Boletín 19/2018
9 de febrero de 2018
Preocupa a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que en la Reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral se contemplen disposiciones que representan una afectación a las indemnizaciones de las y los trabajadores, de sus familiares y/o de las personas beneficiarias; cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la iniciativa pretende implementar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituyendo con esto el salario como base para su cálculo, no obstante estar fijado en un monto inferior.
Este Organismo hace un llamado al Senado de la República para que se discutan dichas propuestas que conllevan un retroceso a lo que en la actualidad dispone la Ley Federal del Trabajo (LFT) respecto a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo (Artículo 427 LFT), terminación colectiva de las relaciones de trabajo (Artículos 434 y 436 LFT), en los casos de reajuste de personal por la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos (Artículo 439), y por riesgos de trabajo, incapacidad permanente total, y muerte (Artículos 485, 495 y 500 LFT).
Por lo anterior, resulta imprescindible realizar una discusión y análisis a fondo, tomando en consideración la obligación del Estado para legislar con un enfoque garantista que proteja el derecho de las y los trabajadores a percibir un salario justo y adecuado como indemnización en los casos antes señalados, a fin de satisfacer sus necesidades; de lo contrario, la aprobación en los actuales términos de dicha iniciativa se traduce en una violación a derechos humanos al restringir u obstaculizar el derecho al trabajo decente.
Etiqueta: reforma laboral
CDHDF: No al Outsourcing en la reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral
Boletín 18/2018
7 de febrero de 2018
En unos días, el Senado de la República estará discutiendo la Reglamentación de la Reforma Constitucional respecto de los Artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral. Dicha Reforma tiene como puntos principales la transferencia al Poder Judicial de la impartición de justicia en la materia -sustituyendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje-, el fortalecimiento de la conciliación a través de los denominados centros de conciliación (teniendo en el ámbito federal el organismo descentralizado la responsabilidad del registro de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales), así como garantizar el voto personal, libre y secreto de las y los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos inter sindicales.
En la iniciativa presentada se contemplan, entre otros temas, la liberalización del outsourcing que es una forma de contratación que tiene como resultado la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores al trasladar la responsabilidad de los patrones que reciben sus servicios a un tercero, que por lo general no garantizan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha relación.
Por tal motivo es necesario que no se norme esta forma de relación triangular de trabajo, para preservar el carácter tutelar de la normativa laboral en nuestro país y evitar los abusos que se presentan con este mecanismo de contratación.
Esta figura contractual no debe permanecer en la Ley Federal del Trabajo para reestablecer los principios fundamentales contemplados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de la materia, que plantean como uno de los derechos humanos laborales fundamentales la estabilidad en el empleo como parte del trabajo decente, que es el concepto que ha venido a englobar el conjunto de condiciones que permiten, a quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo, una vida digna.
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que está integrado por representantes de organizaciones de las y los trabajadores y estudiosos de la materia, ha señalado que la iniciativa conforme a su contenido plantea un nuevo modelo laboral que puede constituir, de ser aprobado en sus términos, una regresión de derechos al facilitar el despido, reducir indemnizaciones, obstaculizar la libertad sindical y negociación colectiva, restringir el derecho de huelga, poner en riesgo la autonomía del Instituto Federal de Conciliación y Registro y suprimir avances en transparencia sindical.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa dando seguimiento al proceso legislativo y hace un llamado para que sean escuchadas las voces de las organizaciones representativas de los sectores obrero y patronal, las y los especialistas en la materia, academia e investigadores a fin de atender sus planteamientos y reconducir la propuesta hacia el respeto y garantía de los derechos humanos laborales y que ésta se ajuste a su propósito que es el mantenimiento del Estado de Derecho.
http://cdhdf.org.mx/2018/02/no-al-outsourcing-en-la-reglamentacion-de-la-reforma-constitucional-en-materia-laboral/
Cómo fastidiar a México hasta el final
POR JESÚS CANTÚ , 18 FEBRERO, 2018ANÁLISIS
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En un esfuerzo final para que las grandes empresas tengan todavía más oportunidades de seguirse beneficiando de los recursos naturales del subsuelo y de los bajísimos salarios de los trabajadores mexicanos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa la aprobación fast track de la Ley General de Aguas y una nueva legislación en materia laboral.
