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Justicia Laboral

La peligrosa contrarreforma laboral


17 febrero, 2018
Cómo ha cambiado México. ¿A dónde se fueron aquellos días en los que los líderes sindicales defendían a los trabajadores? Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentan una iniciativa que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma laboral anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. Es neoliberal, en un momento en el que el mundo vuelve a girar a lo social; cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta ley los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsourcing, que no solo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo; en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora, en muchas entidades del país, implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de derecho y a la planta productiva.
La conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos es atroz, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que, contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
Esta ley no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral? Pareciera que se trata de una estrategia para enfrentar a la izquierda con los empresarios, lo que constituye una gran irresponsabilidad. A estas alturas de un gobierno defenestrado, poco vale la patria frente a un parcito de puntos para tomar ventaja electoral. Esa es su lógica.
Estamos a favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La visión planteada en la iniciativa no es de avanzada, significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.

http://www.siempre.mx/2018/02/la-peligrosa-contrarreforma-laboral/
Justicia Laboral

Entre parches y reforma integral laboral


Patricia Kurczyn Villalobos
14 de febrero de 2018, 23:17
En el 2012, en los últimos momentos de la administración de Felipe Calderón se reformó la Ley Federal del Trabajo. ¿Un acierto? No lo creo, y ahora una de mis dudas se repite: ¿Por qué una reforma laboral en el último tramo de gobierno? ¿Habrá condiciones y quedará espacio para consolidar una reforma del tamaño de la que se propone ahora y de la constitucional del 2017? ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los Senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo con el sector patronal? A fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que unas cuántas; ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo.
Permítanme referirme como derecho a la estabilidad en el empleo, legítima aspiración de la clase trabajadora que establece la ley vigente y que hoy se pretende vulnerar. La reforma propuesta facilita el despido del trabajo, lo que implica truncar derechos de antigüedad y todo lo que ello conlleva. Despedir a trabajadores libremente, cuando tampoco existe el seguro de desempleo, es insensato y facilita al empleador la liberación de responsabilidades laborales. Esta reforma representa un desafío a la justicia social y genera un reto para la sociedad que al final cargará con las necesidades de la clase trabajadora.
Por otro lado, el outsourcing es una modalidad administrativa que surgió en Inglaterra en la década de los años 80. Se trata de allegarse de elementos externos para facilitar la gestión administrativa que, sin duda, es de gran utilidad cuando se aplica para que la empresa se enfoque en sus actividades y finalidades esenciales. Sin embargo, cuando se utiliza para realizar actividades esenciales de la empresa, se convierte en un instrumento de liberación de responsabilidades laborales y fiscales. Las empresas de subcontratación convierten el trabajo humano en mercancía; rompiendo con ello las reglas del trabajo digno y decente. Los empleados de un “patrón” trabajan para un tercero y se convierten en mercancía, una violación a los derechos humanos. La subcontratación dificulta la cohesión social e impide la sindicalización —defensa organizada de los derechos laborales—. La ley vigente exige la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes con las de tercerización, ¿pero se cumple?
Agreguemos a la legalización de esta ficción abrir el trabajo a prueba sin condicionamientos como lo propone la iniciativa, con lo que se reducirían las oportunidades de capacitación y con ello menos productividad y otras prestaciones, como las de antigüedad, días de vacaciones, reparto de utilidades y otras, además del impacto en la seguridad social.
Una reforma progresiva como corresponde al siglo XXI impondría estrictas normas para que las empresas de tercerización se constriñan a actividades específicas y especializadas de las empresas contratantes; cumplan con el principio de igualdad de remuneración, y con sus obligaciones en general. Entre ellas, las de capacitación, de reparto de utilidades, registro de empleados en el IMSS, el cumplimiento de las normas de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo, rigurosa inspección, etcétera. Sugiero, en cambio, que se contemple la ratificación del C. 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (de 11 agosto 1983). Lo agradecerían las familias mexicanas.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entre-parches-y-reforma-integral-laboral-20180214-0153.html
Justicia Laboral

La contrarreforma laboral

 

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró:
Transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial.
Crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio. El organismo descentralizado en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Brinda certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Este 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo anteriormente comentado.
Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsorcing, que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora en muchas entidades del país implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de Derecho y a la planta productiva.
En lo referente a la conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria. También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa, no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral?
Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.

