Escrito por Guillermo Correa Bárcenas
Publicado: 05 Abril 2018
Guillermo Correa Bárcenas/De Norte a Sur
Con el arranque oficial de las campañas presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral, retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones campesinas.
En el primer caso es el Senado de la República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa Patrón–, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que, a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade, su candidato presidencial quien, asegura el abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios. Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los sindicatos llamados democráticos dónde están?
La otra amenaza es para los indígenas y el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa. Dicen los afectados que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos nativos. Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua ygenéticos. Señalan las víctimas de este golpe legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e internacionales.
Se teme, como con la ley laboral, un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto que pone en riesgo grandes áreas del país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde, explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. «Este tipo de industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi irreversible», apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su explotación llevaría alrededor de 10 años. «México es un país que tiene una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente vulnerable a espacios protegidos».
Nuestro país tiene reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la Presidencia…
tigrebilly@hotmail.com
https://www.expresszacatecas.com/opinion/37737-arrancan-campanas-con-amenazas-del-pri
Etiqueta: PRI
Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral
Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.
- Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.
Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/opinion/011a1pol
Dos versiones de iniciativa de reforma laboral del PRI analizadas por el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
El Partido Revolucionario Institucional ha emitido dos versiones de su Iniciativa de Reforma Laboral publicada en la Gaceta del Senado el 07 de diciembre de 2017. A continuación mostramos los cambios que detectó el #ObservatorioCiudadanodelaReformaLaboral en ambos proyectos los cuales versan en el tratamiento que se le da al tema de la subcontratación.
En la primera versión de la Inciativa se derogaron los artículos 15-C y 15-D, pretendiendo con ello eliminar los «candados» a la tercerización, mientras que en la segunda versión, simplemente se modifica el artículo 15-D.
CONSÚLTALO COMPLETO EN:
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%2FEl%2520proyecto%2520de%2520reforma%2520laboral.%3Fpreview%3DCUADRO%2BEXPOSICI%25C3%2593N%2BDE%2BMOTIVOS.pdf
Aguascalientes: Reforma Laboral del PRI entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”
Posted by ALMA RÍOS
Date: marzo 10, 2018
La Reforma Laboral secundaria que plantean los senadores priístas Tereso Medina (CTM) e Isaías González (CROC), entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”, pues entre otras cosas plantea la desaparición del salario, de los sindicatos, y la anulación de los contratos colectivos de trabajo, dijo Manuel Fuentes Muñiz.
El experto en derecho laboral propuso a esta reforma como la más regresiva en la materia en los últimos 100 años en México, ya que su eje fundamental es “la producción, la usura, la ganancia patronal” y por tanto la imposición de la voluntad de los empleadores a la par del despojo del derecho humano al trabajo de los mexicanos.
Expuso que es especialmente preocupante porque va enfocada a perjudicar a los jóvenes, las mujeres y a la gente de mayor edad, ya afectados por las dificultades de acceder al derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Fuentes Muñiz, Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 17 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia del Trabajo, Juan Romero Tenorio, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar elementos del foro Retos de la Nueva Justicia Laboral.
El evento fue realizado ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón, y organizado por el precandidato al Senado por el Morena, José Narro Céspedes, quien expuso que estas reformas ni siquiera son conocidas y por tanto respaldadas por los propios trabajadores agremiados a la CTM y la CROC.
Coincidieron en que la iniciativa que actualmente se discute en comisiones en el Senado de la República y que deriva de una reforma constitucional del 24 febrero de 2017, debe detenerse, socializarse ampliamente tanto entre los patrones y especialmente los trabajadores, discutirse y llevarse a consulta.
Pablo Franco Hernández expuso desde su experiencia que los sindicatos son cada vez más inoperantes e incapaces, no sólo de defender los intereses de sus agremiados, sino siquiera de emitir una opinión al respecto de este tipo de temas.
Dijo que de acuerdo al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos y los representantes de los patrones deberían estar “discutiendo públicamente” estas leyes secundarias, pero no lo están haciendo, mientras que el “trámite” se realiza en el Senado en lo “oscurito”.
