La principal razón por la que los líderes sindicales presentaron un emplazamiento a huelga fue para demandar la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo.
María Del Pilar Martínez
18 de febrero de 2018, 15:18
Los emplazamientos a huelga a nivel federal cayeron 29% en lo que va de la administración, y en 2017 el número de trámites presentados por organizaciones sindicales ante la autoridad federal laboral sumaron 6,977, revelan datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La principal razón por la que los líderes sindicales presentaron un emplazamiento a huelga fue para demandar la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, es decir, para detentar la titularidad de un nuevo contrato; así, de los más de 6,000 emplazamientos el 53% fue para realizar este trámite.
En tanto, el 44.8% de los emplazamientos presentados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son de trámite, pues lo que buscan es llevar a las empresas a la negociación que cada año realizan los sindicatos para acordar el incremento salarial o la revisión del contenido del contrato colectivo de trabajo.
De acuerdo con la propuesta de reforma laboral, aprobada en febrero de 2017, las organizaciones sindicales tendrán que presentar de manera distinta los emplazamientos a huelga; ya que estos servían, en muchas ocasiones, como una forma para extorsionar a las empresas.
Cabe destacar que en el Senado de la República se discute el dictamen que habrá de regular, a través de leyes secundarias, aspectos relacionados con la impartición de justicia, incluidos los emplazamientos a huelga, en donde se pretende pedir que el sindicato demuestre que tiene trabajadores antes de realizar un emplazamiento.
De acuerdo con el reporte laboral de la STPS, en 2017 los emplazamientos a huelga registraron un incremento de 9.3%, respecto al mismo periodo de un año antes; aunque la mayoría fue para demandar la firma de un contrato; también se registraron por violaciones al contrato 130 trámites.
La central obrera que tiene el mayor número de trámites fue el Congreso del Trabajo con 4,391 trámites; mientras que las organizaciones sindicales independientes, en donde se cuentan los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sumaron 2,504.
Riesgo con la Reforma
Francisco Hernández Juárez, presidente Colegiado de la UNT, dijo ante telefonistas, en el marco de la Asamblea Nacional de Representantes, que la propuesta de leyes secundarias, echa atrás los avances de la Reforma Constitucional, incluido lo referente a la huelga.
“Ya no habrá Juntas de Conciliación, ahora estarán los jueces de lo laboral y existirá un órgano autónomo para el registro de contratos y de conciliación, entonces ahí se propone que nadie podría estallar un huelga sino pasa antes por una conciliación que será obligatoria”.
Dijo que dentro del nuevo órgano administrativo, llamado Instituto de Conciliación y Registro Laborales, habrá una representación tripartita, y serán “los sindicatos de la CTM o la CROC quienes decidan”.
Agregó que el próximo martes realizarán una manifestación en el Senado de la República para evitar que se aprueben las leyes secundarias.
Mes: febrero 2018
Más pobreza por precarización laboral y alza en inflación: IP
Persiste el bajo crecimiento económico en el país, advierte
Julio Reyna Quiroz
Periódico La Jornada
Lunes 19 de febrero de 2018, p. 21
El sector privado manifestó su preocupación porque la precarización laboral se acentuó al cierre del año pasado y el repunte en inflación se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad.
Los salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos, pues el aumento en la ocupación, 1.1 millones, consiguieron un empleo con hasta dos salarios mínimos, pero el empleo en los rangos superiores a dos salarios mínimos se redujo en 1.6 millones, detalló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
En un análisis semanal sobre la actividad económica, el organismo señaló que genera incertidumbre que el segmento de ocupados con ingresos no especificados aumentó en 1.2 millones de personas, a un total de 7.6 millones de ocupados en esas condiciones, es decir, poco más de tres veces el total de ocupa- dos que ganan más de cinco salarios mínimos.
Preocupa que la precarización del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución en el bienestar de los hogares, resaltó el Ceesp, y agregó que otro problema preocupante es el efecto del repunte de la inflación, el cual propició una pérdida del poder adquisitivo que, a su vez, se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad y un consumo que no crece de manera pujante.
