27 marzo, 2019
Saúl Escobar Toledo
La reforma laboral parece llegar a su etapa final. Según se ha anunciado, terminadas las audiencias públicas, a partir de abril comenzará a elaborarse el dictamen correspondiente en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Su aprobación se daría a mediados de ese mes para, después de Semana Santa, pasar a la de Senadores. De esta manera, unos días antes del primero de mayo, ésta última la votaría en el pleno. Tenderemos entonces una nuevo marco legal en materia de trabajo.
Sin embargo, las presiones para que esta reforma se convierta en una simulación se han dejado sentir desde el principio. Recordemos que en 2017 se decretaron las enmiendas constitucionales al artículo 123. Sin embargo, los cambios a la Ley federal del Trabajo (LFT) se congelaron durante la administración anterior. Fue hasta que se instaló el nuevo Congreso cuando realmente empezó a elaborarse una propuesta congruente con las nuevas disposiciones adoptadas en la carta magna. Éstas se pueden resumir en tres: crear Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo así las Juntas de Conciliación y Arbitraje; crear una instancia de conciliación prejudicial y, además, responsable de los registros de sindicatos y contratos colectivos; y garantizar el ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en la elección de sus dirigentes y de sus comisiones encargadas de negociar las cláusulas contractuales.
La oposición se ha concentrado en la instancia de conciliación, que según la Constitución debe ser un organismo descentralizado que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y que se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Pues bien, los representantes del capital, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex (con matices), y por su parte, las viejas centrales sindicales, en particular la CTM, han manifestado su deseo de que esta instancia sea tripartita, en la que participen, dicen, trabajadores, empresas y empresarios (sic) y la autoridad como gran mediadora.
Sus razones: respetar la tradición del derecho laboral mexicano y sobre todo, afirman, mantener la paz y la competitividad internacional de las relaciones obrero-patronales pues ello ha sido determinante para las inversiones nacionales y la atracción del capital internacional. Los representantes del sindicalismo de viejo cuño agregan que sería una intromisión gubernamental que el centro se propusiera exigir constancias o verificaciones que demuestren la voluntad mayoritaria de los agremiados para la elección de sus dirigentes, para pertenecer a un sindicato, o para aprobar la firma de un contrato colectivo.
A estos argumentos jurídicos se suman rumores políticos no comprobados, una campaña insidiosa e incoherente que supone la existencia de un plan del gobierno actual para apropiarse del control de las organizaciones sindicales (nuevas o existentes) y para permitir la injerencia de asociaciones extranjeras en nuestra vida laboral.
Lo que se intenta, en realidad, es fraguar un gran engaño: convertir el organismo de conciliación y registro en un aparato bajo el control de las dirigencias patronales y los vetustos personeros del sindicalismo para que nada cambie. Es decir, para que la democracia y la libertad de asociación no se conviertan en una opción legal. Conservar el manejo de los registros de asociaciones en manos de quienes lo han manipulado durante los últimos setenta años, mantendría sometidos a los trabajadores a prácticas como los contratos de protección que se negocian a sus espaldas.
Sus intenciones encuentran, sin embargo, dos obstáculos: el primero, la voluntad expresa del gobierno actual incluyendo la Secretaría del Trabajo; del grupo parlamentario de Morena, que mantiene la mayoría en ambas cámaras; y de agrupaciones independientes. La cúpula empresarial cree que puede cambiar esta situación mediante amenazas de cancelar inversiones y fugas de capitales. Pero el segundo escollo es más complicado, pues se trataría de engañar a la OIT y, sobre todo, a los gobiernos, parlamentos y sindicatos de Estados Unidos y Canadá, firmantes del llamado T-MEC, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre los tres países, que en sus cláusulas laborales y en un anexo especial han comprometido al Estado mexicano a realizar los cambios en la LFT de acuerdo a los señalado en el 123 constitucional.
Con el fraude que intentan cometer, se arriesgan a que el Acuerdo trinacional sea rechazado por los legislativos de los países socios de México. Particularmente en Estados Unidos, donde la nueva mayoría demócrata en la Asamblea de Representantes de ese país votaría, seguramente, en contra de la ratificación del Acuerdo. Además, las representaciones obreras de esas naciones, que han estudiado el tema a profundidad, difícilmente se tragarían la pifia, ejerciendo una presión adicional sobre sus gobiernos y parlamentos.
