencias o entidades paraestatales, y sea conformada por cuatro representantes de los trabajadores e igual número de empleadores, para que sean vigilantes de la actuación del organismo.
Durante su participación en las audiencias para la Reforma Laboral, Margarita del Pilar Sánchez Sáinz, directora nacional de Capacitación y Desarrollo Empresarial, en representación de Blanca Esthela Pérez Villalobos, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AC, lamentó que las expectativa de generación de empleo y de crecimiento económico hayan bajado a 50 mil en las fuentes de empleo y en 1.2 el crecimiento nacional de la economía.
México firmó una agenda al 2030 con objetivos trascendentes, mucho más que la Reforma Laboral, como tener ciudadanos felices, crecimiento, prosperidad, al fin de la pobreza e igualdad.
Por su parte, Juan Carlos de la Vega, de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sostuvo que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe tener un órgano consultivo tripartito, porque los problemas laborales deben tener tres puntos de vista: el patronal, de los trabajadores y del gobierno.
“Lo que pretendemos evitar es que el nombramiento de este Centro, se pueda convertir en un centro de poder político para controlar y privilegiar organizaciones afines a ciertos intereses”.
Mónica Loaiza Mateos, vicepresidenta de Global Summit of Women-Capitulo México, lamentó que la Reforma Laboral no incluya un trabajo que se llama segmentos de empleo, “porque ya no van a existir los empleos de ocho horas, 40 horas a la semana, sino son empleos versátiles”.
Debe contemplar, dijo, la flexibilidad de los nuevos trabajos y no acoso, el trabajo en casa y la igualdad de los salarios, porque es necesario garantizar el ambiente laboral libre de discriminación, de violencia y que estén integrados en el Centro Federal de Conciliación; de no ser así, advirtió, no se va a poder lograr nada en esta nueva Reforma.
De la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Raúl Millar Parquera, recordó que la Organización Internacional del Trabajo da importancia al carácter tripartito entre todas las instituciones internacionales, único vehículo para que gobiernos y representantes de organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan de manera libre y abierta intercambiar sus ideas y experiencias, promover mecanismos duraderos de diálogo y creación de consenso.
Por eso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe incluir el tripartismo para que las organizaciones sean legítimas, independientes y democráticas; que los trabajadores y empleadores, participen en el diálogo y la negociación colectiva, y aporten una tradición de paz social basada en las negociaciones.
Manuel García Garrido, en representación del presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que esta rama industrial es muy susceptible de los problemas laborales, en particular los sindicales, y subrayó que el problema no son las juntas de conciliación y arbitraje, sino la falta de presupuesto. Esta es la reforma más trascendente desde el inicio de la vigencia de las leyes laborales, pues viene un cambio estructural.
Dijo que la judicialización de la justicia laboral se espera sea para bien; sin embargo, advirtió, existen algunos riegos y podría incentivar la informalidad, pues entre más sea la carga que se le pone al patrón, más prefiere alejarse de la formalidad. “La ley también debe pensar en proteger al empleador, especialmente a las Pymes”.
Fabiola Ortiz Ruiz, presidenta de Mujeres Conectadas AC, pidió buscar los marcos jurídicos correctos para mejores leyes laborales congruentes a los tiempos y con los retos que existen frente a los demás países, a fin de lograr una equidad de género y no discriminación laboral. Propuso tomar en cuenta horarios más flexibles para las mujeres, el home office, horario combinado, días alternativos, jornadas reducidas, medio tiempo, semana comprimida o por proyecto.
“Actualmente las mujeres somos 52.5 por ciento de la población, y sería una excelente estrategia formar parte de la equidad de género para ayudar a que más mujeres se sumen a las fuerzas laborales y podamos producir un PIB de mucho mayor dimensión al actual”.
José Refugio Muñoz López, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, aseguró que para su organismo no se trata de buscar la mano de obra barata, sino un ambiente de negocios favorable, así como ser activos promotores de la justicia laboral, en donde se encuentre el sano y justo equilibrio entre los actores.
Lamentó que el país se ubique en el lugar 87 de 117 naciones analizadas en materia de ambiente de negocios. Dijo que la apuesta es para que la reforma no sea sólo un cambio administrativo-burocrático, sino que se refleje en una verdadera evolución de las viejas prácticas obsoletas que ponían en el centro la contradicción entre el trabajo y el capital.
Alfredo Kupfer Domínguez, en representación del presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, señaló que será indispensable que los intereses genuinos de trabajadores y empleadores estén representados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal para dar certeza y transparencia a las decisiones.
