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La secretaría del Trabajo y Prevención Social, detalla a Forbes México los puntos clave que hay que atacar de manera prioritaria, la subcontratación abusiva y el subregistro en el Seguro Social.
Foto: Angélica Escobar/Forbes México.
Para la generación de mexicanos a la que pertenece Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, de 31 años, los contratos colectivos, juicios laborales e inspectores de trabajo son conceptos lejanos, desconocidos.
Licenciada en Derecho por la UNAM, con maestría en la Universidad de Berkeley, Alcalde tiene enfrente retos inmensos.
El expresidente Enrique Peña Nieto calificó su administración como el “sexenio del empleo”, pero, en realidad, fueron años de precarización salarial. De los 3.9 millones que consiguieron un trabajo formal entre 2012 y septiembre de 2018, tres cuartas partes se contrataron por un sueldo de 3,842 pesos mensuales, según datos del IMSS.
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Alcalde operará uno de los programas más emblemáticos y ambiciosos del gobierno de López Obrador: Jóvenes Construyendo el Futuro, que, en su primer año, ejercerá un presupuesto de 44,300 mdp.
¿Cuál es el panorama en materia laboral con el que te encuentras?
Hay enormes retos y tienen que ver con la precarización del empleo y con una política económica que le apostó a los salarios bajos, el control a las organizaciones y la negociación colectiva bajo una premisa de que, si teníamos los salarios bajos, íbamos a ser atractivos para la inversión extranjera.
Eso trajo resultados muy caóticos, una informalidad gigantesca y esquemas que, muchas veces, se utilizan de manera abusiva, como la subcontratación. Tenemos un grave problema de subregistro en el IMSS; no sólo es que 60% de los hombres y mujeres que viven de su trabajo no estén registrados, sino que muchos lo están con un salario distinto al que realmente ganan.
Los salarios mínimos están debajo del nivel de pobreza y se han permitido prácticas como el subregistro y abuso de la subcontratación o simulación laboral, sin ningún tipo de consecuencia.
El camino a seguir es, por un lado, rescatar la contratación colectiva auténtica, que la Secretaría de Trabajo garantice que pueda haber un diálogo social responsable entre trabajadores y empleadores para llegar a acuerdos sobre cómo mejorar los salarios y la productividad de las empresas. En ese sentido, tenemos el reto de implementar y aprobar leyes secundarias, que están hoy en la Cámara de Diputados, y que hablan de una justicia laboral realmente imparcial.
Y, por otro lado, [se debe] garantizar la contratación colectiva.
Otro reto es el esquema de inspección. A pesar de que se incrementaban los inspectores laborales, en cumplimiento no había ningún impacto, pues era utilizado como una forma de chantaje; [era] altamente corruptible. Es un esquema distinto, de Trabajo Digno, como le vamos a llamar a la nueva unidad.
La verificación será estratégica.
Los puntos clave que hay que atacar de manera prioritaria son la subcontratación abusiva y el subregistro en el IMSS.
Todo esto, en un contexto de un proyecto de nación que el presidente [Andrés Manuel] López Obrador impulsa para que se fortalezca el mercado interno, la gente pueda tener un trabajo en el lugar en el que vive y una actividad productiva para vivir con dignidad.
Eso nos ayudará a que haya mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.
Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images. La reforma a la ley incluye la creación de Centros de Conciliación locales y Tribunales del Poder Judicial. ¿Está preparada la secretaría con presupuesto y recursos humanos para atender este cambio?
Sí. La iniciativa es producto de una reforma constitucional, que se aprobó en febrero del año antepasado, de acuerdo a la cual México se comprometió en el T-MEC, y a la ratificación del Convenio 98, que apenas se hizo en el Senado.
Esto culmina en una iniciativa. Por un lado, la justicia laboral es un pendiente que se tenía desde hace mucho. En 2012 se dijo que, para resolver el problema de los salarios caídos, [los juicios] se iban a un año, pero no resolvieron el problema; los juicios tardan cuatro años en resolverse. En cuanto a las juntas, se dijo que no son autoridades imparciales, que son juez y parte en los conflictos, y que ejercen mucho control, local y federal.