La primera pretende privatizar el manejo y comercialización del agua, y la segunda, condenar a la mayoría de los trabajadores a la precariedad. Tal como sucedió con la Ley de Seguridad Interior, al Ejecutivo lo único que le interesa es que se aprueben sus proyectos de
La Ley General de Aguas (Proceso 2153) contempla el otorgamiento de concesiones a perpetuidad y, aunque pone un límite máximo de 30 años, permite las renovaciones ilimitadas. Además, autoriza la transmisión de las mismas, aunque el cambio de titular implique también el cambio de uso del líquido, por ejemplo, de uso para fines agrícolas a industriales.
También contempla, de acuerdo con un análisis desarrollado por la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, que las tarifas del agua se determinen tomando en cuenta los costos, la inflación y la utilidad que debe lograr el operador.
Los expertos entrevistados en el reportaje de Jesusa Cervantes también hacen hincapié en que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, a través de Ignacio Pichardo Lechuga, impulsaría el uso de fracking para la producción de gas y aceite, dado que dicho proceso requiere de gran cantidad de agua; así, la propuesta de nueva legislación es el complemento ideal para la reforma energética.
Mientras tanto, en lo referente a la propuesta de legislación laboral (Proceso 2153) ésta trasgrede los principios constitucionales promulgados en la reforma de febrero del año pasado, pues en lugar de crear Centros de Conciliación en los estados, y el organismo descentralizado con plena autonomía, prácticamente revive el formato de las Juntas de Conciliación al recrear instancias tripartitas: trabajadores, empresarios y gobierno. Lo que da al traste con una de las principales intenciones de la reforma.
También revierte el voto libre y secreto como requisito previo para cualquier negociación colectiva, al reservarlo únicamente para los casos en los que se emplace a huelga, con lo cual abre la puerta para los llamados contratos de protección.
Mención aparte merece la liberalización del llamado outsourcing, que es una de las vías más socorridas para evadir responsabilidades laborales y precarizar el trabajo en México, al eliminar las restricciones de la actual legislación que limita el mismo a actividades accesorias, como limpieza y vigilancia, e impide que se otorguen a terceros la realización de las tareas centrales del negocio. Aunque el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, ya se manifestó contrario a esta propuesta, es un hecho que el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados sí lo contempla.
Como bien señala Arturo Alcalde en un artículo publicado en La Jornada el sábado 3 de febrero, el proyecto de ley da al traste con los dos principales objetivos de la reforma constitucional: recuperar la vigencia del estado de derecho y dejar en manos de tribunales adscritos al Poder Judicial la impartición de justicia en materia laboral; y “recuperar el papel de la negociación colectiva como medio de concertación productiva y así suprimir los contratos colectivos de protección patronal celebrados a espaldas de los trabajadores”.
Estas dos iniciativas de ley, aunque nunca se contemplaron en el llamado Pacto por México, forman parte del paquete de reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha impulsado incluso desde antes de llegar al poder, como fue el caso de la reforma laboral aprobada todavía durante el gobierno de Felipe Calderón, pero ya consensuada con el entonces presidente electo.
Todas las reformas (con la única excepción de la llamada reforma fiscal, aunque en realidad fue un aumento de impuestos indispensable para que las finanzas públicas federales no empeoraran) establecen condiciones muy favorables para que los grandes empresarios (en muchos casos de la mano de exsecretarios de Estado, ya muy bien señalados) exploten los recursos naturales y humanos del país.
Algunas de las primeras consecuencias negativas de la reforma energética ya están presentes con el encarecimiento de los combustibles y la debacle de las refinerías mexicanas; pero donde éstas son todavía más alarmantes es en el ámbito de la reforma laboral, pues entre 2013 –el inicio del sexenio y cuando apenas entraba en vigor la reforma laboral– y 2016 el número de personas empleadas que ganan más de cinco salarios mínimos se redujo en 700 mil; y, en contrapartida, el de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se incrementó en 3 millones 200 mil. Y, por si esto fuera poco, también hay cerca de 7 millones 200 mil personas que laboran menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad o reciben menos de un salario mínimo.