Así pues, los empresarios que precisamente hablan de atraer inversiones a México parecen actuar de manera irrazonable pretendiendo boicotear un acuerdo que resulta indispensable para el flujo de capital extranjero a nuestro país. Parecen no darse cuenta de que, en las actuales circunstancias, muy excepcionales pero realmente existentes, el esquema de vender a México mediante salarios de hambre y pobres condiciones de trabajo, no puede seguir vigente, al menos bajo las mismas condiciones.
La posición del viejo sindicalismo no sorprende pues desean seguir usurpando la voluntad de los trabajadores. Se equivocan, además, en sus argumentos legales: el organismo de conciliación y registro, tal como dice la Constitución, no sería un instrumento del gobierno sino del Estado mexicano. Tal como otras entidades de este tipo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. En este caso se trataría de garantizar el cumplimiento de la democracia sindical mediante la verificación del voto mayoritario de los agremiados. Y el respeto a la libertad de asociación, incluyendo la opción de no pertenecer a sindicato alguno.
Las huelgas de Matamoros deben ser entendidas como un llamado de atención en este sentido. Pensar que forman parte de un plan deliberado para el surgimiento de un nuevo corporativismo o para amenazar a la clase empresarial nacional y extranjera, es completamente equivocado. Al contrario, esos movimientos son una señal de que, si no se abren los canales legales, los trabajadores tendrán que actuar fuera de las instituciones para plantear sus reclamos.
La oposición del sindicalismo, ayer corporativo ahora de protección patronal, no representa gran cosa. La posición empresarial en cambio es un factor más importante. Su reacción ha sido dominada más bien por el miedo que por la razón. Acostumbrados, como ellos mismos afirman, a que en este país no haya huelgas, creen que cualquier protesta obrera se convertirá en una sublevación generalizada. Que abrir un resquicio legal para la democracia y la libertad sindical significa desatar un movimiento que necesariamente llevaría a exigir aumentos inmoderados de salarios que afectarían la estabilidad económica del país. Se equivocan también porque, al contrario de lo que suponen, fortalecer las instituciones laborales puede encauzar, en paz y ordenadamente, el descontento acumulado de tantos años de exclusión y abuso.
Apoyar el cambio mediante la ley siempre será mejor opción que apostar por la trampa, la simulación, y el ocultamiento. Por ello, las reformas a la LFT que hoy prepara el Congreso de la Unión y, en particular, el asunto de la composición y funcionamiento del organismo de conciliación y registro de sindicatos y contratos es un punto vital. Adulterar la Constitución de la República para volverlo tripartito es la ruta equivocada: equivale a engañar al mundo y a los mexicanos, y renunciar a construir una nueva relación, más equilibrada y dentro de los cauces legales, entre empleados y empleadores. Esto último no sólo beneficiaría a la parte obrera, también podría servir para mejorar la productividad, el diálogo y la concertación entre los factores de la producción.
En este momento culminante, los legisladores tendrán que elegir entre esas dos opciones: una institución verdaderamente autónoma e independiente, o una de corte tripartito. El primer camino es el de un cambio, que implica riesgos y probablemente algunos costos, pero que al final significa ampliar la vida democrática del país. El segundo, es simplemente cometer un atraco que no pasaría inadvertido ni aquí ni fuera del país.
Etiqueta: relaciones obrero-patronales
Chihuahua: ”La Reforma Laboral se ha politizado» Ana Luisa Herrera
sábado 9 de marzo de 2019
Reconoce la necesidad de adecuar las leyes a las demandas obreras y patronales.
Eduardo González
Ana Herrera Lasso, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado, reconoció que las recientes adecuaciones a la Reforma Laboral que están en puerta se han politizado por diferentes factores, pero lo que más importa es el surgimiento de leyes encaminadas al Estado de derecho.
La funcionaria dio a conocer que desde la publicación de la primera Ley Federal del Trabajo en 1931 figura jurídicamente el sindicalismo en México, pero la práctica y los cambios del entorno laboral han evidenciado que las necesidades obreras y patronales requieren adecuarse y evolucionar.
“El tema que hoy nos ocupa no es nuevo, nuestra ley vigente lo estipula en su artículo 356 diciendo que el sindicalismo es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”, dijo.
“La Reforma Laboral ha sido muy politizada en los últimos meses, sin embargo, eso no significa que sea un tema desconocido”.
“Lo único que debe ser prioridad para nosotros es que las reformas a las leyes vayan encaminadas al Derecho como un bien social, que genere mejores oportunidades para ambas partes en una relación de trabajo justa”, finalizó.
El cambio debe ser equilibrado y no tendencioso: Index.