Contrario a lo que está ocurriendo actualmente y que se agudizará con esta reforma, “lo que nosotros estamos planteando es que tiene que discutirse cómo se regresa a los trabajadores” su derecho a nombrar a sus representantes y a aspirar a serlo.
La política económica ha abandonado a los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno al buscar insertarse en el ámbito de la distribución del trabajo internacional ofreciendo mano de obra barata y erosionando con ello los derechos laborales, especialmente el de la negociación colectiva, puntualizó.
Refirió que la reforma de febrero de 2017 busca cumplir solo de palabra los compromisos internacionales celebrados por el Estado mexicano, concretamente el capítulo laboral del Tratado Transpacífico que obliga a dar cumplimiento al convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva y al correspondiente 87 sobre libertad sindical, pero a la hora proponerlo en la Ley Federal del Trabajo, por el contrario, lo que se refuerza es el control patronal sobre la negociación colectiva.
Actualmente el patrón, quien descarta la existencia de la lucha de clases, sostiene que “los trabajadores no necesitan un sindicato porque soy como su papá”.
Dijo que este “triunfo cultural” de un pensamiento totalmente contrario a los intereses de la clase trabajadora ha logrado permear tanto que “hasta los trabajadores se lo creen”, también por el gran desprestigio de los sindicatos.
“Entonces estamos parados –en un escenario- de cero derechos”, por lo que hay que buscar recuperarlos.
El derecho ciudadano dentro de la fuente del trabajo, que no es otra cosa que democratizar las decisiones y que se ha planteado como algo imposible, pues ”¿cómo le vas a dar derecho al trabajador de participar en las decisiones de la empresa?”, contestó: con “el mismo derecho que le da el participar en la producción de riqueza. Y que es un derecho humano que se ha perdido”.
Observó que los sindicatos tradicionales son cada vez más débiles e inservibles pues se venden al patrón, y sus dirigentes firman contratos “basura” (como los denominan en Europa), “que no le dan derechos al trabajador”.
El magistrado Héctor Arturo Mercado López centró la atención por su parte, en la disposición de la reforma constitucional de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federal como estatales, y sustituirlas por tribunales laborales.
Aunque originalmente esta modificación a la Constitución general del país pretendía agilizar la administración de justicia en esta materia, pues con datos de un estudio que realizó, sostuvo que en este momento en México un juicio laboral (desde la presentación de la demanda hasta que se emite un laudo) se lleva en promedio cuatro años dos meses y 19 días, sostuvo que este objetivo no se cumplirá tal como ha sido propuesta la instrumentación de los procedimientos.
Comparativamente agregó que en Chile el mismo proceso ocurre en 72 días, y en Venezuela, “la agredida y terrible”, implica menos de seis meses.
La iniciativa priísta divide el procedimiento en una fase de conciliación a favor del patrón “que es tortuosa y desequilibrada” y establece juntas para el desahogo de pruebas que generarán muchos problemas, por lo que no se modificará en lo sustancial la necesidad de una justicia laboral eficaz y eficiente, enfatizó.
Precisó también que la reforma implicaría la modificación de más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo y criticó que quiera hacerse entrar en vigor en noviembre de este 2018 sin una discusión suficiente y amplia.
En otros países, informó, este tipo de modificaciones tardan entre dos a cuatro años en procesos de análisis y discusión entre los sectores involucrados hasta que se ponen de acuerdo en el contenido de la ley para después ponerla en marcha bajo procedimientos de verificación que aseguren su éxito.
Objetó asimismo que no se haya destinado presupuesto para instrumentar los nuevos tribunales laborales, algo que incluye la capacitación de la gente para este efecto.
Para el caso de Zacatecas propuso como una buena pregunta, ya que estas funciones las asumirá el Poder Judicial local, si tiene suficiente presupuesto para ello, por lo que dijo, “la razonabilidad y la prudencia” indican que no debe votarse esta reforma sino “discutirse entre todos” para obtener una buena ley.
Por su parte, Juan Romero Tenorio, diputado federal por Morena, se refirió a esta reforma secundaria en materia de justicia laboral como otra más de la serie de reformas estructurales que ha impulsado Enrique Peña Nieto.
Ésta modifica el proceso de producción nacional y las relaciones de trabajo, y con ello, aparentará impartir justicia laboral cuando en realidad facilitará las condiciones de producción para los grandes inversionistas.