La transición a tribunales federales que dependan del Poder Judicial es una necesidad inminente y será gradual, empezando por algunos estados. No es de un instante a otro, sino que se crea un tribunal laboral y sigue existiendo la Junta de Conciliación y Arbitraje, en tanto se resuelve su rezago, porque hay muchos asuntos pendientes.
La reforma toca la justicia laboral, pero, por el otro lado, habla de garantizar la libertad y democracia sindical, es decir, garantizar el voto personal, libre y secreto, para que los trabajadores puedan elegir a sus representantes.
Y también para que ellos sean consultados antes de que haya una firma de un contrato colectivo o una revisión contractual. Es decir, garantizar que quien se sienta a la mesa con los negociadores tenga legitimidad frente a los trabajadores.
Otro elemento importante es la creación de un instituto con autonomía, que se va a encargar de todos los registros sindicales del país, federales y locales, y de los contratos colectivos. Eso garantiza que la gente que se quiera organizar pueda hacerlo con libertad.
Hay cerca de medio millón de juicios laborales en espera de solución. ¿La reforma va a agilizar estos juicios?
Sí. Es un nuevo esquema, un procedimiento más expedito, oral, frente al juez. Hay dos elementos esenciales: uno, que la conciliación será obligatoria, se intentará siempre que haya acuerdo y, de no resolverse el conflicto, se irá a juicio, pero con un procedimiento en comparecencia del juez, oral y en menos tiempo.
Esto, más [segundo elemento] el hecho de que se tratará de una autoridad imparcial, nos van a garantizar una verdadera impartición de justicia en el mundo laboral.
Dices que las instancias para registrar contratos y sindicatos serán autónomas. ¿Cómo se garantizará esa autonomía?
En la propuesta está la implementación de una reforma que ya sucedió y respecto de la cual, incluso, estamos en falta, porque se estableció que, para febrero del año pasado, estaría resuelto y no ha ocurrido.
La Constitución establece la creación de un órgano que le dé autonomía, en el sentido de que será a través de una terna [como se elija al titular] y el presidente y el Senado serán los que resuelven; esto, para garantizar que no haya esa intervención que genera que la gente tenga limitaciones.
¿Cómo se evitará la tentación de los inspectores y de los inspeccionados por la corrupción?
Terminará la inspección tradicional; el nuevo esquema se llamará Trabajo Digno, y atenderá cosas inmediatas, como los accidentes y las denuncias. La inspección tradicional, que se hacía de puerta en puerta, con 50 hojas y empezaba por ver si está parejo el piso, si la silla está chueca, es decir, una serie de cosas que parecían más una búsqueda para ver “qué te encuentro para pedirte un moche o para multarte”, pasará a ser algo distinto.
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Vamos por una verificación más estratégica para identificar qué empresas son las que no cumplen con sus obligaciones en seguridad social o que tienen subregistro. Es una verificación más coordinada, porque, por ejemplo, la subcontratación abusiva impacta los derechos de los trabajadores, pero también es una evasión a Hacienda.
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Foto: Angélica Escobar/Forbes México.
Se dice que la subcontratación simulada es una práctica muy extendida.
No todo es blanco y negro y, como dicen muchos, es como el colesterol: hay del bueno y del malo.
En cierto contexto, se entiende [su práctica], siempre y cuando no sea utilizada para incumplir con las obligaciones, precarizar el empleo, evadir al fisco.
Hay que recordar que, en la reforma de 2012, una de las pocas batallas que logramos ganar fue integrar a la ley candados a la subcontratación. El problema es que no se han estado aplicando.
Nuestra tarea es que haya un entendimiento de lo que se puede o no hacer, y va a traerle consecuencias a quienes sigan haciendo lo que no [se puede hacer].
Debe haber un espacio para saber qué hacemos en materia de subcontratación, diagnósticos, ajustes que le deben hacer a la Ley Federal del Trabajo, escuchar a una parte y a la otra, y ver cómo resolvemos.