Criticó que se establezca una carga innecesaria a trabajadores y patrones por los comprobantes fiscales vía Internet, propuso que sea causa de disolución cuando un sindicato participe de un acto de simulación, además que los trabajadores puedan decidir si quieren o no integrarse a un gremio.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada AC, Raúl Sapiens Santos, manifestó su preocupación respecto de la elaboración que se prevé de un buzón electrónico para comunicar demandas a las empresas; pidió que se dé certeza a ese procedimiento de notificación.
Reconoció que los centros de Conciliación y Registro Laboral acortarán plazos para inscripción de sindicatos y mantendrán la obligatoriedad de conciliar, antes de iniciar un proceso ante tribunales; además contarán con especialistas en solución de conflictos y mediación laboral.
Propuso adecuar las leyes fiscales para que los sindicatos paguen impuestos y fiscalizar la administración de recursos que reciben. Además pidió que los integrantes de sus mesas directivas no tengan relación directa o indirecta con empresas del gremio que representen, porque generarían conflicto de intereses.
Participó Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien se refirió a la temporalidad para la instrumentación de esta reforma, una vez aprobada se calcula un lapso de cuatro años.
Si se considera lo que va a implicar el cambio de tribunales administrativos del trabajo a tribunales judiciales del trabajo, la creación de los centros de conciliación y la centralización de los registros laborales, realmente no es tanto el tiempo plantea.
Maximiliano Camiro Vázquez, especialista en el tema, indicó que para garantizar la independencia e imparcialidad del Centro de Conciliación y Registro, se deben establecer en leyes secundarias requisitos que garanticen el profesionalismo, rectitud y conocimiento del titular, su experiencia en la materia y que le permitan ejercer sus funciones adecuadamente. Además se pronunció por que sea tripartito.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/28/1162-Reforma-Laboral-debe-proteger-derechos-de-trabajadores-y-empresarios-e-impulsar-la-justicia-social-diputados
Acusan desventajas en reforma laboral
Orozco detalló que el 94 por ciento de los trabajadores no tienen sindicato o lo desconocen porque no los representa
Reforma
Miércoles, 27 Febrero 2019
Reforma
Ciudad de México— Abogados especializados en materia laboral afirmaron que la iniciativa de reforma en la materia pone en desventaja a los trabajadores cuando presenten demandas ante la autoridad, en lugar de proteger sus derechos.
En las audiencias sobre la reforma laboral que se discuten en la Cámara de Diputados, Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, manifestó que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo se obliga al trabajador a presentar pruebas en la presentación de la demanda contra su empleador.
«Ello implica una desventaja procesal injusta, hay un innegable desequilibrio procesal. No se explica esta propuesta en la iniciativa, a no ser porque el principio rector sea el derecho colectivo», indicó en las audiencias.
Detalló que el 94 por ciento de los trabajadores no tienen sindicato o lo desconocen porque no los representa.
Los trabajadores, dijo, no deben ser la víctima principal del «daño colateral» de una reforma laboral con motivos de derecho colectivo laboral.
Señaló que la propuesta establece que las pruebas en la presentación de la demanda deben referirse necesariamente a la controversia.
Sin embargo, dijo, eso es imposible si se acompañan en la demanda, porque aún no hay litigio.
En cambio, el demandado puede ofrecer pruebas en forma posterior y si no contesta la demanda, si puede posteriormente presentarlas en contra.
«¿Qué derecho humano se protege con obligar al trabajador a acompañar de pruebas con su demanda? Esto es muestra del desequilibrio procesal que hay en la iniciativa», expuso.
Aseguró que no puede pretenderse una fase procesal rápida por encima de los derechos fundamentales de los contendientes. Dijo que la propuesta no protege a los trabajadores y no hay tutela judicial a su favor.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido no sacrificar la justicia en aras de cumplir formulismos, la propuesta es que a las pruebas se ofrezcan en la audiencia previa preliminar, cuando ya está fijada la litis, cuando ya hay controversia, cuando ya hay debate, o bien que se suprima el impedimento que tienen los trabajadores actores de aportar pruebas posteriormente», planteó.
En la misma sesión, el abogado litigante Jorge Domingo Viveros Reyes, de la Asociación Nacional de abogados Democráticos, señaló que la reforma laboral presentada por Morena es lesiva para los trabajadores por el sistema que se plantea de justicia laboral.
Pidió no ser «románticos» y analizar los artículos en su conjunto.