XXX TWITTER: @LuisHFernandez
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-contrarreforma-laboral-952306.html
Justicia Laboral

Quieren gran consulta en reforma a justicia laboral


Pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo para expedir la legislación secundaria, se avaló que exista una consulta nacional.
Jorge Monroy
14 de febrero de 2018, 01:02
La Cámara de Diputados se pronunció por llevar a cabo una gran consulta nacional para expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo que fijó la reforma constitucional aprobada en febrero del 2017.
Así lo expuso Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, quien presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por los legisladores, a fin de frenar la aprobación de la legislación secundaria y abrir espacio a las consultas. Cabe señalar que el Senado de la República es la cámara de origen respecto a la aprobación de las propuestas sobre las leyes secundarias y donde se espera que sea presentado el dictamen final.
El 24 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, la cual estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Entre los principales cambios se contempla la desaparición de las juntas de conciliación, la federal y las locales, y en su lugar estarían los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, que estarían encargados de registrar sindicatos y los contratos colectivos. El punto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una consulta amplia a trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos, laborales nacionales y también internacionales.
También se comprometió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizará las gestiones pertinentes para que se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) afirmó que “el buen juez, por su casa empieza, y si esta Cámara de Diputados ha sido muy exigente con el gobierno de la República para que se conduzca con transparencia, respete el derecho a la información y rinda cuentas de su actuar, esta soberanía también tiene la obligación de hacer lo mismo”.
El diputado Ramón Bañales Arámbula (PRI) aseveró que “la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente, y la dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción”.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Quieren-gran-consulta-en-reforma-a-justicia-laboral-20180214-0019.html
Justicia Laboral

Sonora: Darán certeza jurídica a trabajadores sonorenses mediante justicia laboral


TermómetroenLínea /
2018-02-14
Hermosillo, Sonora, 13 de febrero de 2018.- Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y conocidos como «derechos humanos de segunda generación», aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:

  1.      Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
  2.      Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
  3.      Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
  4.      Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.

La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de «no contradicción y supremacía constitucional».
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición «Por México al Frente», a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=63104&cat=1#.WoWL261Dm-o

Justicia Laboral

Con el Instituto de Conciliación agilizarán soluciones en conflictos laborales: Campa

De manera paulatina tomará las riendas de la juntas locales de arbitraje
La reforma en justicia laboral ya está aprobada, faltan las leyes secundarias, señala
El secretario del Trabajo aseguró que para noviembre los nuevos tribunales entrarán en funcionesFoto Jesús Villaseca
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
La reforma en justicia laboral vendrá a transformar, limpiar, y hacer más ágil la solución de conflictos obrero-patronales para que se resuelvan en menor plazo, se privilegie la conciliación y ya no se alarguen innecesariamente los procesos, aseguró el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián.
El funcionario adelantó que el Ejecutivo propondrá en los próximos días al funcionario que encabezará el nuevo Instituto Federal de Conciliación y Registro de Asociaciones.
Luego de señalar que esta secretaría prepara el terreno para el “aterrizaje” de la reforma, puntualizó que la propuesta de quien dirigirá el nuevo instituto la planteará el presidente Enrique Peña al Senado de la República, el cual tiene que ser ratificado por esta Cámara antes de finales de febrero e incluso ya se tiene una terna de quienes podrían encabezar el organismo.
En entrevista con este diario en sus oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Campa expuso que la dependencia está a la espera de que el Legislativo vote, y en su caso, apruebe las leyes secundarias de la reforma –antes del 26 de febrero–. A la par, se realizan diversas tareas, pues se ve el espacio físico que ocupará el nuevo organismo de conciliación.
Además se elabora un esquema para que las juntas locales de conciliación y arbitraje den salida a los miles de juicios que tienen rezagados a través de un esfuerzo de “transparencia y no corrupción”.
Al respecto, puntualizó que las leyes secundarias plantean un plazo para la desaparición de dichas juntas, que será de cuatro años a partir de noviembre de 2018, y también a partir de esa fecha los nuevos tribunales laborales empezarán a operar con una carga cero, es decir, recibirán sólo nuevos casos.
–¿Hay confianza en que se logrará que las dos cámaras legislativas voten y aprueben las leyes secundarias de la referida reforma antes de que concluya febrero?
–En primer término, la parte principal de la reforma ya fue votada, aprobada y ya es ley, hoy es norma constitucional. Ya se reformaron las leyes y lo único que se atiende en este momento es el compromiso legislativo de concluir con las leyes secundarias que tienen un plazo que vence a finales de febrero, el cual estamos obligados a cumplir por ley.
–En caso de que se cumplan los plazos y las leyes secundarias se aprueben, ¿cómo se va a aterrizar la reforma?
–La secretaría ya se prepara en varios frentes para eso, pero lo fundamental es lo que habrá de discutirse en los próximos días en el Congreso, los pormenores de la conformación de nuevos tribunales de lo laboral y del instituto que tendrá las tareas de conciliación y registro de asociaciones.
El planteamiento es que los tribunales de lo laboral empiecen a operar a partir del 7 de noviembre de este año, es decir, hay nueve meses para establecerlos y ponerlos en marcha. En tanto, las juntas tendrán cuatro años a partir de ese mes para despachar todos los juicios que tienen en trámite.
–Entonces, ¿operarán paralelamente tribunales laborales y las viejas juntas?
-Sí, sólo un tiempo. En los próximos cinco años habrá un proceso de responsabilidad paralela.
–¿Qué proceso se va a establecer para que las juntas terminen con todo el cúmulo de miles de juicios laborales en trámite?
–Se van a tomar diversas acciones, en primer término se les pedirá un esfuerzo de transparencia y solución de los juicios “sin corrupción”; se van a llevar a cabo medidas para acelerar los procesos de dictaminación y se hará una propuesta que atienda la realidad que es la enorme carga de trabajo que tienen.
Es decir, se prepara toda la cuestión administrativa, técnica, física y legal para aterrizar la reforma, sólo se espera que el Congreso concluya con el proceso, pero lo fundamental es que esta reforma agilizará la justicia laboral, ya no habrá juicios interminables pues se quitarán los alicientes para alargar procesos, se acabará con el coyotaje y se dará un cambio radical a este esquema.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/016n1pol