¿Ya tiene el gobierno datos de cuán extendida está la subcontratación?
No, falta mucho en ese sentido. Hay mucha simulación. Por eso, la importancia de esas mesas de diálogo. Es un problema grave y complejo, que incluye el llamado insourcing, es decir, empresas que aparentemente no tienen un solo trabajador, pero tienen una filial en la que registran a todo su personal.
¿Hay alguna iniciativa de este gobierno en materia de seguro de desempleo?
No, no tenemos ningún plan en ese sentido. El plan estratégico es tener programas prioritarios y, en el caso de la Secretaría del Trabajo, es Jóvenes Construyendo el Futuro; creemos, y las administraciones pasadas lo han demostrado, que se logra poco impacto si se pulveriza el recurso en programas pequeñitos y que, como no son universales, se elige a los beneficiarios.
¿Qué avances hay en el programa que mencionas: jóvenes construyendo el futuro?
Estamos contentos, porque ha habido interés de muchos jóvenes alrededor del país, lo que demuestra que [era correcto] el diagnóstico en el que habíamos estado insistiendo: que hay millones de jóvenes que no estudian y no trabajan… y no porque no quieran; no es esta imagen del flojo que no quiere trabajar, sino que son jóvenes que no han tenido opciones y que hoy les representa una oportunidad ser parte de este programa.
Hoy los jóvenes pueden ver cuáles son las opciones disponibles; aquellos que entren a la página [en internet, del programa] pueden ver qué opciones tienen y pueden elegir la empresa [para integrarse] y cómo participar. Ya hemos estado haciendo estas vinculaciones. Los primeros que se han vinculado empezarán el 21 de enero [esta entrevista se hizo el 17 de enero].
Falta mucho camino por recorrer, porque necesitamos más opciones. Por eso estamos llamando a las empresas a que se registren.
El plan es que ellas abran las puertas de sus centros de trabajo y capaciten a los jóvenes, y éstos van a ir aprendiendo a través de la práctica; y a lo que se compromete el gobierno es a depositar en la tarjeta bancaria de cada joven 3,600 pesos al mes y a inscribirlo en el IMSS bajo el esquema que tienen los estudiantes de seguro facultativo.
La meta es que no haya uno solo que, queriendo, no tenga la posibilidad de trabajar, de ser un aprendiz.
¿Qué pasa cuando un joven concluye con el programa? Da la impresión de que se le deja a la deriva.
Hay una evaluación mutua: el tutor evalúa al joven y el joven evalúa al tutor, es decir, el tutor nos dice si realmente [el joven] está acudiendo, si tiene buena actitud; y el joven, si lo están capacitando, si lo respetan.
Una vez concluido el proceso de capacitación, los tutores le darán un papel al joven que diga qué aprendió y qué competencias adquirió, y la Secretaría de Trabajo lo va a validar. La idea es que, se quede o no se quede en ese centro de trabajo, esa experiencia va a quedar [oficialmente] registrada.
Lo ideal es que a todos los que las empresas estén capacitando, al concluir, los contraten, y esto tiene mucha lógica porque los están formando en lo que requieren. Pues también tenemos, del otro lado, el problema: que los perfiles que necesita una empresa no los está consiguiendo. Pero, si no los contratan, les vamos a dar seguimiento a través del Servicio Nacional de Empleo, es decir, no vamos a soltarlos.
¿Cómo enfrentar a poderes fácticos, como líderes sindicales y empresariales, habituados a influir en la conducción del país?
Con mucho diálogo, para decirles: “Éstos son los retos del país, no podemos dar marcha atrás”. Y también con la autoridad moral de que nadie está por encima de la ley; la ley tiene que cumplirse y tenemos que avanzar en la legalidad. Hasta ahora, hemos sentido muy buena percepción de los diferentes sectores. Cuando decimos: “Esto tiene que cambiar… y ya cambió”, a nadie le queda duda.

https://www.forbes.com.mx/con-pena-precarizacion-salarial-afirma-alcalde/