También criticó la propuesta de que los trabajadores presenten pruebas con su demanda laboral.
«Es un absurdo, un total contrasentido, es condenar a un absoluto estado de indefensión al trabajador. Los trabajadores deben ofrecer pruebas una vez establecida la litis y la controversia», señaló.
Indicó dijo que se desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero no hay en la iniciativa una directriz de cómo será ahora la labor a través del nuevo centro nacional de Conciliación.
Consideró que se está creando un elefante blanco, porque los centros de conciliación serán inoperantes, porque no habrá recursos humanos ni materiales para atender más de medio millón de audiencias al año.
Además de que los procesos de conciliación serán eternos, porque los empleadores no están interesados en resolver la demanda, sino en alargarlas para que el trabajador desista.
https://diario.mx/nacional/acusan-desventajas-en-reforma-laboral-20190227-1483515/
“Aún no hay aumento de empleos”
Abogado especialista en juicios laborales, Marcos Chávez. Fotografía: YADIN XOLALPA. EL UNIVERSAL
28/02/2019 | 04:44 | Diana Lastiri
Corrupción en juntas de conciliación son responsabilidad de servidores públicos y de litigantes, afirma
Con la aplicación de la reforma laboral no sólo las autoridades enfrentarán grandes retos, los abogados especializados en esta materia también deberán prepararse para la nueva dinámica.
Marcos Chávez, abogado especialista en juicios laborales, con 35 años de experiencia, dijo a EL UNIVERSAL que la reforma laboral implica una nueva libertad sindical que hace mucho tiempo no existía en México.
Reconoció que en las juntas de conciliación y arbitraje, que aún administran los poderes ejecutivos locales y federal, persisten grandes niveles de corrupción que no son sólo responsabilidad de los servidores públicos, sino de los mismos litigantes que forman parte del círculo.
¿Cómo percibe la situación del empleo en México?
—La Cuarta Transformación está impactando a los trabajadores al servicio del gobierno federal y de la capital.
Hay preocupación de ver reducidos los ingresos, esto ha provocado incertidumbre e inquietud en el sector público, mientras que en el privado se generaron alarmas por la pérdida de proyectos como el NAIM.
Muchos se quedaron sin trabajo, así que aún no se ve el aumento de oportunidades laborales. Se está dejando a las fuerzas sindicales el mantenimiento del estatus laboral y las conquistas en esa materia, cosa que desde hace tiempo no se veía.
—Representamos a casi 200 trabajadores, por procesos de separación o reducción de sus condiciones. Son de la capital, del área de salud, de los órganos jurisdiccionales, la junta local. A nivel federal son de secretarías de Estado y de la banca nacional.
¿Qué se debe saber acerca de la reforma laboral?
—Habrá más transparencia, una transformación en la representatividad, la libertad sindical, la del trabajador de afiliarse a la organización que quiera, la pluralidad de sindicatos en una misma empresa. Las juntas pertenecen al Poder Ejecutivo, con la reforma se generará una transferencia de la responsabilidad de la impartición de justicia. Lo que se busca es abatir rezagos, profesionalizar funciones de los jueces, ya no van a ser puestos simplemente políticos.
¿Qué obstáculos representa esto para la impartición de justicia?
—Lo más complicado es el proceso de transición, porque los litigios que hoy existen, que son miles, tendrían que ser resueltos por las juntas de conciliación y arbitraje y, al mismo tiempo, deberán existir los nuevos tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial.
La Cuarta Transformación implementó esquemas de reducción de plazas en modalidades de honorarios y servicios de outsourcing. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tenía aproximadamente 100 trabajadores administrativos por honorarios y con el inicio de este sexenio sus contratos concluyeron, así que ven mermada su capacidad de atención a los temas de justicia laboral.
¿Cuáles son las desventajas de la reforma laboral?
—La desventaja es para el empresario porque ya no vamos a ser tan competitivos en el sentido de que en México se pagaban los salarios que se querían pagar y no pasaba nada.
¿Existe corrupción en las juntas de conciliación?
—Sí, hay un nivel importante de corrupción que tristemente está alimentado por el gremio de abogados, no es un problema de un solo lado de la moneda.
¿Se debe eliminar el outsourcing del México?
—Se abusó de esta figura, muchos empresarios encontraron la oportunidad de aprovecharla para beneficios fiscales, laborales, contables.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aun-no-hay-aumento-de-empleos
Indispensable, coordinación de Ejecutivo, Legislativo y Judicial para no vulnerar derechos de trabajadores
Boletín N°. 1149
27-02-2019.- El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, consideró indispensable coordinar el trabajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de no vulnerar los derechos de las y los trabajadores.