Se inserta en un plan nacional que ha impulsado zonas económicas especiales con diferenciaciones de regímenes fiscales y seguridad social, y que han pasado desapercibidas para el grueso de la población porque no se le ha dado la difusión necesaria a estos temas que están impactando las condiciones de trabajo de los mexicanos.
http://ljz.mx/2018/03/10/reforma-laboral-del-pri-entregara-la-sangre-de-los-trabajadores-para-convertirlos-en-esclavos/
Incumplen plazos sobre reforma en justicia laboral
Leyes secundarias, sin aprobación
El plazo límite para que se aprobara dicha legislación fue ayer 26 de febrero; la STPS prevé que se dé en este periodo ordinario de sesiones.
María Del Pilar Martínez
27 de febrero de 2018, 01:10
Senadores y diputados incumplieron con la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, mismas que debieron estar listas este 26 de febrero tal y como lo estipulaba el decreto publicado por el presidente de la República y que daba un año para la aplicación de la nueva impartición de justicia en el país.
Aun cuando se aprobara la propuesta que presentaron los senadores del PRI, Tereso Medina e Isaías González Cuevas, en este periodo de sesiones que concluye en abril “no hay tiempo suficiente para que la revisen los diputados federales”, indicó Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez.
Cabe recordar que el 25 de febrero del 2017 el presidente de la República divulgó el decreto en el que se establecen los cambios constitucionales a los Artículos 107 y 123 en materia de Justicia Laboral y que contempla la desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, la creación de un organismo autónomo para llevar adelante la conciliación laboral y registro de contratos, así como los cambios respecto a los emplazamientos a huelga.
Ahí mismo, en los transitorios, se indicó que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo”, aspecto que no se podrá realizar, ya que no hay leyes secundarias que permitan su aplicación.
Consultado al respecto, el senador Isaías González Cuevas comentó que no tenía información sobre la fecha o el día en el que se abordará el tema, y si existe o no un dictamen que permita avanzar en la aprobación de la legislación secundaria. “Yo también estoy preguntando a la comisión”.
APROBACIÓN, EN ESTE PERIODO
Por su parte, Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró que los cambios legislativos en la materia de impartición de justicia “esperamos que estén aprobados en este periodo ordinario de sesiones”.
Agregó que ha circulado información sobre supuestos contenidos de la reforma, por lo que garantizó que ésta se enfoca a un cambio trascendental vinculado con la impartición de justicia con Tribunales Laborales, y no a través de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y reiteró que de ninguna manera se piensa flexibilizar el outsourcing.
Germán de la Garza, socio de la firma de abogados Mowat, comentó que “hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya dado alguna extensión o plazo; no tenemos ninguna comunicación del Senado al respecto”. Agregó que, si bien no se han cumplido con los tiempos, “lo que ha pasado también en otros casos, como el del fiscal o del procurador de la República que no han sido nombrados”, consideramos que la dinámica laboral continuará su curso con la ley vigente.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incumplen-plazos-sobre-reforma-en-justicia-laboral-20180227-0022.html
Iniciativa laboral: un monstruo jurídico
sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
Senadores advierten que no permitirán albazo del PRI en las leyes laborales
Opositores deploran la negociación de priístas, empresarios y la STPS
Comisión del Trabajo se equivoca al pretender que el dictamen se apruebe sin discusión, señalan
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 10 de febrero de 2018, p. 13
La oposición en el Senado advirtió que no permitirá el albazo que pretenden el Revolucionario Institucional y el gobierno federal para aprobar en los próximos días la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, sin que se haya discutido en esa cámara.
Los senadores Adriana Dávila y Luis Humberto Fernández, integrantes de la Comisión de Trabajo, así como el independiente Alejandro Encinas y el coordinador perredista, Luis Sánchez, deploraron que la negociación de esa ley, referida a derechos fundamentales de los trabajadores, se realice de forma poco transparente entre la Secretaría del Trabajo, la cúpula empresarial y el PRI.
Hicieron notar que la Comisión de Trabajo ni siquiera se ha reunido y su presidente, el priísta Miguel Ángel Chico Herrera, estuvo de licencia y apenas se reincorporó, por lo que fueron sus compañeros de bancada, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, ambos dirigentes sindicales, los que negociaron con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y la cúpula patronal.