Luis Carlos Ramírez, presidente de INDEX, dijo que toda reforma laboral y las nuevas cuestiones sindicales deben ir acompañadas de ayudar y no perjudicar al sector productivo; «nos preocuparía que no hubiera un Estado de derecho».
«Toda reforma que nazca debe buscar ser de gran ayuda para todo el sector productivo, hemos tratado de dar propuestas específicas con el fin de que la reforma sea equilibrada y no tendenciosa», argumentó.
La intención es que nuestros inversionistas sigan teniendo la seguridad jurídica para seguir operando.
Al referir que se va a seguir cuidando que los inversionistas en Chihuahua tengan la certeza de que el Estado es ejemplo en cuidado de las regulaciones en materia fiscal, ecológica y laboral, expuso que «No vamos a matar a la gallina de los huevos de oro».
«En Chihuahua hay condiciones muy distintas, cultura laboral mucho muy avanzada, no vamos a permitir que algún factor o persona externa vengan a ensuciar lo que se ha logrado a lo largo de cincuenta años», indicó al exponer el problema laboral en Matamoros.
Reconoció que las empresas tienen que ser más atentas, “pero tenemos que ser muy conscientes de que se debe manejar con la mayor cordura, el tema de las nuevas legislaciones”, reconoció.
El sector manufacturero del estado ha venido estableciendo programas integrales, eventos extraordinarios, semanas de la salud donde se involucra a las familias a la par de estar a la vanguardia con salarios y sueldos muy competitivos.
Ante la pregunta de la incertidumbre que se vive en el sector laboral por la creación de sindicatos laborales oficialistas, mencionó que estarán dispuestos a que todo se desarrolle en una sana paz laboral.
«Tenemos confianza en nuestras autoridades, que son muy respetuosas en que se conserve el Estado de derecho y que no haya ningún abuso con las nuevas legislaciones”, concluyó.
Rechaza Coparmex sindicatos al vapor.
La Coparmex Chihuahua se pronunció en contra de la creación de sindicatos al vapor y que éstos pretendan legitimarse sin el apoyo de los trabajadores, pues lo anterior da paso para que seudolíderes generen inestabilidad en las empresas y por ende se afecte el desarrollo económico del estado.
Federico Baeza, presidente del organismo empresarial, dijo: “Apoyamos las expresiones que nuestro líder nacional, Gustavo de Hoyos Walther, ha hecho sobre el tema en el sentido de que lo anterior debe estar adicionado a las reformas a la Ley Laboral, pues de no hacerlo se atentaría contra la inversión”.
“Consideramos que es imprescindible que dentro de la revisión y discusión de dichas reformas quede contenido un real balance entre los derechos laborales y sindicales ineludibles, y la paz laboral y la competitividad de las relaciones obrero-patronales”.
“Las condiciones necesarias para el desarrollo económico de Chihuahua, el estado y el país deben ser: una verdadera paz laboral en coexistencia de la vigencia de los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales”, indicó.
Consideró importante que en el marco de las revisiones a la Ley Federal del Trabajo se consoliden acuerdos que lleven a la paz, la estabilidad y la buena relación obrero-patronal.
Al pronunciarse sobre las nuevas disposiciones del Convenio 98, que regula las formas de sindicalismo, dijo que debe quedar a la libre elección del trabajador participar o no en un sindicato.
Expuso que el marco legal a implementarse debe contener sanciones severas a quien provoque la suspensión de actividades en una empresa fuera de un procedimiento legal; asimismo, “contener las acciones de extorsión por seudolíderes para evitar que un sindicato obtenga la constancia de representatividad sin el apoyo mayoritario de los trabajadores”, reiteró.
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/la-reforma-laboral-se-ha-politizado-ana-luisa-herrera.-3164199.html
Aguascalientes: El reto es preservar la estabilidad laboral
LUNES 4 DE MARZO DE 2019
empresarios, sindicatos y Gobierno del estado acordaron cerrar filas para preservar la estabilidad laboral y la paz social que distingue a Aguascalientes
En el marco de la primera reunión 2019 para dar seguimiento al Pacto de Competitividad y Estabilidad Laboral para el Crecimiento Económico del estado, empresarios, sindicatos y Gobierno del estado acordaron cerrar filas para preservar la estabilidad laboral y la paz social que distingue a Aguascalientes,
Al encabezar el encuentro, el secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, llamó a representantes del sector empresarial y de centrales obreras a seguir trabajando de la mano con las autoridades para enfrentar los retos que traen consigo los nuevos tiempos y el cambio de paradigmas que se avecinan en el ámbito laboral a nivel nacional.