En la mesa 3 de las Audiencias Públicas sobre la reforma laboral “Derecho individual y justicia laboral”, que se celebran en San Lázaro, el diputado expresó que “observamos que las juntas de conciliación están repletas de demandas; entonces, es necesario conjuntar esfuerzos para que ya no suceda”.
Además, quien esté a cargo de los órganos conciliadores no debe ser ciego ante las necesidades de los empleados. Y sobre los sindicatos, dijo que se tiene que apoyar a quienes toman buenas decisiones.
“Toda ley es perfectible, pero estar aquí obedece a la decisión de que México necesita un cambio en materia laboral. Los legisladores tenemos la tarea de escuchar a los trabajadores, pero también a los patrones, para nutrir las iniciativas y votar de manera responsable”.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) destacó el diálogo con expertos; “es un ejercicio del que nos llevamos todos los comentarios, porque es una discusión que está en puerta para hacer frente al colapso en el rubro laboral”.
Su compañero de partido, diputado Marco Antonio Medina Pérez comentó que “estamos en una etapa de análisis de una reforma reglamentaria; es decir, no estamos empezando de cero”. Además, no sólo se estudia una propuesta del grupo mayoritario, sino varias de distintos grupos parlamentarios.
La diputada Margarita García García (PT) resaltó el ejercicio de las audiencias, porque sirven para escuchar a una ciudadanía ávida de justicia. “Tenemos mucho qué hacer en esta reforma, porque la legislatura debe caracterizarse por escuchar y trabajar para el pueblo”.
Agregó que “vivíamos en un México corrupto que incluía a la Cámara de Diputados, los congresos locales aprobaban reformas a espaldas de los trabajadores, pero ha quedado demostrado que el pueblo estaba harto de la impunidad”.
Del PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi inquirió si es posible que un juzgador pueda sostener la carga de trabajo, y si presupuestalmente se puede atender la iniciativa. Su compañera de grupo, María del Pilar Ortega Martínez, pidió saber la naturaleza que adquirirán los convenios luego de emitirse la legislación secundaria.
En su turno, Maximiliano Camiro Vázquez, en representación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), exhortó a las y los diputados a tener una reforma en el menor plazo posible, que surja del diálogo y la participación social. “Es necesario crear condiciones propicias para el sector empresarial, porque hay un alto índice de mortalidad de los centros de trabajo”.
Indicó que no se debe perder de vista para quién se está legislando, el 85 por ciento de empleos se genera en las micro, pequeña y mediana empresas; tiene que hacerse una reforma sencilla que permita a trabajadores y empleadores cumplir con sus obligaciones. “Muchas veces se enfrentan a una serie de cargas que termina ahogando a estas empresas o las orilla a la informalidad; es decir, las leyes no tienen que ser obstáculos para el sector”.
El coordinador de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Jorge Erick Sales Boyoli, destacó la necesidad de modificar la política laboral del país, con el propósito de mejorar los ámbitos social y económico. Recomendó privilegiar conciliación en un sentido práctico y no detenerse en lo técnico; “el Estado debe recuperarse como un buen empleador”.
Hizo votos porque la reforma en la materia sea un verdadero ejercicio democrático y que deje frutos concretos. Sugirió revisar las fechas que la propuesta presenta en los artículos transitorios, porque no queda claro cuándo y qué se pondrá en marcha. Las empresas están a favor de elevar el poder adquisitivo, pero no con medidas que vayan en contra de las compañías; la reforma debe contemplar un seguro de desempleo, hoy eso son demandas laborales por salarios caídos.
María Claudia Esqueda Lanes, representante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo AC, consideró que la regulación que la iniciativa contempla para el centro de conciliación es inadecuada; debería realizarse una ley orgánica para dicho centro y no regularlo en la misma ley secundaria.
Si se quiere apoyar a la clase trabajadora se debe regresar a esquemas previamente establecidos; es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las áreas financieras del Estado deben recapacitar sobre la aplicación de algunos impuestos y exentar prestaciones como el tiempo extra.
Jaime Alejandro Barrios Anaya, representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho “Ponciano Arriaga”, indicó que sustituir las juntas de conciliación tendrá un costo inherente y debe revisarse si es posible hacerlo o no.
Se tiene la oportunidad de mejorar el artículo 123, que antes era vanguardista, pero hoy nos estamos quedando atrás en la innovación de nuevas fórmulas del derecho laboral. “Lo que nos espera es abrumador para todos los trabajadores; es buen momento de crear leyes para nuestro futuro”.