El senador Encinas comentó que se han enterado de esos acuerdos por declaraciones del secretario del Trabajo, Roberto Campa, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Este último comentó en un encuentro privado con legisladores del PAN que ya había acuerdo con González Cuevas y Medina para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral.
Es una falta de respeto al Senado, ni González Cuevas ni Medina pueden decidir por el resto de los legisladores, recalcó la panista Adriana Dávila. Dijo que seguramente la próxima semana el presidente de la Comisión de Trabajo va a presentar el dictamen que elaboraron con el gobierno y a pretender que se apruebe sin discusión.
Por separado, el coordinador perredista, Luis Sánchez, señaló que, de entrada hay tres iniciativas, no sólo la presentada por González Cuevas y Medina, dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que es la del gobierno, sino otras dos, que él llevó al pleno y fueron elaboradas conjuntamente con organizaciones sindicales independientes.
La primera, explicó, modifica la Ley Federal del Trabajo y, la más reciente, la presentó ante el pleno senatorial el jueves pasado y es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para crear los tribunales unitarios de circuito en materia laboral, que dará certidumbre a quienes se encargarán de resolver asuntos y conflictos obrero patronales, al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje.
El senador Sánchez adelantó que buscará el apoyo del PAN, a fin de frenar “la contrarreforma laboral que pretenden el gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido. Sostuvo que no basta con que quede fuera de la iniciativa del Ejecutivo el tema del outsourcing, ya que hay otros puntos que vulneran derechos de los trabajadores.
Sobre el tema, el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, dijo que exigirán que se reúna la Comisión del Trabajo y se les informe sobre las negociaciones con las autoridades laborales y los empresarios. De ninguna forma, recalcó, van a aprobar un dictamen que se les presente a última hora.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/10/politica/013n1pol
Senadores perfilan acabar con juntas de Conciliación
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, e informó que el sector privado está de acuerdo con gran parte de la iniciativa laboral que se discute. (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIV)
Se reúnen con Consejo Coordinador Empresarial; avanzan en revisión de iniciativa de reformas
Senadores del sector obrero del PRI y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) avanzan en la revisión de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, con el propósito de que sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, confirmó el senador Isaías González Cuevas, líder de la CROC, e impulsor del proyecto que reglamenta terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, como lo ordena la Constitución.
El dirigente sindical remarcó que el tema de las reglas para el trabajo llamado outsourcing, como se designa a la subcontratación de partes en el proceso productivo, se había propuesto en general y se modifica para que se aplique en algunas industrias y en áreas del sector terciario.
Tras la revisión que se lleva a cabo con el CCE, cuyo presidente, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, informó que su sector está de acuerdo con gran parte del proyecto de los priístas.
Abogados patronales revisan el proyecto junto con representantes de los sindicatos, a hn de estar de acuerdo en la iniciativa, dijo González Cuevas, lo cual reprobó el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT) en entrevista, y reclamó que se informe de lo que son actos de cabildeo sin transparencia.
“Estamos frente a una atrocidad, pues la parte patronal no vino a negociar, sino a dar instrucciones”, aseguró Fernández Fuentes.
La panista Adriana Dávila lamentó que se incurriera en una falta de respeto a los integrantes de la Comisión de Trabajo, dictaminadora de la propuesta, al no informarle de la revisión del tema con el sector privado.
Tereso Medina, senador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), junto con González Cuevas, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, que instrumenta la aplicación de la reforma constitucional de febrero de 2017.
En ese sentido, la iniciativa presentada por los senadores y líderes sindicales plantea la creación de un instituto federal de conciliación y registro laboral, que será un organismo público descentralizado, que dispondrá de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión.
El senador Ernesto Ruffo dijo que en la reunión con los panistas, Castañón explicó que se llegó a acuerdos con los senadores priístas que impulsan el proyecto. El sector privado, en general, está de acuerdo.
Uno de los temas que se incluyeron en la iniciativa que firmaron Tereso Medina e Isaías González se regere al trabajo outsourcing, y al respecto Ruffo Appel indicó que éste no se abordó específicamente.