 

Justicia Laboral

Cámara de Diputados: Aprueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral


Boletín N°. 4927
13-02-2018.- La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado, mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, para que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Añadió que esta propuesta abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) puntualizó que es fundamental que las condiciones de trabajo sean benéficas para empleados, se reconozcan y respeten los derechos adquiridos y bajo ninguna circunstancia sean puestos en entredicho.
En este sentido, se debe asegurar que la justicia laboral funcione de manera clara y transparente; por ello, Encuentro Social se une a la propuesta que dará como resultado la concreción de la legislación secundaria, llevar a cabo una amplia consulta para robustecer y asegurar el beneficio, el desarrollo humano y el tema de la integración de las cuestiones familiares.
La diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
“El reto de materializar la reforma y hacerla eficiente solo podrá conseguirse al escuchar y analizar las voces y puntos de vista de todos y con ello garantizar la estabilidad del mercado laboral”.
Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) se manifestó a favor del punto de acuerdo, ya que la justicia laboral ha sido una de las de más rezago. “En la actualidad existen más de 300 mil juicios y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años”.
“Hoy que la reforma constitucional ya está plasmada es fundamental que la ley reglamentaria tenga una discusión amplia que se escuche a expertos y académicos para que el ordenamiento sea una reforma que realmente haga justicia a los trabajadores”.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
“Pongamos las reglas para que se sustituyan las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado para la resolución de conflictos”.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su fracción parlamentaria presentó el 17 de enero, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
“En él estamos exhortando al Congreso de la Unión, para que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo sea analizada y discutida con los diferentes sectores interesados e hicimos un segundo exhorto para crear un grupo de trabajo con la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión, actores involucrados y el apoyo de instituciones especializadas con el objeto de elaborar una nueva iniciativa que beneficie a todos”, subrayó.
Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
Enfatizó que su grupo parlamentario defiende a la clase trabajadora con esta reforma innovadora, ya que hace falta “una verdadera justicia laboral, incluyendo mejores salarios a los trabajadores”.
El diputado del PAN, Jaime Mauricio Rojas, Silva consideró que una materia pendiente de concretar en nuestro país, es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
En este sentido, las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y “no a modo de un sector en particular”.
En tanto, el diputado Ramón Bañales Arambula (PRI) aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo, se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Febrero/13/4927-Aprueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral
Justicia Laboral