Jorge Domingo Viveros, representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, estimó que la iniciativa es lesiva para los trabajadores y tiene que revisarse en su totalidad, no por artículo. “La propuesta, como está, deja a los trabajadores en aras del derecho privado”. Añadió que la subcontratación debe eliminarse en el país o, cuando menos, tiene que regularse”.
Pidió a los legisladores analizar en contexto los artículos y no aprobar una reforma regresiva para los empleados y los derechos avalados en la Constitución. “Por ejemplo, no se menciona cómo van a funcionar los tribunales y hay muchos contrasentidos en el articulado”.
Fernando Mier y Concha Soto, abogado especialista, subrayó la importancia de que los derechos humanos se tomen en cuenta en la reforma laboral; sería relevante que el centro de conciliación tenga facultades de fiscalización y de resolver controversias sobre las garantías de los trabajadores.
Indicó que si los derechos humanos ya están y se aplican, y en la ley laboral aún se está modificando, los contratos colectivos anteriores no cumplirían con esas garantías; por ello, dijo, se tiene que revisar detalladamente cada artículo de la iniciativa.
Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, propuso que los entes de conciliación deben pertenecer al Poder Ejecutivo: “pero se olvidan que los organismos descentralizados bien pueden pertenecer a otros poderes como el Judicial, entre ellos”.
“El país no está para derroches, no hay dinero para construir, abonar y pagar instancias conciliatorias a las ya existentes adicionales, a los tribunales laborales futuros, no hay congruencia ni lógica en dividirlos en sede del Ejecutivo unos y en sede Judicial los otros, y más aún que la intensión sea mantener un control político”, reiteró.
Propuso que el organismo descentralizado y los centros de conciliación pertenezcan al Poder Judicial y sean las mismas instalaciones y la misma infraestructura de los tribunales laborales las que desahoguen esa fase conciliatoria prejudicial.
Por su parte, Enrique Octavio García Méndez, secretario de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio Servicio y Turismo, agradeció las audiencias públicas porque hace efectivo lo que se mandata.
Los empresarios, dijo, requieren de la protección y acceso a la justicia pronta y expedita que ahora se hace realidad con la participación de las audiencias públicas. Explicó que gran parte del organismo representa a los micro, pequeño y mediano empresarios que son 55 por ciento del PIB y el 60 por ciento del empleo formal de nuestro país.
Necesitamos garantizar el derecho constitucional que tienen los patrones para no reinstalar a ciertos trabajadores mediante el pago de las indemnizaciones legales procedentes. Explicó que de acuerdo con la fracción décima segunda del artículo 123 constitucional, la ley determinará los casos en que el patrón puede ser eximido de la obligación de cumplir el contrato del trabajo mediante el pago de una indemnización.
Por otra parte, Gerardo Pinto Dáger del Colegio de Abogados de Yucatán, explicó que el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo habla de la negativa del despido y ofrecimiento del trabajo.
Esto, explicó, tiene su fundamento en una defensa ordinaria que se utiliza en el litigio para revertir la carga aprobatoria y, sí es cierto, más del 50 por ciento de las defensas laborales se pasan en negar el despido y ofrecer el trabajo para revertir la carga aprobatoria, que si bien es una práctica ordinaria, también va en contra de los objetivos de la ley, que es preservar las fuentes de empleo y las relaciones laborales.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/27/1149-Indispensable-coordinacion-de-Ejecutivo-Legislativo-y-Judicial-para-no-vulnerar-derechos-de-trabajadores
Reprueba la ASF justicia laboral en México
Los procesos de justicia laboral en México son deficientes y no garantizan la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos, advierte la ASF.
Felipe Morales Fredes
28 de febrero de 2019, 00:34
Los procesos de justicia laboral en México son deficientes y no garantizan la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tras hacer un análisis de las políticas laborales de la administración pasada, la entidad fiscalizadora determinó que las fallas en la operación de las autoridades del sector implicaron que no se le ofrecieran todas las garantías a la población de trabajadores en México.
“Las deficiencias en sus procesos representaron un riesgo para asegurar la protección de los derechos laborales”, asegura. Esto implicó en el periodo de análisis, agrega, una afectación para 1.8 millones de desempleados y para 45.9 millones de personas con empleo.
La ASF realizó tres auditorías especiales al sector laboral federal como parte del análisis de la Cuenta Pública 2017, con las cuales revisó la operación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en especial a luz de la reforma laboral que se implementó en el sexenio pasado.