Para dar una idea de esta precariedad del empleo en México, en una encuesta levantada en Nuevo León entre septiembre y noviembre del año pasado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el proyecto Cómo Vamos, Nuevo León, muestra que 51.1% de los encuestados manifestó percepciones menores a 9 mil 900 pesos mensuales, en ese entonces equivalente a cuatro salarios mínimos y, únicamente 1.6%, más de 24 mil 800 pesos mensuales, es decir más de 10 salarios mínimos.
En resumen, como resultado de la reforma laboral se ha incrementado el número de empleos, pero de muy mala calidad y, en contrapartida, se ha reducido el número de empleos bien pagados.
Es muy evidente que, hasta el momento, las reformas estructurales han beneficiado a muy pocos y perjudicado a la mayoría de los mexicanos; lo cual es claramente percibido por la población, pues en la última encuesta de Latinobarómetro 2017, 90% de la población consideraba que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
Y, no conforme con esto, Peña está empeñado en concluir su compromiso (con esos grupos poderosos que lo llevaron a la Presidencia) de reformas estructurales, sin importar los resultados que produzcan para el país. Parece que, aunque lo niegue, hasta el último día de su mandato se despertará pensando “en cómo joder a México”.
Este análisis se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/522878/como-fastidiar-mexico-hasta-el-final
Coahuila: Evitarán jueces malas prácticas en lo laboral
La intervención de un juez para resolver los conflictos laborales evitará malas prácticas de algunos abogados, que en forma deliberada prolongaban los procesos para acumular salarios caídos y otros gastos, en perjuicio de los empresarios.
domingo, 18 de febrero de 2018
La intervención de un juez para resolver los conflictos laborales evitará malas prácticas de algunos abogados, que en forma deliberada prolongaban los procesos para acumular salarios caídos y otros gastos, en perjuicio de los empresarios, expresó el diputado Jesús Berino Granados.
El coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado se refirió a la próxima creación del Centro de Justicia Laboral, cuyo organismo va a sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Expresó que forma parte de una reforma a los artículos 107 y 123 Constitucional, para crear este organismo, que además servirá para agilizar la solución de los conflictos laborales y abatir el rezago que hay en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
«Era un rezago en favor de los abogados que promovían un juicio y le daban largas, con el objetivo de acumular los salarios caídos. Eso a cualquier empresario le afecta este tipo de conflictos, porque le quitaba la oportunidad de seguir trabajando.
«Con esta iniciativa se protege a los pequeños empresarios y a los grandes industriales también, para que ya no tengan este tipo de problemas, de que vienen a un país o un estado, donde por cualquier demanda, aunque no haya razón, le demandaban aguinaldos, salarios caídos, tiempos extras y otro tipo de prestaciones”, expuso.
Mientras que al trabajador también le beneficia, al resolverse de manera más rápida un conflicto y que se le fije la indemnización o finiquito que corresponde, de acuerdo con los años de servicio y lo que establece la ley.
Escrito por Daniel Valdés
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/2/18/evitaran-jueces-malas-practicas-laboral-713334.html
Chihuahua: Personal de las JLCyA recibe capacitación en conciliación laboral
Por: Reportero | Fecha: 18/02/2018 15:30
Debido a que la conciliación es un requisito obligatorio, antes de proceder a la demanda personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje iniciaron el taller de formación de conciliadores en materia laboral.
Dicho taller es impartido en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó la secretaria de Trabajo y Previsión Social en estado, licenciada Ana Luisa Herrera.
“El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los municipios de Chihuahua, Delicias, Parral, Casas Grandes y Cuauhtémoc, inició el taller de formación de conciliadores en materia laboral, impartido en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, explicó.
Dicho taller se divide en cuatro módulos de 5 horas y se desarrolla durante cinco fines de semana, las y los asistentes a este taller, conocerán las herramientas necesarias para atender los mecanismos alternos de resolución de conflictos laborales entre las partes.
