Héctor Barba García,
Asesor legal de la UNT.
5 de febrero de 2018
Estaban todavía calientes los cañones, cuando el Presidente Carranza convocó en diciembre de 1916 al congreso que resolvería sobre su proyecto de reformas a la Constitución liberal de 1957, que solo planteaba cambios en las instituciones políticas pero que no promovía los cambios económicos y sociales necesarios para superar las causas que generaron la Revolución Mexicana, con Zapata y Villa.
El Congreso Constituyente se integró con mayoría de legisladores incondicionales al carrancismo y personeros patronales del viejo sistema, más al influjo del gran movimiento armado, participó un pequeño grupo de liberales progresistas y fueron éstos los que lograron el histórico cambio plasmado en la nueva Constitución de 1917. Establecieron en su artículo 3°, la educación pública gratuita; en el 27, el reparto de los latifundios en favor de los campesinos y en el artículo 123, para los obreros, las garantías constitucionales de libertad de sindicación y de derecho de huelga.
Esos nuevos derechos constitucionales, las garantías sociales, hicieron de nuestra Constitución la más avanzada de sus tiempos y modelo para la mayoría de las constituciones nacionales de la época moderna.
Hoy, a cien años, se logró perfeccionar el 123 constitucional para que la justicia laboral se imparta por los poderes judiciales; se reconozca rango constitucional a la negociación colectiva; se consagra el voto libre, personal y secreto para que los trabajadores tomen sus decisiones fundamentales y los registros de sindicatos y contratos colectivos sean auténticos. Después de esta importante reforma, publicada el 24 de febrero de 2017, los representantes patronales y los herederos del carrancismo en el PRI, tratan de sabotear la reforma constitucional en su reglamentación secundaria. En respuesta, los trabajadores organizados democráticamente en la UNT, junto con otras fuerzas progresistas del país e internacionales, ya promovieron una propuesta de reforma secundaria presentada por el PRD en el Senado de la República, acorde con la reforma constitucional, e iniciaron una movilización política nacional por el respeto a sus nuevos derechos fundamentales.
También se luchará legalmente en los foros nacionales e internacionales hasta lograr la plena vigencia de los nuevos derechos constitucionales. Desde aquí convocamos a todos a la solidaridad nacional e internacional para defender

‘Nearshoring’: impulso para el trabajo en México
El nearshoring o relocalización de empresas es una estrategia comercial que busca acercar los centros de producción entre mercados internacionales, con la finalidad de mejorar