Una reforma laboral lamentable


Por Alfredo Sánchez Castañeda
14 febrero 2018
De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país
14 febrero 2018
El modelo de relaciones laborales en México ha transitado en muchas ocasiones de la tutela al control estatal. Las cosas parecían cambiar el 24 de febrero de 2017; fecha en que se reforma la Constitución garantizando: la representatividad de las organizaciones sindicales; la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo; el voto libre y secreto en la resolución de conflictos sindicales; la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de dirigentes sindicales; el tránsito de la justicia laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial; la creación de un organismo federal descentralizado encargado de registrar sindicatos, contratos colectivos y realizar conciliación prejudicial, así como el establecimiento de centros de conciliación estatales para agilizar la justicia laboral.
Empero, fue hasta el 7 de diciembre de 2017 que dos Senadores del PRI presentaron al Senado de la República, un paquete de iniciativas de reforma en la materia. Reformas que la STPS ha hecho suyas. Desafortunadamente, las iniciativas se alejan de la Constitución tanto en lo social como en lo legal.
Las modificaciones planteadas alteran radicalmente el paradigma, si bien no siempre cumplido, de relaciones laborales establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, fundado en el equilibrio entre patrón y trabajador, porque: suprime la obligación del patrón de avisar por escrito al trabajador los motivos de su despido; permite el outsourcing ilimitado; desaparece requisitos de los contratos a prueba y de capacitación inicial; reduce indemnizaciones laborales; elimina la obligación del patrón de justificar despidos colectivos ante la autoridad; desecha la demanda del trabajador que no haya sido corregida en tres días; y, establece requisitos que dificultan el derecho sindical, de contratación colectiva y de huelga.
De igual manera, no se respeta el mandato constitucional, al crear: los centros de conciliación estatales y permitir conciliar también en la vía judicial, resultando elefantes blancos de mero trámite y alto impacto presupuestal; el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, también con funciones conciliatorias de mero trámite, controlado por sindicatos corporativos y cámaras patronales y, con una regulación que burocratiza el derecho de sindicalización, de contratación colectiva y de huelga, y finalmente, los Tribunales Especializados en Seguridad Social sin hacer las reformas complementarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prever el personal especializado, unificar procedimientos, ni señalar fecha para el inicio de sus operaciones en los artículos transitorios constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico y político, el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto así como Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, como ya casi candidatos presidenciales, tienen dos opciones: preservar un modelo que asegure el futuro del país bajo esquemas laborales de siglo XXI, es decir, democracia, libertad, trasparencia, desarrollo, productividad e industria 4.0, o bien, abrir la puerta a un modelo de siglo XIX, de desequilibrios, explotación y pobreza.
La reforma constitucional establece un año como término para realizar las adecuaciones legislativas, el cual se cumple el 26 de febrero de 2018. Sin haber considerado lo difícil y tardado que ha sido la implementación de la reforma penal y mercantil. De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país.
Twitter: @asc_unam

http://www.eluniversal.com.mx/alfredo-sanchez-castaneda/una-reforma-laboral-lamentable
Justicia Laboral

Una reforma que huele a podrido

14/02/2018
Manuel Fuentes
Ya está lista la propuesta de reforma laboral. Les urge aprobarla para que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente | Manuel Fuentes

Quedan menos de 15 días para llegar al límite fantasmal, el 24 de febrero, impuesto desde la presidencia de la republica junto con sectores patronales y de tinterillos sindicales (que aplauden y aplauden), para aprobar la contrarreforma laboral más agresiva de los últimos 100 años en contra de los trabajadores.
Los sectores patronales son los más activos promotores para que se apruebe esta contrarreforma, que hace añicos el derecho laboral. Dicen a los distraídos senadores que se encuentran buscando hueso que es urgente su aprobación porque se requieren fuentes de empleo dignas (¿?), mejores salarios (¿?), inversiones no golondrinas (¿?), que nuestro país será de primer mundo con esta reforma (¿?) y prometen hasta que la maldita inflación se va a acabar (… y bla bla bla).

Outsorcing

En el Senado de la Republica están los cabilderos patronales, a toda hora, para que no se mueva una sola de sus propuestas, ni una coma. Ya les dijeron que la propuesta del outsourcing será retirada porque ha causado un gran enojo, principalmente la del líder cetemista y no quieren ser promotores de la división sindical (¿?).
A los empresarios ya les dijeron que sigan con el negocio de las outsourcing,como lo han hecho siempre. Que nadie les va a decir nada. Que si bien la Ley federal del trabajo prohíbe la subcontratación total, el gobierno no se mete en las empresas. Que hagan lo que quieran. Los empresarios más conspicuos están de plácemes por ese cambio para no ejecutar nada.
Ellos saben que seguir con el negocio de las outsourcing es acabar con la obligación de otorgar las utilidades a los trabajadores, y eso lo festinan por todos lados. Es permitir que sus empresas se vuelvan fantasmas cuando así lo requieran y cuando tengan un adeudo, con quien sea, se esfumen. Es contar con permiso de robar. Permitir la división de sus empresas para evadir pago de impuestos y esto, lo saben ellos, lo seguirán haciendo con reforma o sin ella.