Ahí se abordarán diversos temas, desde antecedentes históricos de la conciliación; cómo se ha desarrollado esta técnica en la Ley Federal del Trabajo, hasta la reforma de 2017, en donde se estipula que la conciliación, será un requisito obligatorio antes de proceder a la demanda.
“El objetivo, es sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia y la trascendencia de la conciliación, a partir de la reforma laboral aprobada el año pasado.
Nuestro reto es profesionalizarnos para que la implementación de dicha reforma resulte de la forma más efectiva y exitosa”, expresó.
Dentro del contenido del taller también se consideró la práctica, a partir de casos hipotéticos, para aplicar los conocimientos adquiridos.
En el cuarto y último módulo, conocerán la estructura orgánica, así como las obligaciones y facultades de lo que será el Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, aprobado el pasado mes de diciembre, y del cual se espera que entre en funcionamiento para el último trimestre de este año.
http://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=100405
Hidalgo: Reforma laboral se concretará hasta noviembre
Jorge Luis Pérez Lunes 19 de febrero de 2018
Antes deberá ser aprobado por el Congreso Local y se ubicaría en lotes del Sector Primario
Pachuca, Hidalgo.- Para que se concrete la Reforma Laboral, transición de las Juntas de Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) al Poder Judicial (PJ), el Congreso local debe aprobar la creación y equipamiento y poner a funcionar, en noviembre, el Centro del Conciliación Estatal, en lotes del Sector Primario.
Esa instancia será obligatoria en toda controversia patrón-trabajador, en busca de acuerdos conciliatorios antes de echar a caminar todo el aparato jurisdiccional, el cual se volvió lento y no provee de justicia pronta y expedita, a grado de que aún se desahogan juicios de 3 o más años en detrimento de ambos, porque uno necesita el ingreso y el otro pierde mucho.
Antes, el patrón estaba obligado a pagar salarios caídos por todo lo que duraba el juicio por no pago de aguinaldos, accidentes sin estar asegurados o despidos injustificados, entre otras controversias. Con la reforma, ahora solo se paga un año de salarios caídos y se deposita interés.
Así lo expone María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la Secretaría del Trabajo, en Hidalgo, al señalar que la reforma laboral ya aprobada en el Congreso federal, puso fin a más de ocho décadas en que las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependieron de los poderes ejecutivos estatales, como juez y parte.
La reforma federal establece, primero, la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales, a Tribunales Laborales del Poder Judicial, creando los centros de Conciliación en los estados.
Segundo, el trámite de registro de contratos colectivos y de organizaciones sindicales se tendrá que hacer en la Ciudad de México, en el Instituto de Conciliación y Registro Sindicales, que poseerá carácter federal y delegaciones en los estados.
A lo anterior le falta su Ley Reglamentaria y/o Secundaria, que regirá su funcionamiento y su competencia; y, en qué momento estarán los centros de Conciliación, lo cual está definido para 25 de noviembre.
La secretaria del Trabajo indicó que para lograr el objetivo tiene buena coordinación con la magistrada presidenta del Poder Judicial, Blanca Sánchez.
Informó que el gobernador Omar Fayad otorgó terrenos para la construcción de esos tribunales, en el Sector Primario. En cuando al presupuesto, aludió que lo trabajan de manera conjunta desde el año pasado.
“Aquí se hizo la tarea, se planeó, se previó. Ya tenemos en el Congreso local la iniciativa de reforma a nuestra constitución, con alineamiento a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la reforma laboral está en la cancha legislativa, y debemos apurarnos en concretarla”, concluyó.
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/reforma-laboral-se-concretara-hasta-noviembre
La oposición no permitirá un albazo en la ley reglamentaria sobre justicia laboral
En 8 días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobarla
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 18 de febrero de 2018, p. 17
En ocho días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral y no hay avances, ya que las negociaciones se han dado fuera de esa Cámara y la oposición advirtió que no permitirá un albazo, ya que se pretende imponer una contrarreforma que atenta contra derechos y conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.
Aunque hay un plazo fatal, que es el próximo día 26, lo mejor es darnos más tiempo y no aprobar al vapor una legislación tan ofensiva y violenta en contra de la clase trabajadora, como la que quieren imponer el gobierno, los empresarios y seudo líderes sindicales”, advirtió el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Trabajo, que es la responsable de dictaminar.