En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer las relaciones obrero-patronales y de generar las condiciones propicias para que las reformas que se prevén a la Ley Federal del Trabajo no afecten la dinámica de desarrollo económico que prevalece en la entidad, particularmente en materia de generación de empleos y atracción de inversión extranjera.
Asimismo, el Titular de la Seggob reiteró el compromiso de la actual administración estatal de mantener una política de diálogo con todos los sectores de la sociedad, por lo que reconoció la voluntad y madurez política de los empresarios y de los líderes sindicales para sentarse en una misma mesa y llegar a acuerdos que favorecen a todas las partes.
Durante el encuentro, el presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, Héctor Gerardo Gómez Castro, presentó un informe al cierre del primer bimestre del 2019, en el que destacó que durante los meses de enero y febrero no se registró un sólo emplazamiento a huelga.
De igual manera, asumió el compromiso de reforzar los trabajos en la oficina que encabeza para abatir el rezago y acortar los tiempos de resolución, de manera que los conflictos obrero-patronales se diriman de una manera justa y en el menor tiempo posible, y lograr así una mayor eficiencia en la impartición de justicia laboral en la entidad.
En el encuentro también se acordó promover la organización en el corto plazo de una reunión regional en la que intervengan representantes de empresarios, sindicatos y autoridades de los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes para abordar el tema de la estabilidad laboral.
En la reunión que se celebró en la sala Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del estado, Luis Ricardo Martínez Castañeda, así como el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Seggob, Oziel Alejandro Guerrero De Anda.
De igual manera, se contó con la participación de Alfredo González González, secretario general de la CTM en Aguascalientes; Refugio Marín Ruiz, secretario general de la CROC; Jesús Enrique Ramírez Pérez, secretario general de la CROM; Juan Carlos Esquivel Villanueva, secretario general del Sindicato Justo Sierra; así como Bernardo Hernández Rodríguez, secretario general de la CTR.
Por parte del sector empresarial estuvieron Pedro Guadalupe Gutiérrez Romo, presidente del Consejo Coordinador de Empresarial de Aguascalientes; Raúl González Alonso, presidente de Coparmex Aguascalientes; José Luis Del Toro, vicepresidente del Grupo de Industriales de Aguascalientes; y Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Canacar.
TRABAJO CONJUNTO
La Secretaría General de Gobierno refrendó la voluntad de diálogo con empresarios y líderes sindicales
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/el-reto-es-preservar-la-estabilidad-laboral-3142933.html
Salir de la oscuridad
16 enero, 2019
Saúl Escobar Toledo
De manera similar a lo que sucede en la industria del petróleo, en la que se ha revelado la existencia de una estructura paralela, oculta e ilegal que ha servido para proporcionar enormes ganancias a particulares, en el mundo laboral hace tiempo que viene operando un esquema similar. En este caso, se trata de sindicatos de papel que no representan a sus pretendidos agremiados y de contratos colectivos que no son del conocimiento de los trabajadores y nunca han sido negociados entre la representación de los empleadores y la parte obrera. Se les ha llamado contratos de protección patronal pues solo han servido para que éste pueda manejar a su antojo las condiciones de trabajo.
Como en el caso de la industria de los hidrocarburos, las estructuras paralelas surgieron desde el interior de las instituciones del Estado, Pemex en el caso del huachicol y en la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los asuntos laborales. Si allá han servido para enriquecer a una amplia red de funcionarios públicos y negociantes privados, acá los beneficiados han sido un conjunto de líderes espurios, despachos de abogados y autoridades corruptas que se han comportado como una verdadera mafia para repartirse el dinero mal habido, simular que sucede lo que nunca sucede (una relación obrero patronal basada en organizaciones gremiales representativas), y protegerse unos a otros.
No son las únicas muestras de la corrosión de las estructuras del Estado. Es el caso también, muy notable, de la seguridad pública, donde mandos policiacos de distinto rango y nivel, jueces y ministeriales fingen cumplir con su deber cuando en realidad solapan o pertenecen a grupos criminales.
Aunque indudablemente en todos los ámbitos existen funcionarios honestos que se esfuerzan por cumplir con la ley y su responsabilidad, en las últimas décadas el surgimiento de camarillas y mecanismos ocultos dentro de las propias instituciones, concertados para satisfacer intereses particulares, se ha agudizado. En el caso del mundo laboral, la ausencia de democracia sindical viene de muchas décadas atrás, sobre todo desde fines de los años cuarenta del siglo pasado. Pero con la globalización de los mercados y las políticas neoliberales, el sindicalismo se convirtió, en su mayor parte, en un aparato vacío, fantasmal y sombrío.