Mera usura empresarial…

Al gobierno federal lo que le apura es que se apruebe la creación del Instituto de Conciliación, de Registros de Sindicatos y de Contratos Colectivos para controlar en la raíz al movimiento obrero y con ello mantener a raya el aumento de los salarios. En otras palabras, mantener la usura empresarial y el esclavismo obrero. La ganancia de unos pocos y la miseria de la inmensa mayoría de los mexicanos. Los promotores de esta iniciativa son unos mexicanos de vergüenza.
El gobierno federal logró insertar en el mismísimo artículo 123 constitucional su derecho a controlar la vida de los sindicatos. Legalizó que quién se encargue del aparato de control sea un emisario del presidente de la republica actual, al cual no se le pueda remover ni molestar, por ningún motivo, en los siguientes seis años.
Esa oportunidad no la quieren desaprovechar las huestes peñistas, ¿qué tal si pierden la presidencia de la república? Tendrán al menos controlado el negocio de los registros sindicales, de las huelgas, de los aumentos salariales, de los contratos colectivos de protección, de la destitución de los dirigentes sindicales incómodos, de los juicios de titularidad. Tener en sus manos el verdadero poder de control político. ¡Hay que apurarse! Insisten en el Senado de la Republica los timoratos del poder.

Hay negocio para todos

Ante el enojo de los tinterillos sindicales de no dejarlos participar en el negocio, ya les dijeron que en ese Instituto «de control sindical» también participarán junto con sus socios del sector empresarial que los protege. ¡Hay negocio para todos, no se apuren!
Ya está lista la propuesta de reforma laboral que nunca fue puesta a consideración de la sociedad. Les urge aprobarla para que sea la gran reforma que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente.
¡Vamos Senadores del PRI, del PAN, ecologistas y otros satélites! ¡Solo levanten la mano para que se conviertan en héroes de la patria!  En basura…
Pretenden una reforma que privatice el derecho laboral, para que sea solo de los patrones. Que permita el despido libre y las renuncias en blanco al por mayor.
Que acabe con el salario como medida de pago para las indemnizaciones y pensiones y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización.
Que termine con todo rastro de bilateralidad y de libertad sindical. Que extinga el derecho a huelga y la contratación colectiva participativa. Que cancele la transparencia sindical.
Que anule el voto secreto para evitar que los trabajadores participen en la decisión de sus condiciones de trabajo. Que mande a la basura la seguridad social.
Que cree la conciliación punitiva enfilada contra los trabajadores. Que obstaculice la justicia laboral imponiendo requisitos insalvables para demandar en los nuevos tribunales laborales.
Quieren una reforma que esclavice más a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de todas edades y a los viejos, desaparecerlos.
Es una reforma laboral que huele a podrido, porque encarna los principios más regresivos de nuestra sociedad, volcada sin reserva, en contra de los sectores más vulnerables de este país, para condenarlos a la miseria.
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@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
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Justicia Laboral

Sonora: Reformas ayudarán a una justicia laboral más rápida y efectiva: Javier Villarreal


Para contribuir a que los juicios laborales se solucionen de manera más rápida, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes un dictamen para adecuar la Constitución Política de Sonora con las reformas que se dieron a nivel federal del Artículo 123 Constitucional.
El dictamen fue presentado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Asuntos del Trabajo, en forma unida.
Una de las reformas posibilita la creación de los Juzgados Laborales, con lo que la justicia laboral pasará del Poder Ejecutivo al Poder Judicial; mientras que la otra hace posible la creación de un Centro de Conciliación Laboral.
“El Centro de Conciliación Laboral es una figura muy interesante porque de esta manera se va a poder trabajar más intensamente en la conciliación de los conflictos para buscar un arreglo antes de llegar a juicios largos y costosos que, incluso, afectan la economía de muchos compañeros trabajadores que no tienen un ingreso”, declaró el diputado Javier Villarreal.
“Nuestro propósito con este Centro de Conciliación es que ahí se haga una labor efectiva, que la autoridad busque que se llegue a un acuerdo justo que realmente atienda el derecho del trabajador”, añadió.
Villarreal Gámez señaló que estos dos organismos empezarían a funcionar a partir del próximo año, por lo que todavía se continuará con el trabajo que realizan actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el estado.
La Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.

http://h.canalsonora.com/reformas-ayudaran-a-una-justicia-laboral-mas-rapida-y-efectiva-javier-villarreal/