Por el lado de la STPS, se expone que la dependencia condujo la política laboral de manera deficiente, ya que no hubo planeación ni programación anual de actividades, la coordinación con los organismos del sector fue casi nula y no se implementaron indicadores adecuados de evaluación.
En el caso de la justicia laboral, la Auditoría detalla que la JFCA no privilegió la conciliación en la resolución de los conflictos individuales y, por esta vía, en el periodo de análisis solamente se concluyeron 16,254 casos, lo que equivale a 20.3% del total. Además, agrega, la falta de aplicación del Servicio Profesional de Carrera al que estaba obligado por ley “provocó que no se atendieran oportunamente los conflictos laborales entre trabajadores y patrones”.
Respecto de la Profedet, expuso que si bien el organismo tuvo buenos resultados en la resolución de conflictos laborales por la vía de la conciliación, registró deficiencias importantes en su operación, ya que no ejerció la obligación que le dio la reforma laboral de 2012 para multar a los patrones que no comparecieran ante las juntas de conciliación. Esta radiografía, estima la ASF, lleva a la necesidad de “replantear el programa para la conducción de la política laboral, y en el caso de la impartición y procuración de justicia, que los entes mejoren la prestación de sus servicios, a fin de corregir las deficiencias detectadas”.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reprueba-la-ASF-justicia-laboral-en-Mexico-20190228-0009.html
Van diputados de Morena por sacar pronto reforma para justicia laboral
NOTIMEX 27.02.2019
Diputados de Morena expresaron la importancia de que la reforma laboral avance y se vote en este periodo ordinario de sesiones, a fin que en México exista justicia en esa materia.
En la segunda mesa de las audiencias públicas en materia de reforma laboral que se realizan en la Cámara de Diputados, Anita Sánchez Castro expresó que ya han tenido reuniones con la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para abordar las particularidades de esta iniciativa que está en puerta.
Afirmó que el propósito de esta Legislatura es lograr justicia laboral para los trabajadores en México, y para construirla es necesaria la participación de todas las partes involucradas. La legisladora por Michoacán celebró también este ejercicio de parlamento abierto para reflexionar sobre lo que hace falta en materia de derechos laborales y agradeció la participación de los invitados.
Por su parte la diputada Olegaria Carrasco Macías opinó que no ha habido justicia laboral ni respeto a los trabajadores, porque a los sindicatos los rebasó la corrupción y la complicidad pasiva, “ha habido discriminación y golpeteo por parte de los líderes que han estado al frente de los sindicatos”. La legisladora de Morena expresó que esta Legislatura tiene que hacer las cosas bien porque el pueblo exige y espera mucho.
Invitó a los ponentes de esta segunda mesa a apoyar a los diputados para construir un México justo, para que el país tenga sindicatos que pongan en primer lugar a los trabajadores. Mientras el diputado Manuel Gómez Ventura apuntó que es una lucha válida y señaló la importancia de que los sindicatos organicen reuniones informativas para que los trabajadores conozcan sus derechos, sus respectivos contratos colectivos y lo que significa la rendición de cuentas, lo cual debe quedar especificado en programas para que estén enterados.
Se pronunció porque en una asamblea informativa, que pudiera ser cada seis meses o determinado tiempo, se promuevan estos programas para que el trabajador agremiado no se enfrente al desconocimiento de sus derechos, ya que muchas veces son ocultados.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/486043/0/van-diputados-de-morena-por-sacar-pronto-reforma-para-justicia-laboral/
Inaugura Dolores Padierna Audiencias Públicas en materia de reforma laboral; es un pendiente desde la pasada legislatura
Boletín N°. 1135
Necesitamos revitalizar los sindicatos y la contratación colectiva: Mario Delgado
Urge garantizar imparcialidad en la justicia laboral, dice Luisa María Alcalde
26-02-2019.- Al inaugurar las Audiencias Públicas en materia de reforma laboral, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna, expresó que el tema de trabajo es un pendiente desde la pasada legislatura, y afirmó que la Constitución Política ha depositado en el Poder Judicial un cambio trascendental en el mundo laboral.
Indicó que esta reforma no es poca cosa, “aunque sea chiquita, la iniciativa es un cambio muy grande en el cual tenemos depositadas muchas esperanzas. Es una deuda pendiente y aspiramos –desde siempre- a la democracia sindical”.