Al referirse a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Ceesp afirmó que era de esperarse que los niveles de pobreza aumentaran nuevamente, dadas las condiciones de bajo crecimiento económico, elevada inflación y una mala distribución del ingreso, antes y después de transferencias. Con base en cifras del Coneval, el organismo recordó que en el último trimestre de 2017, el poder adquisitivo del ingreso real registró una disminución de 2.5 por ciento respecto al mismo lapso del año previo, después de dos años consecutivos con una recuperación.
Estas condiciones llevaron a que el porcentaje de la población con ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria aumentara de un porcentaje de 40 por ciento en el cuarto trimestre de 2016, a 41 por ciento en el mismo lapso del 2017.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/19/economia/021n1eco
La oposición no permitirá un albazo en la ley reglamentaria sobre justicia laboral
En 8 días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobarla
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 18 de febrero de 2018, p. 17
En ocho días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral y no hay avances, ya que las negociaciones se han dado fuera de esa Cámara y la oposición advirtió que no permitirá un albazo, ya que se pretende imponer una contrarreforma que atenta contra derechos y conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.
Aunque hay un plazo fatal, que es el próximo día 26, lo mejor es darnos más tiempo y no aprobar al vapor una legislación tan ofensiva y violenta en contra de la clase trabajadora, como la que quieren imponer el gobierno, los empresarios y seudo líderes sindicales”, advirtió el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Trabajo, que es la responsable de dictaminar.
Adelantó que el próximo jueves se llevará a cabo un foro de discusión en el Senado, en el que participarán abogados laboristas y académicos.
En entrevista aparte, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en que se debe discutir ampliamente esa ley reglamentaria, dentro del Senado y llevar a cabo foros de análisis en los que participen representantes del sindicalismo independiente, académicos y expertos, dado lo delicado del tema, que pone en peligro derechos obreros fundamentales.
No basta, insistió, con que se haya eliminado de la iniciativa gubernamental presentada por los senadores del PRI, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, que son al mismo tiempo dirigentes de la CROC y la CTM, el tema del outsourcing, ya que hay otros muchos aspectos preocupantes que se requiere también eliminar.
Al respecto, el senador Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por González Cuevas y Medina anula los pocos avances que se dieron con la reforma constitucional de febrero de 2017. Echa para atrás uno de los logros más importantes, que es el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo.
En la iniciativa de los priístas, ese punto ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Agregó que aunado a ello, el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el Estado queda en representación minoritaria.
Asimismo, facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”.
Insistió: Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/18/politica/017n1pol
Advierte senador Luis Humberto retrocesos con propuesta de Reforma Laboral
- La Prensa Sábado 17 de febrero de 2018 en México
Por: Genoveva Ortiz
Ciudad de México.- El senador Luis Humberto Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por los senadores del PRI y líderes sindicales Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas representa una contrarreforma dañina para los trabajadores.
El legislador del grupo parlamentario del PT recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma Constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial; crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio; y brindar certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Apuntó que el 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo aprobado en 2017.
No obstante, “vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora; la contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la Reforma Constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege”.
Fernández Fuentes subrayó que la iniciativa en comento libera del outsourcing, “que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también, un elemento coadyuvante del lavado de dinero”.
Además, agregó, echa para atrás uno de los logros más importantes de la reforma, el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, pues en la iniciativa ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Luis Humberto Fernández señaló que con la propuesta de reforma laboral el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
“También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”, dijo.
El senador cuestionó que si bien hay fecha límite para legislar esta materia, no hay razón para que el Gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral.
“Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar”, concluyó.