Adelantó que el próximo jueves se llevará a cabo un foro de discusión en el Senado, en el que participarán abogados laboristas y académicos.
En entrevista aparte, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en que se debe discutir ampliamente esa ley reglamentaria, dentro del Senado y llevar a cabo foros de análisis en los que participen representantes del sindicalismo independiente, académicos y expertos, dado lo delicado del tema, que pone en peligro derechos obreros fundamentales.
No basta, insistió, con que se haya eliminado de la iniciativa gubernamental presentada por los senadores del PRI, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, que son al mismo tiempo dirigentes de la CROC y la CTM, el tema del outsourcing, ya que hay otros muchos aspectos preocupantes que se requiere también eliminar.
Al respecto, el senador Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por González Cuevas y Medina anula los pocos avances que se dieron con la reforma constitucional de febrero de 2017. Echa para atrás uno de los logros más importantes, que es el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo.
En la iniciativa de los priístas, ese punto ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Agregó que aunado a ello, el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el Estado queda en representación minoritaria.
Asimismo, facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”.
Insistió: Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/18/politica/017n1pol
Advierte senador Luis Humberto retrocesos con propuesta de Reforma Laboral
- La Prensa Sábado 17 de febrero de 2018 en México
Por: Genoveva Ortiz
Ciudad de México.- El senador Luis Humberto Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por los senadores del PRI y líderes sindicales Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas representa una contrarreforma dañina para los trabajadores.
El legislador del grupo parlamentario del PT recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma Constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial; crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio; y brindar certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Apuntó que el 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo aprobado en 2017.
No obstante, “vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora; la contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la Reforma Constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege”.
Fernández Fuentes subrayó que la iniciativa en comento libera del outsourcing, “que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también, un elemento coadyuvante del lavado de dinero”.
Además, agregó, echa para atrás uno de los logros más importantes de la reforma, el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, pues en la iniciativa ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Luis Humberto Fernández señaló que con la propuesta de reforma laboral el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
“También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”, dijo.
El senador cuestionó que si bien hay fecha límite para legislar esta materia, no hay razón para que el Gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral.
“Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar”, concluyó.
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https://www.la-prensa.com.mx/mexico/277064-advierte-senador-luis-humberto-retrocesos-con-propuesta-de-reforma-laboral
Coahuila: Acabaran malas prácticas de abogados con los Centros de Justicia Laboral
Juan Manuel Contreras Sábado 17 de febrero de 2018 en Local
Saltillo, Coahuila.- La intervención de un juez para resolver los conflictos laborales evitará malas prácticas de algunos abogados, que en forma deliberada prolongaban los procesos para acumular salarios caídos y otros gastos, en perjuicio de los empresarios, expresó el diputado Jesús Berino Granados.
El coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, se refirió a la próxima creación del Centro de Justicia Laboral, cuyo organismo va sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Expresó que forma parte de una reforma a los artículos 107 y 123 Constitucional, para crear este organismo, que además servirá para agilizar la solución de los conflictos laborales y abatir el rezago que hay en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Era un rezago en favor de los abogados que promovían un juicio y le daban largas, con el objetivo de acumular los salarios caídos. Eso a cualquier empresario le afecta este tipo de conflictos, porque le quitaba la oportunidad de seguir trabajando.
“Con esta iniciativa se protege a los pequeños empresarios y a los grandes industriales también, para que ya no tengan este tipo de problemas, de que vienen a un país o un estado, donde cualquier demanda, aunque no haya razón, le demandaban aguinaldos, salarios caídos, tiempos extras y otro tipo de prestaciones”, expuso.
Mientras que al trabajador también le beneficia, al resolverse de manera más rápida un conflicto y que se le fije la indemnización o finiquito que corresponde, de acuerdo a los años de servicio y lo que establece la ley.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/acabaran-malas-practicas-de-abogados-con-los-centros-de-justicia-laboral
Iniciativa laboral: un monstruo jurídico
sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.