Se manifestó por tener justicia laboral, ya que si algo no había era justamente eso, “estamos nosotros en un cambio de régimen; ya no será a la vieja usanza en las juntas de conciliación, ahora será en el Poder Judicial”.
Padierna Luna aplaudió que el Senado de la República, por fin, ratificó el Tratado 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “esto nos permite priorizareste tema por encima de una reforma laboral muy lamentable de 2012”.
Mencionó que el viejo Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), tiene un tono de reforma laboral, de asuntos laborales y que nunca se tomó en cuenta, pues se suponía, cuando se firmó, que se homologarían los salarios, las condiciones de trabajo y la vida laboral en los tres países, pero fue todo lo contrario, “se tomó el estancamiento de los salarios como ancla para el Tratado, entre otras muchas injusticias”.
Ahora, dijo, la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá establece la necesidad de grandes aspectos, como los que abordará esta reforma. “Esto es producto de muchos años de lucha de trabajadoras y trabajadores, así como de expertos que han dado toda su vida para un cambio laboral justo y no lo sería sin la Cuarta Transformación que estamos empujando”, afirmó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, apuntó que la reforma laboral es un tema pendiente del Poder Legislativo, el cual se deriva de los artículos 107 y 123 Constitucional en materia de justicia laboral.
Detalló que este mandato debía hacerse a más tardar el 24 de febrero de 2018 – así que estamos fuera de tiempo-, de ahí el interés de cumplir con lo establecido en la Carta Magna.
Explicó que esta reforma tiene el propósito de transitar del Poder Ejecutivo, que es de donde depende la Junta de Conciliación y Arbitraje, locales y federal, al Poder Judicial, a través de tribunales en justicia laboral, a fin de brindar certeza jurídica.
Añadió que en materia de derecho colectivo se plantea sentar las bases para una verdadera transformación en el ámbito sindical y de contratación colectiva, al introducir los términos de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales.
“Necesitamos que esta reforma revitalice a los sindicatos y a la contratación colectiva como instrumentos de construcción de consensos entre trabajo y capital en aras de mejoras salariales y laborales, dejando atrás la unilateralidad”.
Indicó que las audiencias públicas se han convertido en una de las características de esta Legislatura, porque en ellas se abordan los temas más importantes en cooperación de la sociedad y los actores relevantes para escuchar su voz y aportar una opinión al respecto.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que esta reforma es la más importante en materia laboral de los últimos tiempos, por muchas razones. La primera, es una deuda pendiente de transitar de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales, “no sólo porque hay que garantizar imparcialidad en la justicia laboral, sino también porque se requería ya de procedimientos más ágiles, expeditos, orales, en presencia del juez y modernos” que permitan dar rapidez a los actuales juicios que duran muchísimo tiempo en resolverse.
Otra razón, dijo, es garantizar autonomía del órgano que se encargará de todos los registros sindicales del país. La idea, continuó, es que realmente se respete el derecho de todas y todos los trabajadores a organizarse de manera libre, así como acatar el Convenio 98 de la OIT, que es parte de los ejes de esta iniciativa.
Alcalde Luján precisó que los tres elementos esenciales que dan cauce a esta iniciativa son el Convenio 98 de la OIT, la reforma Constitucional en materia laboral y los compromisos asumidos por México en el marco del T- MEC. Estos “dan al Congreso el marco a través del cual debe resultar esta ley secundaria”.
Enfatizó que es fundamental la transición en la justicia laboral y la garantía de un órgano autónomo que se encargue de todos los registros sindicales del país, de los depósitos de los contratos colectivos y la conciliación que será obligatoria. “Antes de ir a juicio se tendrá que tratar primero de resolver en una mesa de negociación”.
Destacó la importancia de rescatar la negociación colectiva a través de procesos libres y democráticos, que los trabajadores puedan decidir, a través del voto personal libre y secreto, quiénes son sus dirigentes, que se consulte a los trabajadores antes de firmar contratos colectivos y que haya certeza de que los trabajadores y los empleadores están representados en la mesa de negociación.
Rosa Elena González Tirado, consejera de la Judicatura Federal, reconoció el esfuerzo del Congreso para discutir las diversas iniciativas sobre el tema. “Este parlamento abierto es sin duda el espacio ideal para escuchar las voces y encontrar las mejores fórmulas que conduzcan a una reforma que materialice los fines del cambio”.
Agregó que el Poder Judicial es pieza fundamental en esta reforma laboral, ya que el ajuste competencial para el conocimiento de los conflictos de trabajo representa un nuevo esquema. El cambio implica una modificación en el sistema de justicia laboral, en el cual, intervendrá un centro de conciliación prejudicial y tribunales federales que resolverán la controversia bajo modalidades diversas a las que actualmente se emplean.