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https://www.la-prensa.com.mx/mexico/277064-advierte-senador-luis-humberto-retrocesos-con-propuesta-de-reforma-laboral
Coahuila: Acabaran malas prácticas de abogados con los Centros de Justicia Laboral
Juan Manuel Contreras Sábado 17 de febrero de 2018 en Local
Saltillo, Coahuila.- La intervención de un juez para resolver los conflictos laborales evitará malas prácticas de algunos abogados, que en forma deliberada prolongaban los procesos para acumular salarios caídos y otros gastos, en perjuicio de los empresarios, expresó el diputado Jesús Berino Granados.
El coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, se refirió a la próxima creación del Centro de Justicia Laboral, cuyo organismo va sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Expresó que forma parte de una reforma a los artículos 107 y 123 Constitucional, para crear este organismo, que además servirá para agilizar la solución de los conflictos laborales y abatir el rezago que hay en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Era un rezago en favor de los abogados que promovían un juicio y le daban largas, con el objetivo de acumular los salarios caídos. Eso a cualquier empresario le afecta este tipo de conflictos, porque le quitaba la oportunidad de seguir trabajando.
“Con esta iniciativa se protege a los pequeños empresarios y a los grandes industriales también, para que ya no tengan este tipo de problemas, de que vienen a un país o un estado, donde cualquier demanda, aunque no haya razón, le demandaban aguinaldos, salarios caídos, tiempos extras y otro tipo de prestaciones”, expuso.
Mientras que al trabajador también le beneficia, al resolverse de manera más rápida un conflicto y que se le fije la indemnización o finiquito que corresponde, de acuerdo a los años de servicio y lo que establece la ley.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/acabaran-malas-practicas-de-abogados-con-los-centros-de-justicia-laboral
Iniciativa laboral: un monstruo jurídico
sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
La peligrosa contrarreforma laboral
17 febrero, 2018
Cómo ha cambiado México. ¿A dónde se fueron aquellos días en los que los líderes sindicales defendían a los trabajadores? Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentan una iniciativa que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma laboral anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. Es neoliberal, en un momento en el que el mundo vuelve a girar a lo social; cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta ley los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsourcing, que no solo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo; en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora, en muchas entidades del país, implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de derecho y a la planta productiva.
La conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos es atroz, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que, contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
Esta ley no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral? Pareciera que se trata de una estrategia para enfrentar a la izquierda con los empresarios, lo que constituye una gran irresponsabilidad. A estas alturas de un gobierno defenestrado, poco vale la patria frente a un parcito de puntos para tomar ventaja electoral. Esa es su lógica.
Estamos a favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La visión planteada en la iniciativa no es de avanzada, significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
http://www.siempre.mx/2018/02/la-peligrosa-contrarreforma-laboral/
Entre parches y reforma integral laboral
Patricia Kurczyn Villalobos
14 de febrero de 2018, 23:17
En el 2012, en los últimos momentos de la administración de Felipe Calderón se reformó la Ley Federal del Trabajo. ¿Un acierto? No lo creo, y ahora una de mis dudas se repite: ¿Por qué una reforma laboral en el último tramo de gobierno? ¿Habrá condiciones y quedará espacio para consolidar una reforma del tamaño de la que se propone ahora y de la constitucional del 2017? ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los Senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo con el sector patronal? A fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que unas cuántas; ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo.
Permítanme referirme como derecho a la estabilidad en el empleo, legítima aspiración de la clase trabajadora que establece la ley vigente y que hoy se pretende vulnerar. La reforma propuesta facilita el despido del trabajo, lo que implica truncar derechos de antigüedad y todo lo que ello conlleva. Despedir a trabajadores libremente, cuando tampoco existe el seguro de desempleo, es insensato y facilita al empleador la liberación de responsabilidades laborales. Esta reforma representa un desafío a la justicia social y genera un reto para la sociedad que al final cargará con las necesidades de la clase trabajadora.