Castañón, al referirse al outsourcing en lo general, señaló que había “algunos detalles” que considera se deben de incorporar.
González Cuevas afirmó que le pidió a Medina que en el tema outsourcing “todo quedara como está en la ley vigente, para que esta modalidad no sea general”, y refirió que se ocupa en la industria automotriz, con las autopartes, y en empresas terciarias.
Lo esencial en la iniciativa es terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y al efecto se han reunido representantes del CCE, senadores y autoridades laborales, y la conclusión es sacar la reforma sólo para terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y que la justicia pase al Poder Judicial. El plazo establecido concluye el próximo 28 de febrero.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-perfilan-acabar-con-juntas-de-conciliacion
Exhiben sindicatos de EU a México por contratos a modo y salarios bajos
02 Febrero 2018
Ciudad de México.- La queja interpuesta por la mayor central sindical de Estados Unidos y la Unión Central de Trabajadores, en contra de México, argumenta que en el País se mantienen los salarios bajos por la existencia de los contratos de protección.
El contrato de protección, advirtieron, es un «contrato colectivo de trabajo» firmado entre un empleador y un sindicato dominado por el patrón sin la participación o incluso sin el conocimiento de los trabajadores a los que el sindicato supuestamente representa.
En algunos casos, advirtieron, los contratos se firman incluso antes de que una empresa contrate a su primer trabajador.
«El propósito de los contratos de protección es asegurar salarios bajos y proteger’ al patrón contra la formación un sindicato independiente en el lugar de trabajo el cual insistiría en mejores salarios y condiciones laborales», señaló la queja que se interpuso ante la Oficina Administrativa Nacional de Estados Unidos, el pasado 25 de enero.
En el texto se argumenta que durante gran parte del año 2017 el Gobierno federal trabajó a puertas cerradas con líderes empresariales en torno a varios tema de la Ley del Trabajo, sin consultar al sindicalismo independiente.
Fue el 7 de diciembre del año pasado, que los senadores Tereso Medina Ramírez de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) e Isaías González Cuevas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), presentaron la propuesta de ley secundaria sobre Justicia Laboral.
«La iniciativa de ley es un reflejo de las demandas de la industria que se beneficia de los contratos de protección patronal por los bajos costos laborales que implican.
«La iniciativa viola la reforma constitucional que se debe implementar, y contraviene los convenios de la OIT a las que México está obligado», dijo.
Según los denunciantes, la iniciativa de ley debilitaría de manera significativa las disposiciones de transparencia estipuladas para asegurar que los trabajadores puedan tener acceso a información sobre las entidades que aseguran que los representan, y a cualquier acuerdo que estas entidades pudieran tener con los empleadores.
Además, la iniciativa de ley eliminaría el requisito actual de que los trabajadores sean notificados sobre su despido por escrito, con lo cual se interpreta que los patrones podrán despedir con mayor facilidad.
Se prevé se discuta en el Congreso con el inicio del periodo ordinario de sesiones.
Agencia Reforma
http://www.elmundodecordoba.com/index.php/slideshow/67938-Exhiben-sindicatos-de-EU-a-México-por-contratos-a-modo-y-salarios-bajos
Isaías González Cuevas: Iniciativa de justicia laboral, resultado de ejercicio plural
02 febrero 2018
La ley secundaria en materia de justicia laboral que será discutida en el Senado no es imposición del PRI, ni de la CROC, sino resultado de un ejercicio democrático, plural y transparente donde intervinieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, afirmó Isaías González Cuevas.
El senador y dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) aclaró que en esa propuesta también participaron investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La propuesta, sostuvo, “garantizará el derecho humano a una tutela judicial efectiva y de ninguna manera pretende terminar con conquistas laborales o derechos”.
“La Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales ha sido el resultado de amplias consultas con representantes del Gobierno Federal, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de 200 académicos e investigadores de 26 instituciones, así como de integrantes y organismos autónomos de los poderes Legislativo y Judicial», sostuvo.
Indicó que “lo que los legisladores del PRI pretenden con esta propuesta de reforma a diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Seguro Social es mejorar los procesos de conciliación y de legitimidad de los procedimientos jurisdiccionales y las sentencias judiciales”.