No hay mal que dure cien años, dice el refrán. En este caso, la presión internacional principalmente de nuestros socios extranjeros, Canadá y Estados Unidos, y de los organismos internacionales como la OIT, han jugado un papel destacado para tratar de modificar esta situación pues consideraron que la ausencia de representaciones sindicales legítimas y democráticas en nuestro país forman parte de un sistema ilegal que ha servido para bajar artificialmente los salarios y prestaciones y atraer inversiones extranjeras, una competencia desleal que debe ser combatida.
Ello, junto con diversas manifestaciones de descontento nacionales, llevaron a una reforma del 123 constitucional en febrero de 2017. Sin embargo, durante casi dos años, ésta no se ha aplicado porque no se ha reformado la Ley Federal del Trabajo. El cambio político ocurrido el año pasado y la nueva composición del Congreso de la Unión parece abrir por fin esta posibilidad. En las últimas semanas, diversas iniciativas, entre ellas la suscrita por algunos diputados de Morena, fueron presentados ante el Congreso. Se trata de un proyecto que recoge puntos de vista de sindicalistas, abogados y académicos del Observatorio Laboral. Se propone construir un nuevo modelo basado, en primer lugar, en la independencia del sistema de justicia respecto del Poder Ejecutivo, lo que implica la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Pero en segundo lugar y de manera igualmente destacada, busca garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores. Con ello, se afirma, el mercado de trabajo y las relaciones obrero-patronales podrían convertirse en espacios de inclusión social, frenando la pobreza y la desigualdad imperantes.
En este comentario abordaremos solamente una parte de las reformas: la que tiene que ver con la democracia sindical y la negociación colectiva. Una pieza clave de este nuevo modelo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical (el CFCyR) el cual tendrá a su cargo el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Vigilará también el respeto a la democracia sindical. Se trata de un organismo novedoso que deberá gozar de plena autonomía y regirse por los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. El texto prevé un periodo de transición pues el Centro empezaría a funcionar en un plazo no mayor de dos años.
De acuerdo con la iniciativa, habrá plena libertad para organizar sindicatos, pero la autoridad cuidará que éstos cumplan con sus estatutos. No habrá afiliación obligatoria y la elección de sus directivas tendrá que realizarse por voto personal, libre y secreto. Las organizaciones estarán también obligadas a rendir cuentas de la administración de su patrimonio.
El registro de estos colectivos se simplificará y solo se requerirá copia de las actas de su asamblea constitutiva y de la elección de su directiva; la lista de sus miembros; y la presentación de sus estatutos. La autoridad, el CFCyR, no podrá negar dicho registro pero sí deberá observar que sus reglas internas contemplen, necesariamente, el voto secreto y la representación proporcional de género de sus dirigencias.
El proceso legal para pactar contratos colectivos es un poco más complejo ya que el sindicato deberá contar previamente con una Constancia de Representatividad (CR) expedida por el CFCyR. Dicha Constancia solo podrá obtenerse si se realiza una consulta con los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto. Esta Constancia requerirá por lo menos el respaldo del 30 por ciento de los asistentes y, en caso de que concurran dos o más asociaciones, la constancia se otorgará a la que resulte mayoritaria. El Centro también se encargará de convocar y organizar el proceso de votación, elaborará las boletas, instalará las urnas y hará el registro de los votantes. Llevará a cabo también el escrutinio y cómputo de la votación, levantará el acta correspondiente y dará fe de su validez. Finiquitado este paso, y si se cumplen los requisitos legales, la autoridad deberá resolver la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representatividad y entonces se podrá dar validez al contrato colectivo.
Este procedimiento, completamente nuevo, tiene como finalidad evitar cualquier forma de simulación que permita a un grupo de personas usurpar la representación de los trabajadores en las negociaciones con el empleador. Pretende también impedir que las autoridades decidan arbitrariamente la procedencia de un registro sindical o de un contrato colectivo, fenómeno muy común desde hace años que ha impedido el surgimiento de sindicatos independientes y democráticos.