Por otro lado, el outsourcing es una modalidad administrativa que surgió en Inglaterra en la década de los años 80. Se trata de allegarse de elementos externos para facilitar la gestión administrativa que, sin duda, es de gran utilidad cuando se aplica para que la empresa se enfoque en sus actividades y finalidades esenciales. Sin embargo, cuando se utiliza para realizar actividades esenciales de la empresa, se convierte en un instrumento de liberación de responsabilidades laborales y fiscales. Las empresas de subcontratación convierten el trabajo humano en mercancía; rompiendo con ello las reglas del trabajo digno y decente. Los empleados de un “patrón” trabajan para un tercero y se convierten en mercancía, una violación a los derechos humanos. La subcontratación dificulta la cohesión social e impide la sindicalización —defensa organizada de los derechos laborales—. La ley vigente exige la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes con las de tercerización, ¿pero se cumple?
Agreguemos a la legalización de esta ficción abrir el trabajo a prueba sin condicionamientos como lo propone la iniciativa, con lo que se reducirían las oportunidades de capacitación y con ello menos productividad y otras prestaciones, como las de antigüedad, días de vacaciones, reparto de utilidades y otras, además del impacto en la seguridad social.
Una reforma progresiva como corresponde al siglo XXI impondría estrictas normas para que las empresas de tercerización se constriñan a actividades específicas y especializadas de las empresas contratantes; cumplan con el principio de igualdad de remuneración, y con sus obligaciones en general. Entre ellas, las de capacitación, de reparto de utilidades, registro de empleados en el IMSS, el cumplimiento de las normas de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo, rigurosa inspección, etcétera. Sugiero, en cambio, que se contemple la ratificación del C. 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (de 11 agosto 1983). Lo agradecerían las familias mexicanas.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entre-parches-y-reforma-integral-laboral-20180214-0153.html
La contrarreforma laboral
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró:
Transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial.
Crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio. El organismo descentralizado en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Brinda certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Este 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo anteriormente comentado.
Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsorcing, que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora en muchas entidades del país implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de Derecho y a la planta productiva.
En lo referente a la conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria. También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa, no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral?
Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
XXX TWITTER: @LuisHFernandez
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-contrarreforma-laboral-952306.html
Quintana Roo: Por falta de diputados, no aprueban reforma en Justicia Laboral
No se contó con la mayoría de legisladores requerida en el primer día de sesiones.
En la apertura de trabajos, asistieron 16 de los 25 legisladores locales, cuando es obligatoria la mayoría de 17 diputados. (Joel Zamora/SIPSE)
HOY VIERNES, 16 FEB. 2018 06:07 PM
Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado dejó para otra sesión la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, al no contar con la mayoría calificada, en el primer día de sesiones del Período Ordinario.
Durante la sesión de apertura de los trabajos, únicamente asistieron 16 de los 25 legisladores locales, mientras que para reformas constitucionales, la legislación establece la obligatoriedad de una mayoría calificada, en este caso 17 diputados.
El punto que quedó pendiente es la reforma al artículo 97 y la adición de un párrafo al artículo 92 de la Constitución, cuyo plazo de aprobación vence el próximo 25 de febrero.
En la misma sesión, se dio entrada a la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, mediante la cual se pretende declarar el 23 de febrero como Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo, para reconocer la labor altruista que realizan esos grupos de personas.
Previo a la sesión del Pleno, durante la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, los legisladores locales aprobaron por unanimidad, la ratificación de los nombramientos de los tres auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), a propuesta del titular, Manuel Palacios Herrera.
De esa manera, Arlin Edmundo Muñoz Ancona, será el auditor especial en materia de Obra Pública; Edwin Celis Madrid, auditor especial en Materia Financiera; mientras que Alberto Flota Medrano, seguirá como auditor especial en Materia de Desempeño.
Según la legislación y los nombramientos emitidos, los auditores especiales durarán en su cargo por un período de siete años, con la posibilidad de ser nombrados por un período adicional de tres años.
Previamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que preside el diputado Emiliano Ramos Hernández, verificó en una sesión privada, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.
https://sipse.com/novedades/chetumal-congreso-sesion-diputados-faltan-inasistencia-probacion-reforma-materia-justicia-laboral-legisladores-285565.html