“El Poder Judicial tiene la certeza de que en este ejercicio de diálogo e intercambio de ideas se encuentren las mejores reglas que permitan esa concretización en los hechos, no en las leyes. Refrendamos nuestro compromiso para que en el marco de colaboración aportar elementos que permitan a las y los legisladores asumir la mejor decisión al momento de aprobar la reforma. Este es un momento histórico, aprovechémoslo. México necesita una justicia que en realidad sea justa”.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, afirmó que “violentar el derecho de un trabajador en México es algo que duele, pero cuando el Estado mismo los violenta es algo que no se puede pasar”, por eso la Reforma Laboral interesa y es tema central para todos.
Cuando las organizaciones sindicales que dicen representar a los trabajadores vulneran los derechos de quienes representan, eso significa “ya un alto y un hasta aquí”, aseguró.
Al apuntar la relevancia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, sostuvo que es uno de los asuntos centrales para nuestra democracia y hará posible el equilibrio entre los factores de la producción.
La iniciativa es trascendental porque adecuará la reforma constitucional de febrero de 2017 a los tratados internacionales suscritos por el país, como el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, así como el Capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asociaciones Transpacífico y el Anexo 23 del Tratado Comercial celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
Para los legisladores es obligación escuchar todas las voces y conocer posturas, a fin de tomar una decisión realmente informada sobre la modificación a este marco jurídico, mediante el parlamento abierto como un ejercicio enriquecedor y valioso resultado de un esfuerzo inédito de todos los grupos parlamentarios.
Nuestro trabajo como Comisión es analizar las iniciativas de manera responsable para llevarlas a buen puerto y emitir el dictamen en busca no sólo de fortalecer, democratizar y modernizar la ley laboral, sino respetar al Estado de derecho y la vigencia del principio de representatividad sindical, de libre negociación colectiva que encamine al país a una transformación que lo haga competitivo en el ámbito global.
Se pretende transitar del actual sistema tripartita de conciliación y arbitraje a un nuevo sistema de conciliación y de justicia laboral, establecido en la reforma constitucional de 2017.
Señaló que la LXIV Legislatura da pasos sustanciales para consolidar los pilares de un parlamento abierto, a través de transparencia, equidad, colaboración y participación activa de la sociedad.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/26/1135-Inaugura-Dolores-Padierna-Audiencias-Publicas-en-materia-de-reforma-laboral-es-un-pendiente-desde-la-pasada-legislatura
Abordan en audiencias públicas transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales
Por Equipo Editorial- 27 febrero, 2019
En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local.
De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.
Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.
Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobre todos los procedimientos para alcanzar esta última.
Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”.
Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales.
Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.
Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos.
En el ámbito federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales.
Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas.
Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la impartición real de justicia de manera ágil y legítima.
Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, mediación y toda la publicidad.
Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles y aporta tecnologías inimaginables.
Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la cual es rápida y efectiva”.
El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”.
Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS y del ISSSTE.
Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”.
Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de asuntos que se encuentran en proceso. “
Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”.
Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un plazo perentorio de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el pleno respeto a los derechos de los trabajadores”.
Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por ciento del presupuesto destinado a la entidad.
Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de los asuntos en el país.
En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16 a 18, en el caso de Europa son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces.
En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados expresaron su inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal.
Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque debe considerar la democracia sindical.
De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el carácter social de este derecho.
Boletín de prensa
http://www.mipuntodevista.com.mx/abordan-en-audiencias-publicas-transicion-de-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje-a-los-tribunales-laborales/
Abordan en audiencias públicas transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales
Boletín N°. 1137
26-02-2019.- En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local.
De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.
Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.
Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobretodo los procedimientos para alcanzar esta última.
Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”.
Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales.
Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.
Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos.
En el ámbito federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales.
Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas.
Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la impartición real de justicia de manera ágil y legítima.
Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, mediación y toda la publicidad.
Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles y aporta tecnologías inimaginables.
Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la cual es rápida y efectiva”.
El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”.
Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS y del ISSSTE.
Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”.
Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de asuntos que se encuentran en proceso. “
Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”.
Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un plazo perentorio de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el pleno respeto a los derechos de los trabajadores”.
Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por ciento del presupuesto destinado a la entidad.
Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de los asuntos en el país.
En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16 a 18, en el caso de Europa son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces.
En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados expresaron su inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal.
Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque debe considerar la democracia sindical.
De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el carácter social de este derecho.