Una buena ley no garantiza su inviolabilidad. En caso de que se apruebe el texto, el respeto a la voluntad de los trabajadores, mediante el voto secreto, dependerá ahora, sobre todo, de la conducta y probidad de las autoridades encargadas del flamante Centro Federal de Conciliación y Registro. La iniciativa de Morena, junto con otras ya presentadas o en curso, deberán discutirse en febrero, durante el periodo ordinario, y sufrir todos los cambios que sean necesarios, siempre de acuerdo con los preceptos constitucionales. Una vez aprobada, el gobierno deberá tener tiempo suficiente para preparar el cambio. Estamos ante una oportunidad histórica de construir una nueva realidad en el que se elimine la simulación y se destierren esas estructuras paralelas, ocultas e ilegales que han controlado el ámbito laboral. Con ello, el sindicalismo mexicano podría empezar a salir de las sombras y, de manera transparente, reinventarse con la participación genuina de sus afiliados.
saulescobar.blogspot.com
https://suracapulco.mx/2019/01/16/salir-de-la-oscuridad/
Avala Senado el derecho a sindicalizarse
Por unanimidad, aprueba el Convenio 98 de la OIT; aplaude Gómez Urrutia nueva era de relación obrero-patronal
Por
Enrique Serna
21 septiembre, 2018
El senador Napoelón Gómez Urrutia ganó ayer su primera batalla legislativa, al aprobar el Senado la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ofrecerá a los empleados libertad sindical.
“Hoy se inicia un nuevo proceso de reconstrucción en el mundo del trabajo, no sólo por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, sino comenzar un nuevo proceso en las relaciones obrero-patronales”, dijo el exlíder minero, quien impulsó la ratificación del convenio.
El acuerdo, que se votó con 78 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación sobre la libertad sindical en relación con su empleo.
Durante la discusión, Gómez Urrutia destacó que el acuerdo estaba pendiente desde su emisión en 1956. Recordó que en 2015 fue retomado por la administración del Presidente Enrique Peña, quien la envió a la Cámara alta para su discusión, pero no superó el filtro legislativo.
A su vez, Miguel Mancera enfatizó que se trata de una lucha del PRD por la defensa de los derechos laborales, y recordó que han impulsado una reforma que permita incrementar el salario para millones de trabajadores mexicanos.
“Inicia un nuevo proceso de reconstrucción en el mundo del trabajo, no sólo por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, sino en las relaciones obrero-patronales”
Napoleón Gómez
Senador de Morena
Por su parte, Carlos Aceves del Olmo, del PRI, advirtió que la ratificación de dicho convenio podría provocar conflictos laborales y estancamiento económico, por lo que exhortó a la mayoría de Morena para actuar de forma institucional.
El convenio también busca regular el llamado outsourcing, además de promover el incremento al salario mínimo; con ello, dijo, no se pone en riesgo la competitividad; añadió que también es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo.
En la discusión no estuvo presente la bancada blanquiazul, que abandonó la sesión horas antes tras aprobación de la llamada “ley mordaza”, con la que se disminuyen los tiempos de exposición de los legisladores.
Por el contrario, los senadores del PRI retornaron al pleno para votar a favor este histórico Convenio.
- El Dato: El Estadodeberá proteger al trabajador contra actos que condicionen su empleo a que no se afilie a un sindicato o lo deje.
https://www.razon.com.mx/avala-senado-el-derecho-a-sindicalizarse/
Michoacán: Investigadores exponen retos a afrontar para garantizar modelo eficaz en materia laboral
06 de julio de 2018-07-08
Morelia; Michoacán.- A través de un comunicado oficial, se informó que los investigadores Vanessa de Jesús Guzmán y Eduardo Rodríguez Chávez, en la conferencia que impartieron, “Reforma Laboral en Materia Constitucional 2017”, expresaron que dicha reforma plantea diversos retos que se deberán afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretación es ambigua.
Lo anterior, en el marco de la quinta sesión del Seminario “Práctica Parlamentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentará el Congreso local, al tener la obligación de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliación como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos.
Al respecto, Eduardo Rodríguez Chávez destacó que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial de la Federación, los congresos tienen la obligación de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rectoría en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y características.
Agregó que con su aprobación, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los estándares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.
En este sentido, la mayor novedad es la creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliación, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indicó.
Por su parte, Vanessa de Jesús Guzmán refirió que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deberán crear Centros de Conciliación, que deberán actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estarán bajo la rectoría del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera rápida, para evitar que los procesos se judicialicen.
Sin embargo, no explica que pasará con los trabajadores de las juntas de conciliación, ni con el presupuesto que deberá otorgarse al Poder Judicial para este propósito. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán deberá estